{"id":100318,"date":"2026-06-25T20:33:27","date_gmt":"2026-06-25T20:33:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4147-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:33:27","modified_gmt":"2026-06-25T20:33:27","slug":"stc4147-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4147-2017\/","title":{"rendered":"STC4147-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4147-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2017-00051-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 13 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Mery Constanza P\u00e9rez Ruiz contra el Juzgado Segundo de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio liquidatorio a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite adelantado para decidir las objeciones al inventario y aval\u00fao de los bienes objeto del juicio de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal conformada por ella y Juan Carlos Cardozo.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se ordene al Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9, \u00abdar cumplimiento a las disposiciones normativas 229, 230 y 234 del C\u00f3digo General del Proceso en relaci\u00f3n con la prueba de oficio decretada dentro del proceso [aludido]\u00bb (fl. 5, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tal pretensi\u00f3n, aduce en s\u00edntesis, que dentro del asunto referido en l\u00edneas anteriores, el 9 de octubre de 2015, se adelant\u00f3 la diligencia de inventario y aval\u00faos de los bienes y las deudas adquiridas por las partes dentro de la vigencia del v\u00ednculo matrimonial, acto en el cual se incluy\u00f3 como activo social, entre otros, el establecimiento de comercio denominado \u00abInsumos Juan Carlos Cardozo D\u00edaz\u00bb, avaluado en la suma de \u00ab$2.114\u2019299.973\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Asegura que las partes presentaron objeciones frente a la relaci\u00f3n de los bienes, motivo por el que en auto del 23 de octubre siguiente, el Despacho atacado resolvi\u00f3 tramitarlas mediante incidente, y, en prove\u00eddo del 6 de noviembre subsiguiente, orden\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial sobre el aludido establecimiento de comercio para establecer sus estados financieros, advirtiendo que a ese acto deb\u00eda asistir el perito contador p\u00fablico designado de la lista de auxiliares de la justicia.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que como la prueba anterior no pudo practicarse, en providencia del 23 de agosto de 2016, y en virtud de la facultad prevista en el \u00abart. 167 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, el estrado acusado dispuso que el demandado suministrara la informaci\u00f3n contable del bien comercial memorado al experto designado, con el prop\u00f3sito que rindiera el respectivo dictamen dentro del t\u00e9rmino de 20 d\u00edas, decisi\u00f3n frente a la cual instaur\u00f3 infructuosamente los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, pues en auto del 19 de septiembre siguiente, se desestimaron por improcedentes al tratarse de una prueba de oficio.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que el Juzgado acusado incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo con lo resuelto, toda vez que para la pr\u00e1ctica de la prueba decretada de oficio omiti\u00f3 designar a una \u00abinstituci\u00f3n p\u00fablica o privada especializada en el tema espec\u00edfico\u00bb, y adem\u00e1s, afirma, tampoco indic\u00f3 la tem\u00e1tica sobre la cual el perito deb\u00eda rendir su experticia, tal y como lo disponen los art\u00edculos 229 y 230 del C\u00f3digo General del Proceso (fls.2 a 6, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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El Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones adelantadas en el juicio motivo de censura, y aleg\u00f3 que las mismas se encuentran ajustadas al ordenamiento jur\u00eddico (fls. 13 a 16, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, tras advertir que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]l incidente en estudio no ha culminado con las etapas que la conforman, pues hasta este momento se encuentra en la pr\u00e1ctica de pruebas, lo anterior, adportas de rendirse un nuevo dictamen pericial, por lo que no se puede predicar o suponer consecuencias jur\u00eddicas frente a ciclos que no han culminado, toda vez que corresponde al Juez natural y no al de tutela resolver las vicisitudes que en el desarrollo del tr\u00e1mite se aleguen por las partes\u00bb (fls. 17 a 22 \u00eddem).   <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, planteando en suma, argumentos similares a los expuestos en la demanda de amparo (fl. 104, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En este caso, la accionante cuestiona los autos de  24 de noviembre de 2016 y 16 de enero de 2017, emitidos por el Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9 en el marco del juicio de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal conformada con Juan Carlos Cardozo, pues, en su opini\u00f3n, dicho Despacho desatendi\u00f3 lo dispuesto en los art\u00edculos 229 y 230 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto a las formalidades para decretar de oficio una prueba pericial; no obstante, para la Corte las determinaciones censuradas estuvieron soportadas en argumentos que no lucen caprichosos ni arbitrarios, lo que impide su revisi\u00f3n a trav\u00e9s de este especial mecanismo, y anticipa entonces, el fracaso de lo reclamado.  <\/span><\/p>\n

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1. En efecto, en el prove\u00eddo de 24 de noviembre de 2016, la sede judicial convocada indic\u00f3 lo siguiente:    <\/span><\/p>\n

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\u00abDel nombramiento del perito cabe referir que recay\u00f3 sobre el mismo auxiliar de la justicia nombrado para la inspecci\u00f3n judicial, como se infiere de lo resuelto en el auto de agosto 23 pasado, a prop\u00f3sito del resultado infructuoso de la inspecci\u00f3n judicial mediante el examen de documentos contables, la cual no se realiz\u00f3 con la presencia y asistencia del perito como se hab\u00eda ordenado y solicitado por la parte actora, al tenor de lo previsto en el art. 246 del C.P. Civil, normativa vigente cuando fue solicitada y decretada la prueba (Art. 625, num. 5\u00b0 C.G.P.).  <\/span><\/p>\n

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Sobre el cuestionario que el perito debe absolver es claro que corresponde a establecer el estado financiero del establecimiento de comercio Insumos Juan Carlos Cardozo D\u00edaz, que permita definir de manera real la existencia de activos y pasivos correspondiente a dicha partida inventariada como se se\u00f1al\u00f3 en dicho auto\u00bb (fl. 33, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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Frente a la anterior determinaci\u00f3n, la demandante, aqu\u00ed accionante, instaur\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, pero en auto del 16 de enero pasado, \u00e9stos fueron desestimados por el Juzgado atacado bajo los siguientes argumentos:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[N]o obstante consagrar el numeral 2 del art. 229 del C.G. del Proceso que para designar perito el Juez deber\u00e1 acudir, preferiblemente, a instituciones especializadas p\u00fablicas o privadas de reconocida trayectoria e idoneidad, no es de car\u00e1cter imperativo, es optativo por el Despacho y en el presente caso el Juzgado ratific\u00f3 el mismo que se hab\u00eda designado para la inspecci\u00f3n judicial a prop\u00f3sito de su reconocida trayectoria e idoneidad conforme a lo previsto en el numeral 2 del art. 48 ib\u00eddem, quien como se observ\u00f3 no actu\u00f3 porque no fue citado por el juez comisionado.  <\/span><\/p>\n

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En lo que se refiere al cuestionario que debe absolver, ello qued\u00f3 precisado en el inciso tercero de los autos de agosto 23 y noviembre 24, al se\u00f1alar que la prueba pericial es con el fin de establecer el estado financiero del establecimiento de comercio Insumos Juan Carlos Cardozo D\u00edaz que permitan determinar los activos y los pasivos que conforman dicha partida\u00bb (fl. 31, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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1. Como se observa, el Despacho accionado interpret\u00f3, que si bien el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 229 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que cuando el Juez decrete una prueba de oficio para designar a un perito \u00abdebe acudir, preferiblemente, a instituciones especializadas p\u00fablicas o privadas de reconocida trayectoria e idoneidad\u00bb, ello no era un imperativo en el caso bajo estudio, ya que el experto designado precisamente contaba con la \u00abtrayectoria e idoneidad\u00bb suficientes para rendir el dictamen, cuyo objeto no es otro que determinar el estado financiero del establecimiento de comercio Insumos Juan Carlos Cardozo D\u00edaz, con el fin de esclarecer los activos y los pasivos que conforman dicha partida en el inventario de la masa conyugal.    <\/span><\/p>\n

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1. As\u00ed entonces, para la Corte la autoridad atacada al resolver la controversia motivo de censura, se fund\u00f3 en un entendimiento atendible de los mandatos legales memorados; luego, se desprende de lo expuesto, que las decisiones que se reprochan por esta v\u00eda se motivaron y soportaron en una razonada interpretaci\u00f3n, que con independencia de que se comparta o no por la quejosa, se itera, no se muestra irrazonable, y por ende, no quebranta las garant\u00edas reclamadas, lo que descarta cualquier posible intervenci\u00f3n del juez de tutela para modificarla, pues a \u00e9ste    <\/span><\/p>\n

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\u00able est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2013, rad. 00297-01; criterio reiterado en STC12953-2014 y STC9884-2015).  <\/span><\/p>\n

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6.   Ahora bien, si el reparo de la accionante se funda en la ausencia de \u00abtrayectoria e idoneidad\u00bb del perito designado dentro del juicio liquidatorio motivo de revisi\u00f3n, tiene a su alcance las herramientas procesales para discutir esas calidades en el escenario natural, puesto que de otra manera la acci\u00f3n de tutela se convertir\u00eda en una herramienta alternativa, circunstancia que choca con los dictados de la doctrina constitucional, en cuanto que tal,  <\/span><\/p>\n

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\u00abmecanismo preferente tiene un car\u00e1cter eminentemente residual, que comporta su improcedencia cuando se dispone de medios de defensa judicial id\u00f3neos para propugnar por la defensa de los derechos, ya que no fue consagrado para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o restitutivos de los ordinarios, ni para modificar reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC 6 feb. 2003, Rad. 23243, reiterada en STC14067-2014, STC14071-2014, STC14075-2014, STC191-2015, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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7.   Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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