{"id":100336,"date":"2026-06-25T20:35:04","date_gmt":"2026-06-25T20:35:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4221-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:35:04","modified_gmt":"2026-06-25T20:35:04","slug":"stc4221-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4221-2017\/","title":{"rendered":"STC4221-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC4221-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2017-00062-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 6 de febrero de 2017, mediante la cual la Sala de decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn   concedi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Constantino de Jes\u00fas Sierra Vel\u00e1squez contra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El gestor, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la vida digna, m\u00ednimo vital, seguridad social e igualdad, presuntamente vulnerados por la cartera ministerial acusada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Que \u00abfu[e] trabajador del ya liquidado Instituto de Mercadeo agropecuario (IDEMA) desde el 30 de agosto de 1969 hasta el 19 de febrero de 1974\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que \u00abel d\u00eda 17 de febrero del presente a\u00f1o, [cumplir\u00e1] 70 a\u00f1os\u00bb, y \u00abno cuent[a] con ning\u00fan tipo de pensi\u00f3n para el sustento familiar, no t[iene] la posibilidad de conseguir trabajo por [su] avanzada edad y tampoco [su] esposa puede ayudar[lo]\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Que \u00absolicit[\u00f3] la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de vejez directamente al Minagricultura mediante derecho de petici\u00f3n y su respuesta fue negativa. (Adjunto copia de respuesta con radicado: 20163400117321 del 15 de junio de 2016)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pidi\u00f3, en consecuencia, ordenar \u00abal Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que [\u2026] expida un nuevo acto administrativo en el que se reconozca y pague la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de vejez a que tiene derecho\u00bb (fls. 1-13 C. 1)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Ministerio cuestionado, refiri\u00f3 que \u00abme opongo a las pretensiones que aparecen formuladas en la acci\u00f3n de tutela y solicito respetuosa\u00ad mente, se absuelva de ellas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por considerar que en el caso expuesto no se ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental y teniendo en cuenta que el accionante, cuenta con la acci\u00f3n judicial ordinaria ante la jurisdicci\u00f3n laboral ordinaria, para una eventual formulaci\u00f3n de la demanda correspondiente, donde puede cuestionar el acto administrativo que le neg\u00f3 el reconocimiento solicitado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00abel art\u00edculo 37 de la Ley 100 de 1993, incorpor\u00f3 dicha prestaci\u00f3n [indemnizaci\u00f3n sustitutiva], al sistema general de pensiones en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abArt. 37.- Indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de vejez. Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensi\u00f3n de vejez no hayan cotizado el m\u00ednimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendr\u00e1n derecho a recibir, en sustituci\u00f3n, una indemnizaci\u00f3n equivalente a un salario base de liquidaci\u00f3n promedio semanal multiplicado por el n\u00famero de semanas cotizadas; al resultado as\u00ed obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado\u00bb y, \u00abseg\u00fan se desprende de la norma transcrita, para tener derecho al reconocimiento de la citada prestaci\u00f3n, es preciso acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) Estar afiliados al R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida 2) Cumplir la edad establecida en el art\u00edculo 33 de la citada Ley 100 de 1993. 3) No reunir la densidad de semanas m\u00ednimas requeridas, y 4) Estar en imposibilidad de seguir cotizando y presentar una declaraci\u00f3n en tal sentido\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precis\u00f3, que \u00abpara tener derecho a la indemnizaci\u00f3n sustitutiva prevista en el citado art\u00edculo 37 de la referida Ley 100, es necesario que el peticionario acredite las condiciones se\u00f1aladas en precedencia y principalmente la afiliaci\u00f3n y pago de aportes a una entidad de previsi\u00f3n social, que tenga la calidad de Administradora del R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Relev\u00f3, que \u00abel ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante oficio N\u00b0 20163400117321 del 15 de junio de 2016, neg\u00f3 el reconocimiento de indemnizaci\u00f3n sustitutiva de pensi\u00f3n de vejez, solicitada por el se\u00f1or CONSTA TINO DE JES\u00daS SIERRA VEL\u00c1SQUEZ, en consideraci\u00f3n a que dicho exfuncionario, durante su vinculaci\u00f3n con IDEMA no realiz\u00f3 cotizaciones para cubrir el riesgo de pensi\u00f3n y porque tanto el empleador original (IDEMA), como la entidad que asumi\u00f3 las obligaciones laborales, bienes no enajenados, derechos, funciones y archivos (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural), no tienen la calidad de entidad de previsi\u00f3n social y\/o administradora del r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abseg\u00fan lo previsto en el literal f) del art\u00edculo 13 de la Ley 100 de 1993, el tiempo laborado por el se\u00f1or CONSTANTINO DE JES\u00daS SIERRA VEL\u00c1SQUEZ en el extinto IDEMA, es acumulable para el reconocimiento de pensiones y prestaciones contempladas en los dos reg\u00edmenes del sistema general de pensiones, caso en el cual, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural concurrir\u00e1 en el reconocimiento de cuota parte pensiona!, atendiendo los par\u00e1metros establecidos el art\u00edculo 75 del Decreto 1848 de 1979 y art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 33 de 1985\u00bb. (fls. 31 y32 Ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Tribunal constitucional concedi\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abse advierte palmario que la denuncia de vulneraci\u00f3n ius fundamental tiene origen en la decisi\u00f3n emitida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, referente a denegar la solicitud de reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de pensi\u00f3n de vejez a la que afirma tener derecho [\u2026] los hechos de la presente queja constitucional fueron puestos en conocimiento de la accionada, quien se\u00f1al\u00f3 la improcedencia de acceder a los pedimentos del quejoso, por cuanto el mismo no cumple las exigencias contenidas en el art\u00edculo 37 de la Ley 100 de 1993 para la concesi\u00f3n de dicha prestaci\u00f3n econ\u00f3mica, esto es, no acredit\u00f3 afiliaci\u00f3n y pago de aportes a una de las entidades de previsi\u00f3n social surgidas con la promulgaci\u00f3n de dicha regulaci\u00f3n, ya que el peticionario labor\u00f3 para el liquidado Instituto de Mercadeo Agropecuario -IDEMA, mucho antes de la expedici\u00f3n de la referida norma\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Relev\u00f3, que \u00abel art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica dispone que la acci\u00f3n de tutela tiene car\u00e1cter subsidiario, esto es, que existiendo otros mecanismos para la defensa de los derechos fundamentales del accionante \u00e9ste debe acudir a ellos\u00bb sin embargo, \u00abconforme a la jurisprudencia proferida por dicha Corporaci\u00f3n sobre la materia, el juicio de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela se torna menos riguroso frente a los sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional atendiendo a su estado de debilidad manifiesta y del especial amparo que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les brinda [\u2026] As\u00ed las cosas, lo que se concluye es que si bien la tutela en principio no es procedente para reclamar derechos prestacionales, puede serlo excepcionalmente y bajo un juicio menos riguroso cuando se trate de un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, que ante la falta del reconocimiento del pago una prestaci\u00f3n social ve vulnerado o amenazado su m\u00ednimo vital y dignidad humana, trascendiendo el rango del conflicto meramente legal para adquirir relevancia ius-fundamental\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precis\u00f3, que \u00abes claro para esta Corporaci\u00f3n que las controversias sobre derechos        prestacionales adquieren la dimensi\u00f3n de un problema constitucional y obligan la intervenci\u00f3n del juez para impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, cuando su no reconocimiento viola o amenaza violar derechos fundamentales diversos, tales como el derecho a la igualdad, el derecho al m\u00ednimo vital, a la vida digna, y los derechos fundamentales de los adultos mayores; m\u00e1xime si los medios judiciales con que cuenta el interesado, teniendo en cuenta sus circunstancias particulares, no son eficaces para lograr su efectiva protecci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, agreg\u00f3 que \u00abqued\u00f3 plenamente acreditado no solo que el se\u00f1or Constantino de Jes\u00fas Sierra Vel\u00e1squez es una persona de la tercera edad, sin posibilidad de obtener vinculaci\u00f3n laboral y sin otro ingreso adicional que le permita garantizar su subsistencia m\u00ednima y la de su familia; si no tambi\u00e9n que, los medios ordinarios de defensa con que cuenta no resulta id\u00f3neos para evitar la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, en raz\u00f3n a su avanzada edad\u00bb, as\u00ed las cosas, \u00abse ubica al se\u00f1or Sierra Vel\u00e1squez en una situaci\u00f3n que puede afectar de manera seria, actual y palpable su derecho al m\u00ednimo vital, haciendo meritoria la irrupci\u00f3n del juez constitucional, para remediar la afectaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, refiri\u00f3 que \u00abse conceder\u00e1 la presente orden de amparo, ordenando al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que dentro del t\u00e9rmino improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, inicie el tr\u00e1mite pertinente para el reconocimiento y pago de la indemnizaci\u00f3n sustitutiva a que tiene derecho el se\u00f1or Constantino de Jes\u00fas Sierra Vel\u00e1squez, de acuerdo con las semanas de cotizaci\u00f3n que se encuentren debidamente acreditadas y de conformidad con las reglas que par a el efecto contiene el art\u00edculo 37 de la Ley 100 de 1993 y dem\u00e1s normas concordantes. Con la advertencia que, en todo caso, el referido tr\u00e1mite NO PUEDE EXCEDER EL T\u00c9RMINO M\u00c1XIMO DE UN (1) MES\u00bb (fls. 40-44 C.1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

La formul\u00f3 el apoderado del Ministerio encartado, alegando que \u00abpara acceder al reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de pensi\u00f3n de vejez, prevista en el citado art\u00edculo 37 de la referida Ley 100, es necesario que el peticionario acredite las condiciones se\u00f1aladas en precedencia y principalmente la afiliaci\u00f3n y pago de aportes a una entidad de previsi\u00f3n social, que tenga la calidad de Administradora del R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida\u00bb, y que \u00abpara el caso del se\u00f1or CONSTANTINO DE JES\u00daS SIERRA VEL\u00c1SQUEZ, est\u00e1 probado que durante su vinculaci\u00f3n con el extinto IDEMA no realiz\u00f3 cotizaciones para cubrir el riesgo de pensi\u00f3n, luego entonces no se configura el requisito fundamental exigido por las precitadas normas, cual es el haber sufragado los aportes o cotizaciones que le otorguen el derecho a obtener alg\u00fan reconocimiento prestacional, inmerso en el sistema general de pensiones\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, anot\u00f3 que \u00abse debe precisar que en raz\u00f3n a que tanto el empleador original (IDEMA), como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, qui\u00e9n asumi\u00f3 las obligaciones laborales, bienes no enajenados, derechos, funciones y archivos del Liquidado Instituto, no tienen la calidad de entidad de previsi\u00f3n social y\/o administradora del r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida, no est\u00e1n facultadas para recibir aportes o cotizaciones para cubrir el riesgo de pensi\u00f3n, y en consecuencia no pueden ser obligadas a reconocer una prestaci\u00f3n, para cuya causaci\u00f3n el presunto beneficiario no ha sufragado los aportes de ley, como es su obligaci\u00f3n\u00bb (fls. 50-52 Ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La acci\u00f3n de tutela creada por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, reglamentada por los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, tiene dicho la doctrina constitucional, deviene cuando quiera que la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica, o de un particular en los puntuales casos autorizados, vulnere o amenace prerrogativas fundamentales, siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se promueva como herramienta transitoria para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De suerte que su viabilidad o procedencia reclama, en esencia, que la acci\u00f3n desplegada comprometa un derecho del linaje advertido y, que no exista mecanismo de protecci\u00f3n distinto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el presente caso, pretende el gestor se ordene al Ministerio acusado, se \u00abreconozca y pague la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de vejez\u00bb a que tiene derecho.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. De las acreditaciones allegadas, observa la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a) Certificaci\u00f3n de 20 de abril de 2016, expedida por el Ministerio querellado, que acredita que \u00abel se\u00f1or CONSTANTINO DE JESUS SIERRA VELASQUEZ identificado con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 8.421.736 labor\u00f3 en el liquidado INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO-IDEMA desde el 30 de agosto de 1969 hasta el 19 de febrero de 1974. Que en el momento de su retiro desempe\u00f1aba el cargo de Contador I, en la Oficina de Turbo y ostent\u00f3 la calidad de TRABAJADOR OFICIAL\u00bb (fl. 17 C.1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b) Formato No. 1 \u00abcertificado de informaci\u00f3n laboral\u00bb, donde se avizora que el accionante naci\u00f3 el 19 de febrero de 1947, labor\u00f3 en el Instituto de Mercado Agropecuario-IDEMA, tuvo un \u00abperiodo de aportes\u00bb entre el 30 de agosto de 1969 y el 19 de febrero de 1974, y que la \u00abentidad que responde por el periodo\u00bb es el Ministerio de Agricultura. Se destaca en el documento que \u00abCON RELACI\u00d3N A LOS APORTES QUE POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA EL IDEMA NO EFECTU\u00d3 SER\u00c1 ASUMIDOS POR LA NACI\u00d3N-MINAGRICULTURA\u00bb (fl. 18 Ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c) Certificado de salario base, contenido en el formato No. 2, que acredita que \u00abel salario base total es de $2.234\u00bb (fl. 20 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d) Formato No. 3(B), de \u00abcertificado de salario mes a mes\u00bb (fls. 21 y 22 Ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

e) Respuesta al derecho de petici\u00f3n, de fecha 15 de junio anterior, emitida por la cartera ministerial encartada, en la que se adujo, que \u00ab el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a trav\u00e9s del Decreto 1675 de 1997, asumi\u00f3 el pasivo pensional del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA), entidad que otorgaba pensiones legales y convencionales a todos aquellos trabajadores y ex trabajadores que reunieran los requisitos establecidos para su reconocimiento, siendo pertinente precisar que tales reconocimientos los efectuaba tal entidad y ahora \u00e9ste Ministerio, en virtud de la asunci\u00f3n del pasivo prestacional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Refiri\u00f3, que \u00ablas entidades llamadas a reconocer la Indemnizaci\u00f3n sustitutiva, sea de vejez, invalidez o sobrevivientes, son las administradoras del R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida, y no las entidades p\u00fablicas que reconocen prestaciones econ\u00f3micas en su calidad de empleadoras, las cuales bajo ning\u00fan concepto fueron incluidas dentro del ordenamiento legal para el efecto, en el entendido de que estas Entidades no recaudan aportes en pensi\u00f3n que sean susceptibles de devoluci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00abcabe precisar que la indemnizaci\u00f3n sustitutiva es una prestaci\u00f3n que se financia exclusiv1mente con los aportes en pensi\u00f3n realizados a nombre del afiliado, circunstancia que no se evidencia en el presente caso, toda vez que una vez revisados los antecedentes laborales y la base de datos del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, se advierte que por el periodo que mantuvo vinculaci\u00f3n con el extinto Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA (30\/08\/1969 al 19\/02\/1974), dicha entidad no realiz\u00f3 aportes en pensi\u00f3n a ning\u00fan fondo de pensiones\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Advirti\u00f3, que \u00abas\u00ed las cosas y de conformidad con el Decreto 1675 de 1997, le corresponde al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, asumir dichos periodos mediante los mecanismos de financiaci\u00f3n de las pensiones, esto es concurrir en el pago de una cuota parte pensional o a trav\u00e9s de un bono pensional, siempre y cuando se den las condiciones para que una administradora de pensiones (Colpensiones) reconozca a su favor una pensi\u00f3n de vejez\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, concluy\u00f3 que \u00abel mecanismo de financiaci\u00f3n lo determinar\u00e1 la administradora que reconozca la pensi\u00f3n de vejez, en tal caso le corresponder\u00e1 a dicha administradora, solicitar directa\u00ad mente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la expedici\u00f3n del bono pensional o la concurrencia en el pago de cuota parte pensional, por el periodo laborado en el extinto IDEMA\u00bb (fls.15-22 C.1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, y puntualmente relativo a la impugnaci\u00f3n propuesta, que gravita en torno a lo resuelto por el a-quo constitucional, referido a la orden dada a la cartera ministerial querellada de reconocer y pagar la indemnizaci\u00f3n sustitutiva al gestor, la Sala coincide con la decisi\u00f3n del tribunal en el sentido de predicar que la procedencia de la salvaguarda que nos ocupa, est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que las prerrogativas esenciales al m\u00ednimo vital y la seguridad social de un sujeto de especial protecci\u00f3n, est\u00e1n siendo amenazadas, con fundamento en los lineamientos de la Corte Constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En l\u00ednea de principio, esta Sala ha sostenido que, los reclamos de \u00edndole laboral escapan de la \u00f3rbita constitucional y por ello deben ventilarse ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria, tal como se dijo en sentencia de 21 de marzo de 2012, exp. 00297-01, reiterada, entre otras, el 21 de noviembre de 2014, STC16038:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab (\u2026) las garant\u00edas derivadas de la seguridad social son, por definici\u00f3n, de avance progresivo y no de naturaleza fundamental, y de otra, se ha asignado a la jurisdicci\u00f3n ordinaria y a la contencioso administrativa seg\u00fan el caso, la competencia para resolver los conflictos relativos a ella, los cuales, por regla general, se consideran de estirpe legal, de ah\u00ed que resulten ajenos a la \u00f3rbita que se reserva al juez constitucional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante, se ha aceptado la procedencia excepcional del resguardo cuando se advierte una grave afectaci\u00f3n de las necesidades b\u00e1sicas de quien reclama tales acreencias, en aras de salvaguardar su m\u00ednimo vital, o cuando los derechos conculcados recaen sobre sujetos de especial protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre las personas de la tercera edad, ha dicho esta Sala que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abla Constituci\u00f3n Pol\u00edtica reconoci\u00f3 la existencia de personas que tienen una especial protecci\u00f3n por parte del Estado, ya sea por su edad, por la condici\u00f3n de indefensi\u00f3n o por encontrarse en circunstancias de debilidad manifiesta, para las cuales el amparo del derecho fundamental a la salud deviene reforzado.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Dentro de dicho grupo de sujetos encontramos a las personas de la \u00abtercera edad o adultos mayores\u00bb que, por regla general, seg\u00fan establece el art\u00edculo 7\u00b0 de la ley 1276 de 2009, son aquellas que tengan o superen los 60 a\u00f1os de vida, para las cuales el art\u00edculo 46 de la Carta Pol\u00edtica, obliga a la Naci\u00f3n, a la sociedad y a la familia a velar por la protecci\u00f3n y asistencia, dada su condici\u00f3n de debilidad manifiesta\u00bb. (STC5648-2016. 17 de May. De 2016. Rad. 2016-00453)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su vez, la Corte Constitucional ha reiterado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abNo comparte la Sala las posiciones adoptadas por los jueces de instancia, quienes extremaron su rigor al momento de examinar las condiciones de procedibilidad de las tutelas que aqu\u00ed se revisan y olvidaron que, cuando el amparo de los derechos es solicitado por sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional como consecuencia del estado de debilidad manifiesta en el que se encuentran y del especial amparo que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les brinda, por haber sobrepasado o estar cercano a los umbrales de la tercera edad, la Corte ha considerado que se debe hacer un examen menos estricto de las reglas de procedencia de la acci\u00f3n de tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este orden de ideas, se concluye que los accionantes han superado el rango de los 60 a\u00f1os de edad, por lo que es evidente que su situaci\u00f3n est\u00e1 conectada con su ya escasa expectativa de vida [\u2026]\u00bb (C.C. T-596 de 2013) (Se resalta).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Ahora bien, no le asiste raz\u00f3n a la entidad, al referir que \u00abel peticionario, si se encuentra inconforme y considera lesionado sus derechos, igualmente tendr\u00e1 la posibilidad de acudir ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb, pues reiteradamente la jurisprudencia ha dicho que las personas de la tercera edad no se pueden someter a la espera de los resultados de un proceso ordinario, por cuanto podr\u00eda ser perjudicial, precisamente por su calidad, cuya expectativa de vida no es prolongada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre este particular asunto, esta Corporaci\u00f3n, ha dijo que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abEn este orden de ideas, para la Sala resulta desproporcionado y abiertamente contrario a los postulados constitucionales someter a la actora a continuar con el tr\u00e1mite judicial del proceso ejecutivo, cuando en la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral ya le fue reconocido su derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, del cual el Estado est\u00e1 obligado a garantizar su efectividad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sumando a lo anterior, debe considerarse que el tiempo de resoluci\u00f3n del proceso ejecutivo puede llegar a superar la expectativa de vida de la se\u00f1ora MAGALIS MARIELA SERRANO JIM\u00c9NEZ, quien se reitera tiene 76 a\u00f1os de edad; y se encuentra en situaci\u00f3n de discapacidad, encontr\u00e1ndose dentro del grupo de personas de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb. (STP18130-2016. 13 de Dic. 2016. Rad. 89.271)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En similares t\u00e9rminos, lo ha referido al Corte Constitucional, al decir \u00abde esta manera, se insiste en el hecho de que los accionantes son personas sujetas a una especial protecci\u00f3n constitucional y est\u00e1 demostrada la inminencia de que se configure para ellos un perjuicio irremediable, puesto que exigirles recurrir a los procedimientos contemplados en la jurisdicci\u00f3n ordinaria, los cuales pueden llegar a durar varios a\u00f1os en su resoluci\u00f3n, resulta una medida injusta, inequitativa e ineficaz, puesto que la demora en el proceso ordinario podr\u00eda llegar a ser igual o superior a la simple expectativa de vida para la protecci\u00f3n de sus derechos\u00bb (C.C. T-596 de 2013).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnizaci\u00f3n sustitutiva a que hace referencia la ley 100 de 1993, hay que decir que este asunto ha sido decantado por la Corte Constitucional, al decir que s\u00ed procede el reconocimiento de tal derecho para las personas que no realizaron las cotizaciones con precedencia de la ley que regula el sistema general de pensiones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed lo ha afirmado la Corte Constitucional, al referir que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abOtra particularidad importante que esta corporaci\u00f3n ha resaltado frente a la aplicaci\u00f3n del contenido del art\u00edculo 37 de la ley 100 de 1993, consiste en hacer efectiva la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de vejez en aquellos casos en que los aportes al sistema o el tiempo de servicios prestados a una entidad p\u00fablica se realizaron o debieran realizar con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley de seguridad social integral. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n estableci\u00f3 que dicha normatividad se aplica a todos los habitantes del territorio nacional y a todas aquellas situaciones que al momento de su expedici\u00f3n no se hubieren consolidado. Esta Corporaci\u00f3n en la Sentencia T-850 de 2008 , sintetiz\u00f3 los argumentos que llevaron a tal conclusi\u00f3n de la siguiente manera:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(i) El art\u00edculo 11 de la Ley 100 de 1993 estableci\u00f3 que el Sistema General de Pensiones se aplicar\u00e1 a todos los habitantes del territorio nacional, sin que se afecten los derechos, garant\u00edas, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores a dicha Ley.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el mismo sentido, el art\u00edculo 2 del Decreto 1730 de 2001, \u201cPor medio del cual se reglamentan los art\u00edculos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la indemnizaci\u00f3n sustitutiva del r\u00e9gimen solidario de prima media con prestaci\u00f3n definida\u201d, establece que para determinar el monto de la indemnizaci\u00f3n sustitutiva a que haya lugar, deber\u00e1n tenerse en cuenta la totalidad de las semanas cotizadas, \u201ca\u00fan las anteriores a la Ley 100 de 1993.\u201d  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(iii) Finalmente, el art\u00edculo 37 de la citada Ley, en que se consagra la figura de la indemnizaci\u00f3n sustitutiva, no consagr\u00f3 ning\u00fan l\u00edmite temporal a su aplicaci\u00f3n, ni condicion\u00f3 la misma a circunstancias tales como que la persona hubiera efectuado las cotizaciones con posterioridad a la fecha en que empez\u00f3 a regir la ley 100 de 1993.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, la ley 100 de 1993, cobija a todos los habitantes del territorio nacional, por tanto, las normas que regulan lo referente a la indemnizaci\u00f3n sustitutiva tambi\u00e9n tienen aplicaci\u00f3n en relaci\u00f3n con aquellas personas que cotizaron o prestaron sus servicios bajo la vigencia de la anterior normatividad y cuya situaci\u00f3n jur\u00eddica no se consolid\u00f3 en aplicaci\u00f3n de normas precedentes. Por tanto, es viable conceder la indemnizaci\u00f3n sustitutiva reconociendo las semanas cotizadas a\u00fan con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, ya sea en el sector p\u00fablico o privado.\u201d\u00bb (C.C. T-122 de 2016)(Se resalta).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, relativo a la inconformidad del impugnante al manifestar que \u00abest\u00e1 probado que durante su vinculaci\u00f3n con el extinto IDEMA no realiz\u00f3 cotizaciones para cubrir el riesgo de pensi\u00f3n\u00bb, y por esa raz\u00f3n \u00abno pueden ser obligadas a reconocer una prestaci\u00f3n, para cuya causaci\u00f3n el presunto beneficiario no ha sufragado los aportes de ley\u00bb, hay que recordar que la Corte Constitucional, ha dicho que \u00abel tiempo de servicio que prest\u00f3 el demandante debe ser tenido en cuenta, seg\u00fan las previsiones contenidas en el literal f) del art\u00edculo 13 de la Ley 100 de 1993, a pesar de que no se le realizaron los aportes con fines pensionales, como quiera que ello constitu\u00eda una obligaci\u00f3n del empleador, toda vez que es un derecho irrenunciable del trabajador, luego no es admisible que su negligencia sea asumida por este \u00faltimo en detrimento de sus derechos\u00bb, y que \u00absi bien la Gobernaci\u00f3n de Antioquia aleg\u00f3 dentro de su respuesta que tiempo atr\u00e1s hab\u00edan celebrado con el actor un acuerdo de retiro voluntario en el que se entend\u00eda que aceptaba un determinado valor econ\u00f3mico por concepto de cualquier factor legal o extralegal que considerara le asist\u00eda, lo que, a su juicio, deb\u00eda comprender la indemnizaci\u00f3n sustitutiva, lo cierto es que dicha prestaci\u00f3n es considerada un derecho irrenunciable e imprescriptible del trabajador que no puede ser transado de esta manera y el cual debe liquidarse de conformidad con lo que la ley indica. (C.C. T-122 de 2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.1. As\u00ed las cosas, en este asunto, se vislumbra que la pretendida indemnizaci\u00f3n sustitutiva, se debe reconocer con fundamento en las circunstancias f\u00e1cticas espec\u00edficas de la cuesti\u00f3n, pues se acredit\u00f3 que el querellante es una persona de 70 a\u00f1os, que trabaj\u00f3 con el Instituto de Mercadero Agropecuario \u2013IDEMA del 30 de agosto de 1969 hasta el 19 de febrero de 1974 (fl. 17), y que la \u00abentidad que responde por el periodo de aporte para pensiones\u00bb, es el Ministerio de agricultura (fl. 18). Con todo, sea del caso precisar, que si bien la Corte ha negado el resguardo en pret\u00e9ritas ocasiones por circunstancias relativas al reconocimiento por esta v\u00eda de las garant\u00edas derivadas de la seguridad social, al haber considerado en dichos asuntos que los all\u00ed gestores, contaban con otros mecanismos para obtener el reconocimiento de sus prestaciones, la diferencia con este caso estriba en las condiciones particulares y especiales del aqu\u00ed accionante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con fundamento en lo anterior, es la cartera ministerial acusada la encargada de reconocer y pagar la mentada indemnizaci\u00f3n al aqu\u00ed gestor. As\u00ed lo dijo la Corte Constitucional, en un asunto de semejantes aristas, al se\u00f1alar que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abEn el presente asunto el se\u00f1or Arturo de Jes\u00fas Mart\u00ednez Vergara argumenta que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [IDEMA], incurri\u00f3 en una vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la vida digna, al m\u00ednimo vital, a la seguridad social y a la igualdad, al expedir oficio n\u00fam. 20101100287901 , por medio del cual se le neg\u00f3 el reconocimiento a la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de vejez, bajo la consideraci\u00f3n de que los aportes al sistema o el tiempo de servicios prestados, se realizaron con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, estatuto donde se contempl\u00f3 la aludida figura.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular conviene reiterar que el actor es una persona de la tercera edad (73 a\u00f1os), quien ante dicha situaci\u00f3n no cuenta con una vida laboral activa. Por tal raz\u00f3n no ha podido seguir cotizando al sistema de seguridad social integral, para poder cumplir con el n\u00famero de semanas requerido y as\u00ed acceder a la pensi\u00f3n de vejez. En consecuencia debi\u00f3 optar por la figura de la indemnizaci\u00f3n sustitutiva.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para la Sala no resultan de recibo los argumentos expuestos por la entidad accionada, bajo los cuales decidi\u00f3 negar la solicitud del reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de vejez, y que fundament\u00f3 en el retiro del servicio por parte del petente con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que se trata de una norma de orden p\u00fablico y de obligatorio cumplimiento, y por consiguiente implica su inmediata aplicaci\u00f3n a las situaciones jur\u00eddicas vigentes respecto de las cuales no se han consolidado derechos adquiridos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Conforme a lo indicado, para la Sala no es viable exigir, como presupuesto para el reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n sustitutiva, consagrada en el art\u00edculo 37 de la ley 100 de 1993, haber cotizado al sistema a partir de su vigencia, ni el argumento de que la entidad a la que reclaman la indemnizaci\u00f3n sustitutiva no es una administradora del r\u00e9gimen de prima media, ya que ello conllevar\u00eda excluir a aquellas personas que se retiraron del servicio antes de que entrara a regir la citada ley que prestaron sus servicios a entidades del Estado bajo el r\u00e9gimen anterior a la Ley 100 de 1993, vulner\u00e1ndose as\u00ed el principio constitucional de favorabilidad en materia laboral.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De esta manera, el hecho de que el accionante se hubiese retirado del servicio el 30 de abril de 1973, habiendo prestado los servicios al IDEMA con antelaci\u00f3n a la vigencia del actual r\u00e9gimen general de pensiones, en nada afecta su derecho a que su situaci\u00f3n pensional sea definida en aplicaci\u00f3n de las normas vigentes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, dijo que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abAs\u00ed las cosas, la Sala Quinta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional considera necesario revocar el fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para en su lugar tutelar los derechos constitucionales fundamentales del accionante a la vida digna, a la seguridad social y a la igualdad. En consecuencia se ordenar\u00e1 al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que, en el evento en que no lo hubiese hecho, expida un nuevo acto administrativo en el que reconozca y pague la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de vejez a que tiene derecho el se\u00f1or Arturo de Jes\u00fas Mart\u00ednez Verga de acuerdo con las semanas de cotizaci\u00f3n o los tiempos de servicio que se encuentren debidamente acreditados y respecto de los cuales no se hubiere hecho restituci\u00f3n alguna. Dicha prestaci\u00f3n se deber\u00e1 liquidar de acuerdo con las reglas contenidas en el art\u00edculo 37 de la Ley 100 de 1993 y dem\u00e1s normas concordantes\u00bb (C.C. T-659 de 2011) (Se resalta).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. De conformidad con lo discurrido, se ratifica el fallo materia de opugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            Magistrada ponente      STC4221-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2017-00062-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)             Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100336","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100336","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100336"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100336\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100336"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100336"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100336"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}