{"id":100379,"date":"2026-06-25T20:43:11","date_gmt":"2026-06-25T20:43:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4431-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:43:11","modified_gmt":"2026-06-25T20:43:11","slug":"stc4431-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4431-2017\/","title":{"rendered":"STC4431-2017"},"content":{"rendered":"

               LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC4431-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00127-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia del 3 de marzo de 2017, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro del amparo promovido por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, tr\u00e1mite extensivo a la Alcald\u00eda de La Virginia, la Procuradur\u00eda y al Defensor del Pueblo de Risaralda, as\u00ed como a las partes y coadyuvantes en el juicio con radicado no. 2015-00061, seguido ante el referido Despacho.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El gestor reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantadas por los convocados.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Pide se conmine al estrado judicial convocado declarar su falta de competencia para adelantar esa actuaci\u00f3n y enviarla \u201cal juez que le siga en turno\u201d, en cumplimiento del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, y ordenar a la Defensor\u00eda del Pueblo en \u201cManizales\u201d  promover amparos a su nombre como lo establece la Ley 734 de 2002 (fl. 1).  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

3.        Mediante prove\u00eddo del 20 de febrero de 2017, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, avoc\u00f3 conocimiento del auxilio en contra del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, vincul\u00f3 a la Alcald\u00eda de La Virginia, La Procuradur\u00eda y Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el litigio que se tramita ante el despacho fustigado.  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta del accionado y vinculados    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a)        El Juez convocado se opuso a la salvaguarda, exponiendo que en el memorado asunto se vienen adelantando las publicaciones de rigor, siendo \u00e9stas necesarias para continuar con su tr\u00e1mite, pese a la celeridad exigida por el actor (fl. 11).          <\/span><\/p>\n

b) La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda afirm\u00f3 haber sido parte en el litigio aqu\u00ed referido, por medio de sus delegados. En punto de los hechos denunciados por el reclamante, advirti\u00f3 ser ajenos al ministerio p\u00fablico, \u201ctoda vez que [su] intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos\u201d, por lo cual pidi\u00f3 desvincularla de cualquier responsabilidad (fl. 7).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c) En un extenso escrito allegado en medio magn\u00e9tico, la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, solicit\u00f3 no s\u00f3lo se declarase improcedente el amparo deprecado, sino tambi\u00e9n sancionase al se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga por obrar con temeridad y mala fe, al haber interpuesto, por los mismos supuestos f\u00e1cticos, m\u00e1s de cuatro centenares de tutelas contra la propia entidad y otras autoridades (fl. 9).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d) La empresa UNE EPM Telecomunicaciones S.A., manifest\u00f3 no constarle los m\u00f3viles de la salvaguarda, aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y se opuso a su prosperidad (fol. 15 a 17).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

e) Los dem\u00e1s guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El Tribunal declar\u00f3 improcedente el auxilio rogado frente al estrado judicial convocado porque en el memorado juicio, a\u00fan est\u00e1 por resolverse la petici\u00f3n incoada por Arias Id\u00e1rraga con sustento en aspectos similares a los aqu\u00ed esbozados, es decir, la inobservancia de la regla 121 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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Referente a la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas deneg\u00f3 el amparo por cuanto el impulsor present\u00f3 varias salvaguardas por el mismo motivo, y tras citar el a-quo constitucional precedentes de esta Corporaci\u00f3n, dispuso condenar en costas al gestor a favor del Consejo Superior de la Judicatura (fls. 22 a 29).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El quejoso censur\u00f3 la decisi\u00f3n de instancia, en suma solicitando \u201caplicar el Art. 121\u201d del C\u00f3digo General del Proceso. As\u00ed mismo pidi\u00f3 \u201crevocar\u201d la condena en costas y \u201cprobar\u201d su temeridad y mala fe (fl. 32).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Javier El\u00edas Arias se duele porque la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00famero 2015-0061 y tramitada ante el convocado, debe declararse la falta de competencia del juzgador cognoscente en observancia del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Examinadas las probanzas aportadas, se colige la improcedencia del resguardo por resultar prematuro. Lo anterior porque el Juez Civil del Circuito de La Virginia no ha resuelto la solicitud formulada por el aqu\u00ed tutelante en punto de la aplicaci\u00f3n del memorado art\u00edculo 121 de la Ley 1564 de 2012.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos que le corresponde zanjar al juzgador natural, por cuanto no puede asumir facultades que le son ajenas.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Corte manifest\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]s palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no  es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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En el asunto de la referencia el suplicante acudi\u00f3 de forma prematura al mecanismo constitucional, toda vez que su petici\u00f3n a\u00fan no ha sido desatada, como lo confronta esta Sala de las actuaciones del acusado proceso (fl. 12).  <\/span><\/p>\n

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Col\u00edgese, la inviabilidad de efectuar un pronunciamiento en torno a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 el C\u00f3digo General del Proceso, pues tal cuesti\u00f3n deber\u00e1 dilucidarse al interior del pleito cuestionado.  <\/span><\/p>\n

3. De otra parte, el ataque contra la Defensor\u00eda del Pueblo tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por dos razones:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Primero porque el solicitante no expres\u00f3 en detalle cu\u00e1les demandas de amparo se neg\u00f3 a formular en su nombre esa autoridad y en cu\u00e1l \u00e9poca; ello, para explicitar los verdaderos motivos del reparo tutelar.  <\/span><\/p>\n

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Y, segundo, el libelista constitucional ha acudido en m\u00faltiples oportunidades a esta especial jurisdicci\u00f3n, planteando, sin ninguna diferencia, la queja endilgada a la Defensor\u00eda del Pueblo -Regional Caldas.  <\/span><\/p>\n

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Esta Sala ha negado la protecci\u00f3n impetrada en eventos como el presente, si  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [L]a demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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Justamente, para corroborar la conducta temeraria del ac\u00e1 promotor, es suficiente citar uno de los tantos asuntos por \u00e9l impulsados contra la Defensor\u00eda atacada, en el cual la Corte expres\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Establece el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 que \u00abcuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cLa situaci\u00f3n descrita se presenta en este caso, pues, en la sentencia STC15201 de 5 de noviembre de 2015, radicado 00483-01, la Sala estudi\u00f3 un resguardo del mismo demandante Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, porque \u00abla Defensor\u00eda del Pueblo se ha negado (\u2026) a cumplir con su (\u2026) deber de impetrar tutelas a [su] nombre\u00bb, con lo cual dijo transgredirse \u00ablos derechos al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, concluy\u00e9ndose que no pod\u00eda progresar debido a (\u2026) la ausencia de evidencia probatoria que permita colegir lesi\u00f3n de prerrogativas fundamentales por parte de la Defensor\u00eda del Pueblo, pues no obra en el plenario material de convicci\u00f3n del cual se desprenda que esa entidad menoscab\u00f3 las garant\u00edas invocadas o se neg\u00f3 a formular demandas constitucionales a petici\u00f3n del aqu\u00ed solicitante (STC15201-2015) (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cEn este asunto, como en aqu\u00e9l, se invoca \u00abel debido proceso\u00bb, presuntamente afrentado con la negativa de la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas a interponer tutelas a nombre del interesado. Por ende, el conflicto y los presupuestos f\u00e1cticos son id\u00e9nticos (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cEntonces, ante la coincidencia en sujetos procesales, hechos y derechos, la salvaguarda resulta temeraria, toda vez que simplemente replantea un tema que previamente hab\u00eda sido sometido al escrutinio de la jurisdicci\u00f3n constitucional (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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4.        Por \u00faltimo, se ratificar\u00e1 el mandato del a quo constitucional concerniente a la condena en costas, por cuanto deviene de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, la cual se funda en el actuar temerario del accionante, muchas veces evidenciado, incluso, por esta Sala. El inciso final  de la citada regla ense\u00f1a: \u201cSi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u201d.  <\/span><\/p>\n

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El sustento  normativo de la sanci\u00f3n, fue encontrado ajustado a la Carta por la Corte Constitucional, sobre el cual se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201cTiene raz\u00f3n uno de los demandantes cuando afirma que la condena en cuanto a indemnizaciones y costas s\u00f3lo puede ser el resultado de un debido proceso, pero esta aseveraci\u00f3n no lleva necesariamente a la inexequibilidad de la norma acusada, pues el proceso de tutela, aunque sumario y preferente, debe surtirse con plena observancia de las previsiones generales consagradas en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, de las cuales no ha sido ni podr\u00eda haber sido excluido en cuanto se trata de un derecho fundamental. Si en un proceso espec\u00edfico tales requerimientos constitucionales se transgreden, tiene competencia el superior ante quien se impugne el fallo y, en su caso, esta Corporaci\u00f3n, para revocar la correspondiente decisi\u00f3n judicial\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Tampoco es contrario a la Carta Pol\u00edtica que se disponga el pago de las costas procesales a cargo del responsable de la violaci\u00f3n o del peticionario que incurri\u00f3 en temeridad, seg\u00fan el caso, pues ello es apenas l\u00f3gico y equitativo trat\u00e1ndose de procesos judiciales\u201d 4.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo, el referido \u00f3rgano de cierre se ha pronunciado acerca de la condena en costas, interpretando que \u201c(\u2026) se aplica cuando \u2018fundadamente\u2019 se estime que el petente de la tutela incurri\u00f3 en temeridad\u201d5, cual como se dijo, fue evidenciada en el caso concreto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Aun cuando se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada se exhortara al juzgador querellado para que a la mayor brevedad posible resuelva lo relacionado con la aplicaci\u00f3n al caso concreto de lo consagrado en el memorado art\u00edculo 121 del C.G.P.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Exhortar al Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia, en los t\u00e9rminos establecidos en el numeral 5\u00ba del ac\u00e1pite de consideraciones de esta providencia, de la cual se le enviar\u00e1 copia.  <\/span><\/p>\n

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TERCERO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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        NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Ausencia Justificada  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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2 CSJ. STC de 13 de febrero de 2013, exp. 00168-00; reiterada el 20 de marzo de 2013, 680122130002012-00517-01.    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. STC de 12 de mayo de 2016, exp. 66001-22-13-000-2016-00391-01    <\/span><\/p>\n

4 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.    <\/span><\/p>\n

5 Corte Constitucional. Sentencia T-032 de 1994.      <\/span><\/p>\n

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               LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA     Magistrado ponente      STC4431-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00127-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100379","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100379","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100379"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100379\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100379"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100379"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100379"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}