{"id":100314,"date":"2026-06-25T20:32:57","date_gmt":"2026-06-25T20:32:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4140-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:32:57","modified_gmt":"2026-06-25T20:32:57","slug":"stc4140-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4140-2017\/","title":{"rendered":"STC4140-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4140-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00641-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el se\u00f1or Fortunato Vel\u00e1squez Ballestas contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Quince Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, y, la Defensor\u00eda del Pueblo, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los dem\u00e1s intervinientes de la causa penal a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales y el ente convocados, dentro del asunto penal que se le sigui\u00f3 por el delito de inasistencia alimentaria.   <\/span><\/p>\n

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Exige, entonces, para la protecci\u00f3n de su prerrogativa, que se \u00ab[d]eclar[e] la nulidad de lo actuado dentro del [citado] proceso penal, con el fin de que se adelante un debido proceso, con defensa de un abogado id\u00f3neo\u00bb; que \u00abse revise la proporcionalidad de la condena impuesta, a fin de que en su imposici\u00f3n se tenga en cuenta [su] realidad y condiciones personales\u00bb; y, que \u00abse [l]e permita mientras cumpl[e] la condena acceder a una forma de trabajo que [le] permita obtener el m\u00ednimo para [su] propio sustento\u00bb (fl. 64).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.    En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis, que dentro del juicio referido en l\u00edneas precedentes, \u00ablos abogados designados por la Defensor\u00eda del Pueblo para atender [su] caso NO CUMPLIERON con su deber de defender[lo] debidamente\u00bb, ya que adoptaron una actitud pasiva durante todas las etapas del proceso; no aportaron en su debida oportunidad las pruebas que ten\u00eda en su poder para demostrar su inocencia; no solicitaron la prueba t\u00e9cnica correspondiente para desvirtuar su paternidad frente a la menor alimentaria, pese a haberles puesto en conocimiento sus dudas al respecto; no elaboraron una teor\u00eda del caso que desvirtuara la acusaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda; y, algunos llegaban a las audiencias sin estudiar la informaci\u00f3n que obraba en el expediente, sumado a que termin\u00f3 siendo ayudado \u00abpor un abogado que de buena voluntad [l]e quiso ayudar\u00bb, el cual present\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo de primera instancia y el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n que ratific\u00f3 su condena, situaci\u00f3n que pas\u00f3 desapercibida por los jueces que conocieron del asunto, quienes, adem\u00e1s, no apreciaron en debida forma el material probatorio recaudado en el proceso, en la medida que desconocieron las pruebas que demostraban que \u00abno tuv[o] trabajo por m\u00e1s de tres a\u00f1os, [y sufri\u00f3] un accidente que [lo] inhabilito por otro\u00bb, circunstancias que lo imposibilitaron para \u00abcumplir con unas cuotas alimentarias\u00bb, actuaci\u00f3n que trajo consigo, dice, la imposici\u00f3n de una condena, que a m\u00e1s de injusta, es totalmente desproporcionada, pues por el incumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria supuestamente de $4.000.000,oo, termin\u00f3 condenado a 32 meses de prisi\u00f3n y una multa de 20 SMLMV, entre otros, sumado a que, para obtener su libertad condicional, le fijaron una cauci\u00f3n de 1 SMLMV, quedando as\u00ed \u00absin la posibilidad de trabajar para proveer su propio sustento\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.        Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 10 de marzo hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 67).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a. La Fiscal 44 Local de la Fiscal\u00eda Seccional de Bogot\u00e1, luego de compendiar ciertas actuaciones surtidas dentro de la causa penal que se debate, solicit\u00f3 despachar desfavorablemente el resguardo implorado, con sustento en que el accionante al estar inconforme con las decisiones adoptadas en el citado tr\u00e1mite, \u00abpretende atacar[las] por esta v\u00eda (\u2026), como si \u00e9sta constituyera una tercera instancia que le permitiera reabrir el debate y realizar [una] nueva valoraci\u00f3n de su caso\u00bb (fls. 89 y 90).   <\/span><\/p>\n

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b.  El abogado Nelson Mario Estrada Benavides, quien dijo ser Defensor P\u00fablico adscrito a la Unidad II de la Defensor\u00eda del Pueblo de esta capital, despu\u00e9s de memorar las actuaciones que despleg\u00f3 como defensor del tutelante en el rese\u00f1ado juicio, se opuso al \u00e9xito del amparo rogado, tras manifestar que en \u00e9ste s\u00ed \u00abdespleg\u00f3 una defensa t\u00e9cnica activa (con las limitaciones propias de la situaci\u00f3n del acusado quien no alleg\u00f3 elementos materiales probatorios)\u00bb, en tanto que \u00abcontrainterrog\u00f3 a los testigos de cargo de la Fiscal\u00eda y solicit\u00f3 la Absoluci\u00f3n del Acusado invocando para ello el \u201cIndubio Pro Reo\u201d y la Presunci\u00f3n [d]e Inocencia, derivada precisamente de la intermitencia en el pago\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Por \u00faltimo indic\u00f3, que \u00ab[l]a ausencia de pruebas dentro del tr\u00e1mite adelantado por el suscrito en Audiencia Preparatoria y Juicio Oral se deriv\u00f3 \u00fanica y exclusivamente del argumento falaz del acusado en el sentido de que no estaba obligado a cumplir con la obligaci\u00f3n alimentaria de la menor aduciendo que no era el padre de la misma y [que] as\u00ed lo demostrar\u00eda\u00bb; que \u00ablos documentos enunciados por el accionante como soporte del pago no fueron conocidos por [\u00e9]l\u00bb; y, que \u00ab[l]e insisti\u00f3 a [su] representado en la b\u00fasqueda de una salida alterna (\u2026) mediante la Reparaci\u00f3n Integral a la V\u00edctima, salida jur\u00eddica y procesal a la que se neg\u00f3 de manera sistem\u00e1tica\u00bb (fls.93 a 95).    <\/span><\/p>\n

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c.  La Directora Seccional de Fiscal\u00edas Seccional de la referida ciudad, se limit\u00f3 a informar que por competencia remiti\u00f3 la comunicaci\u00f3n de enteramiento a la Fiscal\u00eda 44 Local, unidad que atendi\u00f3 el caso del actor (fl. 102).  <\/span><\/p>\n

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d.   El magistrado ponente de la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, pidi\u00f3 declarar improcedente el reclamo suplicado, con fundamento en que  <\/span><\/p>\n

\u00abla acci\u00f3n de tutela no es un mecanismo para revivir los debates ya agotados ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abla valoraci\u00f3n de la prueba ni siquiera fue tema de debate en la demanda de casaci\u00f3n\u00bb, sino la ausencia de defensa t\u00e9cnica.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente se\u00f1al\u00f3, que \u00abtampoco se corresponde a la realidad la afirmaci\u00f3n del accionante seg\u00fan la cual \u201cel delito de inasistencia alimentaria antes de la reforma de la Ley 1542 de 2012 era de car\u00e1cter querellable\u201d\u00bb, pues \u00ab[d]icho delito nunca ha sido querellable en la vigencia de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica cuando la v\u00edctima es menor de edad, como ocurri\u00f3 en este asunto\u00bb (fls. 104 y 105).  <\/span><\/p>\n

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e.  El Procurador Tercero Delegado para la Casaci\u00f3n Penal (E) inform\u00f3, que esa entidad present\u00f3 recurso de insistencia frente al prove\u00eddo por medio del cual fue inadmitido el recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado en la causa penal debatida (fl. 107).   <\/span><\/p>\n

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f.  El Juzgado Quince Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, solicit\u00f3 declarar improcedente el auxilio invocado, en raz\u00f3n a  que el gestor \u00abpretende convertir este mecanismo constitucional (\u2026) en una tercera instancia, contrariando as\u00ed su naturaleza extraordinaria\u00bb (fls. 114 y 115).  <\/span><\/p>\n

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g.  Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.   Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en estas diligencias, que la protecci\u00f3n constitucional rogada por el se\u00f1or Fortunato Vel\u00e1squez Ballestas, resulta improcedente, pues las determinaciones emitidas el 15 de marzo, 22 de julio y 2 de noviembre de 2016, por el Juzgado Quince Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad y la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, por medio de las cuales se resolvi\u00f3, en su orden, \u00abCONDENAR al [accionante] como autor del delito de inasistencia alimentaria a pena principal de treinta y dos [32] meses de prisi\u00f3n y multa de veinte [20] salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes y Pena Accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por un tiempo igual al de la pena privativa de la libertad\u00bb, \u00abConfirmar en lo que fue materia de impugnaci\u00f3n, la [anterior] sentencia\u00bb, y, \u00ab[n]o admitir la demanda de casaci\u00f3n presentada por el apoderado del [procesado]\u00bb (fls. 33 a 64), dentro de la causa penal que se le sigui\u00f3 al aqu\u00ed interesado por la referida conducta punible, tuvieron como fundamento argumentos jur\u00eddicos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar esas decisiones en el campo de la acci\u00f3n de tutela, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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3.   En efecto, al examinarse las aludidas providencias se advierte que, en ning\u00fan momento, las instancias judiciales accionadas incurrieron en una valoraci\u00f3n inadecuada de los elementos materiales probatorios recaudados en el citado juicio, pues, por el contrario, en lo que respecta al Juzgado acusado, se observa que su titular, a punto de tomar la decisi\u00f3n que legalmente correspond\u00eda, se ampar\u00f3 en tales medios de convicci\u00f3n, los cuales analiz\u00f3 de forma razonable a la luz de las reglas de valoraci\u00f3n probatoria dispuestas por la ley adjetiva penal, ejercicio del cual concluy\u00f3, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abel se\u00f1or Fortunato Vel\u00e1squez Ballestas, ha dejado de cumplir con los deberes alimentarios que tiene frente a la prole espec\u00edficamente la menor E.V. Vel\u00e1squez Juzga, se presenta la sustracci\u00f3n a dicha obligaci\u00f3n, sin justa causa, porque si bien es cierto, el procesado hubiere querido cumplir de acuerdo a su capacidad econ\u00f3mica, hubiera hecho regularmente consignaciones de sus deberes alimentarios y hubiese mantenido una relaci\u00f3n afectiva con su hija, determin\u00e1ndose con claridad la responsabilidad que le compete al procesado, de quien se ha desvirtuado, se ha derruido totalmente la presunci\u00f3n de inocencia que le ampara, por lo que se declarara la culpabilidad como autor del hecho punible de inasistencia alimentaria\u00bb (fls. 33 a 43).  <\/span><\/p>\n

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Inferencia que reforz\u00f3 al se\u00f1alar:  <\/span><\/p>\n

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\u00abbasta recordar que las deponentes de cargo Juzga Moreno, Moreno Cuta, Pulido Galindo, y Castillo C\u00e1rdenas, enfatizaron que este sujeto laboraba en actividades con construcci\u00f3n y vigilancia, y que cuando su capricho y \u00e1nimo veleidoso lo indicaba brindaba aportes alimentarios para su descendiente (\u2026), particularmente, algunas cuotas de marzo o mayo del a\u00f1o 2007 y de esa data a abril de 2012 en forma espor\u00e1dica, porque en adelante ha tenido un total ausentismo de todo lo cual se puede colegir no solamente encontrarnos ante una sustracci\u00f3n en los deberes alimentarios, sino tambi\u00e9n que esta actuaci\u00f3n omisiva eminentemente ha de ser catalogada como injustificada; pretender que solamente quienes laboran de manera subordinada, puedan ser los \u00fanicos llamados a cumplir con el deber impuesto en el Art. 233 del C.P., y que para dichos efectos imperiosamente debe disponerse de soporte documental, equivale a imponer requisitos y cargas no existentes en el marco legal y jurisprudencial, m\u00e1s a\u00fan cuando de manera diamantina asoma a la realidad que el hoy declarado culpable siempre ha laborado, y pudiendo cumplir con sus obligaciones alimenticias no lo ha hecho, si de demostrar hechos diferentes o circunstancias exculpatorias se trataba, en cuanto toca con el delito examinado, cuando los afectados son ni\u00f1os y menores de edad, la carga de la prueba se invierte, por ende, correspond\u00eda hacer lo propio a la parte inconforme, labor defensiva que ciertamente ha brillado por su ausencia en el caso examinado\u00bb (ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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4.   Por otra parte, el Tribunal criticado, al estudiar el reproche expuesto por el defensor del condenado, aqu\u00ed accionante, el cual se ci\u00f1\u00f3, exclusivamente, a la \u00abausencia de defensa t\u00e9cnica\u00bb, refut\u00f3 los argumentos del censor con apoyo en la jurisprudencia referente al tema, se\u00f1alando, en lo cardinal, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Sala, como se vio, la actuaci\u00f3n del profesional del derecho que representaba los intereses del acusado durante la audiencia preparatoria y el juicio oral respondi\u00f3 a una leg\u00edtima t\u00e1ctica de defensa que mal puede, ante el cambio de defensor y, por consiguiente, enfoque y perspectivas distintas, invalidar lo actuado; si as\u00ed fuera, el juicio ser\u00eda interminable, pues bastar\u00eda cambiar el abogado defensor para enfrentar la necesidad de reiniciarlo de acuerdo a la teor\u00eda del caso del nuevo jurista y, con ello, la solicitud, decreto y pr\u00e1ctica de pruebas in\u00e9ditas.  <\/span><\/p>\n

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No es posible entonces hablar en abstracto de violaci\u00f3n al derecho de defensa por una supuesta actuaci\u00f3n pasiva y carente de idoneidad del abogado defensor, de acuerdo a la subjetiva estimaci\u00f3n que hace el suced\u00e1neo, cuando en este asunto el primero, razonablemente, pact\u00f3 estipulaciones probatorias, practic\u00f3 contrainterrogatorios a los testigos de la Fiscal\u00eda, aleg\u00f3 de conclusi\u00f3n y, en general, ejerci\u00f3 en debida forma su mandato. De ah\u00ed que no pueda hablarse de ausencia de defensa t\u00e9cnica, m\u00e1xime cuando no se observa inactividad o incuria por quien ejerc\u00eda la defensa\u00bb (fls. 44 a 51).   <\/span><\/p>\n

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5.        Resoluci\u00f3n que la Sala de Casaci\u00f3n censurada patrocin\u00f3 al resolver sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n que present\u00f3 el gestor judicial del tutelante, escenario en el que, a m\u00e1s de inadmitir aqu\u00e9lla por errores de t\u00e9cnica, subray\u00f3, a punto de descartar cualquier vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del procesado, que en el caso sometido a su consideraci\u00f3n no se present\u00f3 la omisi\u00f3n denunciada con los cargos.  <\/span><\/p>\n

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Para llegar a dicha determinaci\u00f3n, dicha Colegiatura  expres\u00f3:  <\/span><\/p>\n

\u00abEn este caso, los reproches propuestos por la defensa de FORTUNATO VEL\u00c1SQUEZ BALLESTAS no ser\u00e1n acogidos, y por consiguiente su demanda tampoco podr\u00e1 ser admitida, en tanto carecen de coherencia, adem\u00e1s de fundamentos que ostenten suficiencia argumentativa para construir un debate racional o que pueda decidirse con an\u00e1lisis que impliquen un an\u00e1lisis profundo de la actuaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por un lado, el demandante present\u00f3 dos (2) cargos, uno por la causal segunda del art\u00edculo 181 de la Ley 906 de 2004 (relativa al error de tr\u00e1mite), y el otro por la causal tercera (atinente a errores de juicio provenientes de la producci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de los medios de prueba). El contenido material de ambos reproches, sin embargo, es id\u00e9ntico, pues reiteran las razones por las cuales el censor considera que se viol\u00f3 el derecho de asistencia letrada. Y la pretensi\u00f3n en los dos (2) cargos es tambi\u00e9n la misma: la nulidad de toda la actuaci\u00f3n procesal. Al no precisar que un cargo era subsidiario del otro, el abogado incurri\u00f3 en una incoherencia, por cuanto afirm\u00f3 que un solo objeto sustancial encajaba al mismo tiempo en dos (2) causales distintas, que necesariamente deb\u00edan aludir a circunstancias de hecho y de derecho diferentes, as\u00ed como a apuntar a consecuencias jur\u00eddicas que re\u00f1ir\u00edan entre s\u00ed (en el caso de la causal segunda: la nulidad; y en el de la tercera: dictar una sentencia de remplazo).  <\/span><\/p>\n

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Por otro lado, el problema jur\u00eddico que propuso el censor en el desarrollo de ambos reproches, de acuerdo con el cual se le desconoci\u00f3 a FORTUNATO VEL\u00c1SQUEZ BALLESTAS el derecho de asistencia letrada durante el juicio, es infundado, o carece de l\u00f3gica y raz\u00f3n, o parte de supuestos contrarios a la verdad.  <\/span><\/p>\n

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En principio, el recurrente es contradictorio. Reclam\u00f3 porque el entonces defensor le \u2018aconsejara\u2019 al procesado no aceptar los cargos que le formularon en la imputaci\u00f3n. Pero, al mismo tiempo, se quej\u00f3 porque en el juicio oral no solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas que hubieran conducido a absolverlo, esto es, demostrando que la sustracci\u00f3n de alimentos hacia la hija hab\u00eda sido justificada o inexistente. En otras palabras, consider\u00f3 que habr\u00eda ejercido una buena defensa t\u00e9cnica en el evento de convencerlo de aceptar responsabilidad, a pesar de que (como \u00e9l mismo lo afirm\u00f3) hab\u00eda elementos de prueba m\u00e1s que suficientes para probar su inocencia.  <\/span><\/p>\n

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La Corte, a su vez, ha dicho en forma clara y pac\u00edfica que la conculcaci\u00f3n del derecho de defensa t\u00e9cnica durante el juicio oral solo se presentar\u00e1 en la Ley 906 de 2004 cuando el profesional del derecho encargado de velar por los intereses del acusado no asume, en palabras del fallo CSJ SP, 11 jul. 2007, rad. 26827, \u00abuna actitud pro activa y diligente en el desarrollo y concreci\u00f3n de las labores inherentes a su funci\u00f3n\u00bb1, o cuando, seg\u00fan la sentencia CSJ SP, 1\u00ba ag. 2007, rad. 27283, manifiesta ostensible ignorancia, incompetencia o falta de instrucci\u00f3n respecto de las reglas y principios que rigen la Ley 906 de 2004.  <\/span><\/p>\n

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En este asunto, el demandante asegur\u00f3 que el entonces defensor no present\u00f3 una teor\u00eda del caso, ni solicit\u00f3 practicar pruebas que demostrasen la ausencia de responsabilidad, ni expuso razones para justificar la conducta del acusado. Con ello, intent\u00f3 establecer que dicho profesional del derecho no fue activo en el cumplimiento de sus deberes profesionales.  <\/span><\/p>\n

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Dichos argumentos, no obstante, son insuficientes. En primer lugar, presentar una teor\u00eda del caso no es obligatorio para la defensa, tal como lo explic\u00f3 el Tribunal en el fallo impugnado. En segundo lugar, el ejercicio de la estrategia defensiva, en relaci\u00f3n con la teor\u00eda del caso que la Fiscal\u00eda s\u00ed est\u00e1 en el deber de presentar, se puede exteriorizar de dos (2) maneras. Una, presentando una cr\u00edtica inmanente a la teor\u00eda expuesta por el ente acusador, esto es, referida al an\u00e1lisis de la coherencia, contradicciones y alcance demostrativo que por s\u00ed solos o en conjunto ostenten los medios de conocimiento tra\u00eddos a colaci\u00f3n por el Fiscal. Y la otra, mediante una cr\u00edtica trascendente, que implica para la defensa sustentar en juicio explicaciones plausibles que ri\u00f1an con la de la acusaci\u00f3n en aras de establecer una duda razonable. Solo si se acoge esta segunda postura, la actividad del defensor tendr\u00e1 que estar orientada hacia la demostraci\u00f3n de una o varias teor\u00edas del caso, as\u00ed como a la solicitud y pr\u00e1ctica de pruebas. Y, en este caso, lo que hubo fue una cr\u00edtica inmanente por parte de la defensa de FORTUNATO VEL\u00c1SQUEZ BALLESTAS durante el juicio, que se centr\u00f3 en contrainterrogar a los testigos, tal como lo explic\u00f3 el Tribunal en la sentencia objeto del recurso extraordinario, as\u00ed como a cuestionar su alcance probatorio, que fue en lo que se centr\u00f3 el alegato final del defensor, como se desprende de la sola lectura del fallo de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En estas condiciones, el demandante estaba obligado a establecer que la inactividad de la defensa durante el juicio oral no solo consisti\u00f3 en la falta de una cr\u00edtica trascendente respecto de la labor adelantada por la Fiscal\u00eda (ausencia de una hip\u00f3tesis plausible alternativa a la de la acusaci\u00f3n), sino adem\u00e1s de una cr\u00edtica inmanente, frente a la racionalidad interna o la fuerza persuasoria de las pruebas en las que se apoy\u00f3 la teor\u00eda condenatoria. Y esto \u00faltimo no lo hizo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A lo cual agreg\u00f3, que  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

\u00abEs cierto que el recurrente, en la demanda, reconoci\u00f3 que la defensa contrainterrog\u00f3 a los testigos de cargo pero sin haberse enfocado en circunstancias como el inter\u00e9s de los testigos. Lo anterior, sin embargo, no constituye demostrar la ausencia de gesti\u00f3n del defensor en el ejercicio de su deber de asistencia letrada, sino tan solo un reparo, una cr\u00edtica inane, a la orientaci\u00f3n de contrainterrogatorio elegida.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicionalmente, el profesional del derecho reclam\u00f3 por la ausencia del acusado en la audiencia preparatoria, lo que seg\u00fan \u00e9l le impidi\u00f3 al asistente letrado descubrir elementos probatorios que hubieren refutado las manifestaciones de los testigos de cargo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se trata, simplemente, de una especulaci\u00f3n por parte del demandante. De la misma manera en que pod\u00eda afirmarse que la ausencia del procesado le impidi\u00f3 a la defensa ejercer una cr\u00edtica externa, mediante la presentaci\u00f3n de explicaciones propias, a la teor\u00eda del caso de la Fiscal\u00eda, tambi\u00e9n es posible asegurar que la defensa, en la libertad de elecci\u00f3n estrat\u00e9gica que ostentaba, decidi\u00f3 no aportar alg\u00fan documento en poder de FORTUNATO VEL\u00c1SQUEZ BALLESTAS, de suerte que su presencia jam\u00e1s fue necesaria durante la preparatoria, sobre todo cuando a esas alturas tambi\u00e9n era l\u00f3gico suponer que el profesional del derecho, luego de hablar con su representado, ya hab\u00eda seleccionado la mejor opci\u00f3n por seguir. Dicha no asistencia, por lo tanto, era una circunstancia irrelevante para el ejercicio del derecho de defensa t\u00e9cnica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El reproche del actual defensor, en \u00faltimas, se limit\u00f3 a arg\u00fcir que la defensor\u00eda p\u00fablica permiti\u00f3 que el representado se fuera a juicio sin plantear la estrategia que \u00e9l le hubiera gustado adoptar. Esto, en cualquier caso, jam\u00e1s supondr\u00e1 la violaci\u00f3n del derecho de defensa t\u00e9cnica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Sala, al respecto, ha reiterado en providencias como CSJ AP, 28 sep. 2006, rad. 25247, que no es posible arg\u00fcir vulneraciones del derecho de asistencia letrada con base en pruebas o estrategias que despu\u00e9s de conocido el resultado del juicio hubiera querido presentar el demandante:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se trata de una perspectiva eminentemente subjetiva y arbitraria que desde luego resulta m\u00e1s que insuficiente para acreditar un pretendido quebranto de este derecho. La Corte ha rechazado en forma radical que se pretexte un argumento semejante en orden a discutir la eficacia de la defensa t\u00e9cnica, al se\u00f1alar como deleznable que  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c…profesionales del derecho entren a postular mejores estrategias defensivas que las asumidas por quien tuvo a cargo durante el tr\u00e1mite judicial la representaci\u00f3n de los intereses del procesado, habida cuenta de que el ejercicio de profesiones liberales como lo es la del derecho parte de la base del respeto del conocimiento que cada persona tenga de las materias de las que se ocupa, sin que sea posible determinar en forma acertada o por lo menos irrebatible frente a cada asunto cu\u00e1l hubiera sido la m\u00e1s afortunada estrategia defensiva, pues cada individuo especializado en estos temas tiene de acuerdo a su formaci\u00f3n acad\u00e9mica, experiencia y personalidad misma, su propia forma de enfrentar sus deberes como tal\u2019\u2019.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En este orden de ideas, el discurso de la defensa no es suficiente para controvertir el fallo impugnado ni tampoco para demostrar alg\u00fan error de tr\u00e1mite o juicio. Por lo tanto, la demanda no ser\u00e1 admitida.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y como la Sala tampoco advierte de forma manifiesta la necesidad de cumplir con alguno de los fines de la casaci\u00f3n se\u00f1alados en el art\u00edculo 180 de la Ley 906 de 2004, ning\u00fan pronunciamiento oficioso har\u00e1 contra la decisi\u00f3n dictada por el juez plural\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Y, finalmente refiri\u00f3, que \u00ab[c]ontra lo aqu\u00ed adoptado, es procedente el mecanismo de insistencia en los t\u00e9rminos explicados por la Corte a partir del fallo CSJ SP, 12 sep. 2005, rad. 24322\u00bb (fls. 52 a 64), del cual no hay evidencia en el expediente que haya sido utilizado por el peticionario, m\u00e1s si por el Ministerio P\u00fablico.     <\/span><\/p>\n

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6.        Por virtud de lo anterior, se descarta la eventualidad de predicar que en esa labor los funcionarios judiciales acusados hubieran incurrido en una actitud susceptible de ser cuestionada positivamente a trav\u00e9s de esta excepcional herramienta, dado que, como qued\u00f3 visto, las decisiones cuestionadas est\u00e1n soportadas en argumentos s\u00f3lidos y en una apreciaci\u00f3n razonable del material probatorio recaudado, los cuales detallan las razones por las cuales el tutelante fue hallado culpable del delito que le fue imputado y no se present\u00f3 en el caso ausencia de defensa t\u00e9cnica, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en las rese\u00f1adas providencias se hubiera incurrido en alguna causal de procedencia del amparo, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a ellas, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC, 19 may. 2011, Rad. 00106-01, citada \u00faltimamente, entre otros, en STC18363-2016, STC18524-2016, STC2847-2017 y STC2999-2017).  <\/span><\/p>\n

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7.        Por \u00faltimo basta decir, en cuanto a la pretensi\u00f3n encaminada a que se le permita al tutelante laborar para obtener los medios para su sustento, que \u00e9ste lo debe solicitar al director del respectivo centro penitenciario o carcelario que lo tenga a cargo, \u00fanico responsable de su autorizaci\u00f3n, conforme se desprende del art\u00edculo 86 de la Ley 65 de 19932, y de ser concedido, tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar al juez que le corresponda ejecutar y vigilar su pena, el respectivo beneficio de la redenci\u00f3n de la pena por trabajo (Art. 82 ejusdem).    <\/span><\/p>\n

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8.        Por todo lo expuesto, se denegar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ SP, 11 jul. 2007, rad. 27283.    <\/span><\/p>\n

2 \u201cPor la cual se expide el C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario.\u201d      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC4140-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00641-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100314","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100314","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100314"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100314\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100314"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100314"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100314"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}