{"id":100372,"date":"2026-06-25T20:41:34","date_gmt":"2026-06-25T20:41:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4412-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:41:34","modified_gmt":"2026-06-25T20:41:34","slug":"stc4412-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4412-2017\/","title":{"rendered":"STC4412-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC4412-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00218-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n propuesta frente a la sentencia de 23 de febrero de 2017, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por H\u00e9ctor Castro Artunduaga, contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El promotor suplica la protecci\u00f3n de la prerrogativa de petici\u00f3n, presuntamente quebrantada por la Corporaci\u00f3n accionada.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

2. En sustento de su reproche, expone que el 12 de diciembre de 2016 en ejercicio del derecho fundamental referido, le solicit\u00f3 a la convocada copia simple del proceso penal seguido en su contra por el delito de homicidio en persona protegida, sin obtener respuesta hasta la fecha de formulaci\u00f3n de este ruego.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Implora se ordene dar contestaci\u00f3n a su reclamaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corporaci\u00f3n accionada dentro del t\u00e9rmino concedido guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juzgador constitucional de primer grado accedi\u00f3 al amparo, por cuanto evidenci\u00f3 que el colegiado fustigado no emiti\u00f3 ning\u00fan pronunciamiento frente a lo exigido por el aqu\u00ed interesado, omisi\u00f3n que \u201c(\u2026) constituye vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n en cabeza del demandante, cuya protecci\u00f3n resulta necesaria (\u2026)\u201d (fls. 18 a 20).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La formul\u00f3 el Magistrado Manuel Antonio Flechas Rodr\u00edguez, quien manifest\u00f3 que no tuvo conocimiento de la petici\u00f3n materia de esta tramitaci\u00f3n, ni de la acci\u00f3n constitucional dirigida en su contra, por cuanto fue impetrada ante otra Sala de decisi\u00f3n, y consider\u00f3 \u201c(\u2026) no [estar] vulnerando derecho fundamental alguno al accionante (\u2026)\u201d (fl. 24).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. H\u00e9ctor Castro Artunduaga  interpone este amparo contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia porque no ha atendido su petici\u00f3n de expedir copias simples de la causa penal seguida en su contra, formulada el 12 de diciembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Sobre la vinculaci\u00f3n del ente accionado a la presente acci\u00f3n, se observa que \u00e9sta no merece reparo, por cuanto las actuaciones se ajustan a las formalidades y garant\u00edas del derecho procesal constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

N\u00f3tese, la salvaguarda fue notificada a la Presidencia del Tribunal fustigado (fl.13), \u00f3rgano que funge como representante del colegiado, y que hace inexistente la anomal\u00eda denunciada por el Magistrado impugnante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En punto del derecho de petici\u00f3n es pac\u00edfico, la prerrogativa no tiene cabida en actuaciones de car\u00e1cter jurisdiccional, como la ahora reprochada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre ese aspecto, esta Corporaci\u00f3n ha indicado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem.  De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El \u00f3rgano de cierre Constitucional, sobre la solicitud de reproducciones en ejercicio de la precitada garant\u00eda superior, ha dicho:  <\/span><\/p>\n

\u201cEn lo que se refiere espec\u00edficamente a las condiciones para acceder a las copias ante una autoridad jurisdiccional, deben distinguirse dos situaciones: la primera se presenta cuando en ejercicio del derecho de petici\u00f3n se requieren asuntos que est\u00e1n vinculados de manera estricta a la funci\u00f3n judicial y, la segunda, cuando ella versa sobre aspectos de car\u00e1cter meramente administrativo. En el primer evento estas solicitudes encuentran sus l\u00edmites en las reglas de las formas propias de cada juicio y, por tanto, la presentaci\u00f3n de la solicitud no implica, de manera alguna, el desconocimiento de los t\u00e9rminos y dem\u00e1s formalidades aplicables al proceso. No obstante, se debe aclarar, cuando las solicitudes son elevadas por los sujetos procesales, a fin de hacer efectivas sus prerrogativas constitucionales, \u00e9stas deben ser examinadas de manera minuciosa ya que la efectividad de la petici\u00f3n tendr\u00e1 un v\u00ednculo estrecho con el debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia.  En el segundo evento, cuando la solicitud versa sobre asuntos de \u00edndole administrativa, ha sido claro para esta corporaci\u00f3n que los par\u00e1metros que deben guiar su tr\u00e1mite son los establecidos en las disposiciones del C\u00f3digo Contencioso Administrativo\u201d2 (subrayado fuera de texto).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La expedici\u00f3n de copias del contenido del expediente en el \u00e1mbito penal, est\u00e1 reglado por el art\u00edculo 165 de La Ley 906 de 2004, el cual establece: \u201cLas providencias judiciales solo ser\u00e1n reproducidas a efectos del tr\u00e1mite de los recursos. Podr\u00e1n expedirse certificaciones por parte de la secretar\u00eda correspondiente donde conste un resumen de lo decidido, previa petici\u00f3n de quien acredite un inter\u00e9s para ello\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se advierte entonces, la solicitud formulada por H\u00e9ctor Castro Artunduaga,  busca la expedici\u00f3n de copias simples del juicio penal adelantado actualmente en su contra, circunstancia que no puede ser amparada bajo el ropaje del derecho fundamental invocado, por cuanto el pronunciamiento sobre tal pedimento ata\u00f1e a un tr\u00e1mite judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. No obstante, hay lugar a mantener inc\u00f3lume la providencia dictada por el juzgador constitucional a quo, porque, se reitera, si bien no existe quebranto de la prerrogativa consagrada en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, s\u00ed se evidencia la violaci\u00f3n del mandato 29 ib\u00eddem, ante la tardanza en resolver la solicitud del se\u00f1or Castro Artunduaga.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Conforme al criterio decantado de esta Corte, las situaciones de dilaci\u00f3n que abren paso a este excepcional mecanismo deben carecer de defensa, es decir, ser el resultado de un comportamiento ap\u00e1tico del juzgador.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En una tem\u00e1tica de similares contornos, esta Sala precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [U]no de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales [\u2026] (CSJ STC Feb. 15 1995 rad. 1937, reiterada, entre otras, CSJ STC 8 Jun. 2010, rad. 00814-00 y 19 Dic. 2012, rad. 00814-00) (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201cAsimismo, ha expuesto que:  <\/span><\/p>\n

\u201c[L]a protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso.  Se insiste, la   protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 sep. 2008, rad. 01138-00; reiterado, entre otros pronunciamientos, en CSJ STC, 25 feb. 2013, rad. 00003-01) (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, observada la conducta del ente jurisdiccional cuestionado, es evidente la trasgresi\u00f3n de la prerrogativa del debido proceso, pues no acredit\u00f3 haber dado soluci\u00f3n a lo requerido por el gestor desde el 12 de diciembre de 2016. Ahora, aun cuando en la impugnaci\u00f3n el Magistrado inconforme adujo no haber recibido ese memorial, lo cierto es que guard\u00f3 silencio frente al sello impuesto en el mismo, en el cual se lee: \u201cDependencia: Tribunal Superior Sala \u00danica Florencia (\u2026) clase: recibida\u201d (fl.3).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. La Sala ha denegado el amparo en asuntos similares por carecer del presupuesto de subsidiariedad, porque el afectado con la omisi\u00f3n del juzgador, no ha hecho uso de la recusaci\u00f3n contemplada en el numeral  7 del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, empero esos decursos difieren del presente, por cuanto en aqu\u00e9llos el funcionario ha explicado las razones de su tardanza, en tanto, en el actual, la autoridad no dijo nada sobre los motivos por los cuales no ha resuelto la petici\u00f3n de copias, elevada hace m\u00e1s de un mes.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

6. Se impone, en consecuencia, confirmar el fallo apelado, resguardando el derecho fundamental al debido proceso.          <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: Confirmar el fallo impugnado, accediendo al amparo de la garant\u00eda al debido proceso, conforme a los argumentos expuestos en precedencia.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Enterar de esta decisi\u00f3n a los interesados en la forma prevista en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991.          <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n del fallo pronunciado.  <\/span><\/p>\n

        NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Ausencia Justificada  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. STC de 20 de marzo de 2000, exp. 4822; reiterada el 31 de marzo de 2000, exp. 4867 y el 13 de febrero de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-00187-00, entre otras.    <\/span><\/p>\n

2 Corte Constitucional  sentencia T- 920 de 2008.    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. STC de 5 de mayo de 2015, exp. 23001-22-14-000-2014-00203-02.      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

         LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   Magistrado ponente      STC4412-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00218-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n propuesta frente a la sentencia de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100372","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100372","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100372"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100372\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100372"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100372"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100372"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}