{"id":100339,"date":"2026-06-25T20:35:42","date_gmt":"2026-06-25T20:35:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4226-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:35:42","modified_gmt":"2026-06-25T20:35:42","slug":"stc4226-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4226-2017\/","title":{"rendered":"STC4226-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4226-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2017-00010-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 26 de enero de 2017, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Orlando Pusey Bent frente a la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona y el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El actor demand\u00f3 la salvaguarda de los derechos fundamentales al debido proceso y petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas, dentro del juicio que se le adelant\u00f3 por el punible de homicidio.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que \u00abinstaur[\u00f3] el derecho fundamental de petici\u00f3n el d\u00eda 20 de junio de 2016 al Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga el cual lo envi\u00f3 al Juzgado \u00danico de Pamplona argumentando que era de su competencia porque [se] encontraba trasladado para esa ciudad para que de manera formalmente [le] colaboraran con el permiso de hasta 72 horas por el objetivo de tener los beneficios administrativos de ley\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que no tiene una sanci\u00f3n por irrespeto a la guardia sino \u00abcon un interno de nombre (\u2026)  que sali\u00f3 del patio #5 con el td de otro interno hasta el \u00e1rea de visita a faltar[le] al respeto a [su] se\u00f1ora el cual tuv[o] que defender\u00bb, se\u00f1alando adem\u00e1s que \u00abten\u00eda otros dos informes que terminaron en v\u00eda de prescripci\u00f3n la \u00e1rea de investigaciones internas tiene un a\u00f1o para investigar y si en el a\u00f1o no lo han hecho por ley cae la investigaci\u00f3n entonces no se por qu\u00e9 el juzgado \u00fanico no me concedi\u00f3 el beneficio porque esos informes que habla el juez de primera instancia tan solo son anotaciones porque si hubiera tenido otro proceso o informes no me hubieran clasificado en mediana seguridad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Que \u00aben virtud de lo anunciado coment[\u00f3] que ten\u00eda el tiempo estipulado por ley para adquirir el beneficio que es  1\/3 de parte la condena que es 44 meses y 21 d\u00edas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Que \u00aba la fecha de hoy el accionado juzgado y el tribunal superior de Pamplona no han hecho una investigaci\u00f3n a fondo a [su] solicitud a la fecha m\u00e1s de 30 d\u00edas desde que present[\u00f3] la petici\u00f3n formal con toda la documentaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

3. Pidi\u00f3, en consecuencia, se ordene a las autoridades encartadas dar \u00abrespuesta sea de ley a lo estipulado porque dentro de mi carpeta esta toda la documentaci\u00f3n del seguimiento que me hicieron para otorgarme el beneficio\u00bb (Fls. 1-6).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. La tutela fue remitida mediante auto del 6 de diciembre de 2016 por el Juzgado Civil del Circuito de Acacias (Meta) a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la que en auto de 13 de enero de 2017 la admiti\u00f3 a tr\u00e1mite y en fallo del d\u00eda 26 siguiente deneg\u00f3 el amparo deprecado (Fls. 29, 32 y 33 y 60-67)  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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El juzgado cuestionado, luego de pronunciarse respecto a las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite objeto de la queja, sostuvo que \u00aben ning\u00fan momento ha vulnerado los derechos fundamentales de petici\u00f3n y debido proceso que hoy demanda el interno ORLANDO PUSEY BENT, pues efectivamente resolvi\u00f3 de fondo las peticiones elevadas por el condenado en cita. Adem\u00e1s, la decisi\u00f3n adoptada fue objeto de los recursos de ley dentro de los cuales, el superior jer\u00e1rquico analiz\u00f3 los argumentos del juzgado, confirmando la providencia recurrida\u00bb (Fl. 59 y vuelto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Las dem\u00e1s partes e intervinientes guardaron silencio  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala de Casaci\u00f3n Penal, deneg\u00f3 el amparo al considerar que \u00aben el presente caso, el actor no demostr\u00f3 la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales que demanda motivo por el cual el amparo deprecado resulta a todas luces improcedente, de un lado porque, contrario a su dicho, tanto el juzgado como el Tribunal dictaron las correspondientes decisiones en punto de la solicitud de permiso de 72 horas deprecada, de otro porque se pretende controvertir decisiones judiciales razonables, con la finalidad de enervar sus efectos e imponer determinaciones al juez natural a trav\u00e9s de la indebida intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sostuvo, que \u00abse tiene al respecto que los funcionarios accionados al momento de conocer la petici\u00f3n relativa a la concesi\u00f3n del beneficio administrativo reclamado, la encontraron improcedente en atenci\u00f3n a que el penado fue objeto de una sanci\u00f3n disciplinaria por conductas realizadas al interior del penal\u00bb por lo que \u00aba pesar de la insatisfacci\u00f3n del petente con la determinaci\u00f3n adoptada por las autoridades demandadas, no se advierte contraria a mandatos constitucionales y legales, o quebrantadora de derechos fundamentales, pues obedece al estudio de los presupuestos que la normatividad aplicable exige\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adujo, que \u00aben tal virtud se torna improcedente la pretensi\u00f3n del accionante al invocar presunta vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, aspirando con ello a imponer sus razones frente a la interpretaci\u00f3n normativa efectuada, pues resulta claro que conforme con el principio de legalidad se adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n que resulta adecuada al marco normativo aplicable\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Expres\u00f3, que \u00abel tutelante debe entender que la sola inconformidad con la determinaci\u00f3n adoptada, no significa per se la violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales, ya que no se advierte que diste de un criterio razonable de interpretaci\u00f3n y que se enmarque dentro de una de las causales especificas de procedencia de la acci\u00f3n constitucional en contra de providencias judiciales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, concluy\u00f3 que \u00abde admitirse la discusi\u00f3n propuesta en la demanda, ser\u00eda desconocer los principios que disciplinan la actividad de los jueces ordinarios de independencia y sujeci\u00f3n exclusiva a la ley previstos en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, as\u00ed como los del juez natural y las formas propias del juicio penal contenidos en el art\u00edculo 29 de la Norma Superior\u00bb  (Fls. 60-67).  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el gestor sin que a la fecha haya expuesto los argumentos de su inconformidad (Fl. 91).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. Observada la inconformidad planteada, surge que el gestor solicita que se le conceda el permiso de salida de la c\u00e1rcel hasta por el t\u00e9rmino de setenta y dos horas, toda vez que, aduce reunir los requisitos para acceder a tal beneficio, lo anterior, al estimar que las autoridades querelladas incurrieron en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto \u00abmaterial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Del examen de las pruebas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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a) Auto de 26 de septiembre de 2016 mediante el cual el despacho censurado no aprob\u00f3 \u00abla propuesta de permiso de hasta por setenta y dos (72) horas incoada por el Director del Establecimiento Carcelario\u00bb, determinaci\u00f3n que fue ratificada en raz\u00f3n al recurso de reposici\u00f3n y frente a la cual se concedi\u00f3 el de apelaci\u00f3n (Fls. 41 vuelto-43).  <\/span><\/p>\n

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b) Decisi\u00f3n de 17 de noviembre anterior, proferida por el tribunal acusado confirmando la decisi\u00f3n atr\u00e1s referenciada (Fls. 44-48).  <\/span><\/p>\n

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4. Analizadas las providencias cuestionadas, en especial la de 17 de noviembre de 2016 mediante la cual el ad quem accionado confirm\u00f3 la de primer grado, advierte la Sala, que no se observa proceder constitutivo por \u00abdefecto material\u00bb, que amerite la intervenci\u00f3n del \u00abjuez constitucional\u00bb toda vez que la argumentaci\u00f3n que la fundamenta, se sustent\u00f3 en las particularidades del caso y en un criterio hermen\u00e9utico razonable de las normas que regulan esta materia (Leyes 65 de 1993 y 734 de 2009), descartando un actuar caprichoso o antojadizo.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el Colegiado enjuiciado, al examinar el caso concreto, estim\u00f3 que \u00abse tiene que el justiciable fue condenado a una pena mayor a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n, por lo cual, y en lo que corresponde a la apelaci\u00f3n, para acceder a la excarcelaci\u00f3n temporal, no puede haber incurrido en faltas disciplinarias de las que trata el art. 121 de la Ley 65 de 1993\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente, precis\u00f3 que \u00aben el presente caso, no se llama a hesitaci\u00f3n que objetivamente es improcedente la franquicia de las 72 horas para el interno PUSEY BENT ORLANDO, ello por cuando, como ya se rese\u00f1\u00f3, fue objeto de una sanci\u00f3n disciplinaria el a\u00f1o anterior por conductas ejecutadas al interior del penal, precisamente de las inhabilitantes para acceder al permiso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Refiri\u00f3, que \u00abcomo lo resalt\u00f3 el a quo, la mentada sanci\u00f3n disciplinaria, se encuentra vigente al tenor del art. 32 de la ley 734 de 2009, la que prescribe \u201cen un t\u00e9rmino de cinco a\u00f1os, contados a partir de la ejecutoria del fallo\u201d. Dej\u00e1ndose claro si, que vencido tal interregno, no podr\u00e1 enrostr\u00e1rsele tal acto para negar el permiso postulado, como tampoco lo pueden ser otras meras investigaciones  disciplinarias no impulsadas de forma oportuna y que, por tanto, acusaron prescripci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, concluy\u00f3 que \u00absobre los razonamientos que presenta el apelante en cuanto a su ajenidad a los hechos objeto de la sanci\u00f3n disciplinaria, ind\u00edquese que ese es un an\u00e1lisis que escapa al objeto de esta decisi\u00f3n, correspondiendo el debate a las acciones en la v\u00eda gubernativa y contenciosa administrativa de rigor\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En definitiva el ad-quem encartado no encontr\u00f3 que se cumplieran en su totalidad con los presupuestos exigidos por el legislador, pues, el interesado no acredit\u00f3 \u00abbuena conducta\u00bb como requisito para acceder al rese\u00f1ado beneficio administrativo.  <\/span><\/p>\n

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La Sala, en un caso similar al aqu\u00ed estudiado puntualiz\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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[\u2026] que los prove\u00eddos que no comparte el actor  tuvieron sustento objetivo en razonamientos que no pueden tildarse de arbitrarios, pues concluyeron que el beneficio impetrado no pod\u00eda otorgarse debido a que aqu\u00e9l no cumpl\u00eda con los presupuestos del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 147 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario, tal como fue modificado por el art\u00edculo 29 de la Ley 504 de 1999, normativa esta que \u201cno ha sido modificada ni derogada\u00bb, y as\u00ed resulta entonces evidente, que los juicios de valor del Juez y del Tribunal convocados est\u00e1n cimentados en la facultad de interpretaci\u00f3n de las respectivas normas aplicables y los hechos del caso concreto de que est\u00e1n investidos por la Constituci\u00f3n y la ley\u00bb (Ver, entre otras de la CSJ, STC, 19 Abr. 2010, Rad.-00518-01; 4 Dic. 2012, rad. 01629-01; 11 Feb. 2013, radicado 02296-01; y 15 Mar. 2013, radicado-02826-01).  <\/span><\/p>\n

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5. De tales elucidaciones, se observa que el prove\u00eddo cuestionado, como ya se anot\u00f3, no luce arbitrario, por lo que independientemente que la Sala proh\u00edje el criterio hermen\u00e9utico aplicado, no puede tildarse de abiertamente caprichoso para que sea objeto de reproche en sede constitucional, cuando reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte que al \u00abjuez de tutela\u00bb le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya \u00abindependencia y autonom\u00eda\u00bb tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de \u00abraigambre constitucional y legal\u00bb, por lo que, no puede aceptarse, en eventos como el que se tiene a la vista, que sea el fallador de amparo el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos del funcionario judicial o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, la revisi\u00f3n oficiosa del caso, como si fuese un juzgador de instancia.  <\/span><\/p>\n

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        A prop\u00f3sito del tema la Corte sostuvo que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) Considera, entonces, la Sala, que el rechazo a las decisiones cuestionadas radica en una diferencia de interpretaci\u00f3n, tema frente al cual le est\u00e1 vedado al Juez constitucional inmiscuirse, pues ello atentar\u00eda contra los principios de autonom\u00eda e independencia judicial aludidos previamente. Respecto de un asunto con perfiles semejantes al aqu\u00ed analizado la Corte se\u00f1al\u00f3 que \u201cel Juez Constitucional no puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica, m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n\u201d (sentencia del 11 de enero de 2005, exp. 1451).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este orden de ideas, si bien pueden existir otras interpretaciones sobre la materia, no por ello debe concluirse que las decisiones ahora revisadas en sede constitucional carecen de raz\u00f3n, o son fruto del capricho, eventos en los cuales s\u00ed devendr\u00eda procedente el amparo incoado, pero s\u00f3lo para remover la arbitrariedad, o reclamar de los falladores una hermen\u00e9utica acorde al ordenamiento jur\u00eddico, y no para imponer una visi\u00f3n en concreta de la correspondiente norma legal\u2026\u201d  (CSJ STC, 25 Nov. 2011, Rad. 02143-01).  <\/span><\/p>\n

Asimismo, ha reiterado la Sala, que:  <\/span><\/p>\n

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[E]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado …\u201d (Sent. del 11 de mayo de 2001, exp. 0183), situaci\u00f3n que como qued\u00f3 visto, no se avizora en el sub judice (CSJ STC de 22 de febrero de 2008, exp. 2007-03702-01, reiterada en STC7985-2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC4226-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2017-00010-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)        Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100339","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100339","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100339"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100339\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100339"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100339"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100339"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}