{"id":100311,"date":"2026-06-25T20:32:41","date_gmt":"2026-06-25T20:32:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4132-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:32:41","modified_gmt":"2026-06-25T20:32:41","slug":"stc4132-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4132-2017\/","title":{"rendered":"STC4132-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4132-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00194-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 10 de febrero de 2017, mediante la cual la Sala Civil Especializada de Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por la se\u00f1ora Blanca Rosa Arias Parra en contra del Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de esta Urbe, vincul\u00e1ndose al hom\u00f3logo Veinticinco Civil Municipal.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.- La quejosa deprec\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad recriminada, dentro del juicio ejecutivo que junto a Yojan Enrique Mart\u00ednez le inici\u00f3 Daniel \u00c1lvaro Zabala Paez.   <\/span><\/p>\n

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2.- Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.- Que \u00ab[e]l se\u00f1or DANIEL \u00c1LVARO ZABALA PAZ, interpuso demanda ejecutiva en contra de la suscrita y el se\u00f1or YOJAN ENRIQUE MART\u00cdNEZ GORDO con base en una letra de cambio, documento que le fue endosado a \u00e9ste por el se\u00f1or YOHAN WILCHEZ y que se firm\u00f3 en blanco sin los requisitos legales pertinentes como es la carta de instrucciones y una suma totalmente diferente a la pactada vulnerado as\u00ed el principio de la buena fe, puesto que en un principio la deuda inicial era de TRES MILLONES DE PESOS ($ 3.000.000) y no SETENTA MILLONES DE PESOS ($ 70.000.000) monto por el cual se interpuso la demanda\u00bb, una vez notificada contest\u00f3 el libelo e invoc\u00f3 las excepciones de fondo de \u00abPAGO DE LO NO DEBIDO, FALTA DE CONSENTIMIENTO EN LA CREACI\u00d3N DEL T\u00cdTULO VALOR, CARENCIA DE AUTORIZACI\u00d3N PARA LLENAR LOS ESPACIOS EN BLANCO, DESCONOCIMIENTO DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL T\u00cdTULO VALOR POR ALTERACI\u00d3N DE DATOS INSERTOS EN LA LETRA DE CAMBIO CON LA QUE SE EJECUTA\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2.- Que simult\u00e1neamente a la tramitaci\u00f3n del proceso ejecutivo \u00ab[se ventila] [un] proceso penal [\u2026] en contra de los se\u00f1ores DANIEL ZABALA PAZ Y YOJAN ENRIQUE MART\u00cdNEZ GORDO por [los] delito[s] de FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO, USURA, ESTAFA AGRAVADA POR LA CONFIANZA Y FRAUDE PROCESAL\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3.- Que en la etapa probatoria \u00ab\u2026se demostr\u00f3 por medio de los diferentes testimonios que la deuda adquirida y que ser\u00eda respaldada por la letra de cambio era por valor de TRES MILLONES DE   PESOS ($ 3.000.000) y no  por el valor de SETENTA MILLONES DE PESOS ($ 70.000.000), que se prueba tambi\u00e9n por medio de una declaraci\u00f3n extraprocesal realizada por la otra parte pasiva dentro del presente proceso ejecutivo en menci\u00f3n [\u2026] [en la que el otro demandado pretend\u00eda probar] que el t\u00edtulo valor objeto de la ejecuci\u00f3n no ten\u00eda legitimidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4.- Que el Juez 25 Civil Municipal de Bogot\u00e1 \u00ab\u2026declar\u00f3 prospera la excepci\u00f3n [\u2026] [de] COBRO DE LO NO DEBIDO mediante diferentes testimonios e interrogatorio de parte realizado a DANIEL \u00c1LVARO ZABALA PAZ [\u2026], [decisi\u00f3n que fue apelada por el demandante]\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5.- Que el funcionario cuestionado \u00ab\u2026revoc[\u00f3] la sentencia impugnada con fundamento vago y vulnerando [su] derecho al debido procedimiento y a la igualdad puesto que no tuvo en cuenta NING\u00daN testimonio, testigo, ni prueba practicada en primera instancia que claramente buscaba encontrar la verdad a pesar de tratarse de un t\u00edtulo ejecutivo. [El] Juez Dieciocho Civil del Circuito no cumpli\u00f3 con su deber que lo embiste su cargo como de emplear [las] facultades que le otorga el ordenamiento para verificar los hechos alegados [\u2026], porque el fin de la justicia y de los jueces que la representa es buscar la verdad, ir m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.- Pidi\u00f3, conforme lo relatado, que se revoque \u00ab\u2026el fallo que de manera injusta y arbitraria no tuvo en cuenta las pruebas practicadas en primera instancia que buscaban demostrar el abuso por parte del demandado al ejecutar una letra por valor que en principio no era el pactado\u00bb (Folios 1 a 17 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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4.- Mediante auto de 1\u00b0 de febrero de 2017, la Sala Civil Especializada de Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, admiti\u00f3 la presente acci\u00f3n constitucional. Y el 10 del mismo mes y a\u00f1o neg\u00f3 el amparo rogado (Fls. 40 a 55 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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     RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO  <\/span><\/p>\n

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1.- El despacho del Circuito censurado, se\u00f1al\u00f3 que \u2026la sentencia proferida por este despacho en segunda instancia el 9 de diciembre de 2016, se ajusta a los lineamientos trazados por la ley sustancial y procesal y goza de fundamentaci\u00f3n razonable, no siendo arbitraria ni caprichosa, pues no se apart\u00f3 del ordenamiento constitucional y jur\u00eddico\u00bb (Folio 33 \u00edb.).  <\/span><\/p>\n

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El se\u00f1or Daniel Zabala Paz, sostuvo que \u00ab\u2026los testimonios allegados para demostrar los hechos alegados no lograron su objetivo por cuanto se trat\u00f3 de testigos de o\u00eddas, quienes no estuvieron presentes en el momento en que se llev\u00f3 a cabo el negocio jur\u00eddico, se refirieron a otros documentos y personas diferentes a las que est\u00e1n involucradas en este proceso; adem\u00e1s de esto, el interrogatorio de parte efectuado tanto por la apoderada de la demandada como por el Despacho, se enrumb\u00f3 a demostrar hechos que no fueron objeto de la demanda ni de las excepciones\u00bb (Fls. 38 a 39 \u00edb.).  <\/span><\/p>\n

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El Juez Municipal convocado remiti\u00f3 en calidad de pr\u00e9stamo el expediente No. 2013-00941 (Folio 25 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala Civil Especializada de Restituci\u00f3n de Tierras del  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el amparo por considerar que \u00ab[e]l argumento de la Juez es legal y preciso porque aunque no mencione todo el espectro legal que concurre en apoyo de su tesis, no puede desconocerse con el ordenamiento comercial: (i) presume que el t\u00edtulo se ha entregado con fines negociables cuando se encuentra en tenencia de alguien distinto a su suscriptor; (ii) considera que el tenedor leg\u00edtimo a quien posea un t\u00edtulo valor seg\u00fan la ley de su circulaci\u00f3n (art. 647 ejusdem); (iii) advierte que quien suscribe un t\u00edtulo valor se obliga conforme a su tenor literal, de manera aut\u00f3noma y, adem\u00e1s, solidariamente si hay otros suscriptores en un mismo grado (arts. 626, 627, 632 ejusdem); (iv) se\u00f1ala que el suscriptor no puede oponer la falta de causa onerosa (porque, por ejemplo, se limit\u00f3 a firmar de favor) al tenedor de un t\u00edtulo que ha dado [en] contraprestaci\u00f3n por el mismo, aun cuando \u00e9ste \u00faltimo sepa tal hecho (art. 639 ejusdem); (v) indica que el obligado tampoco puede exigir la comprobaci\u00f3n de autenticidad de los endosos sino que ha de limitarse a identificar al \u00faltimo tenedor y verificar la continuidad de aquellos (art. 662 ejusdem); (vi) prescribe que la sola firma impuesta en la letra hace que se tenga por aceptada el obligado principal (art. 685 y 689 ejusdem); (vii) autoriza el cobro de los t\u00edtulos mediante proceso ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firmas (art. 793 ejusdem)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Contin\u00fao diciendo que \u00ab[q]uienes declararon como testigos adujeron saber que en porvenir d\u00f3nde labora la tutelante llevaban a cabo pr\u00e9stamos a los empleados con intermediaci\u00f3n de un compa\u00f1ero de trabajo llamado Yojan Enrique Mart\u00ednez Gordo, tambi\u00e9n demandado y quien no concurri\u00f3 a declarar. Dicho se\u00f1or gestionaba los pr\u00e9stamos que hac\u00eda un primo suyo, persona de la que no se dice su nombre. Igualmente, aqu\u00e9l habr\u00eda solicitado a la accionante que respaldara un cr\u00e9dito que obtendr\u00eda firmando una letra de cambio en blanco, y que de hecho firmar letras de cambio en blanco era el requisito para poder adquirir los cr\u00e9ditos a un inter\u00e9s del 7% y por montos que iban hasta los $ 5.000.000\u00bb; adem\u00e1s, apunt\u00f3 el Tribunal a quo, que \u00ab\u2026ninguno de los testigos conoce al demandante (endosatario) Daniel Zabala, y tampoco al girador-prestamista (endosante) de la letra ejecutada Yohan Waldo Wilches Zarate, ni relacionan a Mart\u00ednez Gordo con aqu\u00e9llos o con otros sujetos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente, se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[e]n relaci\u00f3n con el se\u00f1or Mart\u00ednez Gordo se aport\u00f3 por la parte demandada una declaraci\u00f3n extrajuicio en copia simple, en la que se manifiesta que se pidi\u00f3 el favor a la hoya accionante de firmarle una letra de cambio indic\u00e1ndole que ser\u00eda por          $ 3.000.000.oo, pero en realidad termin\u00f3 siendo de $ 15.000.000.oo, pero no se refiere qui\u00e9n prest\u00f3 el dinero, de qu\u00e9 letra se trataba, o en qu\u00e9 fecha se lo hizo, para establecer alg\u00fan tipo de conexidad indiciaria entre la letra all\u00ed mencionada y la objeto de cobro\u00bb; a la par, recalc\u00f3 que \u00ab[e]n el interrogatorio de parte que rindi\u00f3 el demandante, refiri\u00f3, como se\u00f1al\u00f3 la Juez[a] accionada, que recibi\u00f3 el t\u00edtulo diligenciado, que pag\u00f3 por aqu\u00e9l $ 50.000.000.oo aproximadamente en febrero o marzo de 2013, que no conoc\u00eda ni conoce personalmente al endosante sin que le fue presentado por un cliente que tuvo con ocasi\u00f3n del ejercicio de la profesi\u00f3n, y que solamente se le dijo que los deudores era trabajadores de Porvenir\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Finalmente, acot\u00f3 que \u00ab\u00ab\u2026no encuentra la Sala que la decisi\u00f3n adoptada por la Juez accionada sea contraevidente a los medios de prueba obrantes en el proceso ejecutivo, de manera que el defecto f\u00e1ctico en que incurre, no trasciende a la vulneraci\u00f3n efectiva o real de los derechos fundamentales al debido proceso o acceso a la administraci\u00f3n de justicia, pues ante los mismos se alza lo que efectivamente termin\u00f3 por acreditarse\u00bb (Folios 40 a 55 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 la censora, alegando que \u00ab\u2026este Tribunal, no tiene en cuenta que a pesar de no haber tachado el t\u00edtulo que nos ocupa de falso, el Juez de primera instancia y gracias a las facultades que le da la legislaci\u00f3n a este y su amplia sabidur\u00eda concede la excepci\u00f3n interpuesta por la suscrita del cobro de lo no debido que fue comprobado por amplios testimonios que se allegaron al proceso velando as\u00ed por el principio de que lo sustancial prevalece sobre lo procedimental y evitando causar una injusticia para con la suscrita\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, destac\u00f3 que \u00ab\u2026lo manifestado por esta Sala de \u201coponerse falta de causa onerosa porque se limit\u00f3 a firmar de favor\u201d no es lo que se pretende con esta tutela, solamente se busca que con las pruebas aportadas al Juez se cobre la SUMA JUSTA no la que el demandado pretende de manera tramposa y ma\u00f1osa y que est\u00e1 haciendo no solo con la suscrita sino con varias personas que trabajan para la misma compa\u00f1\u00eda de embargar bajo t\u00edtulos valores (letras de cambio) con cantidades que no fueron pactadas ni que corresponden a las instrucciones en que las partes suscribieron desde el principio\u00bb (Folios 66 a 67 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2.- Observada la inconformidad planteada, surge que la gestora al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad, enfilan su reproche contra el fallo de segundo grado de 9 de diciembre pasado, que revoc\u00f3 \u00ab\u2026la sentencia impugnada [dictada por el a quo]\u2026\u00bb y, orden\u00f3 \u00abseguir adelante la ejecuci\u00f3n en los t\u00e9rminos del mandamiento de pago\u00bb, pues considera que incurri\u00f3 en defecto \u00abf\u00e1ctico\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.- Del examen de las acreditaciones obrantes en el expediente, observa la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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a).- Providencia de 14 de septiembre de 2015, en la que se resolvi\u00f3 \u00abPRIMERO: declarar prospera la excepci\u00f3n propuesta por la demandada y, que denomin\u00f3 COBRO DE LO NO DEBIDO [\u2026.] SEGUNDO: Declarar por terminado el presente proceso, como consecuencia d ela prosperidad de la excepci\u00f3n analizada y probada, en el tr\u00e1mite propio de esta clase de procesos [Y] TERCERO: ORDENAR CANCELAR todas las medidas cautelares decretadas y materializadas dentro del presente proceso\u2026\u00bb (Folios 1 a 8 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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b).- Testimonios de los se\u00f1ores Margaret Santamar\u00eda C\u00e1rdenas, Jamez Portilla Rodr\u00edguez, Carmen Viviana Bustos Gonz\u00e1lez e interrogatorios de parte absueltos por Daniel \u00c1lvaro Zabala Paz y Blanca Rosa Arias Parra (Folios 3 a 9 Vlto Cdno Corte).  <\/span><\/p>\n

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c).- Sentencia de 9 de diciembre pasado, en la que el ad quem encartado revoc\u00f3 \u00ab[la decisi\u00f3n] impugnada [dictada por el a quo]\u00bb, declar\u00f3 no probadas las excepciones de m\u00e9rito y, orden\u00f3 \u00abseguir adelante la ejecuci\u00f3n en los t\u00e9rminos del mandamiento de pago\u00bb (Folios 9 a 13 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4.- Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, advierte la Sala que el fallo de segundo grado de 9 de diciembre pasado que revoc\u00f3 el de primera instancia y con el que se agot\u00f3 la jurisdicci\u00f3n dentro del litigio descrito en precedencia,  no se observa proceder constitutivo del defecto \u00abf\u00e1ctico\u00bb que la gestora le endilga y que amerite la intervenci\u00f3n del \u00abjuez constitucional\u00bb, toda vez que la argumentaci\u00f3n que la fundamenta, se sustent\u00f3 en las particularidades del caso y en la interpretaci\u00f3n de las normas que regulan la materia.  <\/span><\/p>\n

En efecto, la autoridad querellada, consider\u00f3 que \u00ab\u2026no es de recibo lo afirmado por el fallador de primer grado respecto del cobro de lo no debido, pues si bien, en el sub-judice se indic\u00f3 que Blanca Rosa Arias Parra suscribi\u00f3 el multicitado pergamino en blanco y cuyo \u00fanico espacio diligenciado era el valor en cifras correspondiente a tres millones de pesos, \u00e9ste documento no fue tachado de falso en la contestaci\u00f3n de la demanda, incluso, tampoco se solicit\u00f3 dictamen pericial sobre el evocado instrumento a fin de corroborar la presunta modificaci\u00f3n de la numeraci\u00f3n all\u00ed impuesta. Adem\u00e1s, se debe tomar en cuenta la presunci\u00f3n de autenticidad de los t\u00edtulos valores en virtud del canon 793 del C. Co., por lo tanto, el t\u00edtulo goza de plena validez, de ah\u00ed que no haya lugar a declarar la prosperidad de dicha excepci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente, precis\u00f3 que \u00ab[d]el acervo probatorio obrante dentro del expediente, se infiere que no existi\u00f3 alteraci\u00f3n del monto de la obligaci\u00f3n incorporada en el t\u00edtulo-valor cobrado, pues en el mismo no se evidencian enmendaduras que as\u00ed permitieran colegir tal circunstancia, incluso, n\u00f3tese que no se present\u00f3 tacha de falsedad o se solicit\u00f3 por la recurrente prueba pericial a fin de que un experto hubiese sido el que dictaminar\u00e1 las presuntas modificaciones en los n\u00fameros contenidos en la casilla del valor por el cual se gir\u00f3 la letra de cambio, por lo que lo aducido carece de sustento probatorio, siendo la carga para los ejecutados demostrarlo, conforme a las disposiciones del art\u00edculo 177 del C.P.C.\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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A la par, manifest\u00f3 que \u00ab\u2026en lo atinente a la carencia de autorizaci\u00f3n para el diligenciamiento de la letra de cambio, debe t\u00e9rnese en cuenta que la jurisprudencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u2013Sala Civil- ha puntualizado que: \u201c\u2026no basta que el girador del instrumento deje en el aire la vaga hip\u00f3tesis sobre [la] creaci\u00f3n del instrumento en blanco o con espacios en blanco, sino que es menester que el deudor demandado demuestre entre otras cosas las siguientes: (i) Que el documento se entreg\u00f3 en blanco o con espacios en blanco. (ii) Que se dieron unas instrucciones concretas y cu\u00e1l es el sentido de ellas, o en su caso que ninguna de las instrucciones que emiti\u00f3 el girador lo cual equivale a dejar sin efecto cambiario la entrega del instrumento. (iii) Que las instrucciones fueron deso\u00eddas o desacatadas por el tenedor del instrumento o que el tenedor del instrumento supli\u00f3 las instrucciones inexistentes. (iv) Que el instrumento se halla en poder de qui\u00e9n recibi\u00f3 y debi\u00f3 atender las previsiones porque si el t\u00edtulo ya circul\u00f3 debe estarse al tenor literal del mismo\u2026\u201d\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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A continuaci\u00f3n, resalt\u00f3 que \u00ab\u2026en el sub-lite acaece la \u00faltima circunstancia enlistada, [comoquiera] que la letra de cambio ejecutada endosada en propiedad por el acreedor primigenio a \u00f3rdenes de Daniel \u00c1lvaro Zabala Paz, quedando plenamente obligada la deudora al contenido literal all\u00ed incorporado, por el simple hecho de haber circulado el evocado t\u00edtulo valor. Am\u00e9n de lo anterior, tampoco demostr\u00f3 su dicho respecto de haber entregado el documento en blanco o que se hubiese dado unas instrucciones precisas de c\u00f3mo llenarlo en caso de incumplimiento, por lo que carece de sustento probatorio lo esgrimido por el apelante\u00bb (Folios 9 a 13 Vlto Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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4.1.- La Jueza ad-quem, al valorar el caudal probatorio arrib\u00f3 a la conclusi\u00f3n, de una parte, que no se acredit\u00f3 la \u00abinobservancia de instrucciones\u00bb para el diligenciamiento del t\u00edtulo y, de otra, tampoco se demostr\u00f3 que haya sido falso el contenido del mismo, puesto que no existe del material arrimado al sub j\u00fadice prueba concluyente sobre el particular, quedando ese t\u00f3pico respaldado con la aseveraci\u00f3n de la promotora, en el sentido que existi\u00f3 una adulteraci\u00f3n de algunos datos vertidos en el instrumento cartular, m\u00e1xime ante la realidad que esas censuras frente a la veracidad del mismo, le correspond\u00eda acreditarlo a la deudora (aqu\u00ed censora), por incumbirle la carga de la prueba sobre esa tem\u00e1tica.  <\/span><\/p>\n

Cabe advertir que esta Corporaci\u00f3n, ha se\u00f1alado con referencia a los t\u00edtulos valores incompletos o con espacios sin diligenciar, que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) [Q]uien suscribe un t\u00edtulo valor con espacios en blanco se declara de antemano satisfecho con su texto completo, haciendo suyas las menciones que se agregan en ellos, pues es consciente que el documento incompleto no da derecho a exigir la obligaci\u00f3n cambiaria, luego, est\u00e1 autorizando al tenedor, inequ\u00edvocamente, para completar el t\u00edtulo, a fin de poder exigir su cumplimiento, aunque, esto es claro, debe aquel ce\u00f1irse a las instrucciones que al respecto se hubieran impartido.  <\/span><\/p>\n

\u201c[P]or supuesto que esa posibilidad de emitir t\u00edtulos valores con espacios en blanco, prevista y regulada por el ordenamiento, como ya se dijera, presupone la completitud del t\u00edtulo en dos momentos distintos: uno, cuando fue emitido por su creador, y otro, cuando es cubierto para efectos de ejercitar la acci\u00f3n cambiaria. As\u00ed se colige de lo dispuesto por el art\u00edculo 622 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb (CSJ STC 9692-2014, 24 jul. 2014, rad. 01564-01).  <\/span><\/p>\n

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5.- En ese orden de ideas, resulta palmario, que lo que pretende la interesada es reabrir el debate que ya fue definido por el despacho encartado, en intento que, por obvias razones, es improcedente, pues no es el amparo constitucional el veh\u00edculo por el cual pueda alcanzarse tales cometidos. Ya que quien ejerce a plenitud sus derechos, en desarrollo de un proceso agotado con arreglo a las formas de ley, no pueden ampararse en esta acci\u00f3n a fin de crear instancias nuevas, para ventilar una y otra vez el litigio clausulado.  <\/span><\/p>\n

6.- De ese modo las cosas, la decisi\u00f3n cuestionada, independientemente que la Corte la proh\u00edje en tanto que no es el escenario para ello, no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental pues no obedeci\u00f3 a voluntad antojadiza alguna, como tampoco a la aplicaci\u00f3n caprichosa de las leyes que regulan la materia ni a la apreciaci\u00f3n contraevidente de los elementos demostrativos llevados al proceso, sin a un discernimiento razonable que se sustent\u00f3 en la normatividad vigente y en las reglas de la sana cr\u00edtica, por lo que la providencia en cuesti\u00f3n no puede ser catalogada como pregrina al Derecho por conducto de veleidad o ligereza de qui\u00e9n la emiti\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Sala ha precisado que en lo que toca con la carga de acreditar el llenado abusivo de instrumentos cartulares, ha resaltado que el deudor debe probar la existencia de las instrucciones para su diligenciamiento y que acreedor las desconoci\u00f3 al momento de completar los espacios por llenar y, al respecto en sus diferentes pronunciamientos ha expresado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) [Q]uien suscribe un t\u00edtulo valor con espacios en blanco se declara de antemano satisfecho con su texto completo, haciendo suyas las menciones que se agregan en ellos, pues es consciente que el documento incompleto no da derecho a exigir la obligaci\u00f3n cambiaria, luego, est\u00e1 autorizando al tenedor, inequ\u00edvocamente, para completar el t\u00edtulo, a fin de poder exigir su cumplimiento, aunque, esto es claro, debe aquel ce\u00f1irse a las instrucciones que al respecto se hubieran impartido (\u2026). Luego, si la parte ejecutada aleg\u00f3 como medio defensivo que el espacio en blanco (\u2026) no fue llenado con sustento en un acuerdo o en una carta de instrucciones (\u2026) le incumb\u00eda a ella, en asuntos como el de esta especie, probar ese hecho de manera integral, vale decir, que asum\u00eda el compromiso de demostrar que realmente fueron infringidas las instrucciones que imparti\u00f3, labor que, desde luego, ten\u00eda como punto de partida demostrar cuales fueron esas recomendaciones (\u2026)\u00bb (CSJ STC 6821-2014, 29 may. 2014, rad. 00035-01).  <\/span><\/p>\n

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Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de una parte, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y, de otra, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01), entre otras cosas, \u00abpues lo que en \u00faltimas pretende la accionante es que por esta v\u00eda constitucional se reviva una discusi\u00f3n suficientemente ventilada ante la justicia ordinaria, en la que se debatieron las excepciones propuestas en la contestaci\u00f3n de la demanda, adem\u00e1s, quien acudi\u00f3 a esta sede, cont\u00f3 con las posibilidades de contradicci\u00f3n y defensa en las dos instancias autorizadas por la ley\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2011, rad. 00012-01).  <\/span><\/p>\n

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Y a su vez, ha se\u00f1alado que la circunstancia de que la decisi\u00f3n adoptada en la providencia censurada resulte desfavorable a una de las partes del proceso, es cuesti\u00f3n que en si misma considerada, escapa al \u00e1mbito del juez constitucional, comoquiera que este:  <\/span><\/p>\n

\u00abNo puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica, m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir no se est\u00e1 demostrando el efecto apuntado en la demanda , ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (\u2026) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada, entre otras, en STC 3 sep. 2015 rad. 00493-01).  <\/span><\/p>\n

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7.- As\u00ed las cosas, se impone ratificar el fallo impugnado, conforme a las razones expuestas en precedencia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC4132-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00194-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100311","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100311","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100311"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100311\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100311"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100311"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100311"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}