{"id":100346,"date":"2026-06-25T20:36:39","date_gmt":"2026-06-25T20:36:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4261-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:36:39","modified_gmt":"2026-06-25T20:36:39","slug":"stc4261-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4261-2017\/","title":{"rendered":"STC4261-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4261-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-22-03-000-2017-00334-01  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro    (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 22 de febrero de 2017, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Mec\u00e1nicos Asociados S.A.S. frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, con vinculaci\u00f3n de Dutch Enterprise S.A.S.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada, dentro del juicio ejecutivo que le inici\u00f3 la sociedad convocada.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, en sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que fue demandada respecto de un contrato de arrendamiento de vivienda urbana, aleg\u00e1ndose que s\u00f3lo cubri\u00f3 los c\u00e1nones hasta octubre de 2014 y que luego abandon\u00f3 el inmueble, por lo que se exigi\u00f3 el pago de la renta y \u00ablas cuotas de administraci\u00f3n correspondientes a los meses de noviembre de 2014 a agosto de 2016, m\u00e1s lo equivalente a la cl\u00e1usula penal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Que el despacho encartado libr\u00f3 mandamiento de pago por lo pretendido, \u00absin percatarse de la calidad del t\u00edtulo base  de la acci\u00f3n\u00bb.   <\/span><\/p>\n

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2.3. Que formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, \u00abal encontrar que se aport\u00f3 como t\u00edtulo \u201cejecutivo\u201d una copia simple  del contrato de arrendamiento\u00bb, el cual resuelto \u00abmediante prove\u00eddo del 25 de octubre de 2016, negando el mandamiento de pago por las cuotas de administraci\u00f3n\u00bb, pero manteni\u00e9ndolo por \u00ablos c\u00e1nones de arrendamiento causados entre noviembre de 2014 y agosto de 2016 y por la cl\u00e1usula penal deprecada, argumentando que (\u2026) la copia presta m\u00e9rito ejecutivo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Que \u00abel escrito mediante el cual se propon\u00edan excepciones de m\u00e9rito y, entre otras, se aportaban pruebas documentales que acreditaban ostensiblemente la carencia de fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos en el cobro de los c\u00e1nones y la cl\u00e1usula penal pretendidos por parte de la sociedad demandante, se radic\u00f3 el d\u00eda 11 de noviembre de 2016, esto es, un d\u00eda despu\u00e9s del vencimiento del t\u00e9rmino (\u2026) debido a un error de c\u00f3mputo\u00bb, y por tanto no fue tenido en cuenta, seg\u00fan auto del pasado 24 de noviembre.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Que ante ello, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria, solicit\u00f3 \u00abel decreto oficioso de las pruebas pertinentes para el esclarecimiento de los hechos de la demanda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Que en determinaciones del 5 de diciembre \u00faltimo se deneg\u00f3 su petici\u00f3n y se dispuso continuar con el cobro.  <\/span><\/p>\n

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2.7. Que requiri\u00f3 la \u00abaclaraci\u00f3n de los citados autos frente al presupuesto normativo que impidi\u00f3 el decreto oficioso de las pruebas siquiera documentales allegadas al expediente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.8. Que tampoco se accedi\u00f3 a la \u00abaclaraci\u00f3n (\u2026) arguyendo de forma similar que en autos anteriores frente a la reiterada solicitud de decretar pruebas de oficio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Pidi\u00f3, en consecuencia, \u00abnegar el mandamiento de pago (\u2026) o en su defecto dejar sin efectos las actuaciones desplegadas en el proceso (\u2026) a partir de los autos del 5 de diciembre de 2016 mediante los cuales se orden\u00f3 estarse a lo dispuesto en el auto de fecha 24 de noviembre de 2016 donde se tuvieron por presentadas de manera extempor\u00e1nea las excepciones de m\u00e9rito y se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb (fls. 1-14, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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4. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el asunto, por competencia, a la Sala Civil de la misma Corporaci\u00f3n (fl. 64 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA  <\/span><\/p>\n

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El fallador encartado manifest\u00f3 que \u00abel inconformismo de la suplicante deriva del rechazo de plano de sus excepciones de fondo, al haber sido radicadas por fuera del plazo contemplado en el canon 443 del C.G.P., y de la negativa del juzgado a decretar de oficio las pruebas solicitadas por ella, destinadas a evidenciar si los presupuestos f\u00e1cticos arg\u00fcidos por la aqu\u00ed impugnante sucedieron, o que son del modo como se presentaron\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, reliev\u00f3 que de acuerdo con la jurisprudencia de Casaci\u00f3n Civil, \u00abla potestad oficiosa en comento no est\u00e1 dada para descargar el deber que tienen las partes de acreditar \u2013en tiempo- los fundamentos de sus peticiones, como tampoco para justificar la negligencia o desidia en la pr\u00e1ctica de las mismas\u00bb (fls. 73 y 74, cdno.1).  <\/span><\/p>\n

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La empresa convocada adujo que seg\u00fan el art\u00edculo 245 del C\u00f3digo General del Proceso \u00ablos documentos se podr\u00e1n aportar al proceso en original o en copia. La misma norma establece que en caso de no aportarse el documento original, se deber\u00e1 expresar el motivo o lugar de ubicaci\u00f3n del original. Esto \u00faltimo se se\u00f1al\u00f3 expresamente en la demanda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, agreg\u00f3 que la decisi\u00f3n de \u00abno aceptar la pr\u00e1ctica de pruebas solicitadas extempor\u00e1neamente en ning\u00fan momento puede ser calificada como una actuaci\u00f3n vulneradora del derecho al debido proceso o de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en atenci\u00f3n a que los t\u00e9rminos dentro de un proceso judicial y m\u00e1s de naturaleza ejecutiva son perentorios, preclusivos e improrrogables, y no puede la sociedad accionante alegar en favor suyo su propia culpa y negligencia\u00bb (fls. 75-78, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal no accedi\u00f3 a la salvaguarda al considerar que \u00abel funcionario querellado no vulner\u00f3 los derechos fundamentales de la sociedad Mec\u00e1nicos Asociados S.A.S., porque adem\u00e1s de ajustarse a la normatividad que regula el proceso g\u00e9nesis de la tutela, se advierte que fue el propio accionante quien desaprovech\u00f3 los mecanismos de defensa que ten\u00eda a su alcance, pues formul\u00f3 de manera extempor\u00e1nea los medios exceptivos de m\u00e9rito, sin que tal falencia pueda subsanarse a partir de la interposici\u00f3n del presente tr\u00e1mite constitucional, ni mucho menos pretender que se tengan en cuenta, a estas alturas y a trav\u00e9s de esta v\u00eda, medios probatorios que, como ya se dijo, no fueron aportados de manera oportuna\u00bb (fls. 91-95, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el apoderado de la promotora, en similares t\u00e9rminos del escrito inicial, insistiendo en que no debi\u00f3 emitirse orden de pago, pues el t\u00edtulo viene en copia, y en que debieron decretarse pruebas de oficio, aspectos que dej\u00f3 de resolver el a-quo.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Reiteradamente se ha explicado que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar las decisiones que se adopten y \u00fanicamente, de manera excepcional, puede acudirse a esa herramienta cuando el funcionario proceda \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb; bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico respete los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad de que las sentencias judiciales pueden desconocer las prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. Observado el tr\u00e1mite del amparo, la inconformidad de la actora reside en que i) se libr\u00f3 mandamiento de pago con sustento en una copia simple del contrato de arrendamiento que suscribi\u00f3 con su contraparte, y ii) el juzgador no emple\u00f3 sus poderes oficiosos para decretar las pruebas relacionadas en su extempor\u00e1nea contestaci\u00f3n de la demanda, con lo cual se incurri\u00f3 en defectos \u00abf\u00e1ctico y procedimental\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Del examen de las piezas arrimadas, encuentra la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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3.1. Demanda ejecutiva presentada por Dutch Enterprise S.A.S. contra la sociedad gestora, con fundamento en la \u00abfotocopia simple\u00bb del contrato de arrendamiento suscrito por ambas, puesto que, seg\u00fan se justific\u00f3, \u00abel original de este documento reposa al parecer dentro del denuncio penal por el presunto delito de Da\u00f1o en Bien Ajeno\u00bb (fls. 82-85, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.2. Interlocutorio de 18 de agosto de 2016, del despacho encartado, que emiti\u00f3 orden de pago seg\u00fan las pretensiones de la acreedora (fls. 6 y 7, cdno. 2).  <\/span><\/p>\n

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3.3. Pronunciamiento del 24 de octubre siguiente, que desestim\u00f3 la reposici\u00f3n de la promotora respecto de la autenticidad del t\u00edtulo, al estimarse que la legislaci\u00f3n no contempla esa  exigencia (fls. 10-12 ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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3.4. Determinaci\u00f3n del 24 de noviembre \u00faltimo, por el cual se \u00abrechazan por extempor\u00e1neas las excepciones de fondo propuestas\u00bb por la quejosa (fl. 13, \u00edb.).  <\/span><\/p>\n

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3.5. Prove\u00eddo del pasado 5 de diciembre, que no accedi\u00f3 a la petici\u00f3n de la interesada de decretar de oficio \u00abel haz demostrativo encaminado a dilucidar los puntos del debate que -de acuerdo con el querellado- por su dejadez aqu\u00e9lla no aclar\u00f3, por no haber aportado sus argumentos defensivos en el momento adecuado para ello\u00bb (fl. 14, cdno. 2).  <\/span><\/p>\n

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3.6. Auto de la misma fecha, que dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n (fl. 15 \u00eddem).   <\/span><\/p>\n

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4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, coincide la Sala con el Tribunal constitucional de primer grado, al advertir que en efecto el promotor no obr\u00f3 con diligencia dentro del asunto que se revisa, ya que omiti\u00f3 formular tempestivamente sus \u00abexcepciones de m\u00e9rito\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De esa manera, desperdici\u00f3 la oportunidad procesal precisa para proponer la discusi\u00f3n que ahora busca revivir en sede constitucional. Aqu\u00e9l, y no \u00e9ste, era el espacio propicio para exponer todos sus reparos acerca de los efectos de la terminaci\u00f3n unilateral del contrato que alega haberle  manifestado a su contraparte. Por tanto, no puede replantear esa controversia por intermedio de este mecanismo excepcional, pues dado su car\u00e1cter residual no est\u00e1 instituido para reemplazar los conductos regulares.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, en casos similares, ha dicho esta Sala:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) el aqu\u00ed accionante bien pudo, en el curso del proceso ejecutivo y durante el t\u00e9rmino para formular excepciones, plantear la respectiva tacha de falsedad frente al t\u00edtulo venero de ejecuci\u00f3n, sin embargo, no lo hizo, inactividad que, adem\u00e1s, conllev\u00f3 a que se dictara auto ordenando seguir adelante la ejecuci\u00f3n.  Al punto, reiteradamente se ha sostenido que \u201cen trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 de la oportunidad de controvertir el pronunciamiento del que luego se duele y no lo hizo. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado para tratar de rescatar las  oportunidades perdidas, m\u00e1xime si se recuerda que los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la ley procesal para que las partes realicen ciertos actos procesales, entre ellos la interposici\u00f3n de los recursos, son perentorios e improrrogables (art. 118 C. P. C.)\u201d (sentencia de 11 de abril de 2011, exp. No. 76111 22 13 000 2011 00043-01)\u00bb (CSJ, STC 9 oct. 2012, rad. 00230-01).  <\/span><\/p>\n

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En suma, la empresa accionante no est\u00e1 habilitada para acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, en la medida que si las partes dejan de emplear los medios previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las secuelas de las providencias que le sean adversas, que ser\u00edan, en \u00faltimas, fruto de su desidia, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta constitucional le est\u00e1 vedado injerir en las determinaciones o instrucciones del juez natural, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso.  <\/span><\/p>\n

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5. Ahora bien, en cuanto a la inconformidad de la gestora relacionada con que el operador jur\u00eddico debi\u00f3 decretar de oficio los medios demostrativos que deprec\u00f3 tard\u00edamente, basta se\u00f1alar que ese deber -la normatividad procesal vigente elev\u00f3 a ese rango la otrora potestad facultad-deber del fallador- surge s\u00f3lo cuando las pruebas en cuesti\u00f3n \u00absean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia\u00bb (art\u00edculo 170 C\u00f3digo General del Proceso).  <\/span><\/p>\n

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En el caso sub-j\u00fadice se libr\u00f3 mandamiento de pago por los c\u00e1nones de arrendamiento de noviembre de 2014 a agosto de 2016, m\u00e1s la cl\u00e1usula penal (fl. 12, cdno. 2).  Las pruebas que la actora pretendi\u00f3 incorporar extempor\u00e1neamente, por el contrario, refieren a unos pagos hechos a la ejecutante en octubre de 2014, es decir, con anterioridad a los per\u00edodos reclamados (fls.44-60, cdno. 1). Por ende, como no son evidencias cruciales para el desenlace del litigio, pues ni siquiera refieren al objeto del pleito, el sentenciador no estaba en la obligaci\u00f3n de apreciarlas.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, respecto del decreto oficioso de pruebas se ha dicho:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) la Corte siempre ha abanderado la idea de que las providencias judiciales, y especialmente la ponderaci\u00f3n probatoria de los jueces ordinarios que lleva a su proferimiento, ha de ser respetada en sede constitucional, como tambi\u00e9n la consideraci\u00f3n seg\u00fan la cual, en principio, debe dejarse a la autonom\u00eda de los sentenciadores de instancia la decisi\u00f3n de decretar o no pruebas de oficio, de acuerdo con el an\u00e1lisis las circunstancias propias de cada caso (\u2026) es un precioso instituto a ser usado de modo forzoso por el juez, cuando en el contexto del caso concreto esa actividad permita remover una zona de penumbra con la certeza de que al superar ese estado de ignorancia, concreto y determinado, se esclarecer\u00e1 una verdad que permitir\u00e1 decidir con sujeci\u00f3n a los dictados de la justicia. Por lo mismo, no se trata de una actividad heur\u00edstica sin norte ni tiempo, sino del hallazgo de una prueba que ex ante se vislumbra como necesaria y posible\u00bb (Sent. Cas. Civ. Sent. de 19 de diciembre de 2005, Exp. No. 232-92)\u2026\u2019 (Sentencia de tutela de 8 de mayo de 2006, Exp. No. 05001-2203-000-2006-00089-01)\u00bb (CSJ, STC 8 feb. 2013, rad. 00170-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Y, de otra parte, la pol\u00e9mica suscitada alrededor de la autenticidad del t\u00edtulo ejecutivo tambi\u00e9n debe permanecer al margen de la revisi\u00f3n en sede constitucional, puesto que se trat\u00f3 de una determinaci\u00f3n suficientemente motivada, producto de un racionamiento plausible y respetable de la normatividad aplicable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, sobre ese tema el juzgador censurado sostuvo que el \u00abt\u00edtulo ejecutivo habr\u00e1 de contener a cargo del ejecutado una obligaci\u00f3n clara, expresa y actualmente exigible (\u2026) requisitos estos que deben emanar del mismo documento (\u2026) que no necesariamente debe aportarse en original, pues no hay norma que imponga que el t\u00edtulo s\u00f3lo puede ser el documento original (como ocurre en materia de t\u00edtulos valores), ergo, una copia \u201csimple\u201d, al tenor de los reglado por el inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 244 [C.G.P.] se presume aut\u00e9ntica y tiene por tanto, exactamente el mismo valor del documento original, mucho m\u00e1s, si en cuente se tiene, que el contrato base de recaudo no fue techado de falso, y por ende, su presunci\u00f3n de autenticidad se mantiene enhiesta\u00bb (fl. 11, cdno. 2).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, al margen de si resultan admisibles o no otros criterios sobre los t\u00edtulos ejecutivos aportados en copia, lo cierto es que la decisi\u00f3n del fallador enjuiciado no se revela antojadiza o caprichosa, lo que impide la prosperidad del amparo, comoquiera que no es una instancia adicional o una oportunidad para reabrir las discusiones dirimidas por los sentenciadores competentes. Como ha dicho insistentemente la Sala, \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado examinar si los funcionarios realizaron la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues, tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades\u00bb (CSJ, STC2713-2015, 12 mar., rad.00502-00, citada en STC1946-2016, 18 feb., rad. 2015-03001-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el tema ha enfatizado la Corporaci\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales\u201d\u00bb (CSJ; STC 20 sep. 2012, rad. 00245-01, citada en STC139-2017, 19 en., rad. 2016-01985-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el prove\u00eddo opugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC4261-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-22-03-000-2017-00334-01      Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro    (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 22 de febrero de 2017, mediante la cual la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100346","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100346","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100346"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100346\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100346"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100346"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100346"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}