{"id":100340,"date":"2026-06-25T20:35:52","date_gmt":"2026-06-25T20:35:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4232-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:35:52","modified_gmt":"2026-06-25T20:35:52","slug":"stc4232-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4232-2017\/","title":{"rendered":"STC4232-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4232-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2017-00137-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 9 de febrero de 2017, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Salom\u00e9 Tenorio G\u00f3mez y Tom\u00e1s Alberto Becerra Rinc\u00f3n frente a la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite extensivo al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de esta ciudad.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Los actores, por intermedio de apoderado, demandaron la salvaguarda de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00ablegalidad\u00bb y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas, dentro del juicio   de extinci\u00f3n de dominio que se les sigui\u00f3 (radicado 2012-00048-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Arguyeron, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Que \u00abante la Fiscal\u00eda Segunda Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 curs\u00f3 proceso de extinci\u00f3n de dominio contra un bien inmueble de [su] propiedad, actuaci\u00f3n dentro de la cual se profiri\u00f3 una resoluci\u00f3n de procedencia, que llev\u00f3 a adelantar la fase de juicio. En reparto correspondi\u00f3 adelantar la etapa de la causa al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de la ciudad de Bogot\u00e1, autoridad que mediante sentencia No. 47 del 27 de septiembre de 2013 resolvi\u00f3 no extinguir el derecho de dominio sobre el bien inmueble identificado con el folio de matricula inmobiliaria No. 378-121582 ubicado en la ciudad de Palmira (Valle), providencia que fue materia de apelaci\u00f3n por parte de la apoderada de la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Que \u00abconcedido el recurso de apelaci\u00f3n, se remiti\u00f3 el expediente a la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, autoridad que mediante sentencia de segunda instancia de fecha junio 2 de 2016, resolvi\u00f3 revocar el fallo de primera instancia, para en su lugar decretar la extinci\u00f3n de dominio del bien afectado dentro del referido proceso, negar la solicitud de nulidad deprecada por el apoderado de los hoy afectados, y termina por reconocer como acreedor prendario al Banco de Occidente s. a.\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Que tal como se puede observar \u00aben primera instancia se determin\u00f3 con plena convicci\u00f3n que el bien afectado no ten\u00eda la mas m\u00ednima relaci\u00f3n con las actividades al margen de la ley por las cuales fue condenado el se\u00f1or BECERRA RINCON, argumentos que incluso llevaron a la se\u00f1ora Fiscal a no interponer recurso alguno; sin embargo (\u2026) la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes, (\u2026) interpuso recurso de apelaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Que \u00aben el escrito de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, se manifest\u00f3 que no solo opera la causal segunda de extinci\u00f3n de dominio prevista en el art. 2\u00ba de la Ley 793 de 2002, sino tambi\u00e9n la causal sexta, que reza: \u201clos derechos de que trate recaigan sobre bienes de procedencia l\u00edcita, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes de il\u00edcita procedencia\u201d, para seguidamente especular que para poder acceder a este predio era necesario tener un respaldo econ\u00f3mico, agregando que \u201cpor lo menos en el proceso no obra prueba, que indique que alguno de los dos ejerc\u00edan una actividad comercial licita, las empresas constituidas solo eran una fachada para poder ejercer su actividad de lavado de activos\u2026\u201d, para terminar que en la escritura de compraventa se puso un precio distinto al real\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Que \u00abuna vez estudiados los argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para adoptar una decisi\u00f3n en tal sentido, se lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n que dicha providencia judicial constitu\u00eda una clara vulneraci\u00f3n a las m\u00e1s caras garant\u00edas constitucionales en la medida que lesiona el debido proceso en sus m\u00faltiples componentes, tales como el principio de legalidad, el derecho de defensa y las formas propias del debido proceso, camino obligado para poder adoptar dicha decisi\u00f3n sobre el desconocimiento flagrante de la plataforma probatoria que reposa en el expediente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Solicitaron, en consecuencia, que se \u00abdecrete la anulaci\u00f3n del fallo de segunda instancia\u00bb (Fls. 1-13).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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El curador ad litem que act\u00faa en el proceso objeto de debate, luego de referirse a la labor desplegada, manifest\u00f3 que \u00abme atengo, a lo que se llegue a probar, referente a los hechos y razones, as\u00ed, como a las normas invocadas, tendientes a demostrar los derechos fundamentales que, presumiblemente fueron conculcados, y as\u00ed obtener fallo judicial que, tambi\u00e9n, proteja a las personas que represento\u00bb (Fls. 267-272).  <\/span><\/p>\n

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El juzgado encartado, luego de efectuar un recuento de las actuaciones surtidas en el sub judice, manifest\u00f3 que \u00ablo que pretenden los demandantes, es retrotraer el proceso, para insistir sobre temas ya tratados, empero, no debe olvidarse que la acci\u00f3n de tutela, no puede convertirse en un recurso alternativo o simultaneo a los procedimientos establecidos en la ley colombiana cuando existen decisiones derivadas del estudio del acervo probatorio; por ello, este despacho judicial no encuentra asidero en las pretensiones de los accionantes, m\u00e1xime cuando no figura acreditado que la demanda procura evitar alg\u00fan perjuicio irremediable\u00bb (Fls. 273 y 274).  <\/span><\/p>\n

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El magistrado ponente del tribunal querellado sostuvo que \u00abel tr\u00e1mite de tutela es excepcional\u00edsimo y bajo el amparo constitucional no se puede descalificar la gesti\u00f3n de las instancias ordinarias, e imponer una hermen\u00e9utica acorde a las necesidades, m\u00e1ximo cuando la decisi\u00f3n resulta acorde a la realidad procesal y probatoria que le es propia en sede de la autonom\u00eda e independencia como juez natural, dista de incurrir en una v\u00eda de hecho y contrario  sensu, se torna en una decisi\u00f3n razonable y ajustada a las exigencias legales para el caso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Relev\u00f3, que \u00abla acci\u00f3n de tutela, solo procede contra decisiones judiciales cuando se desconozcan los derechos fundamentales y tengan un grado de afectaci\u00f3n notable desde el punto de vista constitucional, raz\u00f3n por la cual, se debe evaluar de acuerdo al cumplimiento de los requisitos generales y espec\u00edficos enunciados; por lo que solamente en el evento en que una providencia judicial resulte arbitraria, caprichosa o irrazonable y sea contraria a la Constituci\u00f3n, el juez Constitucional tiene la potestad de intervenir\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, refiri\u00f3 que \u00ablos argumentos que ahora ocupan a la judicatura resultan impr\u00f3speros y debieron ventilarse ante el Juez Natural, pues se advierte que la defensa pretende fomentar una tercera revisi\u00f3n de la decisi\u00f3n que provey\u00f3 sobre la extinci\u00f3n del derecho de dominio, pero ahora en sede constitucional; por ello, comedidamente le solicito a esa Corporaci\u00f3n negar la tutela impetrada\u00bb (Fl. 357 y vuelto).  <\/span><\/p>\n

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La Fiscal Segunda Especializada en Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio, expuso que \u00abla respuesta al problema jur\u00eddico principal planteado en el curso de esta argumentaci\u00f3n jur\u00eddica debe ser negativo, pues como se observa, no es verdad que a trav\u00e9s de la actuaci\u00f3n la Fiscal\u00eda Segunda o el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 haya vulnerado el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana y que redunde en la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, pues se ha asegurado al se\u00f1or accionante la posibilidad de defender sus intereses a trav\u00e9s de las oportunidades establecidas en Ley 793 de 2002 para ejercer las oposiciones correspondientes, respetando en todo momento las normas que regula el procedimiento y preservando las garant\u00edas de todos los sujetos vinculados al proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, precis\u00f3, que  \u00aben sentir de la Fiscal\u00eda, no se dan los presupuestos exigidos para que el accionante acuda en este momento procesal por v\u00eda de tutela para obtener la anulaci\u00f3n del fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, pues contaba con otros mecanismos y mucho menos despu\u00e9s de haber transcurrido m\u00e1s de 6 meses desde que se profiri\u00f3 esta decisi\u00f3n del tribunal Superior de Bogot\u00e1\u00bb (Fls. 378-381).  <\/span><\/p>\n

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El Ministerio de Justicia y del Derecho, a trav\u00e9s de la Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica, adujo que \u00ablas pretensiones de los accionantes no guardan relaci\u00f3n con las funciones y competencias del Ministerio de Justicia y del Derecho, por lo que el cumplimiento de dichas aspiraciones es ajeno a las potestades de esta entidad, en tanto las mismas est\u00e1n dirigidas a proteger el derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado en el curso del tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio, adelantado en segunda instancia por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, despacho que conoci\u00f3 dicha fase procesal y procedi\u00f3 a emitir fallo que en derecho correspondi\u00f3 en forma aut\u00f3noma e independiente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3, \u00abdesvincular del tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n de tutela al Ministerio de Justicia y del Derecho, por cuanto (i) por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de esta cartera no se afect\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental de los accionantes, (ii) \u00e9sta entidad no se encuentra en posibilidad legal de acceder a las pretensiones del mismo, considerando que son ajenas a las competencias que tiene asignadas el Ministerio de Justicia y del Derecho, seg\u00fan el Decreto ley 2887 de 2011, toda vez que la supuesta vulneraci\u00f3n proviene del fallo proferido en segunda instancia\u00bb (Fls. 382-383).  <\/span><\/p>\n

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El Procurador Ciento Treinta y Seis Judicial II Penal relev\u00f3, que \u00aben el asunto de la especie resulta palmario que no se cumple el requisito gen\u00e9rico de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales relativo a la inmediatez, puesto que la sentencia de segunda instancia que los accionantes consideran violatoria de las garant\u00edas al debido proceso y el derecho de defensa, fue proferida por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 2 de junio de 2016, pero solo ocho meses despu\u00e9s aquellos interponen la acci\u00f3n de amparo superior, plazo que no puede considerarse razonable y justificado a la luz de la jurisprudencia constitucional, dado que ni la complejidad del asunto o lo extenso del proceso demandaban el tiempo que se tomaron los actores para acudir ante la administraci\u00f3n de justicia a reclamar la protecci\u00f3n de tales garant\u00edas iusfundamentales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, expres\u00f3, que \u00abresulta palmario que los demandantes no buscan la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales que dicen conculcados, sino utilizar el amparo incoado como una instancia adicional a las surtidas en la actuaci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, con la pretensi\u00f3n de que el juez constitucional acoja, a manera de una tercera instancia y suplantando al juez natural, su particular planteamiento en torno al m\u00e9rito probatorio de los medios suasorios, lo cual resulta refractario al car\u00e1cter subsidiario y extraordinario de la acci\u00f3n de tutela, m\u00e1xime cuando se formula contra decisiones judiciales que ponen fin al proceso\u00bb (Fls. 417-426).  <\/span><\/p>\n

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La Sociedad de Activos Especiales S. A. S., se\u00f1al\u00f3 que \u00abla presente actuaci\u00f3n no est\u00e1 llamada a prosperar, toda vez que debe recordarse que el tr\u00e1mite de amparo no se encuentra instituido para suplir las instancias  judiciales determinadas por el legislador para dar soluci\u00f3n a los problemas jur\u00eddicos planteados ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria, salvo que el medio judicial no sea id\u00f3neo o eficaz para proteger los derechos del ciudadano; caso que no es el que nos ocupa por cuanto, la sentencia del 22 de abril de 2015 fue proferida respetando el tr\u00e1mite procesal instituido por la legislaci\u00f3n para la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, por lo tanto Sociedad de Activos Especiales S. A. S., rechaza los argumentos esgrimidos por la accionante en este escrito de tutela\u00bb  (Fls. 428 y 429).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala de Casaci\u00f3n Penal, deneg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00aben el presente caso, resulta impr\u00f3spero el instrumento constitucional, por cuanto con \u00e9l se pretende controvertir la decisi\u00f3n judicial razonable, con la finalidad de enervar sus efectos e imponer determinaciones al juez natural a trav\u00e9s de la indebida intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, toda vez que \u00abla decisi\u00f3n de segunda instancia al desatar el recurso de apelaci\u00f3n promovido contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado, luego del an\u00e1lisis del material probatorio que se alleg\u00f3 al expediente consider\u00f3 que se deb\u00eda revocar para en su lugar declarar la p\u00e9rdida del derecho de dominio sobre el bien inmueble de propiedad de los accionantes, quienes, valga resaltar, tuvieron la oportunidad de participar y de controvertir las pruebas y decisiones adversas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Relev\u00f3, que \u00aba pesar de la insatisfacci\u00f3n con la determinaci\u00f3n adoptada en segunda instancia, no se advierte contraria a mandatos constitucionales y legales, o quebrantadora de derechos fundamentales, como quiera que obedece al estudio de los presupuestos que la normatividad aplicable exige y al juicioso estudio del material probatorio acopiado, no obstante el esfuerzo de los demandantes para demostrar la presencia de yerros en su valoraci\u00f3n, los cuales no se concretan en un defecto f\u00e1ctico, sino en un alegato de instancia sobre la manera en que fueron abordados y analizados\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Precis\u00f3, que \u00aben tal virtud, abiertamente improcedente se torna la pretensi\u00f3n de la parte actora al invocar presunta vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, aspirando  con  ello  a imponer  sus razones frente a la  interpretaci\u00f3n  normativa efectuada,  ya que  resulta claro que conforme con el principio de legalidad se adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n que ahora cuestiona. Desde luego, lo \u00fanico que busca es convertir a la tutela en una instancia adicional al proponer un nuevo examen de los aspectos discutidos en las fases normales del proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Destac\u00f3, que \u00abde admitirse la discusi\u00f3n propuesta en la demanda, ser\u00eda tanto como desconocer los principios que disciplinan la actividad de los jueces ordinarios de independencia y sujeci\u00f3n exclusiva a la ley previstos en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, as\u00ed como  los del juez natural y las formas propias del juicio penal contenidos en el art\u00edculo 29 de la Norma Superior\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, finalmente concluy\u00f3 que \u00abhace igualmente improcedente la acci\u00f3n de tutela el incumplimiento del requisito relativo a la inmediatez, entendido este como la necesidad de interponer la tutela dentro de un t\u00e9rmino razonable a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos\u00bb al tener en cuenta que \u00abla solicitud de amparo se present\u00f3 transcurridos m\u00e1s de 7 meses de haberse emitido la providencia de segunda instancia, circunstancia que sin lugar a dudas la torna inviable, puesto que si la pretensi\u00f3n principal va dirigida a la pronta y efectiva protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales, lo l\u00f3gico es que su reclamaci\u00f3n se presente una vez haya acaecido el hecho que gener\u00f3 la vulneraci\u00f3n y no cuando ya ha avanzado un tiempo considerable, lo cual indiscutiblemente es indicativo de que la urgencia con la que invoca ya no existe\u00bb (Fls. 430-441).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el apoderado judicial de los accionantes sin expresar los motivos de su inconformidad (Fl. 453).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Observada la inconformidad planteada, surge que los querellantes pretenden que se \u00abdecrete la anulaci\u00f3n del fallo de segunda instancia\u00bb, pues consideran que se incurri\u00f3 en defecto sustantivo y procedimental.  <\/span><\/p>\n

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3. Del examen de las pruebas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

a) Sentencia proferida el 27 de septiembre de 2013 por el juzgado encartado que dispuso \u00abno extinguir el derecho de dominio del inmueble identificado con folio de matricula inmobiliaria No. 378-121582 ubicado en Palmira, Valle, propiedad de Tom\u00e1s Alberto Becerra Rinc\u00f3n y Mar\u00eda Salome Tenorio G\u00f3mez\u00bb, determinaci\u00f3n que fue apelada por la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes (Fls. 290-318)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b) Fallo de 2 de junio de 2016, dictado por el tribunal cuestionado que \u00abrevoc\u00f3 en todas sus partes la sentencia apelada, proferida el 27 de septiembre de 2013 por el juzgado 3\u00ba Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1\u00bb y, en su lugar, dispuso \u00abextinguir el derecho de domino sobre el lote uno, inmueble ubicado en Palmira (Valle), identificado bajo la matricula inmobiliaria 378-121582, de propiedad de TOM\u00c1S ALBERTO BECERRA RINC\u00d3N y MAR\u00cdA SALOM\u00c9 TENORIO G\u00d3MEZ\u00bb (Fls. 319-356).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Analizado lo anterior, observa la Sala que la  concesi\u00f3n de la salvaguarda tutelar deprecada en el particular asunto deviene inane, comoquiera que media de manera ostensible el incumplimiento del presupuesto de la \u00abinmediatez\u00bb, toda vez que ha trascurrido un holgado lapso desde cuando el Colegiado acusado profiri\u00f3 la sentencia que revoc\u00f3 la de primer grado (2 de junio de 2016) y la presentaci\u00f3n de la solicitud de auxilio propuesta el d\u00eda 31 de enero de 2017 evidenci\u00e1ndose as\u00ed que se super\u00f3 el t\u00e9rmino que se ha consagrado para acudir a este mecanismo excepcional de amparo de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es por eso que los actores no puede acudir a esta senda de resguardo para se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, pues, pese a que no existe t\u00e9rmino de caducidad para interponer la tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo razonablemente prudencial, que no es otro que el de seis (6) meses jurisprudencialmente establecidos al efecto, y ello en aras de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que la salvaguarda inmediata de los derechos fundamentales de la persona.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el principio de inmediatez la Sala tiene dicho que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[S]i bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica. (Sentencia T-797\/02 de 26 de septiembre de 2002).  <\/span><\/p>\n

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\u201cAs\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante…\u201d (CSJ STC 2 Ago. 2007, Rad. 00188 -01, reiterada, entre otros, en STC7139-2015 5 Jun. 2015).  <\/span><\/p>\n

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5. Con todo, estudiada la providencia cuestionada mediante la cual el ad quem accionado revoc\u00f3 la de primer grado, advierte la Sala, que no se observa proceder constitutivo por \u00abdefecto procedimental y sustantivo\u00bb, como lo alegan los gestores comoquiera que independientemente que la Sala proh\u00edje el criterio hermen\u00e9utico aplicado, no puede tildarse de abiertamente caprichoso para que sea objeto de reproche en sede constitucional, cuando reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte que al \u00abjuez de tutela\u00bb le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya \u00abindependencia y autonom\u00eda\u00bb tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de \u00abraigambre constitucional y legal\u00bb, por lo que, no puede aceptarse, en eventos como el que se tiene a la vista, que sea el fallador de amparo el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos del funcionario judicial o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, la revisi\u00f3n oficiosa del caso, como si fuese un juzgador de instancia; adem\u00e1s dicha providencia  se sustent\u00f3 en las particularidades del caso y en un criterio hermen\u00e9utico razonable de las normas que regulan esta materia (Leyes 793 de 2002  y 1453 de 2011).  <\/span><\/p>\n

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A prop\u00f3sito del tema la Corte sostuvo que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) Considera, entonces, la Sala, que el rechazo a las decisiones cuestionadas radica en una diferencia de interpretaci\u00f3n, tema frente al cual le est\u00e1 vedado al Juez constitucional inmiscuirse, pues ello atentar\u00eda contra los principios de autonom\u00eda e independencia judicial aludidos previamente. Respecto de un asunto con perfiles semejantes al aqu\u00ed analizado la Corte se\u00f1al\u00f3 que \u201cel Juez Constitucional no puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica, m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n\u201d (sentencia del 11 de enero de 2005, exp. 1451).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este orden de ideas, si bien pueden existir otras interpretaciones sobre la materia, no por ello debe concluirse que las decisiones ahora revisadas en sede constitucional carecen de raz\u00f3n, o son fruto del capricho, eventos en los cuales s\u00ed devendr\u00eda procedente el amparo incoado, pero s\u00f3lo para remover la arbitrariedad, o reclamar de los falladores una hermen\u00e9utica acorde al ordenamiento jur\u00eddico, y no para imponer una visi\u00f3n en concreta de la correspondiente norma legal\u2026\u201d  (CSJ STC, 25 Nov. 2011, Rad. 02143-01).  <\/span><\/p>\n

6. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC4232-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2017-00137-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)        Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100340","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100340","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100340"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100340\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100340"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100340"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100340"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}