{"id":100341,"date":"2026-06-25T20:35:56","date_gmt":"2026-06-25T20:35:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4237-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:35:56","modified_gmt":"2026-06-25T20:35:56","slug":"stc4237-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4237-2017\/","title":{"rendered":"STC4237-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4237-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2017-00179-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 16 de febrero de 2017, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Dora In\u00e9s Acosta frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veinte Penal del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Jhon Jairo Contreras Ram\u00edrez y todas las partes e intervinientes dentro del juicio seguido en contra de aquel (radicado 2009-01509).  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La actora, por intermedio de apoderada, demand\u00f3 la salvaguarda de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abjusticia\u00bb, \u00abreparaci\u00f3n material de las v\u00edctimas\u00bb y \u00abderechos de las v\u00edctimas\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que \u00abel d\u00eda 5 de mayo de 2009 se produce un accidente de tr\u00e1nsito en la localidad de Usme, provocado por un articulado de la empresa TRANSMASIVO S. A., y un veh\u00edculo de servicio p\u00fablico en el cual se desplazaban las v\u00edctimas\u00bb producto \u00abde esa colisi\u00f3n pierden la vida JAVIER SANDOVAL ACOSTA Y JHON JAIRO D\u00cdAZ. El se\u00f1or ELKIN ROZO AGUILERA sufre graves heridas, que le dejan secuelas permanentes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Que \u00abOSCAR JAVIER SANDOVAL ACOSTA de 25 a\u00f1os de edad, era [su] apoyo moral con su deceso se ve afectada terriblemente en su calidad de vida, el se\u00f1or SANDOVAL ACOSTA, era [su] \u00fanico hijo y ten\u00eda una media hermana quien tambi\u00e9n se ve afectada por su deceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Que \u00abel 14 de octubre de 2010, ante el Juzgado D\u00e9cimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas, la Fiscal\u00eda le formul\u00f3 imputo (sic) a JHON JAIRO CONTRERAS RAMIREZ, como autor de los delitos de homicidio culposo en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, en concurso heterog\u00e9neo con lesiones personales culposas dentro del radicado 110016000028200901509 N\u00ba 124403\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Que el 10 de noviembre de 2010 se radic\u00f3 el escrito de acusaci\u00f3n,  el 2 de febrero de 2011 se llev\u00f3 a cabo la respectiva audiencia de formulaci\u00f3n de cargos y el 12 de ese a\u00f1o se dio inicio a la preparatoria, la que fue reanudada el 24 de enero de 2012, oportunidad en la que \u00abse realiz\u00f3 pronunciamiento relativo a las pruebas solicitadas por las partes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Que el juzgado recriminado dict\u00f3 sentencia el 26 de septiembre de 2014 en la que \u00abconde[n\u00f3] al se\u00f1or JHON JAIRO CONTRERAS RAMIREZ, [a] SESENTA Y DOS MESES DE PRISI\u00d3N Y MULTA DE CIENTO VEINTID\u00d3S PUNTO SESENTA Y CUSTRO SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES como pena principal y la privaci\u00f3n del derecho a conducir veh\u00edculos automotores por un lapso de cuarenta y ocho meses\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Que el ad quem encartado, en providencia de 27 de marzo de 2015 \u00abrevoc[\u00f3] parcialmente el numeral primero de la sentencia proferida el d\u00eda 26 de septiembre de 2014, decretando prescripci\u00f3n penal de la acci\u00f3n penal contra JHON JAIRO CONTRERAS RAMIREZ, por el delito de lesiones personales culposa en concurso homog\u00e9neo y sucesivo. Modific\u00f3 el numeral primero a la pena principal de 52 meses de prisi\u00f3n y multa de 106.64 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes y concede prisi\u00f3n domiciliaria. Confirmando lo dem\u00e1s\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.7. Que \u00abel 8 de abril de 2015, dentro del t\u00e9rmino establecido la defensa interpuso recurso de casaci\u00f3n\u00bb y \u00abel 5 de agosto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmite la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por la defensa\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.8. Que \u00abel d\u00eda 14 de abril de 2016, en audiencia de incidente de reparaci\u00f3n el JUZGADO 20 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCI\u00d3N DE CONOCIMIENTO DE BOGOT\u00c1 D. C. resuelve EXCLUIR de este tr\u00e1mite incidental las postulaciones del Dr. ALEXIS ANGARITA BERDUGO, en calidad de representante de v\u00edctimas de los se\u00f1ores DORA INES ACOSTA, JOS\u00c9 RAMIRO D\u00cdAZ ESPEJO, MARINA GUIZA DE DIAZ, JUAN STEVEN D\u00cdAZ MOLINA, CARLOS ANDRES DIAZ, YUDY ANDREA DIAZ, JOSE EDILBERTO DIAZ Y NELSON IVAN DIAZ por ser extempor\u00e1nea la petici\u00f3n y no estar enmarcada en el t\u00e9rmino del art\u00edculo 106 de la Ley 906 de 2004\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.9. Que \u00abel d\u00eda 13 de mayo de 2016 el Honorable Tribunal Superior de Bogot\u00e1 Sala Penal, decide CONFIRMAR la decisi\u00f3n proferida en primera instancia y advierte que no procede ning\u00fan recurso contra la misma\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.10. Que las autoridades encartadas \u00abquebrantan AL DERECHO A LA JUSTICIA, LA REPARACI\u00d3N, LA REPARACI\u00d3N MATERIAL DE LAS V\u00cdCTIMAS Y EL DERECHO DE LAS V\u00cdCTIMAS. De los se\u00f1ores DORA INES ACOSTA, JOSE RAMIRO D\u00cdAZ ACOSTA, JOSE RAMIRO DIAZ ESPEJO, MARINA GUIZA DE DIAZ, JUAN STEVEN DIAZ MOLINA, CARLOS ANDRES D\u00cdAZ, YUDY ANDREA DIAZ, JOSE EDILBERTO DIAZ y NELSON IVAN DIAZ. Al impedirles resarcir su da\u00f1o material y moral\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Solicit\u00f3, en consecuencia, que se ordene \u00abadelantar las medidas procesales tendientes a restituirles a las v\u00edctimas el derecho a obtener una reparaci\u00f3n material y moral de la afecci\u00f3n que sufrieron. Se restituya el derecho a la reparaci\u00f3n material de las v\u00edctimas DORA INES ACOSTA Y A SU HIJA SANDRA PATRICIA AGUDELO ACOSTA\u00bb, y en consecuencia \u00abse les incluya en el incidente de reparaci\u00f3n integral que se adelanta en el JUZGADO 20 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA\u00bb (Fls. 1-22).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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El abogado defensor del condenado manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que \u00ablas decisiones adoptadas por el Juez 20 Penal del Circuito y el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se fundamentaron en par\u00e1metros de estricta legalidad, inherentes al Estado Social de Derecho, y a las garant\u00edas reconocidas a favor del sentenciado, legalidad que claramente si compromete el debido proceso\u00bb (Fls. 53-60).  <\/span><\/p>\n

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El Fiscal Noveno Seccional, sostuvo que \u00abadelant\u00f3 todas las diligencias y actividades con el rigor de los c\u00e1nones procedimentales penales, por el homicidio culposo, de que tratan los art\u00edculos 23, 25 y 109 entre otros correlacionados con las lesiones personales de la Codificaci\u00f3n Adjetiva Penal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Precis\u00f3, que \u00absurtidas en debida forma las diferentes etapas del sistema penal acusatorio, es decir, imputaci\u00f3n, acusaci\u00f3n, preparatoria y en ultimas el juicio oral, obteni\u00e9ndose la sentencia de car\u00e1cter condenatorio, contra el investigado dentro de este proceso en concreto; condena que fue apelada por la defensa, sin embargo la segunda instancia confirm\u00f3 la misma, incluso fue objeto del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, circunstancia que fue inadmitida por \u00e9se alto tribunal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Inform\u00f3, que \u00absurtida plenamente la ejecutoriedad, prosigue inmediatamente el incidente de reparaci\u00f3n, sin embargo, esta Delegatura Fiscal, advierte que en dicho incidente no le es propicio tener injerencia alguna al respecto\u00bb (Fl. 69 y vuelto).  <\/span><\/p>\n

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AIG Seguros Colombia S. A., a trav\u00e9s de apoderado, advirti\u00f3 que \u00absolo fue vinculada al proceso que cursa en el juzgado 20 Penal del Circuito de Bogot\u00e1, cuando se dio inicio al tr\u00e1mite de incidente de reparaci\u00f3n de perjuicios a las v\u00edctimas. Con ello quiero significar que la aseguradora de marras no fue parte en el tr\u00e1mite procesal y tampoco estaba vinculada al mismo cuando se profirieron las decisiones que se cuestionan por v\u00eda de tutela\u00bb (Fls. 70-73).  <\/span><\/p>\n

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El juzgado querellado, luego de realizar un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso objeto de la queja, expres\u00f3, que \u00abla demanda carece de inmediatez hab\u00eda cuenta que la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual este servidor p\u00fablico dispuso excluir del incidente de reparaci\u00f3n integral a la se\u00f1ora DORIS INES ACOSTA se profiri\u00f3 el 14 de abril del 2016, mientras que la Honorable Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que emiti\u00f3 el auto que confirm\u00f3 el citado prove\u00eddo, el 13 de mayo de 2016, es decir, transcurrieron m\u00e1s de 8 meses desde la ejecutoria del acto demandado, para cuestionar las decisiones que ahora se desacreditan mediante el escrito de la apoderada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Relev\u00f3, que \u00abpara el despacho es claro que la demanda constitucional en cita carece de cualquier fundamento, si se tiene en cuenta que el presunto yerro o irregularidad en que incurri\u00f3 esta autoridad, no es m\u00e1s que una justificaci\u00f3n para utilizar la acci\u00f3n de tutela a efectos de enmendar el error cometido por parte del representante de la v\u00edctima para aquella \u00e9poca, bajo el entendido que dej\u00f3 caducar la acci\u00f3n al abstenerse de presentar la solicitud de que trata el art\u00edculo 102 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal dentro del plazo establecido por el canon 106 de la misma obra procesal\u00bb (Fls. 117-124)    <\/span><\/p>\n

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El Procurador Trescientos Setenta Judicial I para asuntos Penales, sostuvo que \u00abno se avizora la alegada vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, bajo el entendido que las decisiones cuestionadas son plenamente atendibles y razonables, teniendo en cuenta que el legislador estableci\u00f3 un t\u00e9rmino limite de treinta (30) d\u00edas a partir de la ejecutoria del fallo condenatorio para que la v\u00edctima pudiera promover el procedimiento especial de incidente de reparaci\u00f3n integral, y pese a que el apoderado de la actora elev\u00f3 tal solicitud con anterioridad a la firmeza de la sentencia, no es razonable instaurar un tr\u00e1mite bajo una condici\u00f3n incierta\u00bb.   <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3, que \u00abla decisi\u00f3n de los jueces demandados de rechazar la solicitud para dar tr\u00e1mite  al incidente de reparaci\u00f3n integral por haber sido presentada por fuera del t\u00e9rmino legal es acertada y no presenta ning\u00fan defecto susceptible de ser cuestionado mediante tutela, por cuanto se encuentra ajustada a los presupuestos legales existentes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Refiri\u00f3, que \u00abno se encuentra cumplido el requisito de inmediatez, toda vez que la decisi\u00f3n de segunda instancia aqu\u00ed controvertida, confirmatoria de la de primer grado, data del 13 de mayo de 2016, de manera que si la parte actora consider\u00f3 que las mismas resultaban atentatorias de sus garant\u00edas fundamentales, ha debido acudir al mecanismo constitucional prontamente y dentro de un t\u00e9rmino razonable que denotara la urgencia de un amparo especial; sin embargo, la demanda fue promovida 9 meses despu\u00e9s, lo que descarta cualquier apremio y necesidad de conjurar un da\u00f1o injusto\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, concluy\u00f3, que \u00abconsiderando que en procura del resarcimiento de los perjuicios ocasionados con el delito, la accionante puede optar por un proceso ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria civil, es claro que cuenta con otro medio de defensa judicial id\u00f3neo para ventilar sus pretensiones, lo que de paso permite dar por insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad de la tutela\u00bb (Fl. 174 y vuelto).  <\/span><\/p>\n

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El apoderado de Martha Viviana Pe\u00f1a Cubillos (v\u00edctima), afirm\u00f3 que \u00abno le asiste raz\u00f3n a la demandante y la acci\u00f3n debe despacharse negativamente por improcedente, en raz\u00f3n a que se cuenta con otros medios de defensa judicial, no demostr\u00f3 en la acci\u00f3n constitucional de tutela un perjuicio irremediable y adem\u00e1s su oportunidad procesal en el incidente de reparaci\u00f3n integral caduc\u00f3 en virtud del principio de preclusi\u00f3n de las etapas procesales, luego mal puede invocarse su propio error como fundamento de protecci\u00f3n en esta oportunidad judicial\u00bb (Fls. 175-177).  <\/span><\/p>\n

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El abogado Alexis Angarita Berdugo solicit\u00f3 que \u00abse conceda la acci\u00f3n de tutela incoada por la se\u00f1ora DORA INES ACOSTA, para que de esta forma se repare el da\u00f1o causado a las v\u00edctimas reconocidas en el proceso penal\u00bb en raz\u00f3n a que \u00ablas v\u00edctimas fueron reconocidas desde la audiencia preparatoria contemplada en el art\u00edculo 340 ley 906 del 2004, por lo tanto no se puede pregonar que exista caducidad, para la solicitud del tr\u00e1mite de incidente de reparaci\u00f3n integral contemplado en el art\u00edculo 106 de la ley 906 de 2004\u00bb (Fls. 178-180).  <\/span><\/p>\n

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El magistrado ponente del tribunal encartado inform\u00f3 que \u00absurtido el tr\u00e1mite, mediante providencia de 13 de mayo de 2016, el Tribunal resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n impugnada de excluir la postulaci\u00f3n del apoderado de los familiares de los occisos OSCAR SANDOVAL ACOSTA y JHON JAIRO D\u00cdAZ GUIZA, tras considerar que aquel se abstuvo de solicitar el incidente de reparaci\u00f3n integral por escrito antes del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 106 del C. P. P., lo que significa que caduc\u00f3 la oportunidad de promover dicho tr\u00e1mite en curso del proceso penal en lo que a esas v\u00edctimas se refiere\u00bb, por lo anterior afirm\u00f3 que \u00abni los razonamientos jur\u00eddicos que sustentan la providencia, ni el tr\u00e1mite administrativo que se observ\u00f3 en segunda instancia, configuran v\u00eda de hecho alguna, por tanto, el amparo deprecado deviene en improcedente\u00bb (Fls. 182 y 183).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala de Casaci\u00f3n Penal, deneg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abrevisada la informaci\u00f3n que hace parte de este tr\u00e1mite constitucional, desde ya ha de se\u00f1alar la Sala que la solicitud de amparo resulta improcedente porque tal como lo tiene precisado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la tutela, de tal manera que la acci\u00f3n debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable, oportuno y justo, pues con tal exigencia se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que premie la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Destac\u00f3, que \u00abla anterior precisi\u00f3n es raz\u00f3n m\u00e1s que suficiente para declarar la improcedencia de la presente acci\u00f3n de tutela toda vez que las decisiones objeto de queja fueron proferidas por las autoridades accionadas el 14 de abril y 13 de mayo de 2016, y entonces, no puede entenderse c\u00f3mo despu\u00e9s de transcurrido tanto tiempo apenas ahora la se\u00f1ora DORA IN\u00c9S ACOSTA considere que se le han vulnerado sus derechos fundamentales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Advirti\u00f3, que \u00abde todos modos, la parte actora no logra demostrar de qu\u00e9 manera se le haya vulnerado a su poderdante alg\u00fan derecho fundamental que deba proteger el juez de tutela\u00bb toda vez que \u00abdemostrado est\u00e1 que el tr\u00e1mite de incidente de reparaci\u00f3n integral que cursa contra el procesado JHON JAIRO CONTRERAS RAM\u00cdREZ, quien fuera condenado como autor responsable del delito de homicidio culposo, se viene adelantando conforme al procedimiento establecido en el ordenamiento jur\u00eddico vigente, garantiz\u00e1ndosele de esta manera a todos los intervinientes un debido proceso, y de ah\u00ed que no pueda predicarse la existencia de v\u00edas de hecho, \u00fanica posibilidad para que prospere la tutela contra decisiones y actuaciones de car\u00e1cter judicial  <\/span><\/p>\n

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Precis\u00f3, que \u00aba lo anterior se suma que quien en su momento represent\u00f3 los intereses de la se\u00f1ora DORA IN\u00c9S ACOSTA, con argumentos similares a los puestos de presente en esta sede por su nueva apoderada, utiliz\u00f3 los medios que la ley establece para la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, tanto as\u00ed que interpuso y sustent\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n proferida el 14 de abril de 2016 por el Juzgado 20 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogot\u00e1 que orden\u00f3 su exclusi\u00f3n del citado tr\u00e1mite de incidente de reparaci\u00f3n integral\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3, que \u00abbasta observar el pronunciamiento dictado por la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para establecer, tal como se puso de presente en el ac\u00e1pite de antecedentes que hacen parte de esta providencia, que de manera clara y precisa expuso los fundamentos f\u00e1cticos, jur\u00eddicos y jurisprudenciales que la llevaron a se\u00f1alar que la solicitud de incidente de reparaci\u00f3n integral elevada por el apoderado de la se\u00f1ora DORA IN\u00c9S ACOSTA, hab\u00eda sido presentada sin el cumplimiento de las exigencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico patrio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, teniendo en cuenta que \u00abpara tal efecto se apoy\u00f3 en el estudio el estudio del acervo probatorio, la jurisprudencia de las Altas Cortes que consideraron aplicables al caso y lo estatuido en los art\u00edculos 102 y 106 de la Ley 906 de 2004, que establecen, respectivamente, que ejecutoriado el fallo sancionatorio, previa solicitud expresa de la v\u00edctima se dar\u00eda inicio al incidente de reparaci\u00f3n, la cual \u201ccaduca treinta (30) d\u00edas despu\u00e9s de haber quedado en firme el fallo condenatorio\u201d\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, anot\u00f3 que \u00ablas autoridades judiciales accionadas expusieron los motivos por los cuales tomaron las decisiones objeto de reproche, y el hecho que hayan sido adversa a las pretensiones elevadas a favor de la se\u00f1ora DORA IN\u00c9S ACOSTA, no es raz\u00f3n suficiente para considerarlas de ser arbitrarias o caprichosas que amerite la intervenci\u00f3n del juez de tutela, m\u00e1xime cuando quien representa sus intereses en este tr\u00e1mite constitucional no alleg\u00f3 elemento de juicio alguno que permita inferir a la Sala que en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la normatividad referenciada, de manera expresa hubiere solicitado se diera al incidente de reparaci\u00f3n integral una vez en firme la sentencia condenatoria proferida contra el procesado JHON JAIRO CONTRERAS RAM\u00cdREZ y, antes de que se presentara el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la caducidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, finalmente concluy\u00f3 que \u00abla tutela no se orienta a reabrir el debate de las pretensiones en litigio a partir de nuevas argumentaciones porque su objeto est\u00e1 \u00fanicamente en determinar si la providencia judicial atacada ha desbordado el marco constitucional dentro del cual debe producirse y vulnera derechos fundamentales en cabeza del afectado, situaci\u00f3n que no sucedi\u00f3\u00bb (Fls. 138-154).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La formul\u00f3 la apoderada judicial de la accionante argumentando, que \u00abno tuvo en cuenta que el apoderado de las v\u00edctimas de la se\u00f1ora DORA INES ACOSTA actu\u00f3 de BUENA FE, en legitima confianza en cuanto que entend\u00eda y se entiende que por ser reconocido en la audiencia del 340 de la Ley 906 del 2004, se activaba desde ese mismo momento el incidente de reparaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3, que \u00abla sentencia de primera instancia, en nada o muy poco se pronuncia respecto a la prevalencia del derecho procesal sobre el sustancial o material como ocurre en este caso. Silencio que afecta a los intereses de las v\u00edctimas, pues se tiene establecido como paradigma jur\u00eddico inamovible de nuestra constituci\u00f3n que en casos aun extremos debe prevalecer el derecho sustancial y material sobre el procesal so pena de que se vulnere el debido proceso a las v\u00edctimas y se les cause un perjuicio mayor al negarse la indemnizaci\u00f3n a la cual tiene derecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En cuanto a la inmediatez, sostuvo que \u00abeste principio tiene cabida en el proceso objeto de la tutela, en cuanto que la tutela se presenta una vez el se\u00f1or juez de primera instancia fija fecha y hora para continuar con el tr\u00e1mite del incidente de reparaci\u00f3n en cual se excluye la v\u00edctima que solicita amparo de tutela, es decir sin haber pasado m\u00e1s de dos meses desde este acto procesal, que es el que en verdad causa el da\u00f1o por lo tanto el principio de la inmediatez est\u00e1 satisfecho para la viabilidad de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (Fls. 173-176).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4\u00ba de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Observada la inconformidad planteada, surge que la querellante pretende que se ordene \u00abadelantar las medidas procesales tendientes a restituirles a las v\u00edctimas el derecho a obtener una reparaci\u00f3n material y moral de la afecci\u00f3n que sufrieron. Se restituya el derecho a la reparaci\u00f3n material de las v\u00edctimas DORA INES ACOSTA Y A SU HIJA SANDRA PATRICIA AGUDELO ACOSTA\u00bb, y en consecuencia \u00abse les incluya en el incidente de reparaci\u00f3n integral que se adelanta en el JUZGADO 20 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA\u00bb, pues considera que se incurri\u00f3 en defecto procedimental.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

a) Acta de la audiencia celebrada por el juzgado encartado el 14 de abril de 2016 en la que se resolvi\u00f3 excluir del tr\u00e1mite incidental \u00ablas postulaciones de los doctores ALEXIS ANGARITA BERDUGO, en calidad de apoderado de algunos de los familiares de los occisos (\u2026)\u00bb, al considerar que \u00abse presenta la caducidad de la acci\u00f3n, como quiera que se dejaron vencer los t\u00e9rminos otorgados por la Ley para realizar la petici\u00f3n de apertura de incidente de reparaci\u00f3n integral\u00bb y agreg\u00f3 que \u00abno basta con que se indique que fue reconocido como representante de v\u00edctimas y act\u00fao en forma previa, sino que debi\u00f3 promover la solicitud de iniciaci\u00f3n del incidente de reparaci\u00f3n integral dentro de los 30 d\u00edas contados a partir de la ejecutoria del fallo\u00bb, determinaci\u00f3n que fue objeto del recurso de apelaci\u00f3n (Fls. 65-68).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b) Prove\u00eddo de 13 de mayo de 2016 mediante el cual la colegiatura encartada confirm\u00f3 la decisi\u00f3n anteriormente referida, por cuanto sostuvo que \u00abdisiente esta Sala de la postura aducida por el representante judicial de los citados, en audiencia de 14 de abril de 2016, relativa a que por haber recibido un acto de apoderamiento en el que se indica que est\u00e1 facultado para promover el incidente de reparaci\u00f3n integral, implica que los afectados hicieron la solicitud expresa de que trata el art\u00edculo 102 del C. P. P., aunado a que, por el reconocimiento de estas en la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, prevista en el art\u00edculo 340 del C. P. P., tambi\u00e9n debe asumirse que su intenci\u00f3n es ser indemnizadas en el proceso penal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adujo, que \u00abel apoderamiento, como acto unilateral, consiste en la autorizaci\u00f3n que una persona confiere a un profesional del derecho para actuar en su nombre y representaci\u00f3n; luego, es el apoderado el que debe promover aquellas actuaciones que requieren el impulso de la parte interesada, prevalido de las facultades que le fueron otorgadas por el poderdante, en aras de cumplir con el objeto del mandato judicial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Relev\u00f3, que \u00abel poder por s\u00ed mismo no sustituye el presupuesto de que trata el art\u00edculo 102 del C. P. P., ya que para dar curso al incidente de reparaci\u00f3n integral, se requiere la manifestaci\u00f3n expresa e inequ\u00edvoca de la v\u00edctima, personalmente o por intermedio de su abogado, no de su deseo de ser indemnizada sino de promover ese tr\u00e1mite incidental, m\u00e1xime porque, en \u00faltimas, tambi\u00e9n puede procurar el resarcimiento de los perjuicios ocasionados con el delito mediante un proceso de responsabilidad extracontractual ante la jurisdicci\u00f3n civil\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3, que  \u00abtampoco comparte el Tribunal la acepci\u00f3n del apelante, relativa a que por el hecho de haber deprecado su reconocimiento como v\u00edctima en la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n indefectiblemente procura un reconocimiento econ\u00f3mico, toda vez que tambi\u00e9n puede perseguir el restablecimiento de garant\u00edas constitucionales como la verdad y justicia, pero optar por la acci\u00f3n civil para la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, sin que ello demerite su intervenci\u00f3n en el proceso penal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Concluy\u00f3, que \u00abcontrario a lo aducido por los representantes de los familiares de OSCAR SANDOVAL ACOSTA, JHON JAIRO D\u00cdAZ GUIZA y el lesionado GILBERTO ROJAS HURTADO, que la solicitud expresa de promover el incidente de reparaci\u00f3n integral a la que hace referencia el art\u00edculo 102 del C. P. P. debe consignarse por escrito u no de forma verbal\u00bb en atenci\u00f3n a que \u00abluego de que adquiere firmeza la sentencia de condena, la ley procesal no tiene previsto la realizaci\u00f3n de una audiencia para que ante el juzgado cognoscente las v\u00edctimas o perjudicados presenten solicitudes de promoci\u00f3n del incidente de reparaci\u00f3n integral. Y legalmente no est\u00e1 fijado tal tr\u00e1mite por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que el art\u00edculo 106 de la Ley 906 de 2004, estableci\u00f3 que el incidente de marras debe ser activado dentro de los 30 d\u00edas siguientes a la firmeza del fallo, lo que representa que s\u00f3lo despu\u00e9s de vencido este plazo, de existir solicitud, puede el cognoscente, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 102 \u00eddem, convocar a la primera audiencia que da inicio al tr\u00e1mite incidental\u00bb      (Fls. 90-112).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, observa la Sala que la  concesi\u00f3n de la salvaguarda tutelar deprecada en el particular asunto deviene inane, comoquiera que media el incumplimiento del presupuesto de la \u00abinmediatez\u00bb, toda vez que ha trascurrido un holgado lapso desde cuando el Colegiado acusado profiri\u00f3 el prove\u00eddo que confirm\u00f3 el de primer grado (13 de mayo de 2016) y la solicitud de auxilio que fue propuesta hasta el d\u00eda 7 de febrero de 2017 evidenci\u00e1ndose as\u00ed que se super\u00f3 el t\u00e9rmino que se ha consagrado para acudir a este mecanismo excepcional de amparo de los derechos fundamentales, sin que sirva de excusa que el juez encartado fij\u00f3 fecha y hora para continuar con el incidente de reparaci\u00f3n, toda vez que esa decisi\u00f3n es la consecuencia jur\u00eddica de las determinaciones atacadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es por eso que la actora no puede acudir a esta senda de resguardo para se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, pues, pese a que no existe t\u00e9rmino de caducidad para interponer la tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo razonablemente prudencial, que no es otro que el de seis (6) meses jurisprudencialmente establecidos al efecto, y ello en aras de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que la salvaguarda inmediata de los derechos fundamentales de la persona.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el principio de inmediatez la Sala tiene dicho que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[S]i bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica. (Sentencia T-797\/02 de 26 de septiembre de 2002).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cAs\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante…\u201d (CSJ STC 2 Ago. 2007, Rad. 00188 -01, reiterada, entre otros, en STC7139-2015 5 Jun. 2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Con todo, estudiadas las providencias cuestionadas, en especial la de 13 de mayo de 2016 mediante la cual el ad quem accionado ratific\u00f3 la de primer grado, advierte la Sala, que no se observa proceder constitutivo por \u00abdefecto procedimental\u00bb, como lo alega la gestora, comoquiera que independientemente que la Sala proh\u00edje el criterio hermen\u00e9utico aplicado, no puede tildarse de abiertamente caprichoso para que sea objeto de reproche en sede constitucional, cuando reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte que al \u00abjuez de tutela\u00bb le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya \u00abindependencia y autonom\u00eda\u00bb tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de \u00abraigambre constitucional y legal\u00bb, por lo que, no puede aceptarse, en eventos como el que se tiene a la vista, que sea el fallador de amparo el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos del funcionario judicial o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, la revisi\u00f3n oficiosa del caso, como si fuese un juzgador de instancia; adem\u00e1s dichas providencias  se sustentaron en las particularidades del caso y en un criterio hermen\u00e9utico razonable de las normas que regulan esta materia (art\u00edculo 106 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A prop\u00f3sito del tema la Corte sostuvo que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) Considera, entonces, la Sala, que el rechazo a las decisiones cuestionadas radica en una diferencia de interpretaci\u00f3n, tema frente al cual le est\u00e1 vedado al Juez constitucional inmiscuirse, pues ello atentar\u00eda contra los principios de autonom\u00eda e independencia judicial aludidos previamente. Respecto de un asunto con perfiles semejantes al aqu\u00ed analizado la Corte se\u00f1al\u00f3 que \u201cel Juez Constitucional no puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica, m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n\u201d (sentencia del 11 de enero de 2005, exp. 1451).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este orden de ideas, si bien pueden existir otras interpretaciones sobre la materia, no por ello debe concluirse que las decisiones ahora revisadas en sede constitucional carecen de raz\u00f3n, o son fruto del capricho, eventos en los cuales s\u00ed devendr\u00eda procedente el amparo incoado, pero s\u00f3lo para remover la arbitrariedad, o reclamar de los falladores una hermen\u00e9utica acorde al ordenamiento jur\u00eddico, y no para imponer una visi\u00f3n en concreta de la correspondiente norma legal\u2026\u201d  (CSJ STC, 25 Nov. 2011, Rad. 02143-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC4237-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2017-00179-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)        Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100341","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100341","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100341"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100341\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100341"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100341"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100341"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}