{"id":100326,"date":"2026-06-25T20:34:05","date_gmt":"2026-06-25T20:34:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4209-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:34:05","modified_gmt":"2026-06-25T20:34:05","slug":"stc4209-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4209-2017\/","title":{"rendered":"STC4209-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4209-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2017-00100-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 17 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mauricio Silva Almeida contra los Juzgados Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad y Promiscuo Municipal de Los Santos, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales accionadas, al no resolver el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra la decisi\u00f3n que se rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n que formul\u00f3 a la diligencia de entrega del bien inmueble objeto de restituci\u00f3n, dentro del proceso promovido por Jenny Roc\u00edo Acevedo Celis y otros contra Juan Carlos Silva Almeida y otros.  <\/span><\/p>\n

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Solicita, entonces, \u00abdeclar[ar] que en desarrollo de la [citada] diligencia (\u2026) se incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho (\u2026) y, que en consecuencia no se pude concretar el desalojo previsto a m\u00e1s tardar para el diez de febrero del a\u00f1o en curso\u00bb (fl. 2, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tal pretensi\u00f3n y en lo que interesa para la soluci\u00f3n del presente asunto, aduce en compendio, que pese a que \u00abnunca fue demandando\u00bb dentro del litigio referido en l\u00edneas anteriores, el Juzgado Promiscuo Municipal de Los Santos, adem\u00e1s que no realiz\u00f3 la identificaci\u00f3n de los linderos del predio objeto de la diligencia de entrega comisionada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, rechaz\u00f3 de plano la oposici\u00f3n que formul\u00f3 a la misma.     <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que aunque apel\u00f3 esa determinaci\u00f3n, el citado Despacho indic\u00f3 que resolver\u00eda sobre su concesi\u00f3n \u00abal finalizar la diligencia\u00bb, circunstancia que, asegura, desconoce que \u00ab[l]o correcto era atender el recurso y decidirlo antes de proceder a dictar el desalojo\u00bb, raz\u00f3n por la cual acude a este mecanismo de especial protecci\u00f3n (fls. 1 y 2, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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a.        El titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, luego de memorar las actuaciones que ha conocido dentro del proceso ordinario que se censura, precis\u00f3 que \u00aben el expediente no obra la pr\u00e1ctica de la diligencia respecto de la cual se aduce, raz\u00f3n por la cual no es posible realizar pronunciamiento alguno\u00bb (fl. 10, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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b.        El Juez Promiscuo Municipal de Los Santos, puntualiz\u00f3 que no ha lesionado prerrogativa superior alguna al aqu\u00ed interesado dentro de la diligencia que le fue comisionada, pues dicho tr\u00e1mite se ci\u00f1\u00f3 a lo dispuesto en los art\u00edculos 338 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso; a lo que agreg\u00f3, que el presente mecanismo se est\u00e1 utilizado para dilatar el cumplimiento de la orden de entrega, pues con anterioridad los otros demandados, y en 9 oportunidades, han hecho tambi\u00e9n uso de la citada acci\u00f3n  (fls. 21 a 29, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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c.        Las se\u00f1oras Lilia Acevedo de Chac\u00f3n, Margarita Acevedo Vda. de Rueda y el apoderado judicial de Isabel y Ram\u00f3n Acevedo Mantilla, coincidieron en indicar, que contrario a lo expuesto por el actor, no solo el 1\u00ba de febrero pasado se realiz\u00f3 la identificaci\u00f3n de los linderos del predio objeto de restituci\u00f3n, de lo cual existen reproducciones fotogr\u00e1ficas, sino que tampoco hab\u00eda lugar a aceptar la oposici\u00f3n formulada por \u00e9ste, pues no acredit\u00f3 ser poseedor del predio, sino un simple tenedor, calidad que obtuvo de la cesi\u00f3n realizada por su progenitora, quien fue demandada en la controversia endilgada (fls. 30 a 35 y fls. 59 a 66, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada, tras considerar que el Juzgado Promiscuo Municipal convocado para resolver la lazada interpuesta contra el prove\u00eddo que rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n formulada por el aqu\u00ed accionante, dio cabal cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1\u00ba del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 338 del C. de P. C.; as\u00ed mismo, destac\u00f3 en punto de la queja dirigida a la identificaci\u00f3n del predio, que el amparo deprecado resultaba prematuro, pues con las mismas motivaciones, se invoc\u00f3 la nulidad de lo actuado al interior de la diligencia de entrega, tr\u00e1mite que hasta la fecha no ha sido resuelto (fls. 48 a 58, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La parte actora recurri\u00f3 el anterior fallo, sin expresar los motivos de su inconformidad (fl. 82, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        Del relato contenido en el escrito introductor, se observa que la censura est\u00e1 encaminada, concretamente, contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Los Santos -Santander, por cuanto, en el marco de la diligencia de entrega que le fue comisionada, dentro del proceso ordinario que Jenny Roc\u00edo Acevedo Celis y otros promovieron contra Juan Carlos Silva Almeida y otros, no resolvi\u00f3 el mismo d\u00eda, esto es, el 1\u00ba de febrero pasado (fls. 4 a 7, cdno. Corte), el recurso de apelaci\u00f3n que Mauricio Silva Almeida \u2013aqu\u00ed interesado, interpuso contra el prove\u00eddo que rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n que formul\u00f3 a la citada diligencia.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, del examen de las pruebas adosadas al expediente y el informe presentado por la autoridad convocada, se advierte que tal y como lo puntualiz\u00f3 el a quo constitucional, el memorado Despacho dio como correspond\u00eda aplicaci\u00f3n a la normatividad que rige precisamente la actuaci\u00f3n censurada, en especial, en lo que refiere a la oportunidad procesal para resolver el recurso vertical que se interpone contra el prove\u00eddo que rechaza la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega, esto es, lo dispuesto en el numeral 1\u00ba del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 338 del C. de. P.C., el cual precisamente reza, que \u00abSobre la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n se resolver\u00e1 al terminar la diligencia\u00bb,  y  como quiera que la tan mentada actuaci\u00f3n se suspendi\u00f3, luego, no ha culminado, no era del caso por parte del funcionario comisionado resolver sobre el mecanismo de alzada, raz\u00f3n por la cual no existe la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado, pues actuar de otra manera, en efecto, no solo lesionar\u00eda las prerrogativas superiores del inconforme sino de las partes del proceso, pues desconocer\u00eda inexorablemente la reglamentaci\u00f3n que el legislador dispuso para ese tipo de tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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4.        Por otra parte, se observa que la inconformidad del gestor del amparo tambi\u00e9n se dirige contra las estipulaciones realizadas en el acta de la diligencia practicada el 1\u00ba de febrero pasado, en punto de la identificaci\u00f3n del inmueble objeto de entrega, pues en su sentir, contrario a lo all\u00ed consignado, de manera alguna se realiz\u00f3 el alinderamiento del predio como correspond\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, se ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, Rad. 00171-00, reiterada en CSJ STC, 18 dic. 2013, Rad. 00524-01 y STC3162-2016).  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2013, rad. 00297-01; reiterada en STC3162-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.        Finalmente, resulta oportuno citar lo dicho por esta Sala cuando se pretende por v\u00eda de tutela evitar la pr\u00e1ctica de diligencias de entrega, so pretexto del acaecimiento de un perjuicio irremediable, pues se ha reiterado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abno se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. (CSJ STC, 28 oct. 2009, rad. 01496-01, reiterada en la STC 6 feb. 2013, rad. 2012-01950-01).  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) tampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, como quiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019 (sentencia de tutela de 29 de noviembre de 2006, Exp. No. 8001-2213-000-2006-00079-01)\u00bb (CSJ STC, 13 may. 2011, rad. 00119-01; reiterada en STC1442-2016).  <\/span><\/p>\n

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6.        Corolario de lo anterior, se impone mantener el fallo constitucional de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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