{"id":100325,"date":"2026-06-25T20:33:58","date_gmt":"2026-06-25T20:33:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4208-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:33:58","modified_gmt":"2026-06-25T20:33:58","slug":"stc4208-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4208-2017\/","title":{"rendered":"STC4208-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4208-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-21-000-2017-00159-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 23 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil  Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Henry Orlando Pineda Rodr\u00edguez contra la Universidad de la Sabana, y la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil \u2013CNSC.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, a la \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb y al \u00abacceso al ejercicio y desempe\u00f1o de cargos p\u00fablicos\u00bb, presuntamente conculcados por las entidades accionadas, al excluirlo de  la convocatoria p\u00fablica que fue prevista para proveer los empleos de carrera en la Unidad Administrativa Especial Migraci\u00f3n Colombia -UAEMC.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene a las entidades convocadas, \u00abincluir, valorar y otorgar el puntaje correspondiente (\u2026) a [su] experiencia laboral relacionada (\u2026) [y a la] educaci\u00f3n para el trabajo y desarrollo humano relacionada\u00bb, y, como consecuencia de ello, \u00abmodificar el puntaje de la prueba de antecedentes\u00bb (fl. 26, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis,  que particip\u00f3 en el concurso de m\u00e9ritos antes referido, aplicando al cargo de \u00abOficial de Inmigraci\u00f3n\u00bb c\u00f3digo y grado 310-18, y aunque super\u00f3 satisfactoriamente las pruebas de requisitos m\u00ednimos y la de competencias b\u00e1sicas, funcionales y comportamentales, en la valoraci\u00f3n de antecedentes obtuvo una calificaci\u00f3n de \u00ab0.00\u00bb.     <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que aunque elev\u00f3 el correspondiente reclamo, pues, asegura, se desconoci\u00f3 no solo su experiencia laboral de \u00abcasi 23 a\u00f1os\u00bb al servicio del extinto Departamento Administrativo de Seguridad \u2013DAS, y Migraci\u00f3n Colombia1, sino tambi\u00e9n los cursos y seminarios relacionados con las labores all\u00ed desempe\u00f1adas, la Universidad de la Sabana como operador del concurso, resolvi\u00f3 negativamente su inconformidad, informando sobre la remisi\u00f3n de las diligencias a la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Indica que como quiera que el pronunciamiento de la citada Comisi\u00f3n \u00abno tiene recursos\u00bb, y el certamen continu\u00f3 su desarrollo, se encuentra en desigualdad de oportunidades frente al resto de aspirantes, circunstancias, que asegura, le causan un perjuicio irremediable (fls. 1 a 28, Cit.).    <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.)        El Jur\u00eddico de Proyectos de la Universidad de la Sabana puntualiz\u00f3 que no ha lesionado prerrogativa superior alguna al inconforme, pues en el marco de la valoraci\u00f3n de antecedentes llevada a cabo en la memorada convocatoria,  \u00abrevis\u00f3 nuevamente los documentos aportados por el Sr. Pineda para el cumplimiento de los requisitos m\u00ednimos exigidos en la OPEC 211912\u00bb, evidenciando que no aport\u00f3 las certificaciones para ello; luego entonces, de conformidad con el art\u00edculo 48 del Acuerdo 548 de 2015, la CNSC pod\u00eda iniciar la actuaci\u00f3n administrativa, para resolver sobre la exclusi\u00f3n de \u00e9ste, no siendo tampoco factible, hasta que se desate dicho tr\u00e1mite, la valoraci\u00f3n de los documentos respecto de los factores de experiencia \u2013Educaci\u00f3n para el Trabajo y el Desarrollo Humano y Educaci\u00f3n Informal (fls. 60 a 65, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.)        El Asesor Jur\u00eddico de la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, luego de relacionar cada una de las etapas del proceso de selecci\u00f3n criticado, y de los requisitos m\u00ednimos para continuar en el mismo, precis\u00f3 que el interesado dispone de otros instrumentos para controvertir las actuaciones frente a las cuales se encuentra inconforme, m\u00e1xime, cuando el tr\u00e1mite administrativo respecto de la exclusi\u00f3n de aqu\u00e9l no ha culminado, y no demostr\u00f3 que con dicho procedimiento se le haya causado un perjuicio irremediable (fls. 68 a 71, \u00edd.)  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras considerar que el actor \u00abno acredit\u00f3 la ocurrencia de un menoscabo grave de sus garant\u00edas o circunstancias insalvables que ameriten la intervenci\u00f3n\u00bb de la autoridad jurisdiccional; m\u00e1s a\u00fan cuando la protecci\u00f3n deprecada resulta prematura, pues se encuentra en \u00abtr\u00e1mite [la] actuaci\u00f3n administrativa, por parte de la CNSC\u00bb (fls. 101 a 116, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El promotor del amparo mostr\u00f3 su inconformidad frente al anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela (fls. 156 y 157, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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1.        Recuerda la Corte que conforme con lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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2.        Examinado el escrito de tutela y la impugnaci\u00f3n, se observa que el accionante pretende concretamente a trav\u00e9s de esta v\u00eda, que se ordene a la Universidad de la Sabana y a la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil \u2013CNSC, \u00abincluir, valorar y otorgar el puntaje correspondiente (\u2026) a [su] experiencia laborar relacionada (\u2026) [y a la] educaci\u00f3n para el trabajo y desarrollo humano relacionada\u00bb, y como consecuencia de ello, \u00abmodificar el puntaje de la prueba de antecedentes\u00bb practicada en el marco de la Convocatoria No. 331 de 2015, para proveer empleos de carrera en la Unidad Administrativa Especial Migraci\u00f3n Colombia -UAEMC, pues en su criterio, no se tuvieron en cuenta los diferentes certificados de educaci\u00f3n y de experiencia laboral por \u00e9l aportadas para el efecto.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, examinados los soportes adosados al presente tr\u00e1mite y el informe de las entidades convocadas, se advierte que el amparo rogado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, como quiera que estando en curso la actuaci\u00f3n administrativa tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos m\u00ednimos exigidos para el empleo al que aspir\u00f3 el aqu\u00ed accionante, escenario en el que adem\u00e1s \u00e9ste tiene la oportunidad de adosar las pruebas que pretende hacer valer en el presente mecanismo, resulta presuroso suplicar cualquier tipo de pronunciamiento al respecto, hasta tanto la tem\u00e1tica sea resuelta de forma definitiva por la autoridad natural competente, en la medida en que no puede acudirse con \u00e9xito al amparo cuando est\u00e1n en tr\u00e1mite los instrumentos ordinarios de defensa, pues ello ri\u00f1e con el car\u00e1cter subsidiario y residual que lo caracteriza, no siendo viable pretender reemplazar los senderos legales mediante esta herramienta, dado que el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, se ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, Rad. 00171-00, reiterada en CSJ STC, 18 dic. 2013, Rad. 00524-01 y STC3162-2016).  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2013, rad. 00297-01; reiterada en STC3162-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.        Aunado a lo anterior, y para ahondar en razones desestimatorias de lo pretendido, se advierte que el presente mecanismo tambi\u00e9n incumple el requisito de la subsidiariedad, toda vez que el reclamante dispone o dispuso de otro medio de defensa a trav\u00e9s del cual pudo o puede a\u00fan procurar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que estima transgredidos. En ese orden de ideas, como el petente se queja de su retiro injustificado de la tantas veces citada convocatoria, tr\u00e1mite que, se itera, est\u00e1 siendo objeto de revisi\u00f3n por parte de la CNSC, la Sala advierte que tiene a su disposici\u00f3n las acciones de simple nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad de las decisiones que resuelvan sobre su situaci\u00f3n definitiva, por lo que no resulta pertinente convertir esta v\u00eda en un camino alterno o paralelo a aqu\u00e9l, m\u00e1xime cuando ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo puede pedir en el proceso correspondiente, la suspensi\u00f3n provisional de la determinaci\u00f3n atacada y allegar elementos demostrativos, como los aport\u00f3 al amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, cuenta con los mecanismos consagrados en los art\u00edculos 137 y 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, id\u00f3neos para mitigar los supuestos perjuicios que se le est\u00e1n causando, el resguardo excepcional se torna improcedente.  <\/span><\/p>\n

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Frente a casos de id\u00e9ntica esencia al que se estudia, la Sala ha manifestado que  <\/span><\/p>\n

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\u00abla tutela fue instituida como un instrumento extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que \u00e9stos se tornen ineficaces o el amparo sea invocado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio grave e inminente\u2026 Y, de manera puntual, ha predicado que no es viable, en principio, contra un acto administrativo de car\u00e1cter particular y concreto, toda vez que su control de legalidad corresponde ejercerlo a la jurisdicci\u00f3n especial, a trav\u00e9s de las acciones pertinentes, en cuyo tr\u00e1mite es viable solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional de sus efectos, a fin de conjurar eventuales da\u00f1os\u00bb (CSJ, 8  nov. 2012, rad. 00430-01; reiterada entre otras en STC16437-2015 y STC726-2016).  <\/span><\/p>\n

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5. Adicionalmente, el se\u00f1or Pineda Rodr\u00edguez no demostr\u00f3 circunstancias que evidencien un da\u00f1o tal que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, y por ello la protecci\u00f3n no es procedente, ni siquiera como mecanismo transitorio.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la tutela es improcedente cuando existen otros recursos o medios de defensa, salvo que aquella se formule para evitar un perjuicio irremediable; no obstante, el inconforme no prob\u00f3 un detrimento de tal magnitud que torne viable otorgar el reclamo, a\u00fan como mecanismo transitorio.  Sobre el tema la Corte ha dicho  <\/span><\/p>\n

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\u00abno se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, 11 may. 2010, rad. 00249-01; reiterada entre otras en STC1782-2014 y STC1703-2016).  <\/span><\/p>\n

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6.        De otra parte, respecto de la vulneraci\u00f3n al   derecho a la igualdad al que alude el gestor del amparo, cabe precisar que tampoco \u00e9sta se avizora, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que aquel no acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo.  <\/span><\/p>\n

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Sobre ese t\u00f3pico, esta Corte ha manifestado que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[d]e otra parte, no demostr\u00f3 el interesado la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, toda vez que no existen pruebas que den cuenta de otras personas en circunstancias similares a la suya\u2026, circunstancia que impide realizar el paralelo respectivo a fin de determinar si los accionados con su actuar le quebrantaron esa prerrogativa de rango constitucional\u00bb (CSJ STC, 12 dic. 2008, Rad. 00228-01, reiterada en STC1975-2016).  <\/span><\/p>\n

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7.        As\u00ed mismo, en relaci\u00f3n con la presunta lesi\u00f3n a la prerrogativa superior al trabajo, es preciso recordar que tal y como lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s la Sala,  <\/span><\/p>\n

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\u00ablos procesos de selecci\u00f3n no garantizan a los participantes la obtenci\u00f3n del empleo ofertado, pues como se ha indicado, [e]l participar en un concurso de m\u00e9ritos de ninguna manera genera un derecho sobre el cargo por el cual se opta, lo cual por si s\u00f3lo desvirt\u00faa la vulneraci\u00f3n alegada del derecho al trabajo, pues ello constituye una mera expectativa  que en todo caso est\u00e1 supeditada a las reglas de la respectiva convocatoria, las que son de obligatorio cumplimiento y a las que se somete, seg\u00fan la respectiva convocatoria el concursante\u00bb (CSJ STC, 12 abr.  2011, rad. 00279-01; reiterada entre otras en STC1975-2016).  <\/span><\/p>\n

8.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener la determinaci\u00f3n constitucional criticada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Refiere el accionante que se desempe\u00f1\u00f3 como \u00abDETECTIVE PROFESIONAL 207-09\u00bb y \u00abOFICIAL DE MIGRACI\u00d3N 3010-17\u00bb.      <\/span><\/p>\n

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