{"id":100316,"date":"2026-06-25T20:33:10","date_gmt":"2026-06-25T20:33:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4144-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:33:10","modified_gmt":"2026-06-25T20:33:10","slug":"stc4144-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4144-2017\/","title":{"rendered":"STC4144-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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STC4144-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00692-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Carmen Yamile S\u00e1nchez Le\u00f3n contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         La accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con ocasi\u00f3n de los autos de 29 de septiembre de 2012 y 12 de noviembre de 2013, y, por la falta de notificaci\u00f3n de la renuncia de su apoderado judicial, dentro del juicio reivindicatorio que en su contra y de Jairo L\u00f3pez Le\u00f3n, promovi\u00f3 Alfonso Londo\u00f1o Quintero.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se ordene \u00abla nulidad del proceso [referido] a partir de la providencia (\u2026) que neg\u00f3 la acumulaci\u00f3n del [juicio mencionado]\u00bb (fl. 7, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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2.   En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, adujo en s\u00edntesis, que la acci\u00f3n reivindicatoria referida en l\u00edneas anteriores, se promovi\u00f3 en su contra ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, con el fin de obtener la restituci\u00f3n del inmueble ubicado en \u00abel barrio Ternera\u00bb de dicha ciudad e identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 060-62553.  <\/span><\/p>\n

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Asevera que no se opuso a la anterior aspiraci\u00f3n, y en cambio, de forma separada, interpuso juicio de pertenencia en contra del se\u00f1or Londo\u00f1o Quintero respecto del inmueble aludido, el que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Sexto Civil del Circuito de dicha urbe; no obstante, en prove\u00eddo del 21 de septiembre de 2011, el Juzgado Tercero Civil del Circuito Adjunto de la localidad de marras, dispuso la acumulaci\u00f3n de los pleitos memorados.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que por auto del 29 de septiembre de 2012, el Despacho accionado dej\u00f3 sin valor ni efecto la anterior determinaci\u00f3n, para entonces, negar la acumulaci\u00f3n de los litigios, decisi\u00f3n frente a la que su apoderado instaur\u00f3 sin \u00e9xito recurso de apelaci\u00f3n, pues la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena la confirm\u00f3 en providencia del 12 de noviembre de 2013.  <\/span><\/p>\n

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Asegura que su mandatario judicial fue \u00absancionado\u00bb con ocasi\u00f3n de la formulaci\u00f3n de la alzada, raz\u00f3n por la que present\u00f3 renuncia al poder, la que fue aceptada por el estrado atacado el 8 de abril de la precitada anualidad; sin embargo, afirma, jam\u00e1s se enter\u00f3 de ello.  <\/span><\/p>\n

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Tras ese relato, sostiene que el Despacho judicial querellado incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo, toda vez que i) \u00abde forma ilegal anul[\u00f3]\u00bb la determinaci\u00f3n que hab\u00eda decretado la acumulaci\u00f3n de los procesos mencionados; y, ii) desatendi\u00f3 lo dispuesto en el art\u00edculo 69 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues no se agot\u00f3 el tr\u00e1mite previsto en ese mandato legal con miras a notificar la dimisi\u00f3n de su abogado, situaci\u00f3n que le impidi\u00f3, dice, ejercer su \u00abdefensa y contradicci\u00f3n\u00bb dentro del juicio reivindicatorio censurado (fls. 3 a 8, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        Mediante auto del pasado 16 de marzo esta Corporaci\u00f3n admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 70).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos.  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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1. Bajo esa perspectiva, para la Corte la demanda de amparo est\u00e1 llamada al fracaso, por las siguientes razones:    <\/span><\/p>\n

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1.   En cuanto ata\u00f1e al primer reparo, la solicitud de protecci\u00f3n sin lugar a dudas carece del presupuesto de inmediatez, puesto que entre la fecha en que se profiri\u00f3 la segunda de las decisiones objeto de reproche -12 de noviembre de 2013, y el momento en que se interpuso la presente demanda de tutela -7 de octubre de 2016, transcurri\u00f3 con largueza un t\u00e9rmino superior a seis (6) meses, el cual es estimado como razonable por esta Corporaci\u00f3n para intentar la protecci\u00f3n reclamada.    <\/span><\/p>\n

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Es suficientemente conocido que, pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un periodo significativo \u2013m\u00e1s de 2 a\u00f1os y 10 meses, sin que la promotora del amparo solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera vulnerados con la providencia de segunda instancia acusada, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la prontitud que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

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Sobre este aspecto, reiteradamente se ha puntualizado, que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[A]quellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 3 oct. 2007, Rad. 01230-01, reiterada en STC5510-2015 y en STC4519-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.2.          Ahora bien, mediante auto del 8 de abril de 2013, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena acept\u00f3 la renuncia al poder que elev\u00f3 el abogado de la demandada, aqu\u00ed accionante; empero, de los documentos allegados al presente tr\u00e1mite se observa que dicha dimisi\u00f3n no surti\u00f3 efecto, pues la misma no se comunic\u00f3 conforme lo establece el art\u00edculo 69 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma que aplic\u00f3 la citada autoridad judicial.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, se halla ausente el telegrama mediante el cual se notific\u00f3 esa situaci\u00f3n a la parte pasiva, de manera que el profesional del derecho a\u00fan representaba los intereses de su mandante al momento en que se dict\u00f3 sentencia de primera instancia dentro del asunto endilgado, por lo que se descarta la supuesta vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa invocado.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, si en cuenta se tiene que conforme el inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 69 ejusdem precept\u00faa que \u00ab[la] renuncia no pone t\u00e9rmino al poder ni a la sustituci\u00f3n, sino cinco d\u00edas despu\u00e9s de notificarse por estado el auto que la admita, y se haga saber al poderdante o sustituidor por telegrama dirigido a la direcci\u00f3n denunciada para recibir notificaciones personales, cuando para este lugar exista el servicio, y en su defecto como lo disponen los numerales 1\u00ba y 2\u00ba del art\u00edculo 320\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden de ideas, la sola manifestaci\u00f3n del abogado en torno a no continuar con la defensa de su poderdante, no es suficiente motivo para inferir que termin\u00f3 su representaci\u00f3n, pues, la disposici\u00f3n legal citada, adem\u00e1s de  imponer al funcionario que la admita mediante auto, \u00e9ste se deb\u00eda notificar por estado, y adem\u00e1s enterar de ello al agenciado, \u00faltimo presupuesto que no se logr\u00f3 cumplir en el caso bajo estudio, porque, iterase, no existe prueba de que se haya elaborado el telegrama dirigido a la direcci\u00f3n de residencia de la demandada.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, cumple anotar, que \u00abconforme el citado precepto, en principio, el derecho de postulaci\u00f3n dentro de un proceso no termina con la sola presentaci\u00f3n del escrito de renuncia, sino, en el momento en que se agota, en lo pertinente, el procedimiento establecido en el inc. 4\u00b0 del art\u00edculo 69 del C. de P. C.\u00bb (CSJ ST, 29 May 2012, Rad. 2012-00113-01, criterio reiterado en STC7895-2016).  <\/span><\/p>\n

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Y en un caso similar, la Corte consider\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abRelativamente a la falta de defensa derivada de (\u2026) la renuncia de su apoderado, se observa que \u00e9sta no pone fin al mandato sino cinco d\u00edas despu\u00e9s de notificarse por estado el auto que la admita, luego le correspond\u00eda al abogado estar pendiente que se cumpliera este requisito para liberarse de su responsabilidad, as\u00ed como a la quejosa del resultado de la gesti\u00f3n encomendada, sin que sea suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito la acci\u00f3n, pues aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma, y no al juez acusado\u00bb (CSJ ST, 11 Ene 2005, Rad. 2004-00395-01, reiterada en STC, 27 Ene 2014, Rad. 2013-01618-03 y en STC7895-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.        Las razones consignadas se estiman suficientes para concluir, que el resguardo implorado debe desestimarse.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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