{"id":100329,"date":"2026-06-25T20:34:18","date_gmt":"2026-06-25T20:34:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4212-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:34:18","modified_gmt":"2026-06-25T20:34:18","slug":"stc4212-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4212-2017\/","title":{"rendered":"STC4212-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4212-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2017-00036-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 7 de febrero de 2017, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Martha Omaira C\u00e1rdenas Castelblanco contra el Juzgado Veinticuatro de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Sexto de Familia de la citada urbe y los dem\u00e1s intervinientes del juicio de sucesi\u00f3n a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La gestora del resguardo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, dentro del proceso sucesorio del causante Luis Bernardo C\u00e1rdenas Mart\u00ednez.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, exige para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, que se ordene al Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogot\u00e1, \u00abres[olver] de fondo el incidente de nulidad propuesto por falta de competencia\u00bb, y, \u00abla solicitud de medidas cautelares\u00bb (fl. 10, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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Finalmente expresa, que en atenci\u00f3n a que el Tribunal Superior de Tunja dej\u00f3 sin valor una medida cautelar dictada en un proceso divisorio, la cual pesaba sobre los bienes dejados por el causante, solicit\u00f3 a la citada autoridad judicial el decreto y pr\u00e1ctica de la medida de secuestro, ya que \u00abel incidentante y su abogado explotan econ\u00f3micamente los [mismos] sin  rendir cuentas comprobadas\u00bb, pero \u00e9ste, afirma, \u00abde manera extra\u00f1a\u00bb, se abstuvo de pronunciarse, bajo el argumento que \u00abno ten\u00eda competencia\u00bb, cuando precisamente hab\u00eda levantado dicha cautela con antelaci\u00f3n, sin esgrimir tal motivo, en raz\u00f3n a la existencia de la medida la fijada en el aludido juicio reivindicatorio, lo que evidencia, asegura, un trato desigual hacia las partes del proceso, circunstancia que igualmente vulnera sus prerrogativas, motivo por el cual considera que debe ser atendido su ruego a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n (fls. 4 a 12, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.  La titular del Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogot\u00e1, luego de memorar las actuaciones que se han desplegado con ocasi\u00f3n de la rese\u00f1ada sucesi\u00f3n, solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo implorado, tras se\u00f1alar que \u00abha respetado en todas [ellas] el debido proceso, el derecho a la igualdad as\u00ed como el acceso a la justicia de la accionante y de los dem\u00e1s intervinientes en el asunto\u00bb (fls. 22 a 25, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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b.   El vinculado Omar Dionisio C\u00e1rdenas Castelblanco, incidentante en el citado asunto, pidi\u00f3 negar el resguardo suplicado, con fundamento en que por los mismos hechos \u00abfue presentada, tramitada y fallada\u00bb con anterioridad una acci\u00f3n de tutela incoada por su hermana Nidia Marlen C\u00e1rdenas Castelblanco, actuaci\u00f3n a la que fue citada la accionante, quien intervino sin obtener resultado favorable alguno, pues \u00e9sta fue finalmente negada, sumado a que \u00ab[e]l tr\u00e1mite procesal que se le ha imprimido al proceso de sucesi\u00f3n se encuentra ajustado a la norma adjetiva y no se vislumbra negligencia o arbitrariedad del operador judicial\u00bb (fls. 64 a 66, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c.  Los dem\u00e1s vinculados, guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 el auxilio rogado, tras considerar que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[r]evisado el expediente contentivo de la mortuoria a que se refiere la accionante, cuyo original se alleg\u00f3 en pr\u00e9stamo, encuentra la Sala que, en efecto, a la fecha, no se ha decidido el incidente de nulidad propuesto por uno de los herederos, el 4 de agosto de 2014, toda vez que, contrario a lo que manifiesta la demandante, a\u00fan no se han recaudado todas las pruebas decretadas en el tr\u00e1mite, concretamente, el testimonio de la se\u00f1ora MARTHA OMAIRA CASTELBLANCO DE C\u00c1RDENAS, pues para ello se fij\u00f3 nueva fecha, debido al cambio de domicilio de \u00e9sta (la testigo), siendo fijada, mediante auto, para el d\u00eda 19 de septiembre de 2016, decisi\u00f3n que fue atacada en reposici\u00f3n por la accionante, a trav\u00e9s de su apoderado, lo cual hizo que, para esas calendas, se surtiera el tr\u00e1mite del medio de impugnaci\u00f3n y resultara forzoso se\u00f1alar nueva fecha, la cual qued\u00f3 para el 21 de los corrientes, de todo lo cual cabe concluir que la demora en el incidente no se le puede achacar a la funcionaria demandada, pues \u00e9sta le ha dado el curso correspondiente y oportuno a las solicitudes de los interesados, sin que se le pueda ordenar prescindir de las pruebas decretadas, m\u00e1xime cuando la que resta por practicar es el testimonio de la c\u00f3nyuge del causante.  <\/span><\/p>\n

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Ahora: frente a lo decidido respecto de la solicitud enfilada a que se decretara el secuestro de los inmuebles, teniendo en cuenta que la medida que reca\u00eda sobre ellos fue revocada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Tunja, la misma no fue controvertida a trav\u00e9s de medio alguno, lo cual permite concluir que no es posible acceder a la solicitud de amparo pedido, ya que el mecanismo excepcional de protecci\u00f3n de derechos, (\u2026) no fue previsto para subsanar las consecuencias del descuido, la dejadez o la incuria en la defensa de los intereses de las partes en un proceso, tal como lo tiene  ya de vieja data, la jurisprudencia\u00bb (fls. 74 y 80, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La accionante se mostr\u00f3 inconforme con lo resuelto, esgrimiendo, en suma, los mismos planteamientos expuestos en la queja constitucional, a m\u00e1s de insistir, en que el juzgado censurado en su actuar a desatendido los numerales 3\u00b0 y 4\u00b0 del art\u00edculo 137 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (fls. 125 a 131, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.    Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en estas diligencias, que deber\u00e1 ser ratificada la decisi\u00f3n impugnada, pues, en lo que ata\u00f1e a la queja enrostrada por el presunto incumplimiento de los t\u00e9rminos procesales para decidir el incidente de nulidad propuesto por falta de competencia por el factor territorial, dentro de la sucesi\u00f3n del causante Luis Bernardo C\u00e1rdenas Mart\u00ednez, concluye la Sala que la protecci\u00f3n se torna improcedente, porque en dicho tr\u00e1mite no se advierte que la funcionaria judicial acusada haya incurrido en una mora judicial  injustificada, tal y como lo indic\u00f3 el a quo constitucional, ya que la cuestionada tardanza se debe no s\u00f3lo al sinn\u00famero de actuaciones que se han realizado para recaudar las pruebas necesarias para decidir el citado incidente, sino tambi\u00e9n a los distintos recursos que se han formulado contra algunas de ellas, siendo el \u00faltimo el presentado contra el auto del 15 de julio de 2016, por medio del cual se se\u00f1al\u00f3 hora y fecha para evacuar el testimonio de la se\u00f1ora Martha Omaira Castelblanco de C\u00e1rdenas, madre de la aqu\u00ed accionante; de ah\u00ed que no pueda endilg\u00e1rsele a dicha autoridad vulneraci\u00f3n alguna al derecho fundamental al debido proceso de \u00e9sta.  <\/span><\/p>\n

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Por ello, cabe recordar, sobre lo que este particular ha indicado la Corte en anteriores oportunidades, a saber:  <\/span><\/p>\n

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\u00abla protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ STC, 19 sep. 2008, Rad. 01138-00, citada recientemente en STC1992-2016 y STC1225-2017).  <\/span><\/p>\n

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3.        Por otra parte, cabe decir, en lo que ata\u00f1e al reproche expuesto contra el prove\u00eddo por medio del cual el Despacho criticado se abstuvo de resolver la solicitud de decreto y pr\u00e1ctica de la medida cautelar de secuestro sobre los bienes relictos en el marco del memorado asunto, y que fue presentada por la aqu\u00ed interesada, que el amparo suplicado tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues a m\u00e1s de lo se\u00f1alado por el Juez constitucional de instancia, se observa que \u00e9ste no cumple con el presupuesto de procedibilidad general de la inmediatez, si en cuenta se tiene que dicha decisi\u00f3n data del 13 de mayo de 2016, seg\u00fan lo inform\u00f3 el despacho acusado al rendir el respectivo informe, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 24 de enero del presente a\u00f1o (fl. 4), circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo, dado que la pretensi\u00f3n frente a la rese\u00f1ada determinaci\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un periodo bastante significativo \u2013un poco m\u00e1s de ocho meses-, sin que la tutelante solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con la misma, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del mencionado presupuesto, seg\u00fan el cual, el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

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La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

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\u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada.  <\/span><\/p>\n

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Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 3 oct. 2007, Rad. 01230-00; citada \u00faltimamente, entre otras, en STC1898-2016, STC2172-2016 y STC1536-2017).     <\/span><\/p>\n

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4.   Con todo, es posible acotar, que la actora puede volver a solicitar la pr\u00e1ctica de la referida medida cautelar, poni\u00e9ndole de presente a la sede judicial convocada lo consignado en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 137 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual se\u00f1ala que \u00ab[p]or regla general los incidentes no suspenden el curso del proceso, pero la sentencia no se pronunciar\u00e1 mientras haya alguno pendiente, sin perjuicio de los que se deban resolver en ella y de lo dispuesto en los art\u00edculos 354 y 355\u00bb (Resalto de la Sala), premisa que se mantuvo en el nuevo Estatuto Procesal (Art. 129), para que aqu\u00e9l proceda a emitir la decisi\u00f3n que en derecho corresponda.      <\/span><\/p>\n

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5.  Corolario de lo discurrido en precedencia, como delanteramente se dijo, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, por las razones expuestas en la presente providencia.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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