{"id":100358,"date":"2026-06-25T20:38:37","date_gmt":"2026-06-25T20:38:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4374-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:38:37","modified_gmt":"2026-06-25T20:38:37","slug":"stc4374-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4374-2017\/","title":{"rendered":"STC4374-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4374-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00744-00  <\/span><\/p>\n

      (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la tutela promovida por Amparo Correa de Polanco y Agust\u00edn Trujillo Tovar contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, integrada por los magistrados \u00c9dgar Robles Ram\u00edrez, Nubia \u00c1ngela Burgos D\u00edaz y Alberto Medina Tovar, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular iniciada por Hernando Tello Pe\u00f1a respecto de la Alcald\u00eda de Garz\u00f3n, Hern\u00e1n Correa Caquimbo y los aqu\u00ed gestores.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. Los promotores suplican la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, igualdad y \u201caplicaci\u00f3n de las normas sustantivas\u201d, presuntamente lesionadas por la autoridad accionada.  <\/span><\/p>\n

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2.1. Dentro del litigio materia de esta salvaguarda, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Garz\u00f3n emiti\u00f3 fallo contrario a las pretensiones el 2 de diciembre de 2016, determinaci\u00f3n apelada por el extremo all\u00e1 activo.  <\/span><\/p>\n

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2.2. La Sala acusada decidi\u00f3 la alzada el 8 de febrero de 2017, revocando la sentencia recurrida para, en su lugar, proteger el derecho colectivo invocado y ordenar exclusivamente a los ahora actores que en las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esa providencia \u201c(\u2026) retir[en] la reja o port\u00f3n met\u00e1lico ubicados (sic) en el carreteadle (sic) que conduce al predio del demandante y de la poblaci\u00f3n en general, ubicados en la vereda Claros del municipio de Garz\u00f3n (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, dispuso \u201c(\u2026) multar[los] con $393.449 (\u2026) de conformidad con lo indicado en la Ley 1801 de 2016, C\u00f3digo Nacional de Polic\u00eda, art\u00edculos 140 numeral 2 y 180 par\u00e1grafo 1 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Indican los aqu\u00ed querellantes, que en la decisi\u00f3n antelada el Tribunal pas\u00f3 por alto \u201c(\u2026) que (\u2026) la v\u00eda o camino de acceso a los predios de los [hoy actores] no es un camino ni v\u00eda p\u00fablica y, por consiguiente, no es procedente la acci\u00f3n popular (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Refieren que, en realidad, el impulsor de ese juicio persigue \u201cla imposici\u00f3n de una servidumbre a su favor para acceder a su propiedad\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, refutan la sanci\u00f3n pecuniaria a ellos impuesta, esgrimiendo que el C\u00f3digo de Polic\u00eda \u201c(\u2026) no estaba vigente para el a\u00f1o en que se formul\u00f3 la demanda y cuando se decret\u00f3 el fallo de primera instancia no estaba vigente (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. Imploran invalidar el prove\u00eddo definitorio de la impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta del accionado  <\/span><\/p>\n

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Guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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2. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Amparo Correa de Polanco y Agust\u00edn Trujillo Tovar critican la sentencia emitida por la Colegiatura acusada dentro del comentado subex\u00e1mine, arguyendo que se incurri\u00f3 en desafueros en la valoraci\u00f3n de la prueba y se sustent\u00f3 en normas inaplicables.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En la providencia censurada se ampar\u00f3 el derecho colectivo \u201cal espacio p\u00fablico y libertad de locomoci\u00f3n\u201d invocado, luego de establecerse que los ac\u00e1 quejosos hab\u00edan construido un port\u00f3n que obstru\u00eda un \u201ccamino real p\u00fablico\u201d.  <\/span><\/p>\n

Para llegar a tal conclusi\u00f3n, el juzgador razon\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]n la escritura p\u00fablica 2161 de 22 de noviembre de 2012 corrida en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Garz\u00f3n, de compraventa de Leonor G\u00f3mez de Castillo a favor de Hernando Pe\u00f1a, se se\u00f1ala como lindero por el norte un camino real que conduce a la finca de Agust\u00edn Trujillo, en la escritura p\u00fablica 1569 calendada el 31 de diciembre de 2003, otorgada por Hilda Vesga Cala a favor de Agust\u00edn Trujillo Escalante sobre el inmueble denominado Versalles de la vereda de Claros del municipio de Garz\u00f3n, otorgada en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Garz\u00f3n, (\u2026) refiere en su cl\u00e1usula s\u00e9ptima \u201cque efectuado el desenglobe del lote de terreno objeto de la presente venta, su propiedad como finca Versalles, queda reducida a [un] lote de terreno con una extensi\u00f3n superficial de 37 hect\u00e1reas, el cual se alindera en forma especial de la siguiente manera: por el norte, en forma irregular, tomando como punto de partida la colinda con la carretera o camino real, en direcci\u00f3n sur norte, la confluencia de la carretera o camino real, en direcci\u00f3n sur norte el punto donde concluye la quebrada Las Vueltas con predio de Jes\u00fas Bustos (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) En la inspecci\u00f3n judicial, la sentenciadora de primer grado constat\u00f3 la ubicaci\u00f3n, cabida y linderos del sector donde se instal\u00f3 el port\u00f3n met\u00e1lico y all\u00ed verific\u00f3 f\u00edsica y documentalmente la existencia de un camino real contiguo al predio La Caba\u00f1a y que el mismo conduce a la finca de Agust\u00edn Trujillo, tal como se menciona en \u201cla escritura p\u00fablica 2162 (sic) del 22 de noviembre de 2012 y que el predio en cita est\u00e1 determinado por los siguientes linderos, (\u2026) por el norte con [el] camino real que conduce a la finca de Agust\u00edn Trujillo (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) En la inspecci\u00f3n judicial se le solicit\u00f3 al perito dictaminar si el inmueble mencionado en la acci\u00f3n popular es el mismo referido en la demanda, adem\u00e1s en la especificaci\u00f3n con relaci\u00f3n al port\u00f3n met\u00e1lico objeto del litigio para determinar su antig\u00fcedad\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cLa prueba judicial revela que el predio de La Caba\u00f1a colinda por el norte con un camino real que conduce a la finca de Agust\u00edn Trujillo y en el registro fotogr\u00e1fico que soporta el dictamen, folios 119 y 120, se visualizan dos portones de entrada a los predios de Agust\u00edn Trujillo y la entrada a los predios de la familia Cuellar. Al responder la solicitud de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n del dictamen pericial sobre el recorrido del camino o servidumbre ampliada hasta la quebrada, se tiene una distancia aproximadamente de 43 metros, entre la carretera que va de Garz\u00f3n a Zuluaga, hasta el sitio donde se encuentra un port\u00f3n met\u00e1lico con candado para el paso de carros y veh\u00edculos de a pie (sic). De ah\u00ed se contin\u00faa en 25 metros hasta la entrada a predios de la se\u00f1ora Cecilia Joven con ancho de 5 metros. De ah\u00ed se contin\u00faa en distancia de 73 metros hasta el paso de la quebrada Las Vueltas con un ancho promedio de 4 metros, al pasar la quebrada se entra al predio de Versalles y se sigue por carretera para la casa de Agust\u00edn Trujillo y para el predio de Amparo Polanco (\u2026) se sigue por v\u00eda carreteable por 173 metros hasta la entrada de la casa de Agust\u00edn Trujillo ya por el predio Versalles, de all\u00ed se pasa por la casa de Agust\u00edn Trujillo y se manifiesta que sigue el camino para Loma Chata y los predios de Rubio Bustos, Leonte Bustos y Emperatriz Lizcano, el cual es utilizado espor\u00e1dicamente. Se\u00f1ala tambi\u00e9n el dictamen que \u201cse hizo el recorrido y aproximadamente a 200 metros m\u00e1s arriba de la casa de Agust\u00edn Trujillo se encontraron vestigios de un carreteable o camino en desuso\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cDel an\u00e1lisis de las pruebas anteriormente indicadas fluye claramente que el lugar donde se instal\u00f3 el port\u00f3n, corresponde a un camino real que inicia en la carretera central que de Garz\u00f3n conduce a Zuluaga y que en la actualidad se encuentra obstruyendo la libertad de locomoci\u00f3n de quienes necesariamente deben transitar por el camino para llegar a sus predios (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente, rest\u00f3 valor probatorio a la versi\u00f3n del  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) En su declaraci\u00f3n sostiene que la carretera es privada, afirmaci\u00f3n que apoya en que en una oportunidad le pidi\u00f3 a la Alcald\u00eda municipal la colaboraci\u00f3n para el mantenimiento de la misma y le manifestaron que no le pod\u00edan meter mano, (\u2026) luego es evidente que su dicho es parcializado y motivado por el inter\u00e9s que tiene en el pleito, comoquiera que en la actualidad es arrendatario de la finca Versalles, lugar donde se obstruy\u00f3 el camino veredal que impide el libre acceso de los transe\u00fantes (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. Hasta aqu\u00ed, las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge v\u00eda de hecho o atropello; el accionado efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n que le llev\u00f3 a emitir la determinaci\u00f3n analizada en precedencia, y no es dable en esta acci\u00f3n reabrir un debate fenecido, por cuanto, no constituye una instancia revisora adicional a las previstas por el legislador ordinario.  <\/span><\/p>\n

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Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

4. No obstante lo antelado, el amparo ser\u00e1 concedido, pues, al margen de la razonabilidad de la decisi\u00f3n de fondo adoptada en ese pleito, lo cierto es, el Colegiado querellado incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho al \u201c(\u2026) sancionar a los demandados a pagar multa en favor del municipio de Garz\u00f3n- Huila, de conformidad con lo indicado en la Ley 1801 de 2016, C\u00f3digo Nacional de Polic\u00eda, art\u00edculos 140 numeral segundo[2] y 180 par\u00e1grafo 1[3] (\u2026)\u201d, disposici\u00f3n plasmada en el numeral \u201cTercero\u201d del ac\u00e1pite resolutivo del fallo ahora revisado.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, por cuanto, el Tribunal utiliz\u00f3 una norma inaplicable a esa clase de tr\u00e1mites dejando de lado, sin explicaci\u00f3n alguna, la que si los regula, esto es, la Ley 472 de 1998, la cual solamente autoriza imponer multas \u201c[e]n caso de mala fe de cualquiera de las partes\u201d (art. 38), y sobre ese aspecto no se efectu\u00f3 ning\u00fan an\u00e1lisis por parte de la Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, importa resaltar que las \u201cautoridades de polic\u00eda\u201d son las \u00fanicas facultadas para sancionar por inobservancia del C\u00f3digo Nacional de Polic\u00eda (art. 198 Ley 1801 de 20164), y, para ello, es necesario el agotamiento del \u201cproceso \u00fanico de polic\u00eda\u201d (arts. 213 y s.s. \u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

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Si para la Sala accionada exist\u00eda quebranto de la aludida legislaci\u00f3n, le correspond\u00eda ordenar la expedici\u00f3n de las copias procesales pertinentes con destino al ente competente, a fin de que se diera inicio al tr\u00e1mite respectivo.  <\/span><\/p>\n

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5. Es indispensable indicar que a todo Juez le asiste el deber de sustentar razonadamente sus determinaciones, por tanto, refulge con claridad el quebranto a la prerrogativa supralegal al debido proceso, y por esa senda, el otorgamiento del resguardo.  <\/span><\/p>\n

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Aunque los prove\u00eddos de los administradores de justicia son en principio ajenos al an\u00e1lisis propio de la acci\u00f3n de amparo consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica; no obstante, en los eventos en los cuales la respectiva autoridad profiere alguna decisi\u00f3n ostensiblemente arbitraria, en contrav\u00eda de la legislaci\u00f3n aplicable y del debido proceso, como lo es la aqu\u00ed atacada, es factible la intervenci\u00f3n de esta particular justicia en aras de reparar esa situaci\u00f3n, sobretodo cuando se constata el menoscabo de la prerrogativa a la defensa de los extremos litigiosos.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

La imposici\u00f3n de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas los motivos que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Art\u00edculo 1.  Obligaci\u00f3n de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta Convenci\u00f3n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est\u00e9 sujeta a su jurisdicci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c2. Para los efectos de esta Convenci\u00f3n, persona es todo ser humano\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cArt\u00edculo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art\u00edculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro car\u00e1cter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci\u00f3n, las medidas legislativas o de otro car\u00e1cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (\u2026)\u201d  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De esta manera, las reglas de aquella normatividad deben observarse en asuntos como \u00e9ste, so pena de incumplir obligaciones internacionales. Por tanto, es menester tener en consideraci\u00f3n las prerrogativas a las \u201cgarant\u00edas judiciales\u201d y a la \u201cprotecci\u00f3n judicial\u201d, seg\u00fan las cuales, una persona solamente podr\u00e1 ser juzgada por la autoridad facultada para ello por la norma aplicable, sigui\u00e9ndose el procedimiento previamente establecido y permiti\u00e9ndosele siempre ejercer la defensa de sus intereses.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el presente asunto, como se dijo, el Tribunal se abrog\u00f3 la potestad otorgada a las \u201cautoridades de polic\u00eda\u201d y, sin absolver el \u201cprocedimiento \u00fanico de polic\u00eda\u201d, impuso una sanci\u00f3n tras estimar quebrantada la Ley 1801 de 2016, contraviniendo con ese proceder los c\u00e1nones 8.1 y 25 de ese tratado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Art. 8. Garant\u00edas Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Art. 25. Protecci\u00f3n Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n, aun cuando tal violaci\u00f3n sea cometida por personas que act\u00faen en ejercicio de sus funciones oficiales\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c2. Los Estados Partes se comprometen: \u201ca) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidir\u00e1 sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; \u201cb) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y \u201cc) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisi\u00f3n en que se haya estimado procedente el recurso (\u2026)\u201d (Subrayas fuera de texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. De acuerdo a lo discurrido, se otorgar\u00e1 el auxilio y se ordenar\u00e1 al Tribunal entutelado que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir del conocimiento de esta providencia, deje sin efecto el numeral \u201cTERCERO\u201d  de la sentencia de 8 de febrero de 2017, y proceda a resolver nuevamente, teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia.  <\/span><\/p>\n

3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONCEDER la tutela solicitada por Amparo Correa de Polanco y Agust\u00edn Trujillo Tovar contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, integrada por los magistrados \u00c9dgar Robles Ram\u00edrez, Nubia \u00c1ngela Burgos D\u00edaz y Alberto Medina Tovar, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular iniciada por Hernando Tello Pe\u00f1a respecto de la Alcald\u00eda de Garz\u00f3n, Hern\u00e1n Correa Caquimbo y los aqu\u00ed gestores.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, se le ordena a la Corporaci\u00f3n entutelada que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del conocimiento de esta decisi\u00f3n, deje sin efecto el numeral \u201cTERCERO\u201d  de la sentencia de 8 de febrero de 2017, y proceda a resolver nuevamente, teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Notificar lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Ausencia Justificada  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.    <\/span><\/p>\n

2 \u201c(\u2026) Art. 140. Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio p\u00fablico y por lo tanto no deben efectuarse: (\u2026) 2. Realizar obras de construcci\u00f3n o remodelaci\u00f3n en las v\u00edas vehiculares o peatonales, en parques, espacios p\u00fablicos, corredores de transporte p\u00fablico, o similares, sin la debida autorizaci\u00f3n de la autoridad competente (\u2026)\u201d.    <\/span><\/p>\n

3 \u201c(\u2026) Art. 180. Es la imposici\u00f3n del pago de una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduaci\u00f3n depende del comportamiento realizado, seg\u00fan la cual var\u00eda el monto de la multa. As\u00ed mismo, la desobediencia, resistencia, desacato, o reiteraci\u00f3n del comportamiento contrario a la convivencia, incrementar\u00e1 el valor de la multa, sin perjuicio de los intereses causados y el costo del cobro coactivo\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Par\u00e1grafo. Las multas ser\u00e1n consignadas en la cuenta que para el efecto disponga las administraciones distritales y municipales, y se destinar\u00e1n a proyectos pedag\u00f3gicos y de prevenci\u00f3n en materia de seguridad, as\u00ed como al cumplimiento de aquellas medidas correctivas impuestas por las autoridades de Polic\u00eda cuando su materializaci\u00f3n deba ser inmediata, sin perjuicio de las acciones que deban adelantarse contra el infractor, para el cobro de la misma. En todo caso, m\u00ednimo el sesenta por ciento (60%) del Fondo deber\u00e1 ser destinado a la cultura ciudadana, pedagog\u00eda y prevenci\u00f3n en materia de seguridad\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201cCuando los Uniformados de la Polic\u00eda Nacional tengan conocimiento de la ocurrencia de un comportamiento, que admita la imposici\u00f3n de multa general, impondr\u00e1n orden de comparendo al infractor, evidenciando el hecho\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201cEs deber de toda persona natural o jur\u00eddica, sin perjuicio de su condici\u00f3n econ\u00f3mica y social, pagar las multas, salvo que cumpla la medida a trav\u00e9s de la participaci\u00f3n en programa comunitario o actividad pedag\u00f3gica de convivencia, de ser aplicable. A la persona que pague la multa durante los cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la expedici\u00f3n del comparendo, se le disminuir\u00e1 el valor de la multa en un cincuenta (50%) por ciento, lo cual constituye un descuento por pronto pago\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201cA cambio del pago de la Multa General tipo 1 y 2 la persona podr\u00e1, dentro de un plazo m\u00e1ximo de cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la expedici\u00f3n del comparendo, solicitar a la autoridad de Polic\u00eda que se conmute la multa por la participaci\u00f3n en programa comunitario o actividad pedag\u00f3gica de convivencia\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201cSi la persona no est\u00e1 de acuerdo con la aplicaci\u00f3n de la multa se\u00f1alada en la orden de comparendo o con el cumplimiento de la medida de participaci\u00f3n en programa comunitario o actividad pedag\u00f3gica de convivencia, cuando este aplique, podr\u00e1 presentarse dentro de los tres (3) d\u00edas h\u00e1biles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida mediante el procedimiento establecido en este C\u00f3digo\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201cUna vez liquidadas y comunicadas, si las multas no fueren pagadas dentro del mes siguiente, el funcionario competente deber\u00e1 reportar la existencia de la deuda al Bolet\u00edn de Responsables Fiscales de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica y as\u00ed mismo deber\u00e1 reportar el pago de la deuda\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201cLa administraci\u00f3n distrital o municipal podr\u00e1 reglamentar la imposici\u00f3n de la medida correctiva de participaci\u00f3n en programa pedag\u00f3gico para los comportamientos contrarios a la convivencia que admitan multa tipo 1 y 2, en reemplazo de la multa (\u2026)\u201d.    <\/span><\/p>\n

4 \u201c(\u2026) Art. 198. Corresponde a las autoridades de Polic\u00eda el conocimiento y la soluci\u00f3n de los conflictos de convivencia ciudadana\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201cSon autoridades de Polic\u00eda:  <\/span><\/p>\n

\u201c1. El Presidente de la Rep\u00fablica\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201c2. Los gobernadores\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201c3. Los Alcaldes Distritales o Municipales\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201c4. Los inspectores de Polic\u00eda y los corregidores\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201c5. Las autoridades especiales de Polic\u00eda en salud, seguridad, ambiente, miner\u00eda, ordenamiento territorial, protecci\u00f3n al patrimonio cultural, planeaci\u00f3n, vivienda y espacio p\u00fablico y las dem\u00e1s que determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201c6. Los comandantes de estaci\u00f3n, subestaci\u00f3n y de centro de atenci\u00f3n inmediata de Polic\u00eda y dem\u00e1s personal uniformado de la Polic\u00eda Nacional (\u2026)\u201d.      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   Magistrado ponente      STC4374-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00744-00         (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Dec\u00eddese la tutela promovida por Amparo Correa […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100358","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100358","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100358"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100358\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100358"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100358"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100358"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}