{"id":100312,"date":"2026-06-25T20:32:46","date_gmt":"2026-06-25T20:32:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4133-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:32:46","modified_gmt":"2026-06-25T20:32:46","slug":"stc4133-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4133-2017\/","title":{"rendered":"STC4133-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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STC4133-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2017-00062-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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       Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro  (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 8 de febrero de 2017, mediante la cual la Sala de decisi\u00f3n Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Orlando Acevedo Ariza   contra el Juzgado Sexto de Familia de esa ciudad y B\u00e1rbara Vega Blanco, vincul\u00e1ndose a Colpensiones S.A. y a la se\u00f1ora Martha Yaneth Acevedo Vega.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, defensa y al debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada dentro del juicio ejecutivo de alimentos que inici\u00f3 Martha Yaneth Acevedo Vega a Orlando Acevedo Rojas, tr\u00e1mite dentro del cual actu\u00f3 como apoderado de este \u00faltimo (rad. 2012-00259).  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que dentro del proceso referenciado, que termin\u00f3 por \u00abpago total de la obligaci\u00f3n\u00bb, \u00abfueron embargados y puestos a disposici\u00f3n del despacho los dineros retenidos de la mesada pensional [de Orlando Acevedo], por ministerio de la ley\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Que \u00abal se\u00f1or ORLANDO ACEVEDO ROJAS le estaban reteniendo dineros de su mesada pensional en forma ilegal, por la inoperancia y obrar de mala fe de la se\u00f1ora BARBARA VEGA BLANCO, quien dentro del proceso ejecutivo debi\u00f3 llevar los oficios a COLPENSIONES para desembargar la pensi\u00f3n y no lo hizo al momento de la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo; eso fue en el 2015, reteniendo injustificadamente las ordenes de desembargo expedidas por el Juzgado de conocimiento, a su vez lesionando los intereses del se\u00f1or ORLANDO ACEVEDO ROJAS\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Que \u00abcon ocasi\u00f3n de los actos negligentes de la se\u00f1ora B\u00e1rbara Vega Blanco, el se\u00f1or Orlando Acevedo, [le] solicit\u00f3 la prestaci\u00f3n de servicios profesionales de abogado para que le desembargara la pensi\u00f3n y le reclamara los dineros retenidos de la misma\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Que \u00aben atenci\u00f3n a lo solicitado por el afectado, inici[\u00f3] acci\u00f3n de tutela en contra del JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA y COLPENSIONES, tutel\u00e1ndole los derechos a [su] mandante, el HONORABLE TRIBUNAL CIVIL DE FAMILIA\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Que el despacho encartado \u00abproced[i\u00f3] a cumplir el fallo y entregar[le] los dineros y de igual forma le entreg[\u00f3] los dineros al se\u00f1or ORLANDO ACEVEDO, donde [l]e firma delante de testigos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Que \u00abdespu\u00e9s que ORLANDO ACEVEDO, esposo de BARBARA recibe el dinero, esta procede a instaurar acci\u00f3n de tutela contra el JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA para reclamar los dineros de su pupilo, tutela que le fuera negada por el HONORABLE TRIBUNAL CIVIL DE FAMILIA en raz\u00f3n a la negligencia demostrada dentro del proceso, dejando transcurrir la oportunidad procesal\u00bb, y \u00abtambi\u00e9n interpone un incidente de Nulidad al JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA, pero el Juzgado le manifiesta su improcedencia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.7. Que \u00abposteriormente, el despacho hace entrega de los oficios dirigidos a COLPENSIONES a la se\u00f1ora BARBARA VEGA BLANCO y vuelve a esconderlos con el fin de seguir reteniendo ilegalmente los dineros del tutelante, hasta que el despacho mismo le toco oficiar a COLPENSIONES\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.8. Que la c\u00e9lula judicial recriminada \u00aben autos [l]e ordena la devoluci\u00f3n de los dineros, sin m\u00e1s fundamento que la amenaza de oficiar al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscal\u00eda, para que investiguen [su] conducta. No obstante haber allegado al expediente el recibo firmado por el se\u00f1or ORLANDO ACEVEDO, en que satisfactoriamente recibi\u00f3 el dinero. En este evento el JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA, ha debido citar al se\u00f1or ORLANDO ACEVEDO para que este corroborara al despacho sobre el dinero por el recibido\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.10. Que \u00abcon todas estas actuaciones de parte de la se\u00f1ora BARBARA VEGA BLANCO, se lucro empobreciendo [su] peculio con su obrar de mala fe, utilizando el aparato judicial para cometer el fraude econ\u00f3mico y procesal, demostrado en todo el proceso\u00bb, y \u00aben las actuaciones del JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA, el despacho no protegi\u00f3 [sus] derechos que se [l]e vulneraron y arrebataron, vulnerando a todas luces y el debido proceso y el derecho de defensa\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Pidi\u00f3, en consecuencia, ordenar a los accionados \u00abproceder a la devoluci\u00f3n y entrega a [su] favor de los dineros que [le] obligaron a entregar y que fueron consignados de [su] parte al Juzgado Sexto de Familia\u00bb (fls. 1-3 C. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS.  <\/span><\/p>\n

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El Juzgado censurado, adujo que \u00abcorresponde netamente a una pretensi\u00f3n de tipo econ\u00f3mico, donde pretende una devoluci\u00f3n de un dinero que si bien es cierto tuvo que reintegrar al Juzgado, ello obedeci\u00f3 a la indebida actuaci\u00f3n de su parte al hacer incurrir en error al despacho por el hecho de presentar un poder o autorizaci\u00f3n de parte del se\u00f1or ORLANDO ACEVEDO, persona a quien dice conocer desde hace mucho tiempo, y por lo mismo tendr\u00eda que conocer que su situaci\u00f3n de incapaz le imped\u00eda reclamar en nombre propio dineros, pues \u00e9stos deb\u00edan ser entregados a su guardadora, la Dra BARBARA VEGA BLANCO, tal como se hizo en \u00faltimas por parte del Despacho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Refiri\u00f3, que \u00abeste no es el mecanismo para reclamar prestaciones econ\u00f3micas, y menos cuando hab\u00eda recibido dineros indebidamente por su incorrecta actuaci\u00f3n\u00bb, y \u00abde ah\u00ed que no se considera la existencia de una vulneraci\u00f3n a ninguno de los derechos fundamentales invocados como la Dignidad Humana, la Defensa y el Debido Proceso, pues en el tr\u00e1mite adelantado qued\u00f3 claro que no estaba legitimado para recoger ning\u00fan dinero del ejecutado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abtampoco se advierte la presencia de un \u00abperjuicio irremediable\u00bb que permita la prosperidad de la acci\u00f3n, dado que se trata en resumen que se le requiri\u00f3 para que devolviera unos dineros que hab\u00eda recibido equivocadamente, y que constitu\u00edan un enriquecimiento il\u00edcito de su parte\u00bb (fls. 71-73 C.1)  <\/span><\/p>\n

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La se\u00f1ora B\u00e1rbara Vega Blanco, guardadora del Orlando Acevedo Rojas, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel accionante manifest\u00f3 haber actuado como apoderado judicial de m\u00ed prohijado, lo que a mi juicio no es correcto decir, teniendo en cuenta que el se\u00f1or ORLANDO ACEVEDO ROJAS fue declarado ya hace varios a\u00f1os como interdicto, por el mismo Juzgado que se demanda, debido a una patolog\u00eda de demencia, entonces como un profesional del derecho como SALVADOR SERRANO ARIZA concibe haber actuado como apoderado judicial de una persona que no tiene capacidad para otorgar poderes, es m\u00e1s, en la acci\u00f3n de tutela que el tramit\u00f3 en nombre de mi prohijado, el Tribunal le advirti\u00f3 que el actuaba en calidad de agente oficioso mas no de apoderado judicial del antes mencionado, debido a lo ya dicho. Y as\u00ed fue arbitrariamente fue a retirar los dineros de mi prohijado, y adem\u00e1s cobr\u00e1ndole el cuarenta por ciento de los honorarios, sabiendas que ante el Honorable tribunal de Bucaramanga, corrigi\u00f3 su escrito y dijo que era agente oficioso. No solo eso sino que en vez de entregarle los t\u00edtulos a mi pupilo solicit\u00f3 al despacho del juzgado sexto familia que los t\u00edtulos se los realizaran a su nombre SALVADOR SERRANO ARIZA documentos que reposan en el expediente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3, que \u00abesos dineros no fueron arrebatados del patrocinio del accionante arbitrariamente, sino por el contrario, yo adelant\u00e9 las medidas judiciales pertinentes para restituirlos, porque en repetidas ocasiones me comunique con el se\u00f1or SALVADOR para no cobrara (sic) dichos dineros y despu\u00e9s para que los restituyera cosa que se abstuvo de hacer, a sabiendas de que se le manifestaba que el se\u00f1or ORLANDO ACEVEDO ROJAS estaba muy afectado, no manifestaba tener esos dinero, y no demostraba tenerlos sino por el contrario cuando se le mencionaba solo entraba en llanto e ira. Por lo que me fue claro que a \u00e9l no se le hab\u00eda entregado un solo peso de dinero, sino por el contrario que muy posiblemente se hab\u00eda sacado provecho a su enfermedad o que no se hab\u00eda tenido el cuidado que amerita la patolog\u00eda que amerita mi pupilo\u00bb (fls. 74 y 78 Ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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Martha Yaneth Acevedo Vega, manifest\u00f3 que \u00abes mentira [lo que dice el accionante], pues nosotros nunca hemos actuado de mala fe, y menos para vulnerar o aprovecharnos de una persona. Sino por el contrario ese se\u00f1or fue el que actu\u00f3 de mala fe. Pues aun sabiendo que mi pap\u00e1 est\u00e1 en un estado mental que no le permite valerse por su propia cuenta, le hizo firmar un poder para sacarle la plata que ahora pretende que se restituya\u00bb y, anot\u00f3, que \u00able hizo firmar debido a que mi pap\u00e1 a veces est\u00e1 mal, desvar\u00eda dej\u00e1ndose influenciar f\u00e1cilmente, y el se\u00f1or se aprovech\u00f3 de eso, porque lo llamaba pint\u00e1ndole pajaritos en el aire, dici\u00e9ndole que le iba a sacar un mont\u00f3n de dinero, que le iba a desembargar la pensi\u00f3n y un mont\u00f3n de cosas, y eso no es lo peor, lo pon\u00eda en contra de nosotros, meti\u00e9ndose en el \u00e1mbito familiar a tal punto que mi pap\u00e1 me trataba como una desconocida\u00bb (fls. 85-86 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abdel examen detenido de los aspectos relevantes que acaban de detallarse la Sala concluye sin ambages que el JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA en modo alguno ha incurrido en afectaci\u00f3n a las garant\u00edas constitucionales usadas como sustento de su petitorio de amparo por el accionante, toda vez que no se advierte que las decisiones adoptadas al interior del proceso ejecutivo objeto de la queja excepcional, que se ponen en tela de juicio, se aparten de las preceptivas legales y de las circunstancias f\u00e1cticas que rodean el asunto sometido a definici\u00f3n de la Juez competente, pues se soportan en criterios razonables cimentados en las normas que regulan los aspectos analizados y dilucidados, descart\u00e1ndose que los mismos sean arbitrarios, caprichosos, subjetivos o carentes del condigno sustento jur\u00eddico y demostrativo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Advirti\u00f3, que \u00aben el desarrollo del tan aludido proceso de ejecuci\u00f3n de alimentos, as\u00ed como al interior de la acci\u00f3n de tutela promovida por el aqu\u00ed actor SALVADOR SERRANO ARIZA actuando como agente oficioso de ORLANDO ACEVEDO ROJAS, radicada a la partida N\u00b0 2016-100 y decidida por esta Corporaci\u00f3n en sentencia del 25 de febrero de 2016, contaba con los medios de convicci\u00f3n necesarios para establecer que el all\u00ed demandado hab\u00eda sido declarado en interdicci\u00f3n judicial por sentencia emitida por ese mismo despacho, design\u00e1ndosele como su guardadora a la abogada BARBARA VEGA BLANCO, de manera que resulta atinada la decisi\u00f3n del despacho al requerir al abogado SALVADOR SERRANO ARIZA a fin de enmendar el yerro en el que incurri\u00f3 al ordenar entregar a su favor los t\u00edtulos que se encontraban a disposici\u00f3n del despacho accionado y que no ha debido cobrar por la pot\u00edsima raz\u00f3n que para la fecha en que reclam\u00f3 los t\u00edtulos, esto es, el 17 de marzo de 2016, era de su conocimiento que representaba a un incapaz declarado en interdicci\u00f3n por sentencia judicial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abesta colegiatura destaca dos aspectos que sirven de apoyo para corroborar la conclusi\u00f3n que antecede, a saber: (i) contra los varios autos en los que se dispuso requerirlo para que devolviera los dineros que se orden\u00f3 pagar, el abogado SALVADOR SERRANO VEGA, ac\u00e1 accionante, no formul\u00f3 recurso alguno, omisi\u00f3n que implica que no se cumple el requisito de subsidiaridad de la acci\u00f3n de amparo; y (ii) palmar es que el debate que a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional propone al actor, vale decir, que se recauden pruebas y luego se decida que los dineros que se dispuso pagarle por el Juzgado cognoscente y que \u00e9l recibi\u00f3, fueron entregados a ORLANDO ACEVEDO ROJAS, de suerte que al tener que reintegrarlos al despacho se ha visto empobrecido en su peculio, es una cuesti\u00f3n que escapa por entero a la competencia del Juez constitucional, de ah\u00ed que deba ventilarse en el escenario que corresponda, si a bien lo tiene el interesado\u00bb (fls.91-97 Ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el accionante, alegando que \u00aben el fallo de 8 de febrero de 2017, deja entrever la ambig\u00fcedad en la decisi\u00f3n, por cuanto no se hizo un examen cr\u00edtico de las pruebas con una explicaci\u00f3n razonada de las conclusiones sobre ellas, as\u00ed como los razonamientos Constitucionales, Legales, de equidad y doctrinarios, estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponi\u00e9ndolos con brevedad y precisi\u00f3n, con indicaci\u00f3n de las disposiciones aplicables, de tal forma que no se le dio aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 280 del CGP\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, refiri\u00f3 que \u00aben el fallo impugnado se observa, que tampoco se cumple con lo dispuesto en el numeral 4 del art\u00edculo 29 de la ley 2591 de 1991. Dentro de la acci\u00f3n de tutela no se practicaron las pruebas pedidas en el ac\u00e1pite del l\u00edbelo\u00bb (fl. 102 C.1).  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. En el presente caso, pretende el gestor se ordene a los querellados, \u00abproceder a la devoluci\u00f3n y entrega a [su] favor de los dineros [\u2026] consignados al Juzgado Sexto de Familia\u00bb, pues considera que el despacho recriminado incurri\u00f3 en defecto \u00abprocedimental\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. De las acreditaciones allegadas, observa la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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a) Auto de 28 de abril de 2016, que resolvi\u00f3, entre otras, \u00abREQUERIR al Dr. SALVADOR SERRANO ARIZA para que en t\u00e9rmino perentorio de tres d\u00edas despu\u00e9s de la notificaci\u00f3n del presente auto, devuelva los dineros que se le entregaron el d\u00eda 17 de mayo de 2016 a trav\u00e9s de las \u00f3rdenes de pago 642203500168, 642203500169 y 642203500170\u00bb al considerar que \u00abtal orden de entrega de dineros se emiti\u00f3 en auto de 16 de marzo de 2016 y resta \u00fanicamente la entrega de un t\u00edtulo que por ahora se encuentra vinculado a un proceso que se adelanta ante el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga, seg\u00fan informa a folio 136 de este cuaderno\u00bb y \u00absiendo as\u00ed, el pedido elevado por quien en el proceso actu\u00f3 como apoderada de la parte ejecutada no se podr\u00eda atender en  esta oportunidad, de no ser porque se observa que ciertamente el ejecutado es una persona a quien este mismo juzgado declar\u00f3 en interdicci\u00f3n judicial mediante sentencia del 25 de octubre de 2006 dentro del proceso radicado 2005-00234-00, sentencia que el Tribunal Superior de Bucaramanga confirm\u00f3 en fallo del 19 de abril de 2007\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00abla actuaci\u00f3n del abogado portador de la T.P. 214245 del C.S. de la Judicatura, mediante la cual se hizo al cobro de los t\u00edtulos como representante o mandatario judicial del ejecutado, no debi\u00f3 haberse tenido como v\u00e1lida pues no ten\u00eda asidero legal ante el impedimento que pesaba sobre quien confiri\u00f3 el poder para administrar o disponer de sus bienes\u00bb y \u00abcon base en tales consideraciones y en procura de enderezar la actuaci\u00f3n, en primer lugar se REQUERIR\u00c1 a quien tuvo como su apoderado para el cobro de t\u00edtulos judiciales para que haga devoluci\u00f3n de las sumas entregadas, y una vez reintegrados tales valores, se impartir\u00e1 la orden definitiva de entrega de t\u00edtulos\u00bb (fls. 55-56 C.1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b) Prove\u00eddos de i) 3 de junio en el que se \u00abREQUIERE al abogado de la T.P. 214245 del C.S. de la Judicatura para que en el improrrogable t\u00e9rmino de tres d\u00edas haga devoluci\u00f3n de los dineros entregados el d\u00eda 17 de marzo de 2016 [\u2026]\u00bb , ii)  22 del mismo mes, en el que el Juzgado \u00abREQUIERE NUEVAMENTE al abogado portador de la T.P. 214245 del C.S. de la Judicatura para que en el t\u00e9rmino de tres d\u00edas EFECT\u00daE los dep\u00f3sitos de los dineros restantes que se le orden\u00f3 reembolsar en auto del 28 de abril de 2016\u00bb ,y iii)19 de julio del mismo a\u00f1o, en el que \u00abREQUIERE una vez m\u00e1s al abogado portador de T.P. 214245 del C.S. de la Judicatura para que en el  t\u00e9rmino de tres EFECT\u00daA los dep\u00f3sitos de los dineros restantes que se le orden\u00f3 reembolsar en  auto del 28 de abril de 2016\u00bb (fl. 4 y 5 C. Corte).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c) Escritos de fecha 13, 29 de junio, 28 de julio y 9 de septiembre  por medio del cual, el aqu\u00ed accionante, allega recibos de consignaci\u00f3n por valor de dos millones setecientos mil pesos ($2.700.000), dos millones de pesos ($2.000.000), un mill\u00f3n de pesos ($1.000.000) y un mill\u00f3n ochenta y ocho mil ochocientos seis pesos ($1.088.806), respectivamente (fl. 43 y 52 C.1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d) Puntualiz\u00f3 p\u00e1gina web \u00abconsulta de procesos\u00bb  (2012-00259) (fl. 6-7 C. Corte).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, la Sala advierte que el amparo resulta improcedente, habida cuenta que media de manera ostensible el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez, toda vez que comparada la fecha en que la autoridad reprochada pronunci\u00f3 la providencia que requiri\u00f3 por tercera vez al aqu\u00ed accionante para que realizara la devoluci\u00f3n de los dineros entregados en el sub j\u00fadice (19 de julio de 2016), con la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela (25 de enero de 2017), supera el t\u00e9rmino de seis meses que la jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n ha establecido como razonable para la protecci\u00f3n inmediata y eficaz de las garant\u00edas constitucionales, lo cual desnaturaliza el car\u00e1cter urgente e impostergable de la protecci\u00f3n implorada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       As\u00ed las cosas, no tiene premura quien voluntariamente deja pasar largo lapso antes de elevar reclamo, menos a\u00fan, si no se impugn\u00f3 la decisi\u00f3n ante el juez natural, raz\u00f3n por la que el amparo rogado no puede abrirse paso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre esta materia la Sala tiene dicho que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab[E]n efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art. 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda se\u00f1alado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido \u2018que si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica (Sentencia T-797 de 26 de septiembre de 2002).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 14 abr. 2015, rad. 00057-01 y STC2310-2016 26 feb 2016 rad. 2016-00446-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En adici\u00f3n a lo anotado, advierte la Sala que la decisi\u00f3n del funcionario encartado de disponer la devoluci\u00f3n de los dineros entregados por parte del aqu\u00ed accionante no se observa caprichosa ni constitutiva de \u00abdefecto procedimental\u00bb como lo asegura el gestor, por cuanto los argumentos all\u00ed plasmados, tienen sustento en las particularidades del caso y un criterio hermen\u00e9utico razonable de las normas que regulan la materia, descartando un actuar antojadizo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el despacho recriminado, al verificar que, Orlando Acevedo Rojas fue declarado en interdicci\u00f3n judicial mediante sentencia del 25 de octubre de 2006, y bajo esa \u00f3ptica, reca\u00eda sobre \u00e9l un impedimento para \u00abactuar per se\u00bb,  el aqu\u00ed gestor no pod\u00eda representar de ninguna forma al interdicto, menos a\u00fan recibir dineros en su nombre, toda vez que el mandante carec\u00eda de facultad para otorgar poder al tutelante, pues \u00e9l deb\u00eda actuar a trav\u00e9s de su guardadora (B\u00e1rbara Vega Blanco).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sea del caso precisar, que la Sala ha reiterado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo  brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC18 de Mar. de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de Jun. de 2011, exp. 00974-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Con todo, respecto al punto de la devoluci\u00f3n de los dineros que pretende el gestor, la Sala ha se\u00f1alado en diferentes oportunidades que, por regla general la tutela no procede para exigir el pago de derechos econ\u00f3micos o de car\u00e1cter patrimonial, en raz\u00f3n a que el ordenamiento prev\u00e9 mecanismos espec\u00edficos para definir tales aspectos, excepto cuando se encuentra comprometido el m\u00ednimo vital y, en el caso concreto, tal situaci\u00f3n no se acredit\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el tema, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que:  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

\u00abEste escenario constitucional no es el apropiado para realizar reclamaciones de linaje patrimonial y tampoco para obtener beneficios econ\u00f3micos; m\u00e1xime, si de las pruebas obrantes en el plenario no se infiere la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervenci\u00f3n del juez de tutela o que ponga en peligro el m\u00ednimo vital del peticionario; mucho menos se evidencia que por las razones esbozadas en la demanda de amparo, se le impida continuar con sus estudios acad\u00e9micos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Corte ha considerado que: [N]o se encuentra evidencia alguna que lleve al convencimiento de que las prerrogativas de la apelante se encuentran en inminente y grave riesgo, al punto de hacer imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional para que adopte medidas urgentes, pues se insiste, el legislador estableci\u00f3 un mecanismo expedito para contrarrestar los efectos nocivos que se le atribuyen a las resoluciones atacadas\u2026 Como lo observ\u00f3 el a quo, las s\u00faplicas expuestas en el libelo se centran en aspectos puramente econ\u00f3micos y hallan soporte en simples afirmaciones y temores\u2026 asuntos que escapan al resorte del tr\u00e1mite que ante \u00e9sta Corporaci\u00f3n se surte (CSJ STC, 14 Abr. 2011, Rad. 00343-01, reiterado entre otros, 5 Sep. 2012, Rad. 1244-01 y 12 Feb. 2014 Rad. 2013-01145-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            MARGARITA CABELLO BLANCO      STC4133-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2017-00062-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)             Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro  (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100312","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100312","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100312"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100312\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100312"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100312"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100312"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}