{"id":100327,"date":"2026-06-25T20:34:11","date_gmt":"2026-06-25T20:34:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4210-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:34:11","modified_gmt":"2026-06-25T20:34:11","slug":"stc4210-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4210-2017\/","title":{"rendered":"STC4210-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4210-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2017-00042-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 17 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gustavo S\u00e1nchez Rojas contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con las decisiones proferidas dentro del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que el Banco Agrario de Colombia S.A. promovi\u00f3 contra Janer Avenda\u00f1o Mora.  <\/span><\/p>\n

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Solicita, entonces, que se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta, i) \u00absuspen[der] el proceso (\u2026) hasta tanto no se formalice [su] calidad (\u2026) de poseedor a propietario, mediante un proceso de Prescripci\u00f3n Adquisitiva de Dominio (\u2026), el cual adelantar[a ]en el menor tiempo posible\u00bb; que ii) \u00abdevuel[va] el proceso a la etapa de notificaciones\u00bb; y, iii) \u00abcomuni[que] a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Tierras de Norte de Santander, sobre el tr\u00e1mite y existencia\u00bb de la memorada controversia (fl. 8, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones y en lo que interesa para la soluci\u00f3n del presente asunto, aduce en compendio, que pese a que ostenta la calidad de \u00abposeedor (\u2026) DE BUENA FE EXENT[A] DE CULPA\u00bb respecto del bien hipotecado, y que es \u00abparte\u00bb en el proceso administrativo de Inscripci\u00f3n en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, dentro de la ejecuci\u00f3n referida en l\u00edneas anteriores, no solo se omiti\u00f3 su vinculaci\u00f3n dada la citada condici\u00f3n, sino que, se \u00abdict[\u00f3] sentencia [de] seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb ordenando el remate del bien que posee.     <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que aunque al tener conocimiento de la existencia de la controversia por una \u00abllamada que recibi\u00f3\u00bb de la entidad ejecutante, expuso las anteriores irregularidades y falencias en cuanto a la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago, el Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta \u00abno acept\u00f3 [su] intervenci\u00f3n\u00bb, tras considerar que ese no era el escenario id\u00f3neo \u00abpara demostrar la calidad de poseedor\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Indica que como quiera que en el a\u00f1o 2008 celebr\u00f3 \u00abpromesa de compraventa verbal\u00bb con el deudor de la obligaci\u00f3n, y le cancel\u00f3 a \u00e9ste la suma de $65.000.000,oo, desde dicha data ha ejercido la posesi\u00f3n del predio con acciones de \u00abse\u00f1or y due\u00f1o\u00bb, raz\u00f3n por la cual la pr\u00e1ctica de la almoneda, le causar\u00eda un perjuicio irremediable (fls. 1 a 8, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS INTERVINIENTES  <\/span><\/p>\n

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a.        El titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta, remiti\u00f3 copia del expediente contentivo del juicio compulsivo que se critica (fl. 94, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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b.        El Profesional Especializado C\u00f3digo 2028 Grado 12, del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013Regional Norte de Santander, aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues \u00abno ha vulnerado ning\u00fan derecho\u00bb al actor (fls. 96 y 97, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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c.        La representante legal para asuntos judiciales del Banco Agrario de Colombia S.A., precis\u00f3 que no ha lesionado prerrogativa superior alguna del inconforme dentro de la controversia que se censura, pues \u00abha actuado conforme a la normatividad y a la Ley obrando con base en el principio del derecho reglado\u00bb (fls. 100 a 106, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues el actor en un acto de incuria, \u00abno controvirti\u00f3 la decisi\u00f3n de negar su intervenci\u00f3n en el proceso\u00bb, y tampoco \u00abpromov[i\u00f3] el levantamiento del embargo y secuestro en el t\u00e9rmino previsto en la Ley\u00bb (fls. 118 a 122, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La parte actora recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela. (fls. 142 y 143, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Por consagraci\u00f3n constitucional y legal, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo preferente y sumario, al alcance de las personas para la efectiva protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando \u00e9stos son vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en veces, de los particulares; sin que se erija en remedio sustituto o alternativo de las herramientas previstas en el ordenamiento jur\u00eddico para la regular composici\u00f3n de los  litigios, a los cuales es menester acudir previamente, a menos que proceda la tutela en la modalidad de amparo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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Del mismo modo, cuando la lesi\u00f3n actual o potencial del derecho esencial comprometido provenga de actuaciones o providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional desde antes precisa la procedencia del amparo de manera excepcional, es decir s\u00f3lo \u00abcuando se detecta una desviaci\u00f3n arbitraria, caprichosa o absurda del fallador\u00bb (CSJ ST, 16 jul. 1999, Rad. 6621; criterio reiterado en CSJ ST, 8 feb. 2012, Rad. 02642-00).  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso bajo estudio se observa, que la pretensi\u00f3n de la parte aqu\u00ed interesada sin duda, va encaminada a que se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta, \u00absuspend[er]\u00bb el proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que el Banco Agrario de Colombia S.A. adelantada contra Janer Avenda\u00f1o Mora, para, entonces, retrotraer lo actuado hasta la notificaci\u00f3n del mandamiento coercitivo, y que aqu\u00e9l pueda adelantar, dada su condici\u00f3n de poseedor de buena fe, el litigio de pertenencia respectivo, m\u00e1xime cuando nunca se le enter\u00f3 como deb\u00eda, de la existencia de la citada controversia.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 contemplan como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales derivada de actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o son terceros con inter\u00e9s.  <\/span><\/p>\n

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4.        Descendiendo al caso concreto, se advierte de entrada que el accionante Gustavo S\u00e1nchez Rojas, no es parte ni intervino como un tercero con inter\u00e9s reconocido en el juicio coercitivo que se tramita en el citado Juzgado, luego, entonces, carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar, en sede de tutela, lo actuado en la susodicha controversia y pedir se impartan \u00f3rdenes tendientes a la suspensi\u00f3n de la controversia y la nulitaci\u00f3n de lo actuado, habida cuenta,  de la condici\u00f3n que dice ostentar respecto del bien que afirma va a ser rematado.  <\/span><\/p>\n

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En asunto de contornos similares, la Sala expuso que  <\/span><\/p>\n

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\u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9l tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (CSJ STC9309-2014; CSJ STC9724-2014; CSJ STC-10770-2014; CSJ STC-10491-2014; STC2987-2016).  <\/span><\/p>\n

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En estas mismas determinaciones se sostuvo, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abal ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u00bb (CSJ STC, 26 nov. 2010, Rad. 01168-01; reiterada STC2987-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.        Aunado a lo anterior, se observa que la inconformidad del gestor tambi\u00e9n se dirige contra la providencia proferida el 26 de agosto pasado por el precitado Despacho, a trav\u00e9s de la cual se dispuso, entre otras, \u00abNO ACEPTAR [su] intervenci\u00f3n\u00bb (fl. 264 y 265, Cit.) dentro de la tan mentada controversia; sin embargo, la Sala estima que el amparo igualmente esta llamado al fracaso, pues el actor en una conducta constitutiva de incuria, dej\u00f3 de hacer uso  de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 318 y 321\u20132 del C. G. del P., en contra de la mentada decisi\u00f3n, mecanismos de impugnaci\u00f3n que estaban a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas, de forma que no le es dado a \u00e9ste acudir a la acci\u00f3n constitucional, sin que haya agotado los medios procesales contemplados en la ley, para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva de sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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5.1. Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver entre otras STC9485-2014 y STC1902-2016).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo ha referido que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC1902-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.2.  En este orden de ideas, como la acci\u00f3n invocada no es un medio alternativo, le correspond\u00eda al tutelante emplear en debida forma los instrumentos defensivos previstos a su alcance para desestimar la decisi\u00f3n que hoy cuestiona, por ser el proceso el escenario id\u00f3neo para tal efecto.  <\/span><\/p>\n

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6.        Finalmente, resulta oportuno citar lo dicho por esta Sala cuando se pretende por v\u00eda de tutela evitar la pr\u00e1ctica de diligencias de remate, so pretexto del acaecimiento de un perjuicio irremediable, pues se ha reiterado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abno se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. (CSJ STC, 28 oct. 2009, rad. 01496-01, reiterada en la STC 6 feb. 2013, rad. 2012-01950-01).  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) tampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, como quiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019 (sentencia de tutela de 29 de noviembre de 2006, Exp. No. 8001-2213-000-2006-00079-01)\u00bb (CSJ STC, 13 may. 2011, rad. 00119-01; reiterada en STC1442-2016).  <\/span><\/p>\n

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7.        Sin m\u00e1s razones por innecesarias, se ratificar\u00e1 la determinaci\u00f3n constitucional criticada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente   STC4210-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2017-00042-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 17 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100327","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100327","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100327"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100327\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100327"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100327"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100327"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}