{"id":100317,"date":"2026-06-25T20:33:23","date_gmt":"2026-06-25T20:33:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4145-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:33:23","modified_gmt":"2026-06-25T20:33:23","slug":"stc4145-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4145-2017\/","title":{"rendered":"STC4145-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4145-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2016-00689-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 15 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Ram\u00f3n Mendoza Guzm\u00e1n contra el Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial, as\u00ed como el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la referida  localidad.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, al no dar respuesta a la solicitud que elev\u00f3 dentro del juicio abreviado de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que Jos\u00e9 An\u00edbal Campo Heilbr\u00f3n y otros promovieron contra la sociedad Confecciones e Inversiones del Caribe S. en C.S.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla, \u00abd[ar] respuesta inmediata a [su] solicitud\u00bb (fl. 1, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tal pedimento, aduce en compendio, que el 22 de julio de 2016, present\u00f3 la referida solicitud ante el Despacho convocado, a fin que le fueran expedidas \u00abunas certificaciones\u00bb, sin que a la fecha de presentaci\u00f3n del amparo se haya emitido una respuesta, raz\u00f3n por la cual acude a este mecanismo de especial protecci\u00f3n (ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a.  La titular del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla, inform\u00f3 que \u00abuna vez consultado (\u2026) el sistema de justicia XXI (TYBA), pudo constatar que el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado promovido por el se\u00f1or Jos\u00e9 An\u00edbal Campo Heilbr\u00f3n y otros contra la Sociedad Confecciones e Inversiones del Caribe S. en C.S., (\u2026) ya no reposa en los anaqueles de ese [Despacho], atendiendo a la remisi\u00f3n que del mismo se hiciere al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de [la misma ciudad] el 15 de diciembre de 2016 (\u2026), motivo por el cual, no podr\u00eda dar (\u2026) fe de las actuaciones que en su momento se desplegaron en [esa] Agencia Judicial y de las peticiones sin resolver que eventualmente existieren\u00bb; sin embargo resalt\u00f3, que \u00abel derecho de petici\u00f3n que manifiesta el actor elev\u00f3 en fecha 22 de julio de 2016 y que no le ha sido resuelto por esta agencia judicial (\u2026) carece de recibido de este juzgado, pues en \u00e9l no se vislumbra sello ni firma alguna que fuera efectivamente recibido en la secretar\u00eda de este despacho\u00bb (fl. 10, ib.).  <\/span><\/p>\n

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       b.   El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma ciudad advirti\u00f3, que \u00abuna vez revisado exhaustivamente el proceso abreviado de restituci\u00f3n de inmueble arrendado en el cual tiene su g\u00e9nesis la presente acci\u00f3n constitucional, se pudo constatar que no milita en el mismo el derecho de petici\u00f3n a que se refiere el accionante (\u2026), pues solamente [se encuentra] la petici\u00f3n incoada por el Dr. Granados Su\u00e1rez el 2 de noviembre de 2016, a la cual el Juzgado Octavo Civil del Circuito le dio contestaci\u00f3n en fecha 24 de ese mismo mes y a\u00f1o\u00bb (fls. 32 y 33, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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       c.   El Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A., expres\u00f3 que la solicitud de amparo debe denegarse por \u00abcarencia de objeto\u00bb, ya que \u00abno ha existido por parte de esta administradora conducta alguna que constituya o se erija en la violaci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental o legal del accionante\u00bb (fls. 129 y 130, Op. Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras advertir que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abal requirente no le asiste el inter\u00e9s personal en la defensa del derecho que reclama vulnerado, esto por cuanto el acto presuntamente vulnerador acaeci\u00f3 dentro de la causa judicial en la que es apoderado judicial de una de las partes, debiendo tener poder especial para el recurso de amparo, no extendi\u00e9ndose el conferido en el proceso inicial. Si ello es as\u00ed, carece de legitimaci\u00f3n por activa, se debe declarar la improcedencia del resguardo constitucional aqu\u00ed analizado\u00bb (fls. 125 a 128, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, utilizando argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo (fls. 217 a 220, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: a) la posibilidad de acudir ante el destinatario, y b) y la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada.  <\/span><\/p>\n

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La esencia de la prerrogativa comentada comprende entonces, una pronta resoluci\u00f3n, la respuesta de fondo, y, la notificaci\u00f3n efectiva de \u00e9sta al interesado.  <\/span><\/p>\n

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2. Sin embargo, en trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha reiterado, que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; reiterada en STC1113-2017).  <\/span><\/p>\n

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En igual sentido, se ha precisado que   <\/span><\/p>\n

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\u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC1113-2017).  <\/span><\/p>\n

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Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva.  <\/span><\/p>\n

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3.        En el presente asunto observa la Corte, que el se\u00f1or Ram\u00f3n Mendoza Guzm\u00e1n se\u00f1ala haber radicado el 22 de julio de 2016, escrito ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito Barranquilla, para que le fueran certificadas ciertas actuaciones dentro del tr\u00e1mite del proceso abreviado de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que Jos\u00e9 An\u00edbal Campo Heilbr\u00f3n y otros adelantaron contra la sociedad Confecciones e Inversiones del Caribe S. en C.S.; a saber:  <\/span><\/p>\n

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\u00aba.) Si es o no cierto que su digno cargo retiene los c\u00e1nones de arrendamiento consignados en el Banco Agrario por la sociedad demandada, a \u00f3rdenes de su Juzgado, siendo su beneficiario el demandante Jos\u00e9 An\u00edbal Campo Heilbr\u00f3n, a partir del mes de octubre de 2015, es decir, no se ha hecho entrega a sus beneficiarios de ellos inmediatamente.  <\/span><\/p>\n

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4.   No obstante, para la Sala tal asunto, sin lugar a dudas, se refiere a temas propios del tr\u00e1mite judicial antes referido, raz\u00f3n por la cual es improcedente que esa solicitud sea resuelta bajo la perspectiva del derecho de petici\u00f3n, y por ende, la viabilidad del presente mecanismo de protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5.        Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin lugar a m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone mantener el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y a los dem\u00e1s intervinientes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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