{"id":100330,"date":"2026-06-25T20:34:21","date_gmt":"2026-06-25T20:34:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4213-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:34:21","modified_gmt":"2026-06-25T20:34:21","slug":"stc4213-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4213-2017\/","title":{"rendered":"STC4213-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4213-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-00121-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 2 de marzo de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de las acciones de amparo, acumuladas, promovidas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental a las \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al rechazar las acciones populares radicadas bajo los consecutivos No. 2016-00507-00, y 2016-00511-00.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, \u00abadmitir\u00bb las citadas acciones constitucionales, y que as\u00ed mismo, que \u00abse compulsen copias a quien corresponda a fin de que investiguen el abuso [de dicho Despacho] al desconocer\u00bb la jurisprudencia que rige el asunto (fls. 2 y 5, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que pese a lo dispuesto en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998 y los precedentes jurisprudenciales de \u00e9sta Corporaci\u00f3n, la autoridad judicial convocada inadmiti\u00f3, y posteriormente rechaz\u00f3, las acciones judiciales referidas en l\u00edneas anteriores, lo que, asegura, constituye un \u00abNOTORIO ABUSO\u00bb de \u00e9sta que, sin duda, dice, vulnera las garant\u00edas fundamentales invocadas (fls. 1, 2, 4 y 5, ib.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS INTERVINIENTES  <\/span><\/p>\n

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a).        La Procuradora Regional de Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, luego de aclarar que la presunta vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales del gestor es ajena a su competencia, pues su intervenci\u00f3n en este tipo asuntos \u00abest\u00e1 orientada a verificar (\u2026) la defensa de los derechos e intereses colectivos\u00bb en caso de suscribirse el correspondiente pacto de cumplimiento (fl. 10, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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b).         El municipio de Pereira por intermedio de su mandataria judicial, manifest\u00f3 que no est\u00e1 legitimado en la causa por pasiva para pronunciarse al interior del amparo, pues dicho ente territorial no \u00abtiene injerencia alguna\u00bb respecto al agravio alegado por el promotor (fls. 27 y 28, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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c).        El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir copia de las actuaciones surtidas dentro de las acciones constitucionales objeto de reproche (fl. 38. \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por incumplir con el requisito general de la subsidiariedad, pues si bien es cierto que la autoridad accionada inadmiti\u00f3 y luego rechaz\u00f3, las demandas populares referidas en l\u00edneas anteriores, al no haber sido subsanados los defectos se\u00f1alados dentro de los t\u00e9rminos de ley, tambi\u00e9n lo es que el inconforme no hizo uso \u00abde los mecanismos legales ordinarios que el ordenamiento jur\u00eddico consagra, para atacar las providencias que considera le vulneran sus garant\u00edas procesales\u00bb; as\u00ed mismo, adujo que aunque tiene presente los precedentes citados por el gestor, \u00e9stos \u00abson decisiones aisladas que no reflejan y mucho menos constituyen un cambio en la l\u00ednea jurisprudencial que de tiempo atr\u00e1s se viene dando y tampoco consulta la posici\u00f3n mayoritaria de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia\u00bb fijada al respecto (fls. 39 a 42, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El promotor impugn\u00f3 el anterior fallo, expresando argumentos similares a los expuestos en el escrito de tutela (fl. 44, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura del actor se dirige, puntualmente, contra los prove\u00eddos dictados el 21 de noviembre de 2016, mediante los cuales el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira rechaz\u00f3 las acciones populares radicadas bajo los n\u00fameros 2016-00507-00 y 2016-00511-00, las cuales fueron por \u00e9ste promovidas contra distintas sucursales de Audifarma, al no haber allegado los certificados de existencia y representaci\u00f3n legal donde conste el domicilio de la parte pasiva, ni haber indicado y probado el derecho colectivo presuntamente quebrantado (fls. 16 y 22, cdno. 1), pues a criterio de aqu\u00e9l, no estaba en la obligaci\u00f3n de brindar informaci\u00f3n adicional a la aportada en la demanda, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, la Sala de cara a las inconformidades aducidas con respecto a los prove\u00eddos citados, considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta que las cuestiones planteadas por el peticionario resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro de la prenotada controversia el actor no hizo uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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3.1.          En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, pues de acuerdo a las documentales adosadas y el informe del Juzgado convocado, las decisiones reprochadas no fueron objeto del recurso ordinario previsto por el legislador, esto es, el de reposici\u00f3n, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, mecanismo de impugnaci\u00f3n que estaba a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas, de forma que no le es dado acudir a esta acci\u00f3n constitucional, sin que se haya agotado el medio procesal contemplado en la ley, para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva de sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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3.2.  As\u00ed, lo ha referido esta Corporaci\u00f3n en innumerables ocasiones, al sostener que cuando la parte interesada no propone oportunamente los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, \u00abqueda sujeta a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le fue adversa, que ser\u00eda el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 2002-2302; reiterada en STC119-2016).  <\/span><\/p>\n

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En igual sentido esta Sala ha precisado de vieja data, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC, 25 de ago. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC310-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.        Finalmente, en lo que respecta a la petici\u00f3n tendiente a que se compulsen copias a fin de que se investigue el \u00ababuso\u00bb en que presuntamente incurri\u00f3 la sede judicial criticada, se reitera al promotor, como lo ha dicho la Sala en m\u00faltiples oportunidades, que dentro de las funciones de esta Corporaci\u00f3n no est\u00e1 la de promover investigaciones de los interesados; luego entonces, es \u00fanicamente responsabilidad del promotor, acudir directamente ante las autoridades que considere, con el fin de interponer las acciones y exponer las inconformidades que a bien tenga.  <\/span><\/p>\n

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5.        Conforme a lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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