{"id":100337,"date":"2026-06-25T20:35:14","date_gmt":"2026-06-25T20:35:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4223-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:35:14","modified_gmt":"2026-06-25T20:35:14","slug":"stc4223-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4223-2017\/","title":{"rendered":"STC4223-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4223-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00053-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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       Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 16 de febrero de 2017, mediante la cual la Sala de decisi\u00f3n Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, vincul\u00e1ndose la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n de Risaralda, y a Rodolfo Herrera.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental a las \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada dentro de las acciones populares Nos. 2016-00419 y 2016-00420, que coadyuv\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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       2.1. Que \u00abact\u00faa en acciones populares ante el juzgado tutelado de n\u00famero[s] 2016-419 y 2016-420\u00bb que fueron \u00abrechazada[s] por competencia, inaplicando el art. 16 ley 472 de 1998 y desconociendo las normas de orden p\u00fablico que rigen este tipo de controversias\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.2. Que \u00abla tutelada DESCONOCE lo que le ordena su superior jer\u00e1rquico y funcional en conflicto No. 11001020300020160215500, cometiendo aparentemente v\u00eda de hecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       3. Pidi\u00f3, conforme lo relatado, que \u00abse ORDENE INMEDIATAMENTE AL TUTELADO admitir mi[s] acci\u00f3n[es]\u00bb (fls. 1-15 C. 1).  <\/span><\/p>\n

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4. En auto de 6 de febrero del a\u00f1o que avanza el Tribunal acumul\u00f3 las acciones de tutela y procedi\u00f3 a su admisi\u00f3n, y el 16 de febrero siguiente, deneg\u00f3 el amparo, decisi\u00f3n impugnada por el quejoso.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS.  <\/span><\/p>\n

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La autoridad censurada, refiri\u00f3 que \u00abel accionante anexa copia de un auto mediante el cual se admite una acci\u00f3n de grupo frente a entidad financiera, en la que se tuvo en cuenta que los hechos que le negaron acaecieron a lo largo y ancho del pa\u00eds y no en un lugar determinado, como s\u00ed ocurre con las acciones populares que vinculan a una sucursal o agencia espec\u00edfica y por una situaci\u00f3n determinada, como por ejemplo no contar con gu\u00eda e int\u00e9rprete para personas con discapacidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, adujo que \u00abme opongo a que prosperen las pretensiones del actor constitucional, habida cuenta que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno, habida cuenta que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno\u00bb (fl. 32 Ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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La Procuradur\u00eda adujo que esta entidad es ajena a lo solicitado por el quejoso, por lo cual requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n (fl. 43 Ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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Los dem\u00e1s convocados, guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00ablas solicitudes del accionante se tornan abiertamente improcedentes. As\u00ed se afirma, porque acorde con lo que se\u00f1ala el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 259*1, por medio del cual se reglamenta la acci\u00f3n de tutela, esta no puede abrirse paso \u201ccuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjudico irremediable. La existencia de dichos medios ser\u00e1 apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que, \u00abnada se advierte, con las copias de la actuaci\u00f3n remitidas por el Juzgado, acerca de que el actor haya recurrido, ni siquiera as\u00ed lo manifest\u00f3 el interesado, los autos de 21 de noviembre de 2016, por medio de los cuales se rechazaron las demandas al no haber sido subsanadas en el tiempo concedido para ello (fl. 37 y 42), previa exigencia de documentos para determinar el domicilio principal de las entidades a las que se demandaba. Es decir, olvid\u00f3 que esta acci\u00f3n, por su naturaleza, es residual, y solo cabe cuando se ha hecho uso de todas las herramientas con que las partes cuentan en el proceso y ellas han sido infructuosas; as\u00ed que dej\u00f3 pasar la oportunidad procesal con la que contaba para la defensa de  sus intereses\u00bb (fls. 49-51 C.1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. En el presente caso, pretende el gestor que se le ordene a la autoridad acusada admitir las acciones populares, en las que fue reconocido como coadyuvante, refiriendo que incurri\u00f3 en defecto sustancial, por desconocer las normas aplicables.  <\/span><\/p>\n

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3. Obran en el plenario las siguientes pruebas, en relaci\u00f3n con la solicitud de amparo:  <\/span><\/p>\n

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a) Autos de 4 de noviembre de 2016, que inadmitieron las acciones populares promovidas por Rodolfo Herrera, contra Bancolombia, para que en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas aportara \u00abcertificado de existencia y representaci\u00f3n legal, en el que conste el domicilio de la parte demandada\u00bb (fls. 35 y 40 C. 1).  <\/span><\/p>\n

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b) Escritos de 11 de noviembre del mismo a\u00f1o, en la que el Javier Arias (aqu\u00ed accionante), solicit\u00f3 \u00abser reconocido como coadyuvante\u00bb dentro del tr\u00e1mite de las acciones que nos ocupan (fls. 36 y 41 Ib\u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

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d) Interlocutorios de fecha 21 del mismo mes y a\u00f1o, que resolvieron rechazar las demandas \u00abtoda vez [\u2026] no fue[ron] subsanada[s] dentro del t\u00e9rmino de ley\u00bb, adem\u00e1s se acept\u00f3 \u00abal se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga como coadyuvante\u00bb (fls. 37 y 42 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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e) Constancia de registro de procesos del sistema Siglo XXI, en el que se observa que el quejoso no interpuso recurso contra los autos que rechazaron las demandas (fls. 4-5 C. Corte).  <\/span><\/p>\n

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Sea del caso precisar que el querellante menciona que sus demandas fueron rechazadas \u00abpor competencia\u00bb, sin embargo se avizora de las providencias atacadas, que el motivo real, fue el no haberse subsanado en tiempo los l\u00edbelos genitores.  <\/span><\/p>\n

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4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado y en lo que tiene que ver con la queja enfilada frente al Juzgado encartado, advierte la Sala que el amparo invocado no atiende el referido presupuesto de la subsidiariedad exigido para el \u00e9xito de la salvaguarda impetrada, teniendo en cuenta que el convocante no hizo uso de los mecanismos propios que el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 para que le fuera revisado su descontento, esto es, no recurri\u00f3 los autos de 21 de noviembre de 2016, que rechazaron los l\u00edbelos objeto de debate fueron proferidos antes de la acci\u00f3n de tutela; por lo tanto, la acci\u00f3n de tutela no puede convertirse en un medio para prescindir de las v\u00edas naturales y ordinarias para resolver sus reclamos, cuesti\u00f3n que cercenar\u00eda los principios nodales que edifican esta herramienta supralegal.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corte ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) la justicia constitucional no es remedio de \u00faltima hora para buscar el rescate de oportunidades defensivas dilapidadas, ya que la tutela es eminentemente subsidiaria, esto es, procedente cuando no se tiene o no se ha tenido otra posibilidad judicial de resguardo, y como se ha reiterado por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00eda el fruto de su propia incuria\u00bb (CSJ STC, rad. 2007-00379-01, reiterada, entre otros, STC5371-2015, 5 may, 2015 rad. 00003-02).  <\/span><\/p>\n

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5. En tales condiciones, mal podr\u00eda el \u00abJuez Constitucional\u00bb auscultar la actuaci\u00f3n del funcionario censurado, cuando lo cierto, es que el gestor no procedi\u00f3 de manera acertada y eficaz, quedando sujeto, entonces, a las consecuencias de los prove\u00eddos que le fueron adversos, observ\u00e1ndose as\u00ed el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

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En relaci\u00f3n con lo precedente, esta corporaci\u00f3n ha reiterado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 25 Ago. 2008, Rad. 01343-00, reiterada entre otras, el 25  Sep. y 12 Oct. 2012, Rads. 00651 y 00135, 31 Ene. y 22  May. 2013, Rads. 00113 y 00206, respectivamente).  <\/span><\/p>\n

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6. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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