{"id":100359,"date":"2026-06-25T20:38:51","date_gmt":"2026-06-25T20:38:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4375-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:38:51","modified_gmt":"2026-06-25T20:38:51","slug":"stc4375-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4375-2017\/","title":{"rendered":"STC4375-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

               STC4375-2017  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00739-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Dec\u00eddese la tutela promovida por Mar\u00eda Esperanza Herrera y Jaime Lemus Arrepiche, frente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por los magistrados Jorge Hern\u00e1n Vargas Rinc\u00f3n, Jorge Eli\u00e9cer Moya Vargas y \u00d3scar Humberto Ram\u00edrez Cardona, y la Unidad Administrativa Especializada en Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD-, con ocasi\u00f3n del juicio de restituci\u00f3n de tierras promovido por Carlos Alberto Sierra S\u00e1nchez, tr\u00e1mite al cual acudieron como opositores los aqu\u00ed actores.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Los gestores piden la protecci\u00f3n de las prerrogativas constitucionales al debido proceso y \u201cderechos de los segundos ocupantes\u201d, presuntamente lesionados por las autoridades convocadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En sustento de su inconformidad acotan, en concreto, que en el juicio materia de esta salvaguarda, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el 3 de febrero de 2017, accedi\u00f3 a las pretensiones restitutorias sobre el predio rural \u201cBuenaventura\u201d, ubicado en la vereda San Miguel del municipio de Puerto Gait\u00e1n, Meta, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 234-17916.      <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comentan los peticionarios que en ese prove\u00eddo no se reconoci\u00f3 su \u201cbuena fe exenta de culpa\u201d respecto de la posesi\u00f3n por ellos ejercida en la heredad, impidi\u00e9ndoles obtener una compensaci\u00f3n en dinero con cargo a los recursos del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aducen que en el 2009 llegaron al se\u00f1alado inmueble en \u201ccalidad de trabajadores\u201d del all\u00ed reclamante, con el prop\u00f3sito de hacerse al \u201ccuidado\u201d del mismo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Refieren que el solicitante se ausent\u00f3 y \u201cno volvi\u00f3 a pagarles los salarios, ni prestaciones sociales\u201d, volviendo a saber de \u00e9l en 2014, cuando reclam\u00f3 con \u00e9xito el mentado predio ante la judicatura de tierras, alegando ser v\u00edctima del \u201cnarco paramilitar alias pijarvey\u201d.  <\/span><\/p>\n

Indican que la Corporaci\u00f3n querellada no advirti\u00f3 su aptitud de \u201csegundos ocupantes\u201d, pues son ajenos al abandono forzado alegado por el extremo demandante, se encuentran en condici\u00f3n de vulnerabilidad en raz\u00f3n a su avanzada edad y calidad de desplazados, y porque su \u00fanico sustento proviene de los sembrad\u00edos del inmueble.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Piden, por tanto, invalidar la sentencia motivo de censura y en su lugar, \u201cse les reconozca como beneficiarios de las compensaciones contempladas en el art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Tribunal convocado pidi\u00f3 negar el auxilio por ausencia del presupuesto de subsidiariedad, por cuanto los peticionarios tienen a su alcance el recurso de revisi\u00f3n para atacar el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Unidad Administrativa Especializada en Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD- se opuso al ruego tuitivo, manifestando que el prove\u00eddo reprochado se ajust\u00f3 a derecho, pues se dict\u00f3 con apoy\u00f3 al material probatorio adosado al decurso.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La naturaleza especial de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n prevista en la Ley 1448 de 20111, est\u00e1 mediada por la necesidad de garantizar la eficacia del derecho a la reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas, disponiendo de un procedimiento diferenciado y con efectos sustantivos no asimilables a la legislaci\u00f3n ordinaria, puesto que quiebra, al menos, temporalmente, algunos de estos principios, por virtud de los efectos de la justicia transicional.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tal raz\u00f3n, las reglas para la restituci\u00f3n de inmuebles a las v\u00edctimas, apuntan a proteger al despojado o desplazado, fijando hip\u00f3tesis sobre la ausencia de consentimiento o causa l\u00edcita, marcando derroteros de inversi\u00f3n de la carga de la prueba, dando preferencia a los intereses de las v\u00edctimas sobre otro tipo de sujetos, optando por el establecimiento de restricciones a las operaciones que puedan realizarse sobre las tierras comprometidas en la restituci\u00f3n; imponiendo la obligaci\u00f3n de probar la buena fe exenta de culpa a los terceros opositores, al punto de valerse de un r\u00e9gimen extenso y severo de presunciones de despojo, a favor del solicitante en relaci\u00f3n con los predios inscritos en el registro de tierras despojadas. En fin, se trata de un cat\u00e1logo de principios y de derechos, recalcados en el art\u00edculo 73 de la novedosa Ley, y en otros preceptos de similar linaje en la misma normativa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La disposici\u00f3n jur\u00eddica ej\u00fasdem, contempla dos etapas procedimentales: (i) una inicial de car\u00e1cter administrativo; y otra (ii) judicial.  <\/span><\/p>\n

La primera, habilitante de la final, la adelanta la Unidad Administrativa Especializada en Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRT, y consiste en la inscripci\u00f3n del predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas2. Si el fundo se encuentra en una zona micro o macrofocalizada3, la UAEGRT iniciar\u00e1 el estudio de la solicitud de inscripci\u00f3n y decidir\u00e1 en un t\u00e9rmino de 60 d\u00edas sobre la inclusi\u00f3n o no del terreno en el registro. Si resulta aceptada, se incoar\u00e1 demanda ante el Juez de Restituci\u00f3n de Tierras, evento en el cual, la v\u00edctima si lo desea, podr\u00e1 pedirle a la UAEGRT que la represente en el proceso ante el Juez de Restituci\u00f3n de Tierras, o lo har\u00e1 con abogado particular.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En la segunda fase, la judicial, si no hay oposici\u00f3n, el asunto ser\u00e1 tramitado por el juez especializado en la materia, quien dictar\u00e1 sentencia. En caso contrario, el asunto pasar\u00e1 a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial, respectivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta etapa jurisdiccional y el correspondiente proceso no puede entenderse como un tr\u00e1mite desordenado y arbitrario; no obstante, su agilidad y las amplias facultades inquisitivas y oficiosas del Estado a trav\u00e9s de sus jueces en \u00e9ste tema tan sensible, se exige la presencia de certidumbre en los elementos m\u00ednimos y centrales, por ejemplo, identificando el inmueble objeto de restituci\u00f3n o formalizaci\u00f3n, estableciendo con seguridad, a trav\u00e9s de la inspecci\u00f3n ocular, qui\u00e9nes y bajo qu\u00e9 calidad lo detentan al momento de tramitarse la acci\u00f3n restitutoria, as\u00ed como su naturaleza (bald\u00edo, ejido, propiedad privada, resguardo, parcelaciones, reserva nacional, vacante, entre otros) y el tipo de destinaci\u00f3n (agr\u00edcola, industrial, pastoril, conservaci\u00f3n o para labores comunitarias, tales como educativas, recreativas, camposantos y dem\u00e1s), evitando as\u00ed afectar injustificadamente prerrogativas de terceros o de quienes inevitablemente pueden o deban comparecer al juicio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tampoco significa que el solicitante o la UAEGRT, se hallen exonerados de cargas procesales o de sus deberes ab initio, pues esta \u00faltima tiene la obligaci\u00f3n de caracterizar f\u00edsica, jur\u00eddica y econ\u00f3micamente el terreno antes de incluirlo en el registro de Tierras Despojadas y Abandonadas.     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Las complejidades de las din\u00e1micas agrarias, entremezcladas con la violencia b\u00e9lica colombiana, crearon situaciones en donde diversos actores, ya sean armados o no, con distintos intereses, confluyeron para ejercer el control territorial a trav\u00e9s del despojo u ocupaci\u00f3n de los predios de quienes tradicionalmente los detentaban.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La anterior situaci\u00f3n, combinada con condiciones inveteradas de escasez o inequidad, provocaron que personas pobres, desplazadas o asalariados de bajos ingresos, ocuparan o compraran con los ahorros de su vida, predios supuestamente disponibles y sin limitaciones, desconociendo hechos de despojo o abandono ocultos frente a los mismos. Tales sujetos se consideran segundos ocupantes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La ocupaci\u00f3n secundaria de hogares por desterrados o marginados ha constituido un inconveniente para la restituci\u00f3n de los fundos despojados o abandonados producto del conflicto armado, aspecto que no es propio de nuestro pa\u00eds, pues tambi\u00e9n tuvo lugar en otras naciones afectadas por guerras civiles, en cuyo caso, pese a haberse implementado en ellas programas de retorno y reparaci\u00f3n, tal realidad constituy\u00f3 un obst\u00e1culo para su \u00e9xito4.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El reconocimiento de dicha problem\u00e1tica fue abordada incialmente por el Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas5, mediante la Observaci\u00f3n General N\u00ba 7, as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Los Estados han de adoptar las medidas necesarias para proteger a los ocupantes secundarios de la indigencia, la reubicaci\u00f3n irrazonable, u otras violaciones de sus derechos humanos.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

\u201cLas operaciones de paz y las instituciones de restituci\u00f3n, al mismo tiempo que defienden el respeto del derecho a la restituci\u00f3n, han de cerciorarse de que los ocupantes secundarios no se queden sin vivienda\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEs importante desarrollar mecanismos para garantizar el acceso a otra vivienda (\u2026) no se puede retrasar continuamente la recuperaci\u00f3n de las viviendas por sus titulares leg\u00edtimos a consecuencia de la incapacidad del Estado para encontrar alojamiento alternativo para los actuales ocupantes (\u2026)\u201d6 (se resalta).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La aplicaci\u00f3n irrestricta de la Ley 1448 de 2011 a cargo de la judicatura transicional de tierras, trajo consigo el descubrimiento de una realidad no prevista por el legislador al momento de aprobar dicho texto normativo: muchos de los inmuebles usurpados no estaban ocupados por grupos armados al margen de la ley ni por usurpadores, sino por campesinos (segundos ocupantes) que sin tener relaci\u00f3n pr\u00f3xima con el despojo o abandono forzado, respecto de los cuales no fue probada su buena fe exenta de culpa, se encontraban en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, ya fuera por su calidad de v\u00edctimas de la guerra o por razones de pobreza o subsistencia, depend\u00edan econ\u00f3micamente de los fundos a restituir.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ante la falta de reconocimiento legal, sumada a la imperiosa necesidad de proveer una compensaci\u00f3n a las referidas personas, la UAEGRT expidi\u00f3 el Acuerdo 15 de 2015, destacando:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) dentro del desarrollo de algunos procesos, no se puede establecer en el opositor la buena fe exenta de culpa, trayendo consigo que \u00fanicamente se le considere como de buena fe simple, que puede dar lugar a ser reconocida por el juez en virtud de su autonom\u00eda judicial y ordenar a su favor una medida de atenci\u00f3n, dadas sus condiciones socioecon\u00f3micas dependiendo del caso concreto (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Posteriormente, el Gobierno Nacional expidi\u00f3 el Decreto 440 de 2016 por el cual adopt\u00f3 \u201cMedidas de atenci\u00f3n a los segundos ocupantes\u201d, expuso:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) dando cumplimiento a estas prescripciones y atendiendo a las complejidades inherentes a la restituci\u00f3n de tierras, los Jueces y Magistrados Especializados, en sus decisiones han reconocido esta problem\u00e1tica y han ordenado atender a los segundos ocupantes, por lo que resulta imprescindible que la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, como \u00f3rgano administrativo para la gesti\u00f3n de la restituci\u00f3n de tierras de los despojados, establezca mecanismos para dar cumplimiento efectivo a las decisiones judiciales que reconozcan y ordenen atender a los segundos ocupantes (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De esa forma, dispuso:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Art\u00edculo 2.15.1.1.15. Si existieren providencias judiciales ejecutoriadas que reconozcan medidas y mecanismos de atenci\u00f3n a segundos ocupantes en la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras, emprender\u00e1 las acciones correspondientes a dar cumplimiento efectivo a dichos fallos (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, la Corte Constitucional en sentencia C-330 de 20167 profundiz\u00f3 en las condiciones que deben acreditarse para ser considerado un \u201csegundo ocupante\u201d, destacando:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) La expresi\u00f3n \u2018exenta de culpa\u2019 contenida en los art\u00edculos 88, 91, 98 y 105 de la Ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras es un elemento relevante del dise\u00f1o institucional del proceso, que obedece a fines leg\u00edtimos e imperiosos: proteger los derechos fundamentales de las v\u00edctimas en materia de restituci\u00f3n de tierras, revertir el despojo y desenmascarar las estrategias legales e ilegales que se articularon en el contexto del conflicto armado interno para producirlo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cDada la complejidad de los casos de restituci\u00f3n de tierras, en f\u00e1cticos y normativos, la Sala considera que corresponde a los jueces de tierras estudiar estas situaciones de manera diferencial, tomando en consideraci\u00f3n el conjunto de principios constitucionales que pueden hallarse en tensi\u00f3n, entre los que se cuentan los derechos de las v\u00edctimas y la obligaci\u00f3n de revelar las distintas estrategias del despojo, en el marco del derecho civil y agrario; el principio de igualdad material; la equidad en la distribuci\u00f3n, acceso y uso de la tierra; el derecho a la vivienda digna, el debido proceso, el trabajo y el m\u00ednimo vital de quienes concurren al tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cDada la inexistencia de un \u00f3rgano de cierre en la justicia de tierras, y la consecuente imposibilidad de que se establezca un sistema de precedentes s\u00f3lidos y reglas jurisprudenciales sentadas desde la c\u00faspide del sistema jur\u00eddico, la Sala avanz\u00f3 algunos criterios m\u00ednimos a ser tenidos en cuenta por los jueces de tierras para cumplir su delicada misi\u00f3n constitucional, sin \u00e1nimo de exhaustividad, y resaltando siempre que la regla general es la buena fe exenta de culpa, y que cualquier aplicaci\u00f3n flexible del requisito debe estar acompa\u00f1ada de una motivaci\u00f3n clara, transparente y suficiente. Esta posibilidad no debe cobijar a quienes se encuentran en una situaci\u00f3n ordinaria, o a quienes detentan poder econ\u00f3mico, como empresarios o propietarios de tierras (\u2026)\u201d (se destaca).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Conforme a lo expuesto, si bien los segundos ocupantes no se encuentran en la misma posici\u00f3n que los opositores de buena fe exenta de culpa, aqu\u00e9llos pueden recibir compensaci\u00f3n en los juicios de restituci\u00f3n, siempre y cuando los jueces de esa especialidad los reconozcan como tal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En el caso sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se observa que la determinaci\u00f3n atacada es la sentencia adiada el 3 de febrero de 2017, a trav\u00e9s de la cual la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, accedi\u00f3 a las pretensiones de Carlos Alberto Sierra S\u00e1nchez, ordenando la restituci\u00f3n del predio \u201cBuenaventura\u201d, ubicado en la vereda San Miguel del municipio de Puerto Gait\u00e1n, Meta, en donde Mar\u00eda Esperanza Herrera y Jaime Lemus Arrepiche obraron como opositores.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Alegan los tutelantes como motivo de su inconformidad, que dicha providencia desconoci\u00f3 su condici\u00f3n de \u201csegundos ocupantes\u201d, pues a pesar de detentar el citado inmueble por autorizaci\u00f3n del propio reclamante, derivan su sustento del mismo, y porque tienen la calidad de \u201cdesplazados por la violencia\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. El Tribunal acusado desestim\u00f3 la oposici\u00f3n esgrimida por los accionantes porque, de un lado, no probaron la buena fe exenta de culpa, ni tener mejor derecho frente al terreno reclamado por Carlos Alberto Sierra S\u00e1nchez, en particular, ante la ausencia de la interversi\u00f3n del t\u00edtulo, pues \u201csu condici\u00f3n de meros tenedores jam\u00e1s mut\u00f3 a la de poseedores\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La conclusi\u00f3n anterior fue apoyada en la declaraci\u00f3n rendida por la se\u00f1ora Mar\u00eda Esperanza Herrera, quien reconoci\u00f3 que desde el 2008 detentaba el fundo junto a su consorte, \u201cen calidad de encargados, de cuidanderos de Carlos Sierra (sic)\u201d, recibiendo como contraprestaci\u00f3n por su trabajo, la suma de $500.000,oo. mensuales. Dicha afirmaci\u00f3n, dijo la Colegiatura, denotaba con claridad su reconocimiento de \u201cdominio ajeno\u201d.  <\/span><\/p>\n

Y de otro, por no cumplir con los requisitos previstos en la sentencia C-330 de 2016 de la Corte Constitucional, relacionados con los \u201csegundos ocupantes\u201d, esto es, no acreditar el requisito de vulnerabilidad, pese a contar \u201ccon abogado de confianza (sic)\u201d.       <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Se conceder\u00e1 el auxilio, teniendo en cuenta que la aludida determinaci\u00f3n no valor\u00f3 ni ponder\u00f3 con la exhaustividad propia del juicio transicional de tierras, cuyo fin es procurar reparar a las v\u00edctimas sin desmedro de las prerrogativas de terceros de buena fe cualificada o personas en situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n, si las condiciones alegadas y mostradas por los peticionarios daban lugar a ser reconocidos como ocupantes secundarios, y en esa medida, dispensar la compensaci\u00f3n a su favor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por supuesto que el inter\u00e9s jur\u00eddico del demandante de la restituci\u00f3n halla asiento en una hermen\u00e9utica razonable de la Sala de Tierras, empero, omiti\u00f3 establecer, por ejemplo, la calidad o no de desplazados forzosos de los aqu\u00ed tutelantes, pudiendo consultar para tal prop\u00f3sito, el Registro \u00danico de V\u00edctimas o en su defecto, elevar consulta a la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, pues de haberlo hecho, seguramente, hubiese constatado, como lo verific\u00f3 esta Corte, seg\u00fan los documentos adosados a estas diligencias, que Mar\u00eda Esperanza Herrera y Jaime Lemus Arrepiche, en el 2004, abandonaron Man\u00ed, Casanare, por causa de la violencia armada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aunado a lo anterior, el Tribunal no sopes\u00f3 la vejez y la dependencia econ\u00f3mica de los actores frente al predio solicitado en restituci\u00f3n, como posibles factores de vulnerabilidad, m\u00e1s a\u00fan, cuando seg\u00fan se infiere de lo concluido por dicho juzgador, aqu\u00e9llos no participaron ni se aprovecharon de los hechos que dieron lugar al abandono forzado denunciado por el all\u00ed reclamante, simplemente llegaron al terreno contratados por \u00e9ste para cuidarlo y explotarlo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tampoco reflexion\u00f3 sobre el art\u00edculo 64 de la Carta Pol\u00edtica8, el cual le asigna al trabajador del campo un trato diferente y privilegiado para acceder a la propiedad frente a otras personas relacionadas con la producci\u00f3n econ\u00f3mica, disposici\u00f3n justificada por la obligaci\u00f3n del Estado de garantizarles igualdad material y mejorar su calidad de vida, precisamente por ser una comunidad hist\u00f3ricamente condenada a la pobreza y marginaci\u00f3n social.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Por ende, para la Sala amerita hacer no solo control constitucionalidad \u201cconnatural\u201d a la acci\u00f3n de tutela, sino tambi\u00e9n control convencional, entendido como la comparaci\u00f3n de la normatividad interna con el Pacto de San Jos\u00e99 y la interpretaci\u00f3n de \u00e9ste, efectuada por el \u00f3rgano autorizado, es decir, por la Corte Interamericana.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anotado, en aras de verificar que las leyes colombianas no contradigan la Convenci\u00f3n Interamericana y, en caso de suscitarse tal divergencia, adoptar las medidas para evitar esa disonancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Art\u00edculo 1.  Obligaci\u00f3n de Respetar los Derechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c1. Los Estados Partes en esta Convenci\u00f3n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est\u00e9 sujeta a su jurisdicci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c2. Para los efectos de esta Convenci\u00f3n, persona es todo ser humano (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cArt\u00edculo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cSi el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art\u00edculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro car\u00e1cter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci\u00f3n, las medidas legislativas o de otro car\u00e1cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, las reglas de aqu\u00e9lla normatividad le son oponibles y deben observarse en asuntos como \u00e9ste, so pena de incumplir obligaciones internacionales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En cuanto ata\u00f1e al rese\u00f1ado control, la Corte Constitucional ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) en ejercicio de sus funciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha se\u00f1alado en numerosas oportunidades, refiri\u00e9ndose al control de convencionalidad a cargo de los Estados partes del Tratado, que \u2018[e]l Poder Judicial, en tal sentido, est\u00e1 internacionalmente obligado a ejercer un \u2018control de convencionalidad\u2019 ex officio entre las normas internas y la Convenci\u00f3n Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes\u2019 y continua se\u00f1alando que \u2018[e]n esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino tambi\u00e9n la interpretaci\u00f3n que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, int\u00e9rprete \u00faltima de la Convenci\u00f3n Americana (\u2026)\u201910. As\u00ed pues, atendiendo la obligaci\u00f3n de cumplir sus compromisos internacionales las autoridades deben tomar en consideraci\u00f3n, seg\u00fan lo advierte la Corte Interamericana, no solo el texto del tratado sino tambi\u00e9n las pautas que sobre su interpretaci\u00f3n establece dicho Tribunal. Con esa misma orientaci\u00f3n, la jurisprudencia interamericana ha se\u00f1alado recientemente, luego de afirmar la obligaci\u00f3n de los Estados de cumplir las decisiones adoptadas por la Corte Interamericana cuando sean parte en el respectivo proceso, que cuando ello no ocurre  -no son parte en el proceso-las autoridades del Estado est\u00e1n vinculadas por el Tratado y, por ello, \u2018deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisi\u00f3n y aplicaci\u00f3n de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convenci\u00f3n, como en la determinaci\u00f3n, juzgamiento y resoluci\u00f3n de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, seg\u00fan corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana (\u2026)11 (\u2026)\u201d12.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este asunto, se avizora que la Corporaci\u00f3n accionada desconoci\u00f3 el debido proceso de los querellantes, prerrogativa consignada no solo en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica sino tambi\u00e9n en el numeral 1\u00ba del canon 8\u00b0 de la Convenci\u00f3n Americana13, en concordancia con la regla 17.3 de los Principios sobre la Restituci\u00f3n de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas (Principios Pinheiro) de las Naciones Unidas14  <\/span><\/p>\n

, esto es, por omitir pronunciarse de fondo sobre la calidad de \u201csegundos ocupantes\u201d de aqu\u00e9llos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. En consecuencia, se dejar\u00e1 sin efectos la sentencia de 3 de febrero de 2017, proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, y se le ordenar\u00e1 a dicha autoridad que, en el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, se pronuncie sobre la condici\u00f3n de segundo ocupante de Mar\u00eda Esperanza Herrera y Jaime Lemus Arrepiche de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisi\u00f3n, as\u00ed como en el fallo C-330 de 2016 de la Corte Constitucional, y en caso afirmativo, imparta las \u00f3rdenes correspondientes a la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,          <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: CONCEDER la tutela solicitada por Mar\u00eda Esperanza Herrera y Jaime Lemus Arrepiche, frente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por los magistrados Jorge Hern\u00e1n Vargas Rinc\u00f3n, Jorge Eli\u00e9cer Moya Vargas y \u00d3scar Humberto Ram\u00edrez Cardona, con ocasi\u00f3n del juicio de restituci\u00f3n de tierras promovido por Carlos Alberto Sierra S\u00e1nchez, tr\u00e1mite al cual acudieron como opositores los aqu\u00ed actores.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO:        Notificar lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

               LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

               MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Ausencia Justificada  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Su particularidad corresponde a la fijaci\u00f3n de presunciones respecto del despojo, en relaci\u00f3n con los predios inscritos en el registro de tierras (art\u00edculo 77), lo que tiene como resultado la inversi\u00f3n de la carga de la prueba a favor del despojado o de la v\u00edctima que se ha visto obligada a abandonar la tierra (art\u00edculo 78); se contemplan condiciones m\u00ednimas para las solicitudes de restituci\u00f3n as\u00ed como un procedimiento \u00e1gil para tramitarlas (art\u00edculos 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, y 95); le asignan a la autoridad judicial amplias facultades para proteger los derechos de las v\u00edctimas previendo que el Juez o Magistrado, seg\u00fan el caso, mantendr\u00e1 la competencia para garantizar el goce efectivo de tales derechos hasta tanto est\u00e9n completamente eliminadas las causas de la amenaza (art\u00edculos 91 y 102); y se contempla un recurso general de revisi\u00f3n ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (art\u00edculo 92).    <\/span><\/p>\n

2 El Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas es un sistema de informaci\u00f3n que permite al Estado identificar f\u00edsica y jur\u00eddicamente los predios despojados y abandonados, saber qui\u00e9nes eran sus propietarios, poseedores y ocupantes, para que una vez se certifique su ingreso a esta lista de bienes, se pueda acudir ante el juez para lograr la restituci\u00f3n o formalizaci\u00f3n.     <\/span><\/p>\n

3 Zonas delimitadas en un territorio por la UAEGRT para recepcionar solicitudes de restituci\u00f3n de predios despojados o abandonados, y resolverlas.    <\/span><\/p>\n

4 Tal es el caso de Azerbaiy\u00e1n, Armenia, Ruanda, But\u00e1n, Bosnia- Herzegovina, Croacia, Georgia, K\u00f3sovo, entre otros. (Manual sobre la Restituci\u00f3n de las Viviendas y el Patrimonio de Refugiados y Personas Desplazadas. Aplicaci\u00f3n de los \u201cPrincipios Pinheiro\u201d. Marzo 2007. (ACNUR, OCHA, ONU-DERECHOS HUMANOS, FAO, NRC y ONU-HABITAT).     <\/span><\/p>\n

5 El Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en ingl\u00e9s) se cre\u00f3 en virtud de la resoluci\u00f3n 1985-17 de 28 de mayo de 1985, expedida por el Consejo Econ\u00f3mico y Social de las Naciones Unidas para desempe\u00f1ar las funciones de supervisi\u00f3n del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales (PIDESC) asignadas a este Consejo en la parte IV del PIDESC.    <\/span><\/p>\n

6 P\u00e1gina 79.     <\/span><\/p>\n

7 Recientemente invocada en la sentencia T-367 de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

     <\/span><\/p>\n

8   \u201cArt\u00edculo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educaci\u00f3n, salud, vivienda, seguridad social, recreaci\u00f3n, cr\u00e9dito, comunicaciones, comercializaci\u00f3n de los productos, asistencia t\u00e9cnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos\u201d.    <\/span><\/p>\n

9 Colombia se constituy\u00f3 como Estado parte en la Convenci\u00f3n Americana desde el 31 de julio de 1973, conforme a la Ley 16 de 1972.    <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

11 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resoluci\u00f3n Supervisi\u00f3n de Cumplimiento de Sentencia de 20 de marzo de 2013, Caso Gelman Vs. Uruguay.    <\/span><\/p>\n

12 Corte Constitucional. Sentencia C-500 de 16 de julio de 2014.    <\/span><\/p>\n

13 \u201c1. Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter\u00bb (se resalta).    <\/span><\/p>\n

14\u201c17.3 En los casos en que el desalojo de los ocupantes secundarios sea justificable e inevitable, los Estados deben adoptar medidas positivas para proteger a aquellos que no dispongan de medios para acceder a otra vivienda adecuada cuando deben abandonar la que ocupan en ese momento, con el fin de que no se queden sin hogar y de que su derecho a una vivienda adecuada no se vea menoscabado de ning\u00fan otro modo. Los Estados deban esforzarse por encontrar y proporcionar viviendas o tierras alternativas a dichos ocupantes, incluso de forma temporal, con el fi n de facilitar la restituci\u00f3n oportuna de las viviendas, las tierras y el patrimonio de los refugiados y desplazados. No obstante, la falta de dichas alternativas no deber\u00eda retrasar innecesariamente la aplicaci\u00f3n y el cumplimiento de las decisiones que los \u00f3rganos competentes adopten respecto de la restituci\u00f3n de las viviendas, las tierras y el patrimonio\u201d (se resalta).  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   Magistrado ponente                     STC4375-2017      Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00739-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).       […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100359","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100359","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100359"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100359\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100359"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100359"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100359"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}