{"id":100342,"date":"2026-06-25T20:36:07","date_gmt":"2026-06-25T20:36:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4243-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:36:07","modified_gmt":"2026-06-25T20:36:07","slug":"stc4243-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4243-2017\/","title":{"rendered":"STC4243-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC4243-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2017-00024-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 9 de febrero de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Elizabeth Marcela Guerrero Guerrero contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, el Instituto Colombiano Agropecuario y la Universidad de Medell\u00edn.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La quejosa demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, m\u00e9rito y buena fe, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas al excluirla de la Convocatoria n\u00b0 324 de 2014-ICA.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Que \u00abse inscribi\u00f3 al empleo OPEC 208002\u00bb, el cual requiere formaci\u00f3n en \u00abIngenier\u00eda Agron\u00f3mica o Agronom\u00eda\u00bb y dieciocho (18) meses de experiencia relacionada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que la Comisi\u00f3n encartada  la incluy\u00f3 en el listado de admitidos que \u00abcuentan con los requisitos m\u00ednimos\u00bb, y fue citada a la prueba de \u00abcompetencias b\u00e1sicas y funcionales\u00bb, obteniendo una calificaci\u00f3n aprobatoria de \u00ab60 puntos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Que en la fase de \u00abvaloraci\u00f3n de antecedentes\u00bb la Universidad acusada inici\u00f3 una \u00abactuaci\u00f3n administrativa\u00bb para verificas si ella cumple los \u00abrequisitos m\u00ednimos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Que present\u00f3 un derecho de petici\u00f3n para aclarar la situaci\u00f3n \u00abrespecto de los documentos cargados en la acreditaci\u00f3n de la experiencia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Que el ente educativo le contest\u00f3 que \u00abtom\u00f3 la certificaci\u00f3n ICA hasta la fecha que aparecen en la certificaci\u00f3n y no hasta el d\u00eda del cargue de los documentos y en segundo lugar que no se adjunt\u00f3 un documento de terminaci\u00f3n de pensum en el momento del cargue\u00bb, por lo que asumi\u00f3 que \u00abs\u00f3lo cumple con una experiencia profesional relacionada de 16.59 meses\u00bb.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

2.6. Que formul\u00f3 reposici\u00f3n \u00abadjuntado la documentaci\u00f3n correspondiente a terminaci\u00f3n de pensum acad\u00e9mico con el fin de demostrar que la experiencia relacionada se cumple desde ese mismo momento seg\u00fan lo presupuestado en el art\u00edculo 229 del Decreto Ley 019 de 2012\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7. Que, no obstante, la Universidad la \u00abexcluy[\u00f3] del concurso el d\u00eda 13 de diciembre de 2016 en el auto 390-32-37-056 argumentando seg\u00fan el art\u00edculo 19 [del Acuerdo de la convocatoria] que se debe cumplir con los requisitos m\u00ednimos del empleo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pide, en consecuencia, dejar sin efecto ese acto administrativo y que la incluyan en el listado de elegibles (fls. 1-14, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El Juzgado Segundo de Familia de Pasto remiti\u00f3 el asunto por competencia al Tribunal Superior de ese Distrito Judicial (fls. 47-49, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

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El Instituto demandado aleg\u00f3 carecer de legitimaci\u00f3n por pasiva, ya que \u00abla administraci\u00f3n y desarrollo de los  concursos abiertos de m\u00e9rito es competencia de la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil\u00bb (fls. 61-63, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Universidad accionada indic\u00f3 que la quejosa \u00aben el campo de Estudios Formales aport\u00f3 t\u00edtulo de bachiller y de Ingeniera Agr\u00f3noma del d\u00eda 22 de diciembre de 2012, y un certificado de estar cursando asignaturas de un programa de Maestr\u00eda en Ciencias Agraria. Entre los documentos cargados NO figura certificado de terminaci\u00f3n de materias que conforman el respectivo pensum acad\u00e9mico de su carrera profesional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que \u00aben el campo de Experiencia la aspirante aport\u00f3 cuatro certificados\u00bb, de los cuales cu\u00e1les no se tuvieron en cuenta dos: uno que ven\u00eda en idioma extranjero sin traducci\u00f3n oficial, \u00abacatando el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 21 del Acuerdo 529 de 2014\u00bb, y el otro, referente a una pasant\u00eda cumplida entre el 13 de febrero y el 13 de agosto de 2012, \u00abpor ser anterior a la fecha del t\u00edtulo de conformidad con los establecido por el art\u00edculo 21 del [citado] Acuerdo en su inciso primero que se\u00f1ala: \u201cpara la contabilizaci\u00f3n de la experiencia profesional a partir de la fecha de terminaci\u00f3n de materias, deber\u00e1 adjuntarse la certificaci\u00f3n expedida por la  instituci\u00f3n educativa en que conste la fecha de terminaci\u00f3n y la aprobaci\u00f3n del pensum acad\u00e9mico. En caso de no aportarse, la misma se contar\u00e1 a partir de la obtenci\u00f3n del t\u00edtulo profesional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, el \u00abcertificado (\u2026) expedido por el ICA el d\u00eda 24 de junio de 2015, establec\u00eda que la aspirante hab\u00eda ejecutado labores desde el 11 de febrero de 2015 hasta el 30 de diciembre de 2015, es decir, que el referido contrato se encontraba en ejecuci\u00f3n para ese momento, pero no existe en dicho documento, ni en ning\u00fan otro aportado oportunamente al concurso, prueba de que el contrato se haya seguido ejecutando hasta la fecha de la vigencia, esto es, hasta el 30 de diciembre de 2015\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abEvidenciado lo anterior, se procedi\u00f3 a realizar el ajuste respectivo a la valoraci\u00f3n de dicho documento, dando por resultado que se validara la experiencia desde la fecha de inicio, 11 de febrero de 2015, hasta la fecha de expedici\u00f3n del certificado, 24 de junio de 2015\u00bb. Por tanto, inicialmente \u00abla admisi\u00f3n de la aspirante (\u2026) se debi\u00f3 a un error en la verificaci\u00f3n de sus documentos\u00bb (fls. 72-76, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

La Comisi\u00f3n enjuiciada adujo que el amparo es improcedente, dado su car\u00e1cter subsidiario, pues la interesada puede discutir la legalidad de la determinaci\u00f3n de excluirla del proceso ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. Aclar\u00f3 que a \u00e9sta no se le violaron los derechos fundamentales, pues su retiro obedeci\u00f3 a la facultad de verificar en cualquier etapa del concurso la \u00abadecuaci\u00f3n o no al principio de m\u00e9rito\u00bb, prevista en el art\u00edculo 12 de la Ley 909 de 2004 (fls. 98-101, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Tribunal constitucional a-quo deneg\u00f3 la salvaguarda, aunque la posici\u00f3n mayoritaria estim\u00f3 que \u00aben este caso particular (\u2026) acudir ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa para demandar el acto administrativo, no ser\u00eda el medio id\u00f3neo para garantizar la real y efectiva protecci\u00f3n de los derechos de la actora, pues el procedimiento ordinario supone unos tr\u00e1mites que no concluir\u00edan de manera oportuna a fin de salvaguardar el derecho fundamental del acceso a cargos p\u00fablicos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En suma, la negativa del amparo obedeci\u00f3 a que la valoraci\u00f3n de \u00abla certificaci\u00f3n del ICA no es para nada arbitraria, caprichosa ni irrazonable. Al margen que en un inicio se [hubiera] pasado por alto su real alcance, no es descabellado a primer golpe de vista, que se concluya que la misma \u00fanicamente alcanza a certificar lo que en tiempo corri\u00f3 dese el inicio del contrato hasta su expedici\u00f3n, no as\u00ed hac\u00eda futuro. Al caso viene recordar que las posteriores certificaciones, producidas luego de cargar los documentos a la plataforma electr\u00f3nica, no son de recibo, al tenor del literal H del art\u00edculo 15 del Acuerdo 529 de 2014, as\u00ed como lo normado en el canon 4\u00b0 del Decreto 4500 de 2005\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, consider\u00f3 que el \u00aban\u00e1lisis de la referencia dada al trabajo de la actora con antelaci\u00f3n a su grado como profesional, tampoco luce an\u00f3malo o notoriamente desviado, comoquiera que el Acuerdo que gobierna la convocatoria, si bien es cierto contempl\u00f3 como experiencia profesional relacionada la adquirida luego de la aprobaci\u00f3n y terminaci\u00f3n de materias del pensum acad\u00e9mico del programa profesional (art. 19), tambi\u00e9n lo es que en su art\u00edculo 21 se estableci\u00f3 para \u201cla contabilizaci\u00f3n de la experiencia profesional a partir de la fecha de terminaci\u00f3n de materias, deber\u00e1 adjuntarse la certificaci\u00f3n expedida por la  instituci\u00f3n educativa en que conste la fecha de terminaci\u00f3n y la aprobaci\u00f3n del pensum acad\u00e9mico. En caso de no aportarse, la misma se contar\u00e1 a partir de la obtenci\u00f3n del t\u00edtulo profesional\u201d. Entonces, asegur\u00e1ndose que la actora no acredit\u00f3 dicha conclusi\u00f3n de materias, en principio, seg\u00fan los t\u00e9rminos de la convocatoria, no era factible estimar su desempe\u00f1o con antelaci\u00f3n a la titulaci\u00f3n profesional\u00bb (fls. 118-124, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para la querellante debe asumirse que \u00abel soporte documental expedido por el ICA\u00bb cubre todo el per\u00edodo estipulado para su vinculaci\u00f3n, es decir, hasta el \u00ab30 de diciembre de 2015\u00bb, pues all\u00ed consta que esa es la fecha del retiro y dicho contrato \u00abse configura como un derecho adquirido puesto que las situaciones jur\u00eddicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley (contrato 211-2015) se entienden incorporadas v\u00e1lidas y pertenecen al patrimonio de una persona\u00bb, pues dado el caso tendr\u00eda una prerrogativa como acreedora, de modo que no se trata de un \u00abhecho futuro e incierto\u00bb como lo entendi\u00f3 el centro de docencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En cuanto al \u00abcertificado emitido por el Sena\u00bb, manifiesta que decidi\u00f3 no allegar la acreditaci\u00f3n de certificaci\u00f3n que le permitir\u00eda validar esa experiencia porque estim\u00f3 que la norma que lo exige, el art\u00edculo 21 del acuerdo de la convocatoria, s\u00f3lo aplica \u00abpara la experiencia profesional pero no para la experiencia profesional relacionada dejando claro que existe un vac\u00edo reglamentario respecto de la presentaci\u00f3n de la experiencia profesional relacionada\u00bb (fls. 171-176, cdno.1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando la acci\u00f3n de amparo se introdujo en el ordenamiento constitucional como una herramienta preferente para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de autoridades p\u00fablicas y aun de los particulares en los casos establecidos por la ley, se hizo bajo la premisa de que quien acudiera a esta herramienta, dada su naturaleza subsidiaria y residual, no tuviese a su alcance otros medios legales eficaces para salvaguardar sus prerrogativas, salvo que se utilice de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable que no pueda conjurarse por las v\u00edas ordinarias.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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       3. De las acreditaciones allegadas, observa la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.1. Auto 390-3237-014 de 3 de noviembre de 2016, de la Universidad de Medell\u00edn, \u00abpor el cual se da inicio a una actuaci\u00f3n administrativa dentro de la Convocatoria 324 de 2014\u00bb para verificar si la actora cumple con los requisitos para participar en ese proceso de selecci\u00f3n (fl. 26-32, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2. Auto 390-3237-041 del 24 de noviembre siguiente, que defini\u00f3 la \u00abactuaci\u00f3n administrativa\u00bb y resolvi\u00f3 \u00abexcluir de la Convocatoria 324 de 2014 Ica a la aspirante Elizabeth Marcela Guerrero Guerrero\u00bb por no acreditar el \u00abexperiencia profesional\u00bb exigida (fls. 91-95, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.3. Determinaci\u00f3n de 12 de diciembre del mismo a\u00f1o, que desestim\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n entablado por la gestora y confirm\u00f3 \u00abla decisi\u00f3n contenida en el Auto 390-3237-041\u00bb (fls. 41-45 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El resguardo constitucional solicitado resulta improcedente por cuanto que, como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte, en l\u00ednea de principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, ya sean generales, impersonales y abstractos ora particulares y concretos, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde pueden allegar los elementos demostrativos que aqu\u00ed aportan y explicar sus argumentos, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada.  <\/span><\/p>\n

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Repetidamente, sobre el particular la Sala ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab[L]a acci\u00f3n de tutela es un mecanismo extraordinario, instituido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que estos se tornen ineficaces y el amparo sea utilizado como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irreparable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

An\u00e1logamente y en consonancia con la regla anterior, se ha predicado tambi\u00e9n que esta acci\u00f3n constitucional no procede, en principio, contra actos de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto, al igual que contra actos administrativos de car\u00e1cter particular y concreto, habida cuenta que su control de legalidad est\u00e1 atribuido a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, a trav\u00e9s de las acciones pertinentes\u00bb (arts. 238 C. P. y 152 C.C.A.). (CSJ STC, 5 oct. 2010, rad. 00087-01; citada, entre otras, en CSJ STC, 20 sep. 2013, rad. 00371-01, 20 abr. 2016, rad. 2015.00478-02. 8 sep. 2016 rad. 01524-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Lo anterior significa que este no es el escenario para revisar las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, como lo son las resoluciones 390-3237-041 del 24 de noviembre y 390-3237-059 de 13 de diciembre, ambos de 2016, el primero defini\u00f3 la \u00abactuaci\u00f3n administrativa\u00bb y resolvi\u00f3 \u00abexcluir de la Convocatoria 324 de 2014 Ica a la aspirante Elizabeth Marcela Guerrero Guerrero\u00bb, y el segundo mantuvo aquel.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No se advierte, a primera vista, que la quejosa hubiese propuesto reclamo alguno ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, a trav\u00e9s del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el art\u00edculo 138 del \u00abC\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo\u00bb, donde le est\u00e1 permitido allegar elementos demostrativos y, exponer sus argumentos, sin que este camino pueda convertirse en una v\u00eda paralela o alterna.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Corte ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La jurisprudencia constitucional han sido un\u00e1nime en admitir que el acceso a los empleos p\u00fablicos debe hacerse a trav\u00e9s de un proceso de selecci\u00f3n que privilegie el m\u00e9rito como factor determinante, siendo imperativo e imprescindible que se realice una convocatoria p\u00fablica, en la que se fijen las reglas de juego que regulen el concurso, con sujeci\u00f3n a la Constituci\u00f3n y a la ley.  <\/span><\/p>\n

En el evento de que alguno de los participantes est\u00e9 en desacuerdo con dichas pautas, el cauce adecuado para impugnarlas, por regla general, es la demanda de nulidad de la convocatoria o del acto jur\u00eddico en el cual se fundamenta, ante el juez competente, por tratarse de un acto administrativo de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto, no susceptible, en principio, de la acci\u00f3n de tutela, por su naturaleza residual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo precis\u00f3 que \u201cen el asunto examinado, la Corte concluye que es improcedente la solicitud deprecada, toda vez que, de un lado, el accionante tuvo o tiene otros medios de defensa judicial para hacer valer su reclamo; y, de otro, que los derechos fundamentales invocados no fueron vulnerados por la entidad accionada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seguidamente advirti\u00f3 que \u201c(\u2026) el amparo constitucional solicitado resulta improcedente, a\u00fan como mecanismo transitorio, pues, de una parte, como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las controversias en torno de la legalidad de los actos administrativos, como lo son, ya los preparatorios ora los de ejecuci\u00f3n de la convocatoria, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente y, sin que sea viable pretender sustituirlos por este mecanismo especial de protecci\u00f3n de los derechos constitucionales; y, de otra, en vista de que el accionante no ha formulado ante la entidad censurada pedimento alguno del temperamento que aqu\u00ed invoca, conforme se evidencia del expediente, lo cual desnaturaliza la invocaci\u00f3n tutelar que, en modo alguno, puede servir de medio para ventilar disconformidades que no se han puesto previamente en conocimiento de la acusada, habida cuenta de su car\u00e1cter subsidiario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual forma enfatiz\u00f3 que \u201cla actuaci\u00f3n administrativa iniciada por el Comisi\u00f3n, que concluy\u00f3 con la determinaci\u00f3n atr\u00e1s rese\u00f1ada, se fund\u00f3 en el mismo instrumento normativo, mediante el cual se cre\u00f3 la convocatoria citada, tr\u00e1mite en el que, por cierto, el impugnante tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa (reclamaci\u00f3n y recurso de reposici\u00f3n), sin que hiciera uso oportuno de esos mecanismos id\u00f3neos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Ahora bien, dentro de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, la interesada puede pedir como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto administrativo objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En esta materia, la Corporaci\u00f3n ha precisado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[E]s, entonces, en el escenario de la respectiva acci\u00f3n contencioso – administrativa que la actora puede invocar las razones aqu\u00ed planteadas, con miras a que el juez natural de la actividad de la administraci\u00f3n p\u00fablica tome la decisi\u00f3n que en derecho corresponda, am\u00e9n de que en esa instancia tambi\u00e9n puede solicitarse la suspensi\u00f3n provisional, medida cautelar prevista en el c\u00f3digo contencioso administrativo contra los actos administrativos de contenido general o particular, siempre que se cumplan ciertos requisitos (arts. 152 y ss), y que de hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado\u201d (CSJ STC, 18 Oct. 2007, rad. 00321, reiterado entre otros, 26 Ago. 2011, rad. 00316, 10 may. 2012, rad. 00049, 5 feb. 2014, rad. 2013-00547-01 y 8 sep. 2016 rad. 01524-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       7. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el prove\u00eddo censurado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

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               Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

(Con impedimento)  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC4243-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2017-00024-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100342","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100342","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100342"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100342\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100342"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100342"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100342"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}