{"id":100345,"date":"2026-06-25T20:36:33","date_gmt":"2026-06-25T20:36:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4259-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:36:33","modified_gmt":"2026-06-25T20:36:33","slug":"stc4259-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4259-2017\/","title":{"rendered":"STC4259-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC4259-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b070001-22-14-000-2016-00192-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2016, mediante la cual la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo concedi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Giovanni de Jes\u00fas Mart\u00ednez Rojas frente al Juzgado Promiscuo de Familia de Corozal, con vinculaci\u00f3n del Agente del Ministerio P\u00fablico y el Defensor de Familia adscritos a ese despacho, y Sandra Marcela Corena Imitola.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada, dentro del juicio de alimentos que le inici\u00f3 la convocada.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, en sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que el 1\u00b0 de noviembre de 2016 le remiti\u00f3 un \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb a la funcionaria querellada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que a\u00fan no le han respondido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pidi\u00f3, en consecuencia, \u00abordenar la contestaci\u00f3n inmediata\u00bb (fl. 3, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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La Defensora de Familia inst\u00f3 \u00aba que las actuaciones procesales y la decisi\u00f3n tomada sea acorde y ajustada a la ley, al C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia (\u2026) igualmente el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb (fl. 16, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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El despacho encartado manifest\u00f3 que el peticionario le solicit\u00f3 informar por qu\u00e9 la madre \u00abcobra los dineros de su sueldo que corresponden a la cuota alimentaria de sus hijas (\u2026) siendo que las menores seg\u00fan su decir las tiene bajo su potestad y viven con \u00e9l\u00bb, reclamando ordenar que aqu\u00e9lla \u00able entregue los dineros que cobr\u00f3 el 31 de octubre ante el Banco Agrario, los cuales se niega a entregarle y son los que cubren los alimentos de sus hijas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Explic\u00f3, que en sentencia de 26 de octubre de 2011 se le impuso al quejoso una mesada \u00abequivalente al 50% del sueldo y dem\u00e1s prestaciones sociales\u00bb y que, posteriormente, el 14 de agosto de 2015, la progenitora \u00absolicit\u00f3 la suspensi\u00f3n provisional de las medidas cautelares que pesan \u00fanicamente sobre el sueldo por el t\u00e9rmino de 1 a\u00f1o\u00bb, por lo que se orden\u00f3 oficiar al pagador en tal sentido.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3, que el 17 de agosto de 2016, el accionante deprec\u00f3 mantener la \u00absuspensi\u00f3n de la medida por cuanto (\u2026) adelantaba diligencia ante el ICBF, Regional Sucre, para que le dieran la custodia de las menores\u00bb, pero en prove\u00eddo del 3 de octubre siguiente deneg\u00f3 ese pedimento \u00abpor improcedente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, aleg\u00f3 que el interesado persigue \u00ablevantar una medida cautelar sin existir decisi\u00f3n para ello\u00bb y, adicionalmente, que al despacho le corresponden \u00abtutelas, tr\u00e1mites de desacato y habeas corpus, adem\u00e1s de los procesos penales de adolescentes, los cuales tienen preeminencia ante los otros asuntos\u00bb, pero aun as\u00ed, \u00aben auto adiado 5 de diciembre se adoptaron unas medidas que se consideran necesarias antes de adoptar una decisi\u00f3n de fondo sobre el asunto\u00bb (fls. 28 y 29, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal accedi\u00f3 a la salvaguarda al considerar que, si bien el asunto no refiere en realidad a un derecho de petici\u00f3n, sino a una solicitud procesal, lo cierto es que el sentenciador todav\u00eda no la ha definido, \u00abgenerando as\u00ed retardo y, en consecuencia, violaci\u00f3n al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, por estar de por medio menores de edad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seguidamente, estim\u00f3 que, aunque se argument\u00f3 carga laboral y que ya se expidi\u00f3 una determinaci\u00f3n tendiente a esclarecer los hechos, previo \u00aba tomar una decisi\u00f3n de fondo\u00bb, estos \u00abno son \u00f3bices suficientes para no haber resuelto la solicitud a la actual fecha, m\u00e1xime porque se encuentran en juego derechos fundamentales de la menores de edad, como el alimento, pues el se\u00f1or Mart\u00ednez expresa que tiene bajo su potestad y cuidado a las ni\u00f1as y la se\u00f1ora Sandra Corena se encuentra cobrando los dineros que le corresponden a las infantes sin destinarlos a su alimentaci\u00f3n\u00bb. A su vez, precis\u00f3 que \u00abel juzgado no prob\u00f3 cu\u00e1l fue \u201cla medida indispensable adoptada\u201d, ya que en su contestaci\u00f3n no aport\u00f3 el auto del 5 de diciembre a que hace alusi\u00f3n, as\u00ed como tampoco el expediente contentivo del proceso que dijo aportar\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Expres\u00f3 que, \u00aben lo que toca al asunto relativo a aquel el accionante debe esperar su turno para que le sea resuelta su solicitud, es preciso dejar claro que dichas situaciones desfavorables no deben ser asumidas por quien se dirige  a los estrados judiciales en busca de la defensa de sus derechos, pues as\u00ed lo ha ratificado la misma Corte Constitucional, entre otras mediante la sentencia T494\/14 (\u2026) es m\u00e1s, reviste trascendencia el hecho que en este asunto est\u00e1n involucrados los derechos de dos infantes que merecen protecci\u00f3n especial, con fundamento en el art\u00edculo 44 de la C.P., seg\u00fan el cual \u201clos derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por consiguiente, dispuso que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas \u00abse resuelva la solicitud (\u2026) y se le d\u00e9 a conocer a las partes\u00bb (fls. 33-38, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 la falladora recriminada discutiendo que no estaba en mora, pues apenas transcurrieron veinte d\u00edas h\u00e1biles entre la petici\u00f3n y la providencia del 5 de diciembre \u00faltimo cuando, en ejercicio de sus facultades de instrucci\u00f3n, emprendi\u00f3 la verificaci\u00f3n de la situaci\u00f3n de las peque\u00f1as por intermedio de la Trabajadora Social, quien luego \u00abrindi\u00f3 un informe en el cual se\u00f1ala que las menores se encontraban con el padre, pero que estaban de vacaciones donde la madre, donde siempre han vivido y quieren seguir viviendo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, \u00abacatando la sentencia de tutela y teniendo las pruebas ordenadas resolvi[\u00f3] (\u2026) teniendo en cuanta que el ICBF Regional Sucre le hab\u00eda otorgado la custodia provisionalmente de las ni\u00f1as al accionado no tuv[o] otra alternativa que acceder a la solicitud del padre de las mismas\u00bb (fls. 46-47, cdno.1).   <\/span><\/p>\n

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1. Reiteradamente se ha explicado que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar las decisiones que se adopten y \u00fanicamente, de manera excepcional, puede acudirse a esa herramienta cuando el funcionario proceda \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb; bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico respete los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad de que las sentencias judiciales pueden desconocer las prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. Observado la inconformidad planteada, el actor cuestiona que oportunamente no se ha resuelto su petici\u00f3n tendiente a levantar el embargo de alimentos que pesa sobre su salario y a ordenar que dichos dineros no se sigan entregando a la progenitora de sus hijas, pues \u00e9stas ahora conviven con \u00e9l, por lo que es necesario que no descuenten esos rubros, para poder as\u00ed garantizar la subsistencia de las menores.  <\/span><\/p>\n

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3. Del examen de las pruebas arrimadas, encuentra la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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3.1. Petici\u00f3n de 2 de noviembre de 2016, elevada por el actor con el fin de que se le \u00abconceda el derecho a que [sus] hijas reciban a trav\u00e9s [suyo] los dineros que por ley les corresponden\u00bb, ordenar a la \u00abmadre de las ni\u00f1as\u00bb que reintegre los dineros que cobr\u00f3 en octubre pasado y que \u00abson los que cubren las necesidades de [sus] hijas y que de ahora en adelante las cuotas alimentarias que lleguen [le] sean entregadas\u00bb, asimismo, comunicarle al pagador que el embargo de su salario queda suspendido \u00abhasta tanto el ICBF defina este tr\u00e1mite de custodia que viene realizando\u00bb, para lo cual expresamente solicita \u00abenviar a la trabajadora social a [su] residencia para que compruebe\u00bb que vive con las menores (fls. 4 y 5, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.2. Prove\u00eddo del siguiente 5 de diciembre en el despacho encartado dispuso, \u00abantes de entrar a resolver sobre la solicitud de levantamiento de la medida cautelar (\u2026) que se verifique la existencia de la custodia efectiva y actual de las menores\u00bb (fl. 50 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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3.3. Informe Psicosocial alusivo, en suma, a que \u00ablas ni\u00f1as se encuentran viviendo en casa de su padre desde septiembre de [2016] y que es reconocido como custodia provisional de las menores por la madre\u00bb (fls. 51-56, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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3.4. Interlocutorio de 27 de diciembre de 2016, donde se estim\u00f3 que, la Resoluci\u00f3n n\u00b0 43 de 30 de noviembre de ese a\u00f1o \u00abotorga la custodia provisional de las menores (\u2026) al padre biol\u00f3gico y se regulan las visitas de la madre biol\u00f3gica\u00bb, por lo cual levant\u00f3 las \u00abmedidas cautelares que pesan sobre el salario y dem\u00e1s prestaciones del se\u00f1or Giovanni Mart\u00ednez Rojas\u00bb (fl.102 y 103 ib.).  <\/span><\/p>\n

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4. La accionada discute que, en su sentir, ya hab\u00eda respondido oportunamente la petici\u00f3n del demandante con el auto de 5 de diciembre de diciembre de 2016, por el cual orden\u00f3, previ\u00f3 a decidir de fondo, constatar con qui\u00e9n residen las ni\u00f1as beneficiarias de los alimentos.  <\/span><\/p>\n

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5. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, es claro que el propio accionante pidi\u00f3 que el juzgado encartado verificase que cohabita con las menores, por lo que no puede censurarse el proceder de ese despacho al ordenar por auto del 5 de diciembre de 2016 que, previo a definir de fondo la suspensi\u00f3n de la medida cautelar, primero se verificase la situaci\u00f3n alegada por el peticionario.  <\/span><\/p>\n

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En esa medida, la respuesta del fallador a la petici\u00f3n del quejoso no s\u00f3lo fue oportuna, sino prudente, lo que excluye el reproche constitucional, pues  no se trata de un caso de mora judicial, ni la decisi\u00f3n adoptada resulta arbitraria o con fines dilatorios.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Corte ha sostenido que:   <\/span><\/p>\n

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Con respecto a problem\u00e1ticas donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir \u00ab\u2026 aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2026 (Sentencia de 29 de abril de 2011, Exp. T. No. 11001-22-10-000-2011-00094-01)\u00bb  (CSJ STC8513-2015, 2 jul. rad. 00322-01).  <\/span><\/p>\n

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6. Ahora bien, cabe agregar que el a-quo adicionalmente se\u00f1al\u00f3, como una raz\u00f3n m\u00e1s para conceder la protecci\u00f3n suplicada, que la sentenciadora acusada ni siquiera alleg\u00f3 alguna prueba de que en efecto hubiese proferido la referida determinaci\u00f3n de 5 de diciembre de 2016, cosa que hizo en la impugnaci\u00f3n; no obstante, la prueba echada de menos fue aportada en segunda instancia y, con ello, se soportan los elementos para denegar la reclamaci\u00f3n (fl. 50, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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7. Con todo, sea del caso precisar que la Sala ha reiterado que los informes de las autoridades p\u00fablicas dadas en el marco de la acci\u00f3n de tutela se presumen veraces y merecen credibilidad.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular se ha explicado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) el informe de los funcionarios convocados en el curso de estas tramitaciones ha de presumirse ver\u00eddico porque se entiende \u00abrendido bajo juramento\u00bb (art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991) y, por tanto, \u00abdesde luego debe ser considerado como un serio medio de persuasi\u00f3n\u00bb (CSJ, STC 19 oct. 2000, rad. 00005-01)\u00bb (CSJ, STC13424-2015, 1\u00b0 oct., rad. 02038-01, reiterado en STC3445-2016, 17 mar., rad. 00226-01).  <\/span><\/p>\n

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8. De conformidad con lo discurrido, se revocar\u00e1 el prove\u00eddo opugnado y en su lugar se denegar\u00e1 el amparo.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, NIEGA la acci\u00f3n de tutela de Giovanni de Jes\u00fas Mart\u00ednez Rojas frente al Juzgado Promiscuo de Familia de Corozal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC4259-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b070001-22-14-000-2016-00192-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100345","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100345","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100345"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100345\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100345"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100345"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100345"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}