{"id":100356,"date":"2026-06-25T20:38:19","date_gmt":"2026-06-25T20:38:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4294-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:38:19","modified_gmt":"2026-06-25T20:38:19","slug":"stc4294-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4294-2017\/","title":{"rendered":"STC4294-2017"},"content":{"rendered":"

               LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC4294-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00109-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 2 de marzo de 2017, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El gestor suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, igualdad y recta administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por las autoridades accionadas.  <\/span><\/p>\n

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2. Del ruego tuitivo se extrae como base de su reclamo, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, el actor formul\u00f3 una acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00famero 2015-225, en la cual considera se debe aplicar el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, y el Acuerdo N\u00b0 PSAA15 10392 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pide, en concreto, ordenar al estrado querellado (i) declarar \u201c(\u2026) su falta de competencia (\u2026)\u201d para seguir conociendo del acotado juicio y en consecuencia, remitir el asunto al \u201c(\u2026) juez que le siga en turno (\u2026)\u201d; y (ii) determinar si la Defensor\u00eda del Pueblo incumple sus funciones al negarse en tramitar tutelas a su nombre.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta de los accionados  <\/span><\/p>\n

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a. El despacho enjuiciado aport\u00f3 copias en medio magn\u00e9tico del litigio en discordia, y se\u00f1al\u00f3 que en el juicio subex\u00e1mine, profiri\u00f3 sentencia el 7 de diciembre de 2016, negando las pretensiones all\u00ed deprecadas (fl. 9).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b. La Defensor\u00eda del Pueblo manifest\u00f3 que el actor abusa de las herramientas legales a su alcance, dada las m\u00faltiples acciones de tutela impetradas en todo el territorio nacional por los mismos hechos (fl 12. Cd).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la salvaguarda invocada tras inferir la ausencia del presupuesto de subsidiariedad, por cuanto, \u201c(\u2026) el actor popular, frente a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, nada le ha pedido expresamente a [la] autoridad judicial [convocada] (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a la censura elevada contra la Defensor\u00eda del Pueblo, neg\u00f3 el auxilio, toda vez que \u201c(\u2026) el accionante en pret\u00e9rita oportunidad ya hab\u00eda presentado, acci\u00f3n de tutela respecto de los mismos hechos y derechos cuya protecci\u00f3n hoy reclama (\u2026)\u201d; por tanto, conden\u00f3 en costas al aqu\u00ed querellante (fls. 20 a 24).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el promotor solicitando revocar el fallo de instancia, y pidiendo se probara la \u201ctemeridad y mala fe\u201d en la interposici\u00f3n de este resguardo (fl. 37).  <\/span><\/p>\n

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1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

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1. El auxilio no sale avante por desatenci\u00f3n del principio de subsidiariedad, por cuanto, si el quejoso entend\u00eda que el juzgado acusado hab\u00eda perdido competencia para fallar la memorada acci\u00f3n popular,  pudo exigirle a ese estrado, aplicar el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, empero no lo hizo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bajo esa tesitura, no es posible acudir v\u00e1lidamente a esta justicia cuando se han derrochado los mecanismos ordinarios y extraordinarios de salvaguarda establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto la tutela no puede utilizarse a voluntad del presunto afectado en forma alternativa de dichos medios.2. El descuido del petente le cierra el paso a esta excepcional jurisdicci\u00f3n dada su naturaleza residual y subsidiaria. Al  respecto, esta Sala ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El ataque contra la Defensor\u00eda del Pueblo tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por dos razones.  <\/span><\/p>\n

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Primero porque el solicitante no expres\u00f3 en detalle cu\u00e1les demandas de amparo se neg\u00f3 a formular en su nombre esa autoridad y en cu\u00e1l \u00e9poca; ello para explicitar los verdaderos motivos del reparo tutelar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, segundo, dado que el promotor ha acudido en m\u00faltiples oportunidades a esta especial jurisdicci\u00f3n, planteando, sin ninguna diferencia, la queja endilgada a la Defensor\u00eda del Pueblo -Regional Caldas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta Sala ha negado la protecci\u00f3n impetrada en eventos como el presente, si  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Justamente, para corroborar la conducta temeraria del ac\u00e1 promotor, es suficiente citar uno de los tantos asuntos por \u00e9l impulsados contra la Defensor\u00eda atacada, en el cual la Corte expres\u00f3:  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Establece el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 que \u00abcuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cLa situaci\u00f3n descrita se presenta en este caso, pues, en la sentencia STC15201 de 5 de noviembre de 2015, radicado 00483-01, la Sala estudi\u00f3 un resguardo del mismo demandante Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, porque \u00abla Defensor\u00eda del Pueblo se ha negado (\u2026) a cumplir con su (\u2026) deber de impetrar tutelas a [su] nombre\u00bb, con lo cual dijo transgredirse \u00ablos derechos al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, concluy\u00e9ndose que no pod\u00eda progresar debido a (\u2026) la ausencia de evidencia probatoria que permita colegir lesi\u00f3n de prerrogativas fundamentales por parte de la Defensor\u00eda del Pueblo, pues no obra en el plenario material de convicci\u00f3n del cual se desprenda que esa entidad menoscab\u00f3 las garant\u00edas invocadas o se neg\u00f3 a formular demandas constitucionales a petici\u00f3n del aqu\u00ed solicitante (STC15201-2015) (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEn este asunto, como en aqu\u00e9l, se invoca \u00abel debido proceso\u00bb, presuntamente afrentado con la negativa de la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas a interponer tutelas a nombre del interesado. Por ende, el conflicto y los presupuestos f\u00e1cticos son id\u00e9nticos (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEntonces, ante la coincidencia en sujetos procesales, hechos y derechos, la salvaguarda resulta temeraria, toda vez que simplemente replantea un tema que previamente hab\u00eda sido sometido al escrutinio de la jurisdicci\u00f3n constitucional (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, queda demostrada la conducta temeraria del actor pues no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de una nueva demanda de amparo constitucional frente a la censura endilgada a la Defensor\u00eda del Pueblo.  <\/span><\/p>\n

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4. De otro lado, se ratificar\u00e1 el mandato del a quo constitucional concerniente a la condena en costas, por cuanto deviene de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, la cual se funda en el actuar temerario del accionante, muchas veces evidenciado, incluso, por esta Sala. El inciso final  de la citada regla ense\u00f1a: \u201cSi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El sustento normativo de la sanci\u00f3n, fue encontrado ajustado a la Carta por la Corte Constitucional, sobre el cual se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201cTiene raz\u00f3n uno de los demandantes cuando afirma que la condena en cuanto a indemnizaciones y costas s\u00f3lo puede ser el resultado de un debido proceso, pero esta aseveraci\u00f3n no lleva necesariamente a la inexequibilidad de la norma acusada, pues el proceso de tutela, aunque sumario y preferente, debe surtirse con plena observancia de las previsiones generales consagradas en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, de las cuales no ha sido ni podr\u00eda haber sido excluido en cuanto se trata de un derecho fundamental. Si en un proceso espec\u00edfico tales requerimientos constitucionales se transgreden, tiene competencia el superior ante quien se impugne el fallo y, en su caso, esta Corporaci\u00f3n, para revocar la correspondiente decisi\u00f3n judicial\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Tampoco es contrario a la Carta Pol\u00edtica que se disponga el pago de las costas procesales a cargo del responsable de la violaci\u00f3n o del peticionario que incurri\u00f3 en temeridad, seg\u00fan el caso, pues ello es apenas l\u00f3gico y equitativo trat\u00e1ndose de procesos judiciales\u201d4.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, el referido \u00f3rgano de cierre se ha pronunciado acerca de la condena en costas, interpretando que \u201cse aplica cuando \u2018fundadamente\u2019 se estime que el petente de la tutela incurri\u00f3 en temeridad\u201d5, la cual como se dijo fue evidenciada en el caso concreto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Por los anteriores argumentos, se impone la convalidaci\u00f3n del fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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        NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 CSJ STC, de 26 de enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp. 00616-00.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC de 13 de febrero de 2013, exp. 00168-00; reiterada el 20 de marzo de 2013, 680122130002012-00517-01.    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. STC de 12 de mayo de 2016, exp. 66001-22-13-000-2016-00391-01    <\/span><\/p>\n

4 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.    <\/span><\/p>\n

5 Corte Constitucional. Sentencia T-032 de 1994.      <\/span><\/p>\n

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