{"id":100313,"date":"2026-06-25T20:32:52","date_gmt":"2026-06-25T20:32:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4135-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:32:52","modified_gmt":"2026-06-25T20:32:52","slug":"stc4135-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4135-2017\/","title":{"rendered":"STC4135-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4135-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2017-00074-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 8 de febrero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Cecilia Pico de Trujillo contra el Ministerio de Defensa Nacional, la Direcci\u00f3n de Asuntos Legales y la Jefatura del Grupo de Reconocimiento y Obligaciones Litigiosas de dicha Cartera Ministerial.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La demandante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, dignidad humana, debido proceso, moralidad administrativa y m\u00ednimo vital presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas, en raz\u00f3n a que no le han dado respuesta a la solicitud de 12 de octubre de 2016, mediante la cual les reclam\u00f3 la cancelaci\u00f3n del monto reconocido a su favor en la sentencia de 19 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.  <\/span><\/p>\n

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Como sustento de su alegaci\u00f3n, se\u00f1ala en s\u00edntesis, que en la referida providencia se conden\u00f3 al Ministerio de Defensa por la falla del servicio en la que incurri\u00f3, a sufragarle \u00ab$26.205.368, m\u00e1s los intereses comerciales causados durante los 6 primeros meses y moratorios despu\u00e9s de dicho t\u00e9rmino (\u2026) para un total aproximado a la fecha de $36.000.000\u00bb, asign\u00e1ndosele el turno de pago 712-S-2015, respecto del cual desconoce el estado actual del tr\u00e1mite y la fecha cierta del desembolso.  <\/span><\/p>\n

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2.        Pide en consecuencia, se ordene a las demandadas que le informen la fecha en la que le sufragar\u00e1n el referido valor (fl. 1 a 7, cd 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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El Jefe de \u00c1rea de Defensa Judicial \u00abSEGEN\u00bb, solicit\u00f3 declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que \u00abmediante comunicaci\u00f3n oficial S-2017-029503-SEGEN-GUDEJ\u00bb resolvi\u00f3 la petici\u00f3n de la actora \u00abexplic\u00e1ndole el procedimiento [a seguir] de forma detallada, haci\u00e9ndole saber que la entidad est\u00e1 presta para cumplir con las decisiones judiciales, pero sujetos a las pol\u00edticas presupuestales del Gobierno Nacional\u00bb (fls. 92 a 94, ib\u00eddem).   <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal Constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras verificar que se configur\u00f3 la carencia actual de objeto por hecho superado, pues \u00abaun cuando la anhelada respuesta fue emitida en forma tard\u00eda, lo cierto que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONA, ya dio contestaci\u00f3n al escrito fechado el 12 de octubre de 2016\u00bb, la que estimo \u00abresulta ser clara, precisa y de fondo, toda vez que lo peticionado, precisamente, era conocer sobre el tr\u00e1mite que se le est\u00e1 dando a la cuenta de cobro relacionada con la sentencia judicial proferida a su favor\u00bb (fls. 99 a 101, cd. 1  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 la promotora del amparo, quien aduce que la contestaci\u00f3n por virtud de la cual se dio por superado el hecho generador de la vulneraci\u00f3n alegada es incompleta, toda vez que no solo no \u00absolo no se [le] pag\u00f3 ni un centavo\u00bb sino que adem\u00e1s \u00abno respondi\u00f3 a cabalidad lo preguntado (\u2026) pues omitieron informar: a) cuanto iban a pagar ($38 millones) (\u2026) b) ni cu\u00e1ndo (fecha cierta) se realizar\u00e1 dicho pago (\u2026). Por ello la aludida respuesta es INCOMPLETA, INDEFINIDA, OSCURA Y CONTRARIA A DERECHO\u00bb (fls. 105 a 116, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Recu\u00e9rdese que el car\u00e1cter de fundamental del derecho de petici\u00f3n se encuentra reconocido expresamente en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica y se traduce en la posibilidad de acudir a las autoridades, y excepcionalmente a los particulares, para obtener respuestas oportunas, completas y adecuadas, que guarden correspondencia con lo pretendido, y que se den a conocer al afectado en los precisos plazos que para el efecto establece la ley.  <\/span><\/p>\n

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2. La discusi\u00f3n en sede constitucional se centra en la presunta vulneraci\u00f3n del citado derecho, pues a las demandadas se les atribuye la omisi\u00f3n de atender el requerimiento formulado por la accionante el 12 de octubre de 2016, para que le informaran las gestiones adelantadas y la fecha exacta en que se realizar\u00e1 el desembolso del dinero reconocido a su favor mediante sentencia de 19 de marzo de 2015.  <\/span><\/p>\n

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3. Verificado el informe rendido por el Jefe del \u00c1rea de Defensa del Ministerio de Defensa Nacional y el oficio que anex\u00f3 como prueba, de entrada se anuncia la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado, pues de \u00e9stos se puede verificar que a trav\u00e9s de la comunicaci\u00f3n S-2017-029503-GUDEJ-ARDEJ-1.10 de 3 de febrero de 2017, esta Cartera dio respuesta de fondo y congruente a la solicitud planteada, y fue notificada v\u00eda correo electr\u00f3nico el d\u00eda de su expedici\u00f3n a la direcci\u00f3n de la interesada (fl. 98, cd. 1), esto es, con anterioridad a la sentencia de primera instancia, que data del 8 siguiente.  <\/span><\/p>\n

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De esta manera mediante el referido documento en relaci\u00f3n con las inquietudes planteadas por la tutelante, atinentes a los tr\u00e1mites realizados para pagarle el dinero reconocido a su favor en sentencia judicial y la fecha espec\u00edfica en la que se har\u00eda el desembolso, se le inform\u00f3 que \u00abla Unidad de Ejecuciones de Decisiones Judiciales de la Secretaria de la Polic\u00eda Nacional (\u2026) no tiene la facultad ni la informaci\u00f3n exacta de la fecha en el (sic) cual se le va a cancelar lo pecuniario de su sentencia\u00bb (subrayado y negrilla del texto), sin embargo, \u00aben aras de brindarle una fecha probable de pago\u00bb, le se\u00f1al\u00f3 que en aproximadamente \u00ab15.4 meses\u00bb llegar\u00eda su turno, para lo cual promedi\u00f3 el n\u00famero de personas que est\u00e1n a la espera de igual actuaci\u00f3n antes que ella y la cantidad de erogaciones que se realizan mensualmente.  <\/span><\/p>\n

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Conforme a lo anterior frente a la autoridad reprochada en lo que respecta a la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n formulada, y que constituye el fundamento que da paso al ejercicio de esta acci\u00f3n especial, no hay omisi\u00f3n que pueda endilg\u00e1rsele, en la medida en que otorg\u00f3 repuesta de fondo y congruente a los cuestionamientos que le fueron planteados, la cual fue adem\u00e1s debidamente notificada. En este orden, tal como lo afirm\u00f3 el a quo lo pretendido a trav\u00e9s del mecanismo de amparo se encuentra plenamente satisfecho.   <\/span><\/p>\n

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4. Ahora, si la discrepancia de la solicitante radica en el contenido de la contestaci\u00f3n suministrada, porque no dio la orden de pago ni fij\u00f3 un d\u00eda preciso para hacerlo, se le advierte que este no es el escenario propicio para debatir esa inconformidad, pues dispone de otro medio para acceder a tal pretensi\u00f3n, como lo es la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa en virtud de los art\u00edculos 297 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, a trav\u00e9s de la cual podr\u00e1 exigir la cancelaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n nacida de la sentencia de 19 de marzo de 2015, que en t\u00e9rminos de dicho ordenamiento constituye \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb, exigible v\u00eda jurisdiccional transcurridos diez (10) meses \u00abcontados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia\u00bb, lo cual, seg\u00fan lo acreditado en el tr\u00e1mite, ocurri\u00f3 el 9 de enero de 2016 (fl 23, reverso C.1).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, es evidente que la petici\u00f3n de amparo en los t\u00e9rminos planteados en el p\u00e1rrafo precedente tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, pues como esta Sala lo ha indicado en varias ocasiones, a la presente v\u00eda extraordinaria solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas o para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como las que aqu\u00ed se discuten, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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De manera que \u00ab[m]ientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 10 feb. 2012, Rad. 2011-00174-01, reiterado entre otros en STC5006-2014, STC4702-2015).  <\/span><\/p>\n

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5.  Frente a la acci\u00f3n de tutela para el cumplimiento de sentencias judiciales, esta Sala de Decisi\u00f3n ha precisado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abpor regla general la acci\u00f3n no procede cuando se pretende el cumplimiento de una sentencia que genera una obligaci\u00f3n de dar, como la de pagar una suma de dinero. Esta distinci\u00f3n encuentra fundamento en el esquema de garant\u00edas y derechos constitucionales vigente, en la naturaleza de las obligaciones que tienen origen en lo ordenado por los jueces ordinarios, y en la pertinencia y viabilidad de los mecanismos dise\u00f1ados por el legislador para forzar el cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas\u00bb (C. C. T-177\/11; citada por la CSJ en STP6042-2015 y STC3140-2016).  <\/span><\/p>\n

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6. Por lo dem\u00e1s, cabe se\u00f1alar que tampoco aprecia la Corte la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, como son la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad de la acci\u00f3n, pues \u00abno se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC 11 de mayo de 2010, exp, 00249-01; reiterada en STC12592-2015).  <\/span><\/p>\n

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7. Por las razones explicadas, se impone revocar el fallo impugnado, al no advertirse vulnerado el derecho fundamental cuya protecci\u00f3n fue invocada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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