{"id":100377,"date":"2026-06-25T20:42:45","date_gmt":"2026-06-25T20:42:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4428-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:42:45","modified_gmt":"2026-06-25T20:42:45","slug":"stc4428-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4428-2017\/","title":{"rendered":"STC4428-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

                                STC4428-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00687-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Dec\u00eddese la tutela instaurada por Sandra Milena Mart\u00ednez Urbano, en nombre propio y en el de sus menores hijas XXX y ZZZ1  <\/span><\/p>\n

, en frente de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, concretamente contra la magistrada Marcela Adriana Castillo Silva, y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa urbe.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       1.- La promotora depreca la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abdefensa\u00bb, \u00abacceso a la justicia\u00bb y \u00abvivienda digna\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades encartadas dentro del juicio ejecutivo hipotecario que Bancolombia S. A. le formul\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.- Arguy\u00f3, como pilares de su reclamo, en suma, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.1.- A secuela de una \u00abseparaci\u00f3n de bienes [es] propietaria en la actualidad de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Ipiales\u00bb, en el cual reside junto con sus descendientes, mismo sobre el que pesa un gravamen real que respalda el \u00abpagar\u00e9 que en su momento suscribi\u00f3 el padre de [sus] menores hijas y que [ella], como propietaria actual del inmueble, jam\u00e1s suscrib[i\u00f3] en ninguna condici\u00f3n\u00bb, t\u00edtulo valor tal que sirvi\u00f3 de soporte para que la c\u00e9lula judicial encartada librara orden de apremio en su contra.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.2.- La entidad bancaria ejecutante \u00abten\u00eda pleno conocimiento, al momento de iniciar el proceso ejecutivo [sub examine], de cu\u00e1l es la ubicaci\u00f3n del inmueble en la ciudad de Ipiales, de qui\u00e9n es la propietaria en virtud del certificado de tradici\u00f3n y de contra qui\u00e9n dirigi\u00f3 la demanda y de que dicha propiedad se adquiri\u00f3 por separaci\u00f3n de bienes\u00bb, habida cuenta que \u00ab[t]oda esta informaci\u00f3n surge de la hipoteca y del certificado de tradici\u00f3n del inmueble\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       No obstante, el extremo demandante \u00abdecide que la notificaci\u00f3n se practique en el establecimiento de comercio de quien es el padre de [sus] hij[a]s, ubicado [\u2026] en la ciudad de Pasto\u00bb, siendo que ella \u00abno tiene v\u00ednculo en la actualidad con los negocios de [aquel], menos con sus empleados y hay deterioro de la relaci\u00f3n personal\u00bb; con todo, realza, \u00abconocedora de la deuda, fu[e] informada que su abogado estaba en frente del arreglo de la situaci\u00f3n de [su] casa de habitaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.3.- Llegado el momento atendi\u00f3 \u00abla diligencia de secuestro y [s]e limit[\u00f3] a informar que el abogado estaba en frente del proceso. Jam\u00e1s recib[i\u00f3] notificaci\u00f3n alguna en dicha diligencia. Jam\u00e1s manifest[\u00f3] conocer del auto que libr[\u00f3] mandamiento de pago. Jam\u00e1s [s]e opus[o] a la diligencia de secuestro, no trab[\u00f3] ning\u00fan tipo de oposici\u00f3n o litigio. [S]e limit[\u00f3], como madre de familia y jefe del hogar que form[a] con [sus] hijas menores, a atender a quienes llega[ro]n a [su] casa y suministr[\u00f3] una informaci\u00f3n que conoc\u00eda desde que recib[i\u00f3] el inmueble en separaci\u00f3n de bienes. El acto de abrir las puertas de la casa donde resid[e] es un acto social, no un acto procesal\u00bb, por lo que \u00ab[c]oncluido el secuestro salen los visitantes de la casa, [ella] sig[ue su] vida normal y s\u00f3lo ahora, al final del proceso, [s]e enter[a] de que [su] casa ha sido rematada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.4.- Ante esa noticia, \u00abcontact[\u00f3] al abogado y se formul[\u00f3] por quien [la] representa en el proceso incidente de nulidad en el cual se solicit[\u00f3] declarar la nulidad de todo lo actuado desde la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago\u00bb, acaeciendo que el despacho enjuiciado deneg\u00f3 su planteamiento por auto de 21 de octubre de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.5.- Apel\u00f3 dicha resoluci\u00f3n, mas la colegiatura encartada la ratific\u00f3 mediante prove\u00eddo de 7 de febrero de 2017.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.6.- Reprocha que las providencias de marras son an\u00f3malas por cuanto que \u00ab[l]a prueba que desvirt\u00faa la validez de la notificaci\u00f3n aparece en el proceso de bulto pero ni el tribunal ni el juzgado [acusados] la quisieron ver\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00ab[p]ara respaldar la existencia de [su] domicilio, que apoya la prueba de d[\u00f3]nde resid[e], se aporta[ro]n las constancias escolares de que las menores, quienes viven con [ella], que [es] su acudiente en el colegio, se educan y viven con su madre en la ciudad de Ipiales\u00bb, am\u00e9n que \u00ab[s]e equivoca el tribunal [querellado] al afirmar que es [su] carga como demandada desvirtuar la certificaci\u00f3n de la empresa de correos. Se equivoca porque este jam\u00e1s ha sido un punto de discusi\u00f3n. Nadie desconoce que la empresa de correos entreg\u00f3 la correspondencia donde dice el pagar\u00e9\u00bb.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

       3.- Solicita, conforme a lo relatado, se declare la \u00abnulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo [sub judice] a partir de la notificaci\u00f3n de la demanda, incluido el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       La colegiatura recriminada sostuvo, en breve, que en la determinaci\u00f3n repudiada \u00abse encuentran plasmadas la valoraci\u00f3n probatoria y las consideraciones de orden legal y jur\u00eddico\u00bb que la avalan.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       El despacho enjuiciado, tras relatar brevemente el decurso procedimental emprendido, predic\u00f3 que no ha vulnerado los intereses de las partes litigiosas, siendo que la peticionaria \u00abconoc\u00eda material y formalmente de la existencia del proceso [\u2026] y limit\u00f3 su intervenci\u00f3n procesal s\u00f3lo hasta cuando el tr\u00e1mite judicial le result\u00f3 completamente desfavorable\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

          1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.- Observada la censura planteada resulta evidente que la reclamante, al estimar que se actu\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos f\u00e1ctico y procedimental absoluto, enfila su inconformismo, en \u00faltimas, contra el tribunal encartado por cuanto profiri\u00f3 el auto de 7 de febrero de 2017, ratificatorio del de 21 de octubre de 2016 que neg\u00f3 el \u00abincidente de nulidad\u00bb otrora propuesto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.- Obra como acreditaci\u00f3n que ata\u00f1e con el asunto que ahora concita la atenci\u00f3n de la Corte, la determinaci\u00f3n de 7 de febrero del a\u00f1o que discurre, dictada por la colegiatura censurada (fls. 23 a 25).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.- En cuanto concierne con el rebate planteado en punto de la providencia anotada en el numeral inmediatamente anterior, proferida por la sala cuestionada, ha de se\u00f1alarse que contrario sensu a lo manifestado por el disconforme, la misma no alberga anomal\u00eda que imponga, prima facie, la perentoria salvaguardia deprecada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.1.- Lo apuntado en vista que aquel, sobre el particular sostuvo, en suma, que \u00abde acuerdo a lo obrante en el proceso, las diligencias para notificaci\u00f3n de la [querellante] tanto personal como por aviso, fueron remitidas a la direcci\u00f3n suministrada por la parte activa del proceso, la cual al revisar el t[\u00ed]tulo valor allegado junto con el libelo genitor corresponde a la que proporcionara [\u2026] Alexis Rodr\u00edguez Mart\u00ednez a la firma del mismo\u00bb, siendo que la petente \u00aben su escrito de nulidad asevera que la nomenclatura a la cual se dirigieron las respectivas comunicaciones no corresponden a la de su residencia, se\u00f1alando que las mismas se hicieron en la ciudad de Pasto, siendo su lugar de residencia en Ipiales, allegando como material probatorio de dicha circunstancia, certificaciones de estudio de sus menores hijas las cuales fueron expedidas en instituciones educativas de dicha municipalidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Empero, acot\u00f3, \u00ab[d]ichos elementos de convicci\u00f3n, tal y como lo arguyera la a quo, no sirven al efecto de desvirtuar la certificaci\u00f3n de la empresa de correos, de la entrega de la citaci\u00f3n y el aviso en el lugar de notificaci\u00f3n informado por la parte actora, toda vez que la obligaci\u00f3n de la parte que presenta el incidente de nulidad, se debe encaminar a la persuasi\u00f3n del juzgador que la notificaci\u00f3n se hizo en lugar diferente al domicilio de la parte pasiva de la litis, sin embargo, las certificaciones allegadas son prueba fehaciente de que las menores estudian y residen en la ciudad de Ipiales, pero no bastan por s\u00ed solas a demostrar que la [reclamante] resida en dicha localidad, y que no recibi\u00f3 la notificaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Realz\u00f3, a esas cotas, que la tutelista \u00abcontaba con oportunidad de allegar medios de prueba que convencieran al juez del caso de no haber sido enterada de la existencia del proceso en su contra, sin embargo no present\u00f3 ni solicit\u00f3 las probanzas encaminadas a desvirtuar las pruebas de la notificaci\u00f3n, en especial, se itera, las certificaciones de la empresa de correos respecto a que tanto la citaci\u00f3n para notificaci\u00f3n personal, como el aviso, fueron debidamente entregados en la direcci\u00f3n denunciada para el efecto, sin que las personas que aparecen recibiendo hayan hecho alguna manifestaci\u00f3n escrita, de que all\u00ed no se ubicaba la [peticionaria], por lo que no hay elemento[s] indicativos para desvirtuar tales informes y se\u00f1alar sin lugar a dudas que la direcci\u00f3n en la cual se presentaron las comunicaciones para la notificaci\u00f3n no hubiere cumplido su prop\u00f3sito, siendo que es obligaci\u00f3n de la parte presentar o solicitar las pruebas pertinentes para que se d[\u00e9] aplicaci\u00f3n a la norma cuyo efecto se persigue, en especial cuando se atacan providencias que se encuentran bajo el manto de la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara a las determinaciones cuando han adquirido la ejecutoriedad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       A m\u00e1s, de inmediato asever\u00f3 que \u00abes importante clarificar que la intervenci\u00f3n hecha por la [promotora] en la diligencia mediante la cual se secuestr\u00f3 el bien hipotecado es relevante para el asunto analizado, toda vez cuando ella se\u00f1ala \u201cActualmente el bien inmueble antes relacionado se encuentra arrendado, cuyos contratos en copias ser\u00e1n aportados al se\u00f1or secuestre, el arriendo est\u00e1 en un valor de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000), (sic) y apoderado carlos fernando guzm\u00e1n corrales (sic) adelantando negociaci\u00f3n con el abogado de bancolombia para la cancelaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n\u201d (Subraya fuera del texto original), no solo est\u00e1 realizando su primera actuaci\u00f3n dentro del asunto, sino que da a entender que conoce del proceso llevado en su contra; adem\u00e1s era en dicha diligencia, o a lo sumo inmediatamente ella se llev\u00f3 a cabo, que ten\u00eda la oportunidad de alegar el desconocimiento del proceso que se adelantaba en su contra\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       De ah\u00ed que, aludi\u00f3, \u00abresultan muy dicientes las manifestaciones de la demandada en el curso del secuestro en relaci\u00f3n con que se estaban adelantando negociaciones respecto del proceso de la referencia, el cual fue identificado en la diligencia llevada a cabo el 12 de abril de 2016, y sin embargo se dejara transcurrir un t\u00e9rmino superior a cinco meses, para alegar la invalidez del tr\u00e1mite porque no conoci\u00f3 de su existencia. Su actuaci\u00f3n tard\u00eda impide entonces que se acceda a declarar la nulidad deprecada, pues aunque el inc. 3\u00ba del art. 134 del C. G. P. permite que en los procesos ejecutivos se alegue la causal de indebida notificaci\u00f3n, hasta su terminaci\u00f3n por pago total o por cualquier otra causa legal, la misma no puede ser propuesta por quien actu\u00f3 en el proceso despu\u00e9s de ocurrida a respectiva causal sin proponerla, al tenor de lo dispuesto en el inc. 2\u00b0 del art. 135 de la misma normatividad\u00bb, emergiendo entonces que \u00aben el presente caso que la [actora] efectivamente conoc\u00eda del asunto pero no intervino en el mismo hasta que result\u00f3 completamente desfavorable a sus pretensiones, pues ante el escaso obrar probatorio y las incongruencias existentes entre lo afirmado por la parte y lo establecido en el escrito anulatorio, es pertinente confirmar la decisi\u00f3n adoptada\u00bb en primer grado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.2.- Al abrigo de dichos argumentos y otros de similar perfil adopt\u00f3 la providencia objeto de censura.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

                4.3.- Bajo esa perspectiva, emerge di\u00e1fana la inviabilidad de la protecci\u00f3n extraordinaria exigida, en la medida en que, it\u00e9rase, no est\u00e1 demostrada la causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto f\u00e1ctico enrostrada, en tanto que de la transcripci\u00f3n enantes vista, independientemente que la Corte la proh\u00edje en su totalidad por no ser este el escenario id\u00f3neo para lo propio, dimana queque las demostraciones obrantes en el plenario fueron puntual y arm\u00f3nicamente observadas y apreciadas, seg\u00fan  la sana  cr\u00edtica, como as\u00ed lo imponen las reglas probatorias,  am\u00e9n  que  la exposici\u00f3n  de los motivos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

decisorios al efecto manifestados se funda en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Esto es, que si bien la gestora no asumi\u00f3 la carga demostrativa que le concern\u00eda para denotar que la notificaci\u00f3n al efecto llevada a cabo en punto suyo dentro del sub lite se realiz\u00f3 en lugar diverso a donde v\u00e1lidamente pod\u00eda ser enterada de la existencia del litigio, contrario a lo que sobre el particular se deriv\u00f3 de las constancias de citaci\u00f3n y aviso incorporadas por la empresa de comunicaciones que rindi\u00f3 los informes correspondientes, mismos que no fueron desvirtuados, tambi\u00e9n lo es que adicionalmente surgi\u00f3 del acta contentiva de la diligencia de secuestro llevada a cabo sobre el predio objeto de hipoteca que la tutelista s\u00ed era conocedora de que estaba siendo ejecutada, tanto as\u00ed que afirm\u00f3 que el abogado que all\u00ed aludi\u00f3 estaba adelantando negociaciones con la entidad bancaria ejecutante para \u00abla cancelaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n\u00bb, desprendi\u00e9ndose que su proceder fue conveniente porque esper\u00f3 casi un semestre para exponer su deprecaci\u00f3n de invalidez cuando el devenir procesal ya le era \u00abcompletamente desfavorable\u00bb, hermen\u00e9utica respetable que se bas\u00f3, entre otros, en los art\u00edculos 133-8\u00ba, 135, 167 y concordantes del C\u00f3digo General del Proceso, la que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda, todo lo cual no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.4.- Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de una parte, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como  si  fuese  uno  de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y, de  otra,  que  \u00abla  adversidad  de  la  decisi\u00f3n  no  es por s\u00ed  <\/span><\/p>\n

misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       5.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

(Presidente de Sala)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1 En virtud del art\u00edculo 47 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, armonizado con el canon 7\u00ba de la Ley 1581 de 2012, se omiten los nombres de los menores de edad.      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                                         STC4428-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00687-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).                Dec\u00eddese la tutela instaurada por Sandra Milena Mart\u00ednez Urbano, en nombre propio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100377","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100377","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100377"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100377\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100377"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100377"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100377"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}