{"id":100363,"date":"2026-06-25T20:39:40","date_gmt":"2026-06-25T20:39:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4379-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:39:40","modified_gmt":"2026-06-25T20:39:40","slug":"stc4379-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4379-2017\/","title":{"rendered":"STC4379-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4379-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00695-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jessica Marcela Reina Caicedo contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado 15 Civil del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.  <\/span><\/p>\n

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Solicit\u00f3, en consecuencia, se ordene \u00abdejar sin valor o efecto alguno, las providencias mediante las cuales se vulneraron [sus] derechos constitucionales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        La accionante promovi\u00f3 proceso divisorio contra Andr\u00e9s Camilo Reina Guti\u00e9rrez, quien formul\u00f3, entre otras, la excepci\u00f3n que denomin\u00f3 \u00abpleito pendiente o suspensi\u00f3n del proceso\u00bb, fundada en que su madre est\u00e1 tramitando contra \u00e9l y su hermana Jessica Marcela, una demanda \u00abde declaraci\u00f3n de sociedad comercial de hecho (\u2026) que tiene incluido el bien inmueble\u00bb cuya divisi\u00f3n se deprecaba.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Con base en dicha petici\u00f3n, inmediatamente, el juzgado criticado, mediante auto del 1\u00b0 de septiembre de 2016, dispuso la suspensi\u00f3n del proceso, decisi\u00f3n contra la cual la gestora interpuso reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, siendo desestimado el primero de esos medios de impugnaci\u00f3n con prove\u00eddo del 8 de noviembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        A trav\u00e9s de providencia del 5 de diciembre de 2016, el Tribunal convocado inadmiti\u00f3 la alzada, determinaci\u00f3n que atac\u00f3 en s\u00faplica la actora, la que fue desestimada con auto del 22 de febrero de 2017.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Indic\u00f3 la quejosa que \u00abNO se contempla ni como excepci\u00f3n la suspensi\u00f3n de este proceso [divisorio] y menos alegar la suspensi\u00f3n argumentando un pleito pendiente con respecto a un proceso, en donde ni siquiera se encuentra trabada la litis\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        Agreg\u00f3 que el juzgado criticado desconoci\u00f3 que no era procedente decretar la suspensi\u00f3n, toda vez que el tr\u00e1mite divisorio \u00abni por asomo a\u00fan se encuentra en estado de dictar sentencia\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.6.        Tambi\u00e9n esgrimi\u00f3 que la \u00abinadmisi\u00f3n para entrar a estudiar la apelaci\u00f3n del auto recurrido se centra en el hecho de no encontrarse enlistado en el art\u00edculo 321 del C. G. P., ni existir norma especial que as\u00ed lo autorice, desconociendo finalmente que se tom\u00f3 una decisi\u00f3n de plano con respecto a las excepciones formuladas por la parte demandada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.        La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, el 16 de marzo de 2017, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado 15 Civil del Circuito de Cali expres\u00f3 que \u00abno se advierte vulneraci\u00f3n alguna por parte de este despacho, ya que las actuaciones surtidas se encuentran atadas al rito procesal fijado para este tipo de acciones\u00bb.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u201cel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u201d (sentencia de 11 de mayo de 2001, exp. 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        Del escrito de demanda extracta la Corte que la promotora del amparo cuestiona (i) el prove\u00eddo del 5 de diciembre de 2016, a trav\u00e9s del cual el Tribunal criticado inadmiti\u00f3 la alzada que interpuso contra el auto del 1\u00ba de septiembre de 2016; y (ii) la decisi\u00f3n de suspender el proceso, decretada con la \u00faltima de las providencias mencionadas (1\u00ba de septiembre de 2016).  <\/span><\/p>\n

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2.1.        En lo que concierne a la primera de las quejas, esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal acusado, en la providencia de 5 de diciembre de 2016, indic\u00f3 el motivo por el cual la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 la quejosa resultaba inadmisible, espec\u00edficamente, por \u00abno encontrarse enlistada [la decisi\u00f3n] en el Art. 321 del C. G. P., ni existir norma especial que as\u00ed lo autorice\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, en el prove\u00eddo del 22 de febrero de 2017, mediante el cual se resolvi\u00f3 la s\u00faplica que interpuso la apelante contra la referida inadmisi\u00f3n, agreg\u00f3 el Tribunal que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 es dable reiterar la posici\u00f3n doctrinaria y jurisprudencia que pregona la taxatividad del recurso de apelaci\u00f3n, en virtud del cual, \u00fanicamente gozan de la prerrogativa de la alzada las providencias indicadas ahora en el art\u00edculo 321 del CGP, o en norma especial que lo contempla, sin que pueda el juzgador ampliarlas a otras providencias an\u00e1logas o similares.  <\/span><\/p>\n

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Y lo cierto [es] que en este asunto el prove\u00eddo objeto del recurso de apelaci\u00f3n sometido al conocimiento de segunda instancia, por medio del cual se suspende el proceso, no est\u00e1 contemplado dentro de los susceptibles de alzada, pues el citado art\u00edculo 321 del CGP no se\u00f1ala como apelable dicho prove\u00eddo y no ha norma especial que lo haga.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, pretende la parte recurrente incluir la providencia como apelable en t\u00e9rminos del numeral 5\u00b0 de dicha norma, seg\u00fan el cual es apelable el auto \u201cque rechace de plano un incidente y el que lo resuelva\u201d, alegando que la excepci\u00f3n propuesta por el demandado debi\u00f3 tramitarse como incidente, pero no hay raz\u00f3n jur\u00eddica para aceptar esos argumentos. En efecto, el art\u00edculo 127 del CGP no necesita interpretarse y es claro en se\u00f1alar que \u201cs\u00f3lo se tramitaran como incidente los asuntos que la ley expresamente se\u00f1ale (\u2026)\u201d y no hay norma que disponga tr\u00e1mite incidental para resolver la excepci\u00f3n de pleito pendiente, menos a\u00fan para los procesos divisorios \u2013 art\u00edculo 409 CGP \u2013 y tampoco para la suspensi\u00f3n del proceso.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantea la promotora del amparo es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal interpret\u00f3 las normas que regulan el recurso de apelaci\u00f3n y concluy\u00f3 que la decisi\u00f3n de suspender el proceso no era susceptible de alzada, en cuyo caso tal deducci\u00f3n no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050).  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Respecto del segundo de los reproches de la promotora, examinadas las providencias del 1\u00b0 de septiembre de 2016 y, en especial, la del 8 de noviembre de esa misma anualidad, que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n que interpuso la tutelante contra el prove\u00eddo que dispuso la suspensi\u00f3n del proceso, desde la perspectiva ius fundamental, se anticipa la prosperidad del resguardo, como quiera que el juzgado accionado desestim\u00f3 tal recurso, sin que resolviera los reparos planteados por aquella.  <\/span><\/p>\n

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       En efecto, dicho estrado, al rese\u00f1ar los fundamentos de la censura, expres\u00f3 que la recurrente indic\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n tomada (\u2026) resulta prematura y\/o apresurada, ya que el (\u2026) proceso no se encuentra en estado de dictar sentencia\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para absolver el referido planteamiento ese juzgado se limit\u00f3 a expresar que \u00abesta oficina judicial mantendr\u00e1 inc\u00f3lume su propia decisi\u00f3n, am\u00e9n que no se encuentran allegados elementos nuevos con fuerza tal que hagan revertir o modificar la decisi\u00f3n adoptada por esta oficina judicial y que hoy es materia de inconformidad\u00bb, sin efectuar an\u00e1lisis alguno sobre los reproches que formul\u00f3 la quejosa, respecto del cumplimiento de los presupuestos establecidos en el art\u00edculo 161 del C\u00f3digo General del Proceso para decretar la suspensi\u00f3n del proceso, concretamente, sobre el momento procesal oportuno en que ello deb\u00eda acontecer.  <\/span><\/p>\n

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       En suma, la decisi\u00f3n objeto de la petici\u00f3n de amparo carece de la debida fundamentaci\u00f3n, omisi\u00f3n que, sin duda, trasgrede las garant\u00edas fundamentales del gestor, por cuanto \u00ab\u2026 la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u2026\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00).  <\/span><\/p>\n

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       3.        En consecuencia, se ordenar\u00e1 al juzgado criticado dejar sin valor y efecto el auto del 8 de noviembre de 2016, mediante el cual resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n que interpuso la gestora del amparo contra el prove\u00eddo calendado 1\u00ba de septiembre de esa misma anualidad, para que adopte una nueva decisi\u00f3n en la cual tenga en cuenta las consideraciones precedentes.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el amparo solicitado. En consecuencia, dispone:  <\/span><\/p>\n

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Primero: Ordenar al Juzgado 15 Civil del Circuito de Cali, que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir del recibo de la correspondiente comunicaci\u00f3n, deje sin efecto la providencia de 8 de noviembre de 2016, mediante el cual resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n interpuesta por la all\u00ed demandante Jessica Marcela Reina Caicedo contra el auto de 1\u00ba de septiembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Segundo: Cumplido lo anterior y, en un t\u00e9rmino no superior a 5 d\u00edas, emita una nueva providencia en la que resuelva el referido recurso, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Tercero:        En lo dem\u00e1s, se niega el amparo suplicado.  <\/span><\/p>\n

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Cuarto: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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       La autoridad judicial accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aqu\u00e9l t\u00e9rmino.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

(Con Ausencia Justificada)  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC4379-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00695-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100363","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100363","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100363"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100363\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100363"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100363"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100363"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}