{"id":100347,"date":"2026-06-25T20:36:45","date_gmt":"2026-06-25T20:36:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4262-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:36:45","modified_gmt":"2026-06-25T20:36:45","slug":"stc4262-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4262-2017\/","title":{"rendered":"STC4262-2017"},"content":{"rendered":"

      MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC4262-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b052001-22-13-000-2016-00187-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2016, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda del Carmen L\u00f3pez Chavarriaga y Oscar Chavarriaga L\u00f3pez frente al Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad, con vinculaci\u00f3n de Erika Chavarriaga Guerrero, XXX y YYY1, el Agente del Ministerio P\u00fablico y el Defensor de Familia adscritos a ese despacho.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Los promotores, por intermedio de apoderado, reclamaron la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada al tramitar la partici\u00f3n adicional de la herencia del difunto Jaime Chavarriaga Ossa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Arguyeron en sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Que el causante realiz\u00f3 la \u00abpartici\u00f3n en vida de sus bienes\u00bb, distribuy\u00e9ndolos entre su esposa, Mar\u00eda del Carmen L\u00f3pez de Chavarriaga, y sus hijos, Jaime y Oscar Chavarriaga L\u00f3pez, a trav\u00e9s de contratos de compraventa otorgados a finales de febrero de 2004.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que aqu\u00e9l muri\u00f3 el 20 de abril de 2009 y, posteriormente, el otro asignatario, Jaime Chavarriaga L\u00f3pez, promovi\u00f3 un juicio de sucesi\u00f3n \u00abincluyendo como bienes relictos las acciones ordinarias (\u2026) en la Corporaci\u00f3n de Transportadores Nari\u00f1enses S.A. y un billete electr\u00f3nico de la empresa Avianca, en la ruta Cali-Medell\u00edn-Cali\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Que \u00abesa liquidaci\u00f3n notarial de herencia se protocoliz\u00f3 mediante escritura p\u00fablica n\u00b0 3.632 del 24 de julio de 2009 de la Notar\u00eda Cuarta de Pasto\u00bb.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Que, sin embargo, al morir el citado heredero, en noviembre de 2010, sus descendientes -los convocados- actuando en su representaci\u00f3n presentaron \u00absolicitud de partici\u00f3n adicional\u00bb respecto de \u00abbienes ya distribuidos por el causante en vida y (\u2026) bienes de propiedad exclusiva de la c\u00f3nyuge supersite\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

2.6. Que en providencia del 1\u00b0 de abril de 2013 el sentenciador las rechaz\u00f3 de plano \u00abpor tratarse no de un proceso judicial en s\u00ed mismo, sino de un tr\u00e1mite especial de partici\u00f3n adicional consagrado en el art. 620 del C.P.C.\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7. Que presentaron recurso de apelaci\u00f3n, pero les fue negado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pidieron, en consecuencia, \u00abdecretar la nulidad constitucional de la actuaci\u00f3n del  Juzgado Tercero del Circuito de Familia, en el tr\u00e1mite del partici\u00f3n adicional de herencia del causante Jaime Chavarriaga Ossa, a partir del auto\u00bb del 1\u00b0 de abril de 2013 (fls. 1-14, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. La Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto remiti\u00f3 el asunto, por competencia, a la Sala Civil-Familia de la misma Corporaci\u00f3n (fl. 149 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

El juzgado encartado manifest\u00f3 que \u00abno se ha amenazado ni vulnerado derecho alguno (\u2026) en perjuicio de la parte actora\u00bb, agregando que tampoco \u00abse logra acreditar la satisfacci\u00f3n de los elementos axiol\u00f3gicos que configurar\u00edan la procedencia del amparo\u00bb pues se \u00abpretende atacar una providencia que ostenta un lapso de m\u00e1s de tres a\u00f1os desde que alcanzara su ejecutoria\u00bb. Agreg\u00f3, que en dicho \u00abasunto en la actualidad se encuentra pendiente por emitir providencia que resuelva un recurso de reposici\u00f3n en subsidio apelaci\u00f3n interpuesto (\u2026) contra el auto que decidi\u00f3 una objeci\u00f3n al trabajo de partici\u00f3n adicional\u00bb  (fls. 171-173, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Defensor de Familia tambi\u00e9n resalt\u00f3 que no se cumple con el \u00abprincipio de inmediatez\u00bb, pues el resguardo se propone luego de m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os de haberse \u00abproferido la resoluci\u00f3n de judicial\u00bb; adem\u00e1s, los interesados no ejercieron el recurso de queja frente a la determinaci\u00f3n de denegar la alzada (fls. 176-179, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los convocados, a trav\u00e9s de apoderado, se\u00f1alaron que al interior del tr\u00e1mite liquidatorio los actores han propuesto \u00abexcepciones previas en un proceso que por su naturaleza no caben\u00bb, han alegado \u00ablos mismos hechos como causal de nulidad\u00bb, han intentado incluir \u00abbajo juramento bienes pertenecientes a terceros porque alguna vez lo fueron del causante\u00bb y Oscar Chavarriaga L\u00f3pez objet\u00f3 \u00abla partici\u00f3n reclamando (\u2026) una herencia ya repudiada por \u00e9l, y que ante todo nunca ha solicitado\u00bb (fls. 180-821, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Ministerio P\u00fablico guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal no accedi\u00f3 a la salvaguarda al considerar que \u00ablos autos que presuntamente consolidan la afectaci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales de la parte actora, esto es, el 1\u00b0 de abril y 2 de julio de 2013, son de \u00e9poca pret\u00e9rita, y al presentarse la acci\u00f3n de amparo constitucional el 11 de agosto de 2016, luce y en efecto es extempor\u00e1nea, pues desdice de su atributo constitucional de la inmediatez, de acuerdo con el cual, la interposici\u00f3n de la solicitud de amparo ha de responder a una amenaza inminente o una vulneraci\u00f3n a\u00fan vigente de derechos fundamentales, que por su urgencia, impone necesariamente la intervenci\u00f3n a cargo del juez constitucional, a fin de evitar la consolidaci\u00f3n del perjuicio que de ocasionarse, ir\u00eda en franco desmedro de los valores esenciales de la persona humana. Es as\u00ed como la formulaci\u00f3n de la petici\u00f3n de tutela, presupone la existencia y verificaci\u00f3n de un menoscabo o amenaza latente de un derecho de rango fundamental\u00bb (fls. 218-223, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el apoderado de los promotores, aduciendo que invocaron el resguardo \u00abcomo mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, de modo que el precedente citado por el a-quo constitucional no es aplicable, pues \u00abla sentencia T-570 de 2005 y T-588 de 2006, se ocupan de la acci\u00f3n de tutela como mecanismo principal y no como mecanismo transitorio\u00bb. Agregaron que la exigencia de inmediatez resulta \u00abincompatible con el perjuicio que se pretende evitar, pues la incompetencia de una juez para conocer de una sucesi\u00f3n, de acuerdo con la Lex Domicili, no es susceptible de sanearse con el inexorable transcurso del tiempo\u00bb (fls. 213-233 cdno.1).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Reiteradamente se ha explicado que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar las decisiones que se adopten y \u00fanicamente, de manera excepcional, puede acudirse a esa herramienta cuando el funcionario proceda \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb; bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico respete los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad de que las sentencias judiciales pueden desconocer las prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Observado el tr\u00e1mite del amparo, la inconformidad de los actores reside en la determinaci\u00f3n de rechazar sus excepciones previas y de m\u00e9rito, alusivas a la incompetencia del juez y la improcedencia de la partici\u00f3n adicional, con lo cual se incurri\u00f3 en defectos \u00aborg\u00e1nico y procedimental\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Del examen de las pruebas arrimadas, encuentra la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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3.1. Interlocutorio de 27 de febrero de 2012, de la Sala Civil del  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del despacho encartado y, en su lugar, procedi\u00f3 a \u00abadmitir la solicitud de partici\u00f3n adicional de la sucesi\u00f3n del causante, Jaime Chavarria Ossa\u00bb (fls. 51-63, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2. Prove\u00eddo de 1\u00b0 de abril de 2013, del juzgado acusado, que dispuso \u00abrechazar los medios exceptivos de car\u00e1cter previo y de fondo formulados por el (\u2026) demandado Oscar Chavarriaga L\u00f3pez y la demandada Carmen L\u00f3pez de Chavarriaga\u00bb, por cuanto \u00abno son de recibo ya que se trata de un tr\u00e1mite especial de partici\u00f3n adicional, consagrado en el art. 620 del C. de P.C.\u00bb, seg\u00fan el cual \u00abvencido el t\u00e9rmino de traslado cuando haya lugar al mismo (\u2026) se se\u00f1alar\u00e1 fecha y hora para inventarios y aval\u00faos\u00bb (fls. 139-141, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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3.3. Auto de 2 de julio de 2013 que desestim\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por los peticionarios contra la anterior determinaci\u00f3n y deneg\u00f3 la alzada, por improcedente (fls. 142-147 ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, coincide la Sala con el Tribunal constitucional de primer grado, al advertir que en efecto los gestores no obraron con premura, de acuerdo con el \u00abprincipio de inmediatez\u00bb, puesto que la situaci\u00f3n que por esta v\u00eda discuten qued\u00f3 consolidada desde la ejecutoria del auto de 2 de julio de 2013 que no revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de rechazar de plano las excepciones, tanto previas como de m\u00e9rito,  y no accedi\u00f3 a la apelaci\u00f3n de ese auto, y la fecha de presentaci\u00f3n del amparo el d\u00eda 3 de agosto de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es claro, siguiendo las pautas de esta Corte, que el amparo debe ser promovido dentro de un plazo prudente, en general no mayor a seis (6) meses, contados desde la decisi\u00f3n que se censura. En este caso se interpuso treinta y seis (36) meses despu\u00e9s, el 3 de agosto de 2016 (fl. 14, cdno. 1)  y ni siquiera se aleg\u00f3 alguna excusa para tal demora.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Sala ha indicado:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) si bien no se ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ STC 2 de ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada en STC3451-2016, 17 mar., rad. 2015-03185-01).  <\/span><\/p>\n

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5. No le es dable a los actores acudir tard\u00edamente a este mecanismo extraordinario para reprochar eventuales anomal\u00edas que se hayan suscitado en relaci\u00f3n con los t\u00f3picos antedichos, ni siquiera aleg\u00e1ndose, como hacen los impugnantes apenas en esta instancia, que se busca evitar un perjuicio irremediable, pues su inercia prolongada se traduce en impl\u00edcita aceptaci\u00f3n de lo actuado en el enjuiciamiento, a la vez que por esa misma raz\u00f3n, es decir, por haber perdurado tanto tiempo su inactividad, se descarta la inminencia de un perjuicio irremediable, del que, en todo caso, no hay ninguna evidencia.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto en casos similares se ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) de las pruebas aportadas al plenario no hay evidencia de la existencia del perjuicio irremediable alegado, pues no basta con anunciar que se est\u00e1 causando un da\u00f1o, lo cual es necesario, sino que es forzoso demostrarlo. Sobre ese punto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: (\u2026) s\u00f3lo tiene [esa] calidad (\u2026) aqu\u00e9l da\u00f1o que revista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela (\u2026) (CSJ STC 1\u00ba Sep. 2011, rad. 00194-01)\u00bb. (CSJ, STC8457-2016, 5 jul., rad. 00162-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el prove\u00eddo opugnado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1   En virtud del art\u00edculo 47 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, armonizado con el canon 7\u00ba de la Ley 1581 de 2012, se omiten los nombres de los menores.      <\/span><\/p>\n

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      MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC4262-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b052001-22-13-000-2016-00187-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 2 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100347","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100347","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100347"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100347\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100347"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100347"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100347"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}