{"id":100332,"date":"2026-06-25T20:34:33","date_gmt":"2026-06-25T20:34:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4215-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:34:33","modified_gmt":"2026-06-25T20:34:33","slug":"stc4215-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4215-2017\/","title":{"rendered":"STC4215-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4215-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00412-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del 22 de marzo de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 23 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Catalina Vel\u00e1squez Mill\u00e1n contra el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La gestora reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y de petici\u00f3n, presuntamente conculcados por la entidad convocada, al no contestar la solicitud que elev\u00f3 ante sus dependencias el 23 de enero de 2017.  <\/span><\/p>\n

Por tal motivo, pretende que por este especial mecanismo se ordene a Mineducaci\u00f3n, \u00abla expedici\u00f3n inmediata del acto administrativo de convalidaci\u00f3n\u00bb, conforme a lo invocado a trav\u00e9s del derecho de petici\u00f3n atr\u00e1s referenciado (fls. 3, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que aunque el 25 de agosto de 2016, radic\u00f3 ante la Cartera accionada solicitud encaminada a que se le convalidara el t\u00edtulo de posgrado \u00abMASTER OF LAWS, INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW WITH TRACK INTERNATIOCALO AND HUMAN RIGHTS LAW que curs[\u00f3] en la Universidad de Tilburgo en los Pa\u00edses Bajos\u00bb, la cual cumple, dice, con el lleno de los requisitos exigidos para tal fin, a la fecha no ha recibido respuesta alguna, pese a encontrase agotado el t\u00e9rmino de 4 meses de que tratan los art\u00edculos 3\u00ba y 4\u00ba de la Resoluci\u00f3n 6950 del 15 de mayo de 2015, por medio del cual se establece el tr\u00e1mite para tal procedimiento, expedida por tal cartera.  <\/span><\/p>\n

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Que por tal situaci\u00f3n, afirma, el 23 de enero de la anualidad que avanza elev\u00f3 derecho de petici\u00f3n con el fin que se diera inmediata soluci\u00f3n a la convalidaci\u00f3n pretendida, sin que a la fecha de presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n, hubiere recibido respuesta alguna, raz\u00f3n por la que acude a este especial mecanismo de protecci\u00f3n (fls. 1 a 4, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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La Asesora de la Oficina Jur\u00eddica del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, aunque tard\u00edamente, solicit\u00f3 denegar la salvaguarda rogada, tras manifestar que la vulneraci\u00f3n alegada por la actora es inexistente, como quiera que aun cuando el examen de legalidad del t\u00edtulo de maestr\u00eda obtenido por \u00e9sta ya se efectu\u00f3, lo cierto es que \u00abla evaluaci\u00f3n acad\u00e9mica que se realizar\u00e1 por parte de la CONACES se encuentra programada para el mes de marzo de la presente anualidad\u00bb, y es ese el motivo por el cual no se ha expedido el respetivo acto administrativo que aqu\u00e9lla reclama (fls. 28 a 31, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional de primera instancia concedi\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir que conforme a lo demostrado por la accionante, el 23 de enero hoga\u00f1o fue radicada ante la Cartera Ministerial accionada el escrito petitorio antes referido, sin que a la data existiera prueba dentro del expediente de la que se pudiera establecer su contestaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, orden\u00f3 a la Ministra de Educaci\u00f3n o quien haga las veces, que \u00abdentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de es[a] decisi\u00f3n, proceda a resolver de fondo la petici\u00f3n formulada [en la calenda anunciada] (\u2026) en el sentido que legalmente corresponda, so pena de incurrir en desacato\u00bb (fls. 18 a 21, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Mineducaci\u00f3n se mostr\u00f3 inconforme con lo resuelto, indicando para el efecto, que la orden constitucional carece de objeto, pues el derecho de petici\u00f3n presentado por la se\u00f1ora Vel\u00e1squez Mill\u00e1n fue contestado mediante comunicaci\u00f3n 2017-EE-032819 del 23 de febrero de los corrientes, inform\u00e1ndole a \u00e9sta el procedimiento que a efectos de la convalidaci\u00f3n frente a la cual reclama una soluci\u00f3n inmediata se ha adelantado, documento que le fue notificado en la direcci\u00f3n que para tal efecto report\u00f3, seg\u00fan consta en el acta de env\u00edo anexada (fls. 63 a 67, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana.  <\/span><\/p>\n

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2.        Recu\u00e9rdese que el car\u00e1cter de fundamental del derecho de petici\u00f3n se encuentra reconocido expresamente en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional y se traduce en la posibilidad de acudir ante las autoridades \u2013excepcionalmente ante los particulares\u2013, con el objeto de obtener respuestas oportunas, completas y adecuadas, que guarden correspondencia con lo solicitado, y que se den a conocer al interesado en los precisos plazos que para el efecto establece la ley.  <\/span><\/p>\n

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3.        En el presente asunto, la Asesora de la Oficina Jur\u00eddica de Mineducaci\u00f3n replic\u00f3 la orden proferida por el a quo constitucional, tendiente a que \u00abproced[iera] a resolver de fondo la petici\u00f3n formulada\u00bb por la gestora del amparo ante sus dependencias el pasado 23 de enero (fls. 63 y 64, ib.); pues en criterio de aqu\u00e9lla, dicha determinaci\u00f3n pas\u00f3 por alto el informe rendido al presente tr\u00e1mite, mediante el cual se puso de presente que tal situaci\u00f3n ya hab\u00eda sido superada.  <\/span><\/p>\n

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4.        Sin embargo, revisados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, advierte anticipadamente la Sala que el fallo cuestionado habr\u00e1 de ser ratificado, teniendo en cuenta lo siguiente, a saber:  <\/span><\/p>\n

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4.1.         Mediante la aludida petici\u00f3n, la gestora del amparo requiri\u00f3 a la autoridad criticada para que a la mayor brevedad posible, se emitiera el respectivo acto administrativo de convalidaci\u00f3n del t\u00edtulo de maestr\u00eda que obtuvo en el exterior, tr\u00e1mite que solicit\u00f3 desde el mes de agosto del a\u00f1o pasado (fl. 4, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

4.2.          El a quo constitucional concedi\u00f3 la s\u00faplica invocada, como quiera que el Ministerio criticado, hasta el momento de la emisi\u00f3n del fallo cuestionado, ninguna respuesta hab\u00eda aportado al tr\u00e1mite del ep\u00edgrafe, ello de conformidad a la presunci\u00f3n de veracidad de la que trata el canon 20 del Decreto 2591 de 1991 (fls. 18 a 21, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4.3.        Oportunamente, la Cartera ministerial censurada a trav\u00e9s de su oficina jur\u00eddica, impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n, demostrando que el mismo d\u00eda en que fue proferida la decisi\u00f3n constitucional de instancia, dio contestaci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n elevado por la aqu\u00ed interesada a trav\u00e9s de comunicaci\u00f3n 2017-EE-032819, la cual fue enviada a la direcci\u00f3n que para tal fin report\u00f3 \u00e9sta (fls. 63 y 67, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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5.        De ah\u00ed que, entonces, resultara acertada la decisi\u00f3n del juez constitucional de primer grado, toda vez que, como qued\u00f3 visto, aunque en la misma data fuera proferida y comunicada a la se\u00f1ora Vel\u00e1squez Mill\u00e1n la reclamada respuesta, lo cierto es que el a quo no tuvo conocimiento de dicha situaci\u00f3n, pues el informe de la tutelada s\u00f3lo se rindi\u00f3 al momento de la impugnaci\u00f3n, por lo que resultaba as\u00ed imperioso proteger la prerrogativa superior a la accionante, determinaci\u00f3n que por dem\u00e1s, habr\u00e1 de ratificarse, aunque en este momento haya desaparecido el objeto de la presente acci\u00f3n, por el motivo antes indicado.  <\/span><\/p>\n

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6.   Al respecto, la Sala ha indicado que la tutela pierde su eficacia o raz\u00f3n de ser,  <\/span><\/p>\n

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\u00abbien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. Ante este panorama, el juzgador no puede m\u00e1s que declarar la carencia de objeto  de la actuaci\u00f3n constitucional\u00bb (ver entre otros en CSJ STC4303-2016).  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, se ha precisado que \u00abemerge una carencia actual de objeto del auxilio, en la medida en que existe plena certeza de que el fin \u00faltimo perseguido con \u00e9ste fue cumplido, no siendo dable impartir una orden en la forma solicitada, cuando la irregularidad referida es a la fecha inexistente\u00bb (ver entre otros en CSJ STC4303-2016).  <\/span><\/p>\n

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7.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se mantendr\u00e1 la decisi\u00f3n refutada, aunque se itera, haya desaparecido la raz\u00f3n por la cual se present\u00f3 el reclamo constitucional.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto tanto a las partes como al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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