{"id":100367,"date":"2026-06-25T20:40:22","date_gmt":"2026-06-25T20:40:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4383-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:40:22","modified_gmt":"2026-06-25T20:40:22","slug":"stc4383-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4383-2017\/","title":{"rendered":"STC4383-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4383-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00623-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Fidel Guti\u00e9rrez Riveros contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y el Juzgado Civil del Circuito de Acacias (Meta), tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, vida, intimidad, propiedad y \u00abPROTECCI\u00d3N DE SUS BIENES\u00bb, que dice vulnerados por las autoridades accionadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Solicit\u00f3, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia que dict\u00f3 el Tribunal accionado, el 30 de enero de 2017, seg\u00fan se extracta de la demanda de tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        Hugo Alfonso S\u00e1nchez Bautista y Emeli Sogamoso Muni promovieron acci\u00f3n popular contra Fidel Guti\u00e9rrez Riveros, con miras a que se le ordenara \u00abLA DEMOLICION y\/o RETIRO DEL PORT\u00d3N DE HIERRO (\u2026) a la entrada del r\u00edo Sardinata\u00bb y, adicionalmente, \u00abrestituir el bien p\u00fablico del acceso libre al r\u00edo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Adujo el peticionario que las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta que \u00abel camino, sitio o bajada al R\u00cdO SARDINATA y el cerramiento con el port\u00f3n  y dem\u00e1s medios de seguridad, se encuentran ubicados dentro y en los linderos de [su] Finca privada\u00bb; y que existen otros \u00abmedios para que los ba\u00f1istas utilicen como acceso a las playas o lugares del r\u00edo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, el 15 de marzo de 2017, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor  y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       1.        La Alcald\u00eda Municipal de Acacias (Meta) indic\u00f3 que \u00abla Acci\u00f3n Popular indicada (\u2026) se realiz\u00f3 teniendo en cuenta el debido proceso en las cuales se agotaron la primera y segunda instancia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si la afectada no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Corte ha manifestado que,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que el estrado enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto para desestimar la alzada interpuesta, omiti\u00f3 valorar el dictamen pericial practicado en el asunto, que fundament\u00f3 la decisi\u00f3n de conceder la protecci\u00f3n suplicada en la acci\u00f3n popular objeto de reproche constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1. N\u00f3tese que el despacho judicial convocado, en la sentencia del 30 de enero de 2017, al referirse \u00aba la afectaci\u00f3n al derecho fundamental a la propiedad privada\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que \u00ab\u2026, el eventual desmedro a esa prerrogativa deb\u00eda ir acompa\u00f1ada con la ausencia de conflicto con las asignadas a la comunidad, lo cual no fue desvirtuado por el recurrente, pues el elemento de juicio tenido en cuenta por el a quo (dictamen pericial) para deducir que exist\u00eda una confrontaci\u00f3n entre uno y otro, era v\u00e1lido\u00bb, es decir, concluy\u00f3 que la experticia daba cuenta de la rese\u00f1ada circunstancia (confrontaci\u00f3n del derecho colectivo con la propiedad privada), aspecto que no acredita el aludido trabajo pericial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ciertamente, revisada la citada experticia, se advierte que tras rese\u00f1ar los aspectos generales del predio objeto de ese trabajo, el perito precis\u00f3 que \u00abse pudo constatar con el Levantamiento Topogr\u00e1fico (\u2026) [que] existe una distancia de 26.00 Metros Lineales hasta donde est\u00e1n construidas las columnas que sostienen el Port\u00f3n, punto de ingreso al R\u00edo Sardinata\u00bb, m\u00e1s nada dijo respecto de un enfrentamiento entre las prerrogativas de la comunidad y el derecho de propiedad del demandado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2.        Sumado lo anterior, el Tribunal omiti\u00f3 valorar el prenotado dictamen en los t\u00e9rminos que establece el art\u00edculo 232 del C\u00f3digo General del Proceso (aplicable al tr\u00e1mite de las acciones populares en virtud de lo que establecen los art\u00edculos 5\u00ba y 29 de la Ley 472 de 19981  <\/span><\/p>\n

), seg\u00fan el cual \u00ab[e]l juez apreciar\u00e1 el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las dem\u00e1s pruebas que obren en el proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, en la sentencia criticada (del 30 de enero de 2017), sobre la tantas veces mencionada experticia, el Tribunal se limit\u00f3 a se\u00f1alar que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tampoco resulta posible que salgan avante los ataques contra el dictamen pericial allegado al expediente, pues verificada su presentaci\u00f3n al proceso, y corrido el respectivo traslado, se evidencia que el apelante guard\u00f3 silencio, cuando esa era la oportunidad con la que contaba para exponer los posibles yerros t\u00e9cnicos y de idoneidad del perito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a esa situaci\u00f3n, no es admisible emplear esta herramienta procesal para revivir etapas precluidas, pues proceder de esa forma atentar\u00eda flagrantemente la seguridad jur\u00eddica y el debido proceso de la contraparte y los intervinientes, al sustraer la certeza suministrada a partir de los efectos jur\u00eddicos derivados de ese comportamiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, revisados los reproches endilgados a la sentencia es evidente que el interesado no especific\u00f3 cu\u00e1les fueron las exigencias legales, ni los presupuestos de idoneidad de los que carec\u00eda la pericia; as\u00ed como tampoco se\u00f1al\u00f3 los presuntos estudios falsos, los puntos que determinaban la incapacidad del perito que elabor\u00f3 la experticia, ni las disposiciones regulatorias de la actividad de los auxiliares de la justicia que estim\u00f3 vulneradas, lo que constituye un ataque vago e infundado, m\u00e1xime cuando al revisarse el contenido dictamen, se advierte que aquel se ajusta a la normatividad aplicable a la materia. (Resaltado ajeno al texto)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed pues, es evidente que sobre el medio de prueba en an\u00e1lisis, el Tribunal se limit\u00f3 a indicar, de un lado, que no fue objetado y, de otro, que se \u00abajusta[ba] a la normatividad aplicable a la materia\u00bb, sin precisar a qu\u00e9 reglamentaci\u00f3n se refer\u00eda, ni expresar las razones que le llevaban a acoger las conclusiones del perito que lo elabor\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.3.        Adem\u00e1s, sobre este \u00faltimo aspecto, en la pericia se indic\u00f3 que \u00ab[d]e acuerdo con el Decreto 2811 de 1974 art\u00edculo 83, literal d) que establece \u201cUna faja paralela a la l\u00ednea de mareas m\u00e1ximas o la del cauce permanente de r\u00edos y lagos, hasta de treinta metros de ancho\u201d como \u201cbienes inalienables e imprescriptibles del Estado\u00bb, cercenando el experto la primera parte de esa regla de derecho, la cual, en su integralidad, establece lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Art\u00edculo 83\u00ba.- Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a.- El \u00e1lveo o cauce natural de las corrientes;  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.- El lecho de los dep\u00f3sitos naturales de agua;  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

d.- Una faja paralela a la l\u00ednea de mareas m\u00e1ximas o a la del cauce permanente de r\u00edos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

e.- Las \u00e1reas ocupadas por los nevados y por los cauces de los glaciares;  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

f.- Los estratos o dep\u00f3sitos de las aguas subterr\u00e1neas. (Negrillas y subrayas por la Sala)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tal contingencia tambi\u00e9n fue inadvertida por el Tribunal, que ninguna menci\u00f3n hizo al respecto, a pesar que el gestor del amparo ha insistido en que el terreno objeto de la acci\u00f3n popular es de su dominio privado, cuesti\u00f3n que, valga anotar, neg\u00f3 el Juzgado Civil del Circuito de Acacias en el fallo de primera instancia, al referir que \u00abexiste claridad sobre el car\u00e1cter de espacio p\u00fablico que tiene la franja de terreno sobre la cual se construy\u00f3 el port\u00f3n que obstruye el paso de los ciudadanos al sitio tur\u00edstico denominado \u201cR\u00edo Saldinata\u201d\u00bb, sin precisar en que apoyaba tal conclusi\u00f3n, la cual termin\u00f3 siendo confirmada por el ad quem sin dar a conocer las motivaciones que la sustentaban, m\u00e1s all\u00e1 de lo manifestado por el perito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tampoco tuvo en cuenta que sobre el particular, la Corte, en reciente pronunciamiento, indic\u00f3 lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El art\u00edculo 4\u00ba del C\u00f3digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protecci\u00f3n al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974) reconoci\u00f3 los derechos adquiridos por particulares \u00abcon arreglo a la Ley sobre los elementos ambientales y los recursos naturales renovables\u00bb, sujetando el ejercicio de esos derechos a lo dispuesto en dicha regulaci\u00f3n, disposici\u00f3n que fue declarada exequible en la sentencia C-126 de 1998 \u00aben el entendido de que, conforme al art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n, la propiedad privada sobre los recursos naturales renovables est\u00e1 sujeta a todas las limitaciones y restricciones que derivan de la funci\u00f3n ecol\u00f3gica de la propiedad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ese reconocimiento a los derechos adquiridos de forma leg\u00edtima por los particulares, tanto sobre recursos naturales como respecto de otros elementos ambientales, se consagr\u00f3 expresamente en el art\u00edculo 42.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Empero, en todo caso, la propiedad privada debe ejercerse, seg\u00fan lo estatuido por el art\u00edculo 43, como una funci\u00f3n social y sujeto a las limitaciones impuestas por el ordenamiento constitucional y legal, particularmente las que derivan de su funci\u00f3n ecol\u00f3gica (C-126 de 1998).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Conforme al art\u00edculo 80 de esa codificaci\u00f3n, \u00absin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio p\u00fablico, inalienables e imprescriptibles. Cuando en este C\u00f3digo se hable de aguas sin otra calificaci\u00f3n, se deber\u00e1n entender las de dominio p\u00fablico\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y establece el art\u00edculo 83 que salvo los \u00abderechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a.- El \u00e1lveo o cauce natural de las corrientes;  <\/span><\/p>\n

b.- El lecho de los dep\u00f3sitos naturales de agua;  <\/span><\/p>\n

c.- La playas mar\u00edtimas, fluviales y lacustres;  <\/span><\/p>\n

d.- Una faja paralela a la l\u00ednea de mareas m\u00e1ximas o a la del cauce permanente de r\u00edos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;  <\/span><\/p>\n

e.- Las \u00e1reas ocupadas por los nevados y por los cauces de los glaciares;  <\/span><\/p>\n

f.- Los estratos o dep\u00f3sitos de las aguas subterr\u00e1neas (se subraya).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El citado decreto ley rige a partir de la fecha de su expedici\u00f3n, esto es, desde el 18 de diciembre de 1974, sin que sea viable aplicarlo retroactiva o retrospectivamente, pues por regla general, las normas rigen hacia el futuro, para evitar desconocer los derechos adquiridos y las situaciones consolidadas antes de su entrada en vigor.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La zona de terreno adyacente a los cauces naturales de las corrientes de agua desde la l\u00ednea superior de la playa o desde el borde superior accesible cuando las orillas caen perpendicularmente sobre el cuerpo h\u00eddrico, es denominada por la ley \u00abribera\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Explicaba Devis Echand\u00eda que \u00abno existe ninguna diferencia entre el terreno que las forma y la parte restante del predio riberano, de manera que el derecho del propietario se extiende de id\u00e9ntica manera sobre aquellas que sobre cualquier parte de su predio\u00bb.2  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De lo contrario, salvo que el propietario hubiera destinado la zona de ronda para el uso p\u00fablico o la hubiera cedido al ente territorial, aquella seguir\u00e1 siendo de propiedad privada y la declaraci\u00f3n posterior de ser imprescriptible e inalienable, como la contenida en el art\u00edculo 83 del Decreto 2811 de 1974 no muta la naturaleza jur\u00eddica del bien si el particular tiene derechos adquiridos sobre esa franja.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Luego, aunque los derechos adquiridos por particulares en relaci\u00f3n con la ronda de cuerpos de agua, como en este caso lo es, la propiedad privada adquirida antes de la vigencia del Decreto 2811 de 1974, no pueden ser desconocidos ni se pueden declarar extinguidos, eso no obsta para que la normatividad nueva imponga condiciones de ejercicio, cargas o limitaciones e incluso nuevas causas de extinci\u00f3n. (CSJ, SC14425-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.4.        De otro lado, la sentencia atacada tampoco indic\u00f3 cual fue el derecho colectivo trasgredido ni el porqu\u00e9 de tal conculcaci\u00f3n, aspecto que fue objeto de la alzada sometida a su conocimiento, pues enf\u00e1ticamente el demandado viene alegando que la litis alude a un conflicto netamente civil.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Como conclusi\u00f3n de lo dicho, es evidente que el Tribunal incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, lo que impone la concesi\u00f3n del amparo. En un caso de connotaciones similares, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 conforme lo prev\u00e9 el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 37 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil era obligaci\u00f3n del juzgador en la fase de la pericia hacer actuar el art\u00edculo 241 ib\u00eddem, as\u00ed los sujetos procesales no hubieren hecho uso del derecho de contradicci\u00f3n; empero, ese deber fue omitido debido a que en el pronunciamiento cuestionado ning\u00fan an\u00e1lisis ni concreci\u00f3n se hizo respecto del porqu\u00e9 se apreciaba o acog\u00eda el aval\u00fao rendido, pues s\u00f3lo se limit\u00f3 a advertir que \u201clas partes no objetaron el dictamen pericial\u201d, cuando motu proprio ten\u00eda el imperativo de estudiar que la indemnizaci\u00f3n \u201cse fijar\u00e1 consultando los intereses de la comunidad\u201d (inciso 4\u00ba del art\u00edculo 58 C.P.), as\u00ed como su firmeza, precisi\u00f3n y calidad de sus argumentos\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular, no se remite a duda, cual lo ha reiterado la Sala, que la opini\u00f3n de los expertos no \u201cobliga en s\u00ed misma y por s\u00ed sola\u201d(G. J. t, LXXI, pag. 375), y que la existencia del mismo en el proceso tampoco \u201cdetermina, per se, su forzosa admisi\u00f3n por parte del juzgador, por cuanto ella siempre estar\u00e1 sometida a la seria evaluaci\u00f3n de \u00e9ste, quien ha de tener en cuenta los aspectos contemplados en el art\u00edculo 241 del estatuto procesal civil, para determinar libre y exclusivamente el mayor o menor grado de convencimiento que le asigna para la demostraci\u00f3n del hecho o hechos en cuesti\u00f3n. En otras palabras, lo ha esbozado esta Corporaci\u00f3n, el juez no est\u00e1 \u2018forzado nunca a admitirlo o rechazarlo mec\u00e1nica o ciegamente\u2019 (G. J. t, LVII, pag. 532), ni siquiera en el evento de faltar solicitud de aclaraci\u00f3n o por no haber sido materia de objeci\u00f3n, pues ello equivaldr\u00eda suponer que correspondiera a los peritos reemplazar al juez en su misi\u00f3n de sentenciar\u201d (sentencia 031 de 21 de marzo de 2003, exp.#6642). (CSJ STL, 13 nov. 2008, rad. 2008-01407-01, reiterada en STL, 29 oct. 2009, rad. 2009-01406-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Lo considerado impone, como se anunci\u00f3 en antelaci\u00f3n, conceder el resguardo rogado, ante la evidente vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al debido proceso del promotor, por lo que se ordenar\u00e1 a la sede judicial acusada que, tras dejar sin efecto la providencia censurada, proceda a dictar una nueva decisi\u00f3n que atienda los razonamientos expuestos en la parte motiva de esta providencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Fidel Guti\u00e9rrez Riveros. En consecuencia, dispone:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Primero: Ordenar a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio que, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al recibo del expediente, deje sin efecto la sentencia que profiri\u00f3 el 30 de enero de 2017 en la acci\u00f3n popular promovida por Hugo Alfonso S\u00e1nchez Bautista y Emeli Sogamoso Muni contra Fidel Guti\u00e9rrez Riveros (rad. 50006-31-13-001-2015-00012-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Segundo: Cumplido lo anterior y, en un t\u00e9rmino no superior a un (1) mes, contado desde la misma data, emita una nueva providencia en la que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el all\u00ed accionado (Fidel Guti\u00e9rrez Riveros), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y, en caso de ser necesario, acudir al decreto oficioso de pruebas en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 170 del C\u00f3digo General del Proceso. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tercero: Ordenar al Juzgado Civil del Circuito de Acacias (Meta), remitir de inmediato el expediente objeto de la queja constitucional a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior.  <\/span><\/p>\n

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Cuarto: Por secretar\u00eda rem\u00edtase al juzgado de origen el expediente remitido en calidad de pr\u00e9stamo.  <\/span><\/p>\n

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Quinto: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

(Con Ausencia Justificada)  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Establecen las citadas disposiciones, en su orden, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

\u00abArt\u00edculo 5. El tr\u00e1mite de las acciones reguladas en esta ley se desarrollar\u00e1 con fundamento en los principios constitucionales y especialmente en los de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia. Se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (hoy C\u00f3digo General del Proceso), cuando \u00e9stos no se contrapongan a la naturaleza de dichas acciones\u00bb.  <\/span><\/p>\n

\u00abArt\u00edculo 29. Para estas acciones son procedentes los medios de prueba establecidos en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo que respecto de ellos se disponga en la presente Ley\u00bb.    <\/span><\/p>\n

2 DEVIS ECHAND\u00cdA, Hernando. El r\u00e9gimen de las aguas en derecho colombiano. Bogot\u00e1: Edit. Antena S.A., 1944, p. 95.      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente         STC4383-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00623-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100367","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100367","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100367"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100367\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100367"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100367"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100367"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}