{"id":100370,"date":"2026-06-25T20:41:01","date_gmt":"2026-06-25T20:41:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4406-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:41:01","modified_gmt":"2026-06-25T20:41:01","slug":"stc4406-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4406-2017\/","title":{"rendered":"STC4406-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC4406-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2017-00002-01  <\/span><\/p>\n

     (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 14 de febrero de 2017, dictada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Isolina Silva Duarte, actuando como representante legal de la Asociaci\u00f3n de Autoridades Tradicionales \u201cWay\u00fau Pekijirrawa zona Pesuapa\u201d contra los Ministerios del Interior y de Educaci\u00f3n Nacional, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Departamento de la Guajira.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

1. La promotora demanda la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la consulta previa, etnoeducaci\u00f3n y vida, entre otras, presuntamente vulneradas por los accionados.  <\/span><\/p>\n

2. Sostiene, como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Arguye que la Gobernaci\u00f3n de la Guajira \u201c(\u2026) celebr\u00f3 contrato administrativo con fundaciones u operadores para prestar el servicio de etnoeducaci\u00f3n en las [acotadas] comunidades ind\u00edgenas (\u2026), [y brindar] (\u2026) el [auxilio] de Transport[e] escolar a ni\u00f1os y ni\u00f1as (\u2026)\u201d de aquella etnia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aduce que el Departamento para la Prosperidad Social ha efectuado \u201cprogramas sociales\u201d en dicho conglomerado nativo, los cuales no se prestan con un \u201cenfoque diferencial \u00e9tnico\u201d, afectando el estilo de vida de los integrantes de esa sociedad minoritaria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Anota que las anteriores intervenciones administrativas se materializaron sin haberse realizado \u201cel proceso jur\u00eddico de consulta previa\u201d, atentando as\u00ed \u201cdirectamente el tejido\u201d de la se\u00f1alada comunidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Concretamente, explica, que los \u201coperadores\u201d contratados por el I.C.B.F., no corresponden a \u201cfundaciones way\u00fau\u201d, por tanto, \u201cno dominan la lengua wayunaiki\u201d, perturbando emocional y psicol\u00f3gicamente a los ni\u00f1os y ni\u00f1as de esa colectividad, pues los infantes deben tratar con \u201cpersonas de otras cultura[s] distinta[s]\u201d a la de ellos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se duele la gestora, porque el servicio ofrecido por el Estado no guarda concordancia con la \u201ccultura\u201d ancestral del referido pueblo ind\u00edgena, por cuanto, a los menores se les proporciona una alimentaci\u00f3n distinta a la acostumbrada poniendo en riesgo su vida y salud.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Implora ordenar al Ministerio del Interior \u201c(\u2026) efectuar el proceso de consulta previa  (\u2026) antes de escoger o seleccionar las fundaciones (\u2026) que deban prestar el servicio de alimentaci\u00f3n (\u2026)\u201d a los infantes del grupo way\u00fau.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a. El Departamento Administrativo para la Seguridad Social explic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [La] actividad y la oferta institucional de [sus] programas, no est\u00e1 sujeta a proceso de consulta, dado que [la] labor [por \u00e9l desempe\u00f1ada] busca contribuir a la superaci\u00f3n de la pobreza y formaci\u00f3n de capital humano, mediante la entrega de un incentivo econ\u00f3mico o apoyo monetario, [para] mejorar las condiciones de vida de los focalizados en [los] programas [implementados para ello], sin [afectar] e irrump[\u00edr] de manera brusca y vehemente en las costumbres de los pueblos ind\u00edgenas [involucrados en el presente tr\u00e1mite constitucional] (\u2026)\u201d (fls. 73 a 75)  <\/span><\/p>\n

b. El Ministerio de Educaci\u00f3n asever\u00f3 carecer de \u201clegitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d, porque es el I.C.B.F. el encargado de \u201c(\u2026) ejecutar las pol\u00edticas del Gobierno Nacional en materia de fortalecimiento a la familia, protecci\u00f3n a menores de edad y formulaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de programas que promuevan la atenci\u00f3n integral a la primera infancia (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Relat\u00f3 que \u201c(\u2026) son las secretar\u00edas de educaci\u00f3n de la Guajira, Maicao, Riohacha y Uribia, quienes tienen la competencia para determinar las acciones correspondientes al alcance y ejecuci\u00f3n de los contratos para la prestaci\u00f3n del servicio de transporte escolar (\u2026)\u201d (fls. 91 a 97).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  se limit\u00f3 a remitir el certificado de existencia y representaci\u00f3n de \u201c(\u2026) la asociaci\u00f3n de autoridades tradicionales ind\u00edgenas way\u00fau pekijirrawa zona Pesuapa (\u2026)\u201d (fl. 166).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Concedi\u00f3 la protecci\u00f3n tras inferir:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]as autoridades convocadas se encuentran realizando las respectivas convocatorias para contrataciones en la presente vigencia fiscal, elaboraci\u00f3n que surge de la intervenci\u00f3n de las entidades territoriales y los documentos aportados, articulada con la conducta procesal de la accionante, situaci\u00f3n que permite inferir que el derecho fundamental de consulta previa est\u00e1 amenazado o en peligro cierto de vulneraci\u00f3n, ya que si bien el precedente admite restricciones justificadas en el inter\u00e9s superior de los menores, tampoco es menos cierto que cualquier tropiezo no puede servir de excusa para omitir ese procedimiento, (\u2026) luego se torna ineludible salvaguardar este derecho a las comunidades que integran la asociaci\u00f3n representada por la accionante para que todos los programas que se emprendan reflejen el enfoque diferencial en la comprensi\u00f3n que las estrategias de socializaci\u00f3n y concertaci\u00f3n deben respetar plazos razonables y que las autoridades  tradicionales, l\u00edderes, representantes y\/o palabreros tampoco est\u00e1n respaldados por el ordenamiento jur\u00eddico para dilatar o negarse tozudamente a lograr consensos (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, orden\u00f3 al I.C.B.F. a la Gobernaci\u00f3n de la Guajira y las Alcald\u00edas de Riohacha, Maicao y Uribia para \u201c(\u2026) que previamente [a la] contrata[ci\u00f3n] [de] la prestaci\u00f3n de servicios del Programa de Alimentaci\u00f3n Escolar, etnoeducaci\u00f3n y transporte escolar, agote[n] el mecanismo de consulta previa (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente, exhort\u00f3 al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para \u201c(\u2026) que en la ejecuci\u00f3n de proyectos sociales con impacto directo en las comunidades aqu\u00ed involucradas, despliegue las actividades necesarias (\u2026)\u201d de dicho mecanismo de consulta (fls. 500 a 515).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La formularon:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a. El Ministerio del Interior argument\u00f3 que \u201cla consulta previa solo debe agotarse en aquellos casos en que el proyecto, obra, actividad o implementaci\u00f3n de medida administrativa, afecte directamente los intereses de los grupos \u00e9tnicos (\u2026)\u201d situaci\u00f3n que no se presenta en el asunto bajo estudio, por cuanto, se trata de un tema donde est\u00e1n involucrados derechos fundamentales de menores de edad  (fls. 827 a 836).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b. El I.C.B.F. hizo referencia a la sentencia T-475 de 2016 de la Corte Constitucional en donde se resolvi\u00f3 \u201c(\u2026) un caso que guarda estrecha relaci\u00f3n con el presente, fij[\u00e1ndose] criterios respecto a la improcedencia de supeditar la ejecuci\u00f3n de los servicios de atenci\u00f3n de primera infancia (\u2026) a la realizaci\u00f3n del proceso de consulta previa de las comunidades \u00e9tnicas (\u2026)\u201d (fls. 837 a 846).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social manifest\u00f3 que de implementarse lo ordenado por el a quo \u201c(\u2026) habr\u00eda un retroceso (\u2026)\u201d en la prestaci\u00f3n de los servicios dedicados a fortalecer la \u201csustentabilidad\u201d de la comunidad ind\u00edgena implicada, por tanto, pidi\u00f3 revocar la decisi\u00f3n (fls. 848 a 850).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La Asociaci\u00f3n de Autoridades Tradicionales \u201cWay\u00fau Pekijirrawa zona Pesuapa\u201d cuestiona la selecci\u00f3n de operadores y adjudicaci\u00f3n de contratos concernientes a la prestaci\u00f3n de los servicios del programa de alimentaci\u00f3n escolar (PAE), as\u00ed como el de transporte y la etnoeducaci\u00f3n para los ni\u00f1os, ni\u00f1as y miembros de dicha etnia, sin haberse realizado la consulta previa.  <\/span><\/p>\n

2. Atendiendo a las especiales condiciones de las colectividades \u00e9tnicas minoritarias, en los \u00e1mbitos externo1 e interno2, se ha creado un marco normativo especial de protecci\u00f3n para garantizar su conservaci\u00f3n f\u00edsica y cultural, buscando evitar la intromisi\u00f3n de costumbres for\u00e1neas atentatorias de su cosmovisi\u00f3n, existencia y territorios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

El Convenio N\u00ba 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, introducido al ordenamiento nacional con la Ley 21 de 1991, desarrolla una serie de reglas tendientes a proteger el derecho general de los ind\u00edgenas. En ese marco normativo ocupa un lugar preponderante la autonom\u00eda de los pueblos ind\u00edgenas de autodeterminar su propio desarrollo econ\u00f3mico social y cultural, y el compromiso del Estado de velar y proteger sus costumbres de vida y creencias espirituales. Esa prerrogativa est\u00e1 reconocida en el precepto 7 del aludido Convenio OIT en la siguiente forma:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026)1. Los pueblos interesados deber\u00e1n tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que ata\u00f1e al proceso de desarrollo, en la medida en que \u00e9ste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo econ\u00f3mico, social y cultural. Adem\u00e1s, dichos pueblos deber\u00e1n participar en la formulaci\u00f3n, aplicaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educaci\u00f3n de los pueblos interesados, con su participaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n, deber\u00e1 ser prioritario en los planes de desarrollo econ\u00f3mico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deber\u00e1n tambi\u00e9n elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c3. Los gobiernos deber\u00e1n velar porque, siempre que haya lugar, se efect\u00faen estudios, en cooperaci\u00f3n con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deber\u00e1n ser considerados como criterios fundamentales para la ejecuci\u00f3n de las actividades mencionadas (\u2026)\u201d (se resalta).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, refiri\u00e9ndose espec\u00edficamente a los ind\u00edgenas, defini\u00f3 el deber del Estado en proteger a estas minor\u00edas de todo tipo de discriminaci\u00f3n en atenci\u00f3n a su desarrollo social:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Como lo ha establecido en otras ocasiones este Tribunal, y conforme al principio de no discriminaci\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 1.1 de la Convenci\u00f3n Americana, para garantizar el acceso a la justicia de los miembros de comunidades ind\u00edgenas,  es indispensable que los Estados otorguen una protecci\u00f3n efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus caracter\u00edsticas econ\u00f3micas y sociales, as\u00ed como su situaci\u00f3n de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres. Adem\u00e1s, el Tribunal ha se\u00f1alado que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminaci\u00f3n de jure o de facto (\u2026)\u201d (subrayas fuera de texto)3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Para proteger a las comunidades \u00e9tnicas de las actividades de la sociedad mayoritaria, se ha dise\u00f1ado la consulta previa, instrumento consagrado en la Carta Pol\u00edtica como una \u201c(\u2026) especial protecci\u00f3n al derecho de participaci\u00f3n de las comunidades ind\u00edgenas en la adopci\u00f3n de las decisiones que les conciernen y las puedan afectar (\u2026)\u201d, instituci\u00f3n elevada a rango fundamental   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) en pos de preservar la integridad \u00e9tnica, social y cultural de los mencionados grupos \u00e9tnicos y tribales, proceso de consulta que constituye una forma de expresi\u00f3n democr\u00e1tica prevista en el art\u00edculo 330 Superior y con sustento adicional en el Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo OIT, aprobado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991 (\u2026)\u201d4.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si bien, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 330 de la Constituci\u00f3n Nacional, la prerrogativa comentada ha tenido desarrollo desde la promulgaci\u00f3n de la Ley 21 de 1991, aprobatoria del Convenio 169 de la OIT, la consulta debe fortalecerse \u201c(\u2026) mediante procedimientos apropiados y (\u2026) a trav\u00e9s de (\u2026) instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La consulta, reitera esta Sala, es un derecho de las comunidades; pero tambi\u00e9n una garant\u00eda, respecto de la cual, la doctrina constitucional ha expresado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a consulta previa es un asunto de inter\u00e9s general adecuado para la protecci\u00f3n de la diversidad \u00e9tnica y cultural de la naci\u00f3n, puesto que \u2018es el mecanismo que permite ponderar los intereses de los pueblos ind\u00edgenas y tribales en conflicto con intereses colectivos de mayor amplitud, a fin de poder establecer cu\u00e1l de ellos posee una legitimaci\u00f3n mayor\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEl derecho a la consulta previa es un mecanismo necesario e indispensable para asegurar que la realizaci\u00f3n de proyectos no afecte en forma irreversible las formas tradicionales de subsistencia de los grupos \u00e9tnicos dentro de sus territorios, las cuales forman parte integrante de su estructura cultural propia y proveen la base para la preservaci\u00f3n y el desarrollo en el tiempo de sus cosmogon\u00edas, saberes ancestrales y formas culturales. Tal y como lo ha precisado la Corte Constitucional en el pasado, haciendo referencia a ejemplos hist\u00f3ricos concretos, la afectaci\u00f3n de estos modos de subsistencia puede traer consigo, en no pocos casos, una amenaza cierta para la subsistencia misma de los pueblos ind\u00edgenas o las comunidades afrodescendientes. Es por esta raz\u00f3n que (\u2026) el derecho de los pueblos ind\u00edgenas a la subsistencia de conformidad con sus formas y medios tradicionales de producci\u00f3n y reproducci\u00f3n material y cultural, dentro de sus territorios propios, es un derecho fundamental, porque de \u00e9l depende la realizaci\u00f3n del derecho a la integridad cultural, social y econ\u00f3mica de dichos grupos (\u2026)\u201d5 (subl\u00edneas de esta Corte).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Para resolver la problem\u00e1tica aqu\u00ed suscitada, es menester esclarecer si los convocados para contratar servicios de alimentaci\u00f3n, etnoeducaci\u00f3n y transporte escolar para los ni\u00f1os de las comunidades ind\u00edgenas que integran la asociaci\u00f3n de autoridades tradicionales Way\u00fau Pekijirrawa zona Pesuapa, est\u00e1n obligados a adelantar la comentada consulta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, debe se\u00f1alarse que trat\u00e1ndose de menores de edad, tanto las autoridades p\u00fablicas como los particulares est\u00e1n en la obligaci\u00f3n de verificar el cumplimiento de sus derechos a gozar de un ambiente familiar adecuado para ejercer el libre desarrollo de su personalidad en condiciones dignas, recibir una educaci\u00f3n con est\u00e1ndares altos de calidad, por cuanto, de ello pende el aseguramiento de la vida e integridad personal del infante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. No es la primera vez que la doctrina constitucional de esta Sala enfrenta una real o eventual tensi\u00f3n entre el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os y el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades minoritarias. En un asunto con similar situaci\u00f3n f\u00e1ctica a la ahora analizada, el Tribunal Constitucional compendi\u00f3 las siguientes elucubraciones:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Ahora bien, como lo pone de presente el ICBF, en las \u00e1reas de Repel\u00f3n y Polonuevo existe tanto poblaci\u00f3n que se auto-reconoce como negra, afrodescendiente y palenquera, pero tambi\u00e9n poblaci\u00f3n, que requiere de la atenci\u00f3n del ICBF que no reviste tales condiciones, lo cual representa un desaf\u00edo adicional a la hora de garantizar la concertaci\u00f3n con las comunidades negras, puesto que ella no puede realizarse en desmedro de la atenci\u00f3n prioritaria que requieren todos los ni\u00f1os y ni\u00f1as de la regi\u00f3n (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) En este sentido, (\u2026) conviene recordar a todos los agentes involucrados en la atenci\u00f3n de las necesidades de los menores de edad de dichas poblaciones que estos gozan de un estatus jur\u00eddico especial, lo cual implica que sus derechos prevalecen respecto de los derechos de los dem\u00e1s, siendo responsables la familia, la sociedad y el Estado (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) De all\u00ed, que el escenario de concertaci\u00f3n requerido para garantizar el enfoque diferencial en los programas de primera infancia del ICBF, (\u2026), no puede significar en modo alguno la suspensi\u00f3n de la prestaci\u00f3n de dichos servicios a la poblaci\u00f3n de los ni\u00f1os que habitan en Polonuevo y Repel\u00f3n, ello como consecuencia de la prevalencia de los derechos fundamentales de los ni\u00f1os (ver supra Secci\u00f3n E, numerales 94 y siguientes de esta sentencia). Teniendo en cuenta lo anterior, dada la necesidad de prestar de forma inmediata e ininterrumpida los programas de primera infancia, en este caso, se observa un claro escenario en el que se permite limitar el derecho a la consulta previa, en aras de preservar el derecho fundamental e inter\u00e9s superior que les asiste a los menores de edad. Por lo cual, en lo que corresponde a los contratos que se encuentran actualmente en ejecuci\u00f3n por parte del ICBF, para el desarrollo de los programas de la primera infancia, la Corte no har\u00e1 un llamado a que los mismos sean terminados, por no haber sido celebrada la consulta previa que protegiera el enfoque diferencial en el contenido de los programas de primera infancia del ICBF, y hace un llamado a que los mismos se sigan ejecutando en aras de garantizar la continuidad en la prestaci\u00f3n de dichos servicios a favor de los menores de edad. (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cNo obstante lo anterior, considera la Sala que en los contratos que se lleguen a celebrar a futuro para la prestaci\u00f3n de los servicios asociados a los programas de la primera infancia, el ICBF deber\u00e1 observar e implementar los criterios que permitan asegurar un di\u00e1logo que respete el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades accionantes, y de esta forma lograr que dichos programas reflejen un enfoque diferencial. (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cConviene resaltar que, en el caso de intentar dichos mecanismos de concertaci\u00f3n, los mismos no podr\u00e1n durar indefinidamente, por cuanto el derecho fundamental de las comunidades a la consulta previa debe ceder en aquellas ocasiones en las que se verifique la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales de sus miembros por causa del ejercicio de dicho derecho, y con mayor raz\u00f3n, cuando los afectados son los ni\u00f1os. En consecuencia, si vencido un t\u00e9rmino prudencial de un mes para realizar la concertaci\u00f3n o consulta, no se logra un acuerdo, nuevamente siguiendo el principio de protecci\u00f3n del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, le corresponder\u00e1 a las autoridades del Estado, en este caso, al ICBF adoptar las medidas que sean razonables y proporcionales, que permitan maximizar la eficacia y garanticen la protecci\u00f3n de los derechos tanto de los menores de edad pertenecientes a las comunidades accionantes, as\u00ed como de los ni\u00f1os que no se reconocen como miembros de las mismas. (\u2026)\u201d6 (subrayas de la Sala).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. As\u00ed las cosas, en casos como el aqu\u00ed estudiado, donde ya se est\u00e1n ejecutando programas en pro de las prerrogativas superiores de los menores, sin la ejecuci\u00f3n de consulta previa, es irrefutable que los derechos de los ni\u00f1os y ni\u00f1as tienen una connotaci\u00f3n mayor cuando se balancean en relaci\u00f3n con la exigencia de la consulta previa. Por supuesto, resulta indiscutible la obligaci\u00f3n del Estado de asegurar que los servicios ofrecidos a aqu\u00e9llos, involucren costumbres propias de su etnia con un enfoque diferencial entre culturas, pues solo as\u00ed se asegura la preservaci\u00f3n del pueblo ind\u00edgena, y se garantiza la continuidad de su desarrollo de vida y la vigencia de la regla 6 de la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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7. Empero, en esa tesitura, no puede existir una abrupta ruptura que afecte los derechos reforzados de los ni\u00f1os, y consecuencialmente la prestaci\u00f3n futura de los servicios de alimentaci\u00f3n, etnoeducaci\u00f3n y transporte escolar. Lo anterior no significa desconocer el principio democr\u00e1tico, el cual frente a los grupos \u00e9tnicos, se materializa en la ejecuci\u00f3n de la consulta previa como camino para proteger la identidad \u00e9tnica nacional, lo cual significa en el caso concreto, al interior de la comunidad way\u00fau, debe mediar un consenso entre instituciones del Estado y los miembros de esa minor\u00eda, pues aqu\u00e9llos tienen el derecho de participar en la formulaci\u00f3n, aplicaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarlos directamente. It\u00e9rese, lo dicho no implica, para el sublite la suspensi\u00f3n de los contratos que en la actualidad se est\u00e1n ejecutando frente a los referidos servicios. Ser\u00e1 entonces, hacia el futuro para la celebraci\u00f3n de nuevos actos jur\u00eddicos, convenios o contratos, que deber\u00e1 cumplirse como expresi\u00f3n democr\u00e1tica la consulta o concertaci\u00f3n previa.  <\/span><\/p>\n

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8. Ahora, no es de recibo la interpretaci\u00f3n tra\u00edda por el I.C.B.F. en su escrito de impugnaci\u00f3n sobre la sentencia T-475 de 2016, pues como qued\u00f3 visto, la ratio decidendi de esa providencia compromete la viabilidad de la consulta previa, solo para casos donde no se est\u00e9n cumpliendo aquellos  convenios o contratos dirigidos a satisfacer las necesidades de la primera infancia de grupos de minor\u00edas.  <\/span><\/p>\n

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9. Por los anteriores argumentos, se impone la convalidaci\u00f3n del fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley,  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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        NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Entre los instrumentos internacionales debe resaltarse el precitado Convenio 169 de la O.I.T., la Declaraci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas, la Declaraci\u00f3n de Santiago de Chile de 2000, Convenci\u00f3n internacional sobre la eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n racial y la recientemente aprobada Declaraci\u00f3n Americana sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas.    <\/span><\/p>\n

2 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 estatuy\u00f3 medidas especiales a favor de esos colectivos, entre otros, en los art\u00edculos 1, 2, 7, 8, 10, 13, 18, 63, 68, 70, 72, 96, 171, 246, 329 y 330, preceptos desarrollados en normatividad adicional, respecto de la cual, en lo pertinente, se har\u00e1 menci\u00f3n en lo sucesivo.    <\/span><\/p>\n

3 Corte IDH. Sentencia de 31 de agosto de 2010, Caso Rosendo Cant\u00fa y otra vs M\u00e9xico.    <\/span><\/p>\n

4 CSJ. Civil. Sentencia de 25 de agosto de 2010, exp. No. 00022-01, reiterada el 27 de agosto de 2012, exp. 00200-01, reiterada en fallo STC5742 de 9 de mayo de 2014, exp. 2014-00034-01.    <\/span><\/p>\n

5 Corte Constitucional. Sentencia T-547 de 1\u00b0 de julio de 2010.    <\/span><\/p>\n

6 Corte Constitucional. Sentencia T-475 de 1\u00b0 de septiembre de 2016. All\u00ed se resolvi\u00f3: \u201cTUTELAR el derecho fundamental a la consulta previa de las Comunidades Negras y Afrocolombianas del Departamento del Cesar, bajo el entendido que dicha concertaci\u00f3n no puede ser usada como excusa para suspender o terminar los PAE que benefician a los ni\u00f1os y ni\u00f1as de las comunidades de mencionadas y que se encuentran actualmente en curso, m\u00e1xime cuando all\u00ed se encuentran ni\u00f1os que no hacen parte de comunidades \u00e9tnicas. Los procesos de concertaci\u00f3n y consulta de las comunidades, se realizar\u00e1n respecto de contratos que se celebren a futuro en el marco de los PAE y que afecten directamente a dichas comunidades afro descendientes del Departamento del Cesar en lo que respecta al enfoque diferencial de dichos programas, pero en modo alguno podr\u00e1 usarse para determinar un operador espec\u00edfico. Tales procesos de concertaci\u00f3n y consulta deber\u00e1n adelantarse de la manera m\u00e1s \u00e1gil posible, sin llegar a superar un mes luego de la formulaci\u00f3n de la propuesta por parte de la entidad competente. En caso de no llegarse a un acuerdo en este lapso, las respectivas autoridades estatales competentes adoptar\u00e1n las medidas que sean del caso, haciendo una consideraci\u00f3n razonable acerca de la compatibilidad de las mismas con los usos, costumbres y tradiciones de las comunidades afro descendientes del Departamento del Cesar, teniendo siempre como objetivo fundamental la realizaci\u00f3n del inter\u00e9s superior del menor (\u2026)\u201d.      <\/span><\/p>\n

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      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   Magistrado ponente      STC4406-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2017-00002-01        (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100370","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100370","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100370"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100370\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100370"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100370"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100370"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}