{"id":100343,"date":"2026-06-25T20:36:13","date_gmt":"2026-06-25T20:36:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4244-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:36:13","modified_gmt":"2026-06-25T20:36:13","slug":"stc4244-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4244-2017\/","title":{"rendered":"STC4244-2017"},"content":{"rendered":"

               LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC4244-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00105-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia del 1\u00b0 de marzo de 2017, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de los dos amparos promovidos por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia y la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas, tr\u00e1mite extensivo a Comfamiliar, Asmet Salud EPS, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, las Alcald\u00edas de La Virginia y Balboa, (Risaralda), las Personer\u00edas y Defensor\u00eda del Pueblo de la regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        El impulsor reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantadas por los convocados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El promotor presenta dos resguardos con fundamento en hechos similares y contra las mismas autoridades, dentro de los cuales expone que la \u201c(\u2026) Defensor\u00eda del Pueblo en Manizales (\u2026)\u201d se ha negado \u201c(\u2026) a cumplir con su (\u2026) deber de impetrar tutelas a [su] nombre (\u2026)\u201d, desconociendo con ello sus obligaciones.  <\/span><\/p>\n

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Solicita se ordene al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, declarar su falta de competencia para adelantar las acciones populares con radicaci\u00f3n 2015-0224 y 2015-0093 y enviarlas \u201cal juez que le siga en turno\u201d, en cumplimiento del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso (fl. 1 y 2).  <\/span><\/p>\n

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3.        Mediante prove\u00eddo del 16 de febrero de 2017, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, admiti\u00f3 y acumul\u00f3 los auxilios por encontrarlos de similar naturaleza, vincul\u00f3 a la Procuradur\u00eda, Personer\u00edas y Defensor\u00eda del Pueblo del lugar donde se tramitan los mencionados procesos, as\u00ed como a la municipalidad de Balboa, a Comfamiliar y Asmet Salud EPS.    <\/span><\/p>\n

1. Respuesta del accionado y vinculados    <\/span><\/p>\n

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a)        El estrado judicial querellado, se opuso a la presente acci\u00f3n, exponiendo que los memorados asuntos, fueron decididos mediante sentencia desestimatoria de las pretensiones, providencias recurridas extempor\u00e1neamente.          <\/span><\/p>\n

b) La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda afirm\u00f3 haber sido parte en las acciones populares aqu\u00ed referidas, por medio de sus delegados. En punto de los hechos denunciados por el accionante, advirti\u00f3 ser ajenos al ministerio p\u00fablico \u201ctoda vez que [su] intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos\u201d, por lo cual pidi\u00f3 desvincularla de cualquier responsabilidad (fl. 11).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c)        La Alcald\u00eda de Risaralda manifest\u00f3 respetar las determinaciones judiciales criticadas por esta v\u00eda, por encontrarlas sustentadas en disposiciones legales (fl. 14).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c) En un extenso escrito, la Defensor\u00eda del Pueblo \u2013Regional Caldas solicit\u00f3 no s\u00f3lo se declarase improcedente el amparo deprecado, sino tambi\u00e9n se sancionase al se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga por obrar con temeridad y mala fe, toda vez que ha interpuesto, por los mismos supuestos f\u00e1cticos, m\u00e1s de cuatro centenares de tutelas contra la propia entidad y otras autoridades (fl. 24).  <\/span><\/p>\n

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d) Los dem\u00e1s guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El Tribunal declar\u00f3 improcedente los auxilios rogados porque la acci\u00f3n carece del presupuesto de subsidiariedad, debido a que el interesado no present\u00f3 oportuna solicitud ante el accionado, para que fuera declarada la nulidad por falta de competencia. Igualmente, neg\u00f3 la protecci\u00f3n impetrada respecto de la Defensor\u00eda del Pueblo, dado que el gestor ha acudido a este auxilio en m\u00faltiples ocasiones alegando circunstancias iguales a las esbozadas en el actual reparo, y como consecuencia de ello, dispuso condenar en costas al accionante a favor del Consejo Superior de la Judicatura (fls. 29 a 34).  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El quejoso censur\u00f3 la decisi\u00f3n de instancia, aduciendo que de oficio \u201cse debi\u00f3 decretar la nulidad [consagrada en el] (\u2026) art. 221\u201d del C\u00f3digo General del Proceso. As\u00ed mismo pidi\u00f3 \u201crevocar\u201d la condena en costas y \u201cprobar\u201d su temeridad y mala fe (fl. 38).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor se duele porque las acciones populares radicadas bajo los n\u00fameros 2015-0224 y 2015-0093 tramitadas ante el convocado, son nulas por falta de competencia en observancia del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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2. Se negar\u00e1 el auxilio por la desatenci\u00f3n del principio de subsidiariedad, teniendo en cuenta que el querellante no utiliz\u00f3 los instrumentos a su alcance para atacar las actuaciones ahora censuradas. En efecto, de la respuesta del juzgado accionado, se observa que Arias Id\u00e1rraga no ventil\u00f3 dentro de los citados procesos la presunta irregularidad alegada por esta v\u00eda; y aun cuando apel\u00f3 los fallos dictados dentro de los mismos, lo hizo de forma extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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El descuido del accionante le cierra el paso a esta excepcional jurisdicci\u00f3n dada su naturaleza subsidiaria. Sobre ese aspecto, esta Corte ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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3. El ataque contra la Defensor\u00eda del Pueblo tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por dos razones.  <\/span><\/p>\n

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Primero porque el solicitante no expres\u00f3 en detalle cu\u00e1les demandas de amparo se neg\u00f3 a formular en su nombre esa autoridad y en cu\u00e1l \u00e9poca; ello para explicitar los verdaderos motivos del reparo tutelar.  <\/span><\/p>\n

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Y, segundo, dado que el promotor ha acudido en m\u00faltiples oportunidades a esta especial jurisdicci\u00f3n, planteando, sin ninguna diferencia, la queja endilgada a la Defensor\u00eda del Pueblo -Regional Caldas.  <\/span><\/p>\n

Esta Sala ha negado la protecci\u00f3n impetrada en eventos como el presente, si  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [L]a demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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Justamente, para corroborar la conducta temeraria del ac\u00e1 promotor, es suficiente citar uno de los tantos asuntos por \u00e9l impulsados contra la Defensor\u00eda atacada, en el cual la Corte expres\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Establece el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 que \u00abcuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026)[L]a situaci\u00f3n descrita se presenta en este caso, pues, en la sentencia STC15201 de 5 de noviembre de 2015, radicado 00483-01, la Sala estudi\u00f3 un resguardo del mismo demandante Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, porque \u00abla Defensor\u00eda del Pueblo se ha negado (\u2026) a cumplir con su (\u2026) deber de impetrar tutelas a [su] nombre\u00bb, con lo cual dijo transgredirse \u00ablos derechos al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, concluy\u00e9ndose que no pod\u00eda progresar debido a (\u2026) la ausencia de evidencia probatoria que permita colegir lesi\u00f3n de prerrogativas fundamentales por parte de la Defensor\u00eda del Pueblo, pues no obra en el plenario material de convicci\u00f3n del cual se desprenda que esa entidad menoscab\u00f3 las garant\u00edas invocadas o se neg\u00f3 a formular demandas constitucionales a petici\u00f3n del aqu\u00ed solicitante (STC15201-2015) (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEn este asunto, como en aqu\u00e9l, se invoca \u00abel debido proceso\u00bb, presuntamente afrentado con la negativa de la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas a interponer tutelas a nombre del interesado. Por ende, el conflicto y los presupuestos f\u00e1cticos son id\u00e9nticos (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cEntonces, ante la coincidencia en sujetos procesales, hechos y derechos, la salvaguarda resulta temeraria, toda vez que simplemente replantea un tema que previamente hab\u00eda sido sometido al escrutinio de la jurisdicci\u00f3n constitucional (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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4.        De otro lado, se ratificar\u00e1 el mandato del a quo constitucional concerniente a la condena en costas, por cuanto deviene de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, la cual se funda en el actuar temerario del accionante, muchas veces evidenciado, incluso, por esta Sala. El inciso final  de la citada regla ense\u00f1a \u201cSi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u201d.  <\/span><\/p>\n

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El fundamento normativo de la sanci\u00f3n, fue encontrado ajustado a la Carta por la Corte Constitucional, sobre el cual se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201cTiene raz\u00f3n uno de los demandantes cuando afirma que la condena en cuanto a indemnizaciones y costas s\u00f3lo puede ser el resultado de un debido proceso, pero esta aseveraci\u00f3n no lleva necesariamente a la inexequibilidad de la norma acusada, pues el proceso de tutela, aunque sumario y preferente, debe surtirse con plena observancia de las previsiones generales consagradas en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, de las cuales no ha sido ni podr\u00eda haber sido excluido en cuanto se trata de un derecho fundamental. Si en un proceso espec\u00edfico tales requerimientos constitucionales se transgreden, tiene competencia el superior ante quien se impugne el fallo y, en su caso, esta Corporaci\u00f3n, para revocar la correspondiente decisi\u00f3n judicial\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Tampoco es contrario a la Carta Pol\u00edtica que se disponga el pago de las costas procesales a cargo del responsable de la violaci\u00f3n o del peticionario que incurri\u00f3 en temeridad, seg\u00fan el caso, pues ello es apenas l\u00f3gico y equitativo trat\u00e1ndose de procesos judiciales\u201d4.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo, el referido \u00f3rgano de cierre se ha pronunciado acerca de la condena en costas, interpretando que \u201cse aplica cuando \u2018fundadamente\u2019 se estime que el petente de la tutela incurri\u00f3 en temeridad\u201d5, la cual como se dijo fue evidenciada en el caso concreto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        De acuerdo a lo discurrido, se confirmar\u00e1 la providencia examinada.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

        NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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1 CSJ STC, de 26 de enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp. 00616-00.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC de 13 de febrero de 2013, exp. 00168-00; reiterada el 20 de marzo de 2013, 680122130002012-00517-01.    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. STC de 12 de mayo de 2016, exp. 66001-22-13-000-2016-00391-01    <\/span><\/p>\n

4 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.    <\/span><\/p>\n

5 Corte Constitucional. Sentencia T-032 de 1994.      <\/span><\/p>\n

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