{"id":100385,"date":"2026-06-25T20:44:00","date_gmt":"2026-06-25T20:44:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4450-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:44:00","modified_gmt":"2026-06-25T20:44:00","slug":"stc4450-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4450-2017\/","title":{"rendered":"STC4450-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC4450-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Lilia Judith Cuevas Due\u00f1as contra la Sala Civil del Tribunal Superior de este Distrito Judicial y los Juzgados Treinta y Cinco y Cincuenta y Uno Civiles del Circuito de la misma ciudad; tr\u00e1mite en el que se dispuso la vinculaci\u00f3n de los intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, al rechazar la solicitud de nulidad del juicio ejecutivo hipotecario que se adelanta en su contra, con desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la inexigibilidad de obligaciones no reestructuradas, acorde con lo dispuesto en la Ley 546 de 1999.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que se deje sin efecto la decisi\u00f3n cuestionada y en su lugar, acceder a la invalidez invocada.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 10 de noviembre de 1983, Teresa Cuevas de Gait\u00e1n y Alfredo Gait\u00e1n adquirieron cr\u00e9dito hipotecario con el Banco Davivienda S.A., por valor de $2.928.000, para la compra del inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria No. 50N-704805.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El 22 de noviembre de 1994, el banco aprob\u00f3 un desembolso adicional de 2.719.8259 Upac, cuya destinaci\u00f3n seg\u00fan se consign\u00f3 en el pagar\u00e9 era de \u00ablibre inversi\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Teniendo en cuenta que de la obligaci\u00f3n inicial a\u00fan estaba pendiente el pago de 1.102.2815 Upac, la entidad crediticia procedi\u00f3 a unificar ambas obligaciones en un solo valor, por lo que en la referida fecha se suscribi\u00f3 el pagar\u00e9 88012-0 correspondientes a 3.822.1074 Upac.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El 19 de abril de 1998, las partes suscribieron un otro si de la obligaci\u00f3n anterior y establecieron que el valor a pagar por concepto de capital era de 4235.5855 Upac, el cual ser\u00eda cancelado en un plazo de 180 meses siguientes a la r\u00fabrica de ese documento, con un inter\u00e9s remuneratorio de 13.00% efectivo anual.  <\/span><\/p>\n

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4. El 19 de marzo siguiente, se firm\u00f3 un nuevo otro si, a trav\u00e9s del cual se estableci\u00f3 que la obligaci\u00f3n contenida en el pagar\u00e9 88012-0 en a delatante ser\u00eda reconocida con el N\u00b0 30608624.      <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Mediante escritura 110 de 23 de enero de 2004 de la Notar\u00eda 45 del Circulo de Bogot\u00e1, la accionante adquiri\u00f3 el derecho de dominio del inmueble que garantizaba las obligaciones anteriores.  <\/span><\/p>\n

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7. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, que libr\u00f3 mandamiento de pago el 8 de abril de esa anualidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. La notificaci\u00f3n de la ejecutada se surti\u00f3 de manera personal, sujeto procesal que propuso, entre otras, las excepciones de \u201cinexistencia de la obligaci\u00f3n por falta de claridad sobre el capital en UVR por haberse empleado en la equivalencia entre la UPAC y la UVR una norma inaplicable por una clara excepci\u00f3n de inconstitucionalidad\u201d, \u201ccobro de lo no debido por capitalizaci\u00f3n indebida de intereses\u201d y \u201cregulaci\u00f3n o p\u00e9rdida de intereses por cobro excesivo de los mismos\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. Mediante sentencia de 5 de mayo de 2010, se \u00abdeclar[\u00f3] probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n (\u2026) respecto de las cuotas de 22 de noviembre de 2000 al 22 de enero de 2002, y la (\u2026) de cobro de lo no debido con respecto a la suma de capital pactada en el pagar\u00e9 00-88012-0 base de ejecuci\u00f3n\u00bb; \u00abno probadas\u00bb las dem\u00e1s propuestas por la ejecutada y modific\u00f3 el auto compulsivo se\u00f1alando que \u00ablas UVR adeudadas ascend\u00edan a 525.274.6604 a las que deb\u00eda restarse las cuotas en mora causadas desde el 22 de noviembre de 2000 a 22 de febrero de 2004, al valor real de acuerdo con lo pactado en el pagar\u00e9 y su otro s\u00ed, que para el inicio del cr\u00e9dito eran a 51.6106 Upac cada cuota, por su equivalente a UVR despu\u00e9s de efectruar la reliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, y cobrarse las cuotas en mora desde el 22 de febrero de 2002 hasta el 22 de febrero de 2004, por haberse declarado prescritas las dem\u00e1s (\u2026)\u00bb. Acto seguido se dispuso el aval\u00fao y remate del inmueble hipotecado.  <\/span><\/p>\n

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10. Inconformes, ambos extremos recurrieron aquella determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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11. En providencia del 24 de marzo de 2011, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, modific\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada en el sentido de \u00abindicar que procede la reducci\u00f3n a la cantidad de 525.274.6604 UVR como saldo de la obligaci\u00f3n  para el 31 de diciembre de 1999 y a partir de dicha fecha se debe establecer el valor real de las cuotas que se hallaban en mora antes de la presentaci\u00f3n de la demanda y aquellas que componen el saldo de capital acelerado con la radicaci\u00f3n de ese libelo, habida cuenta que la cantidad de 51.6106 Upac fijado para cada una, contiene intereses corrientes que se deben sustraer de los valores de cuotas vencidas y saldo insoluto que \u00fanicamente pueden contener el rubro de capital\u00bb. Igualmente, orden\u00f3 restar de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito \u00ablas cuotas afectadas por la declaraci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, esto es, las comprendidas entre el 22 de noviembre de 2000 y el 22 de enero de 2002\u00bb  <\/span><\/p>\n

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12. La ejecutada promovi\u00f3 el recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra la precitada sentencia, soportada en las causales sexta y octava del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.  <\/span><\/p>\n

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13. Esta Corporaci\u00f3n, en prove\u00eddo del 8 de abril de 2014, neg\u00f3 la invalidez invocada, tras concluir que no se demostr\u00f3 motivo alguno que posibilite remover los efectos de la cosa juzgada de la decisi\u00f3n cuestionada.  <\/span><\/p>\n

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14. El 13 de enero de 2015, se acept\u00f3 la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito efectuada por Davivienda a favor de Inverfondos.  <\/span><\/p>\n

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15. La tutelante invoc\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n ante el juez de conocimiento, con fundamento en la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito.  <\/span><\/p>\n

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16. Por auto del 29 de enero de 2015, el fallador A quo rechaz\u00f3 de plano el pedimento.  <\/span><\/p>\n

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17. La interesada interpuso los recursos ordinarios contra esa decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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18. El 18 de junio de 2015, el Juzgador de la causa dispuso mantener inc\u00f3lume su postura y neg\u00f3 la censura subsidiaria, por improcedente.  <\/span><\/p>\n

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19. La \u00faltima determinaci\u00f3n fue controvertida a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, se solicit\u00f3 la expedici\u00f3n de copias para dar surtir la queja, en caso de no serle favorable el principal.  <\/span><\/p>\n

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20. El 20 de abril de 2016 se ratific\u00f3 la no concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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21. El 6 de julio siguiente, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, declar\u00f3 bien denegado aquel medio de contradicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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22. Ante la situaci\u00f3n expuesta, la accionante formul\u00f3 queja constitucional aduciendo que la negativa en la invalidaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n que se adelanta en su contra vulnera sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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23. En sentencia de 25 de agosto de 2016, esta Sala deneg\u00f3 el amparo, tras advertir que el rechazo de la solicitud de nulidad por ella formulada no vulnera sus garant\u00edas fundamentales, pues en vista de que la accionante adquiri\u00f3 una nueva obligaci\u00f3n, la reestructuraci\u00f3n se hace inviable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

24. La accionante acude nuevamente al amparo constitucional a efectos de que se declare la nulidad de la actuaci\u00f3n ejecutiva que se adelanta en su contra, toda vez que el mismo se inici\u00f3 sin que previamente se hubiese realizado la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n que adquiri\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 27 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 58]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Tribunal accionado, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a la remisi\u00f3n del auto a trav\u00e9s del cual desat\u00f3 el recurso de queja formulado por la accionante, y declar\u00f3 bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juzgado 51 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que con anterioridad la accionante formul\u00f3 id\u00e9ntica acci\u00f3n de tutela, por lo que se atiene a la respuesta que a dicho tr\u00e1mite remiti\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juzgado 35 Civil del Circuito, por su parte, indic\u00f3 que en cumplimiento al acuerdo No. PSAA 10373, envi\u00f3 las diligencias a su hom\u00f3logo 51, raz\u00f3n por la cual no le era dable brindar ning\u00fan tipo de informaci\u00f3n sobre el proceso cuestionado.  <\/span><\/p>\n

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En auto de 7 de marzo pasado, el ponente del presente tr\u00e1mite manifest\u00f3 impedimento para conocer el asunto, de atender que particip\u00f3 en las Salas en las que se aprobaron las decisiones emitidas en el recurso extraordinario de revisi\u00f3n y en la acci\u00f3n de tutela presentada con anterioridad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En auto del d\u00eda 17 siguiente, la manifestaci\u00f3n anterior no fue aceptada.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la acci\u00f3n a la que se hace referencia, el cual se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular, ha precisado esta Corporaci\u00f3n que \u00abEl abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad\u00bb (CSJ STC 3 Mayo 2002, Rad. 0010-00, reiterada en STC de 8 de mayo 2012, Rad 00017-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el caso sub judice, se observa que la accionante present\u00f3 con anterioridad acci\u00f3n de tutela contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y los Juzgados 35 y 51 Civiles del Circuito de la misma ciudad, en la que solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a efectos de que se dejara sin efecto la decisi\u00f3n que deneg\u00f3 la nulidad invocada en el juicio ejecutivo que se adelant\u00f3 en su contra y en su lugar se \u00abacced[a] a la invalidez invocada\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Como soporte de esas pretensiones, adujo que para que fuera procedente la ejecuci\u00f3n que en su contra se adelantaba, necesario era que previamente se realizara la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito all\u00ed perseguido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, la tutelante promovi\u00f3 la actual demanda constitucional insistiendo en las referidas desavenencias y reiterando la solicitud de invalidez de la actuaci\u00f3n civil.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, es evidente que del material de prueba obrante en el expediente, se establece que la acci\u00f3n de tutela de la que se ocupa en este momento la Corte no guarda sustanciales diferencias con la estudiada en el prove\u00eddo fechado 25 de agosto de 2016 por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n, dentro del radicado STC11763-2016, pues el amparo se dirigi\u00f3 en contra de la mismas partes y se fund\u00f3 igualmente en la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito adquirido por la accionante, circunstancia que no justifica que se acudiera nuevamente a esta acci\u00f3n constitucional, en tanto que no se aducen hechos nuevos o sobrevinientes a la sentencia de tutela inicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Por lo tanto, se observa que la tutelante pretende que nuevamente se examine una circunstancia que ya fue definida por esta Corporaci\u00f3n, con car\u00e1cter de cosa juzgada constitucional, donde se indic\u00f3 que a pesar de que la \u00abquejosa adquiri\u00f3 un primer cr\u00e9dito por valor de $2\u2019928.000, que utiliz\u00f3 para la compra del bien con matricula N\u00b0 50N-704805, el 10 de noviembre de 1983, pero, once a\u00f1os despu\u00e9s, adquiri\u00f3 una segunda obligaci\u00f3n por la suma de $23\u2019889.700, que fueran invertidas en la reforma del inmueble [la destinaci\u00f3n de esta nueve obligaci\u00f3n, seg\u00fan el pagar\u00e9, fue de libre inversi\u00f3n], \u2026 circunstancia que inviabiliza la aplicaci\u00f3n de la normatividad a que ella hace referencia, en su caso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, ha se\u00f1alado esta Sala, que una petici\u00f3n de amparo es temeraria en los t\u00e9rminos de la norma transcrita, \u00absi la nueva acci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u00bb.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo anotado, la petici\u00f3n de la tutelante comporta una utilizaci\u00f3n desbordada y desmedida del mecanismo constitucional, puesto que el tema que plantean ya hab\u00eda sido sometido a escrutinio de la Sala de Casaci\u00f3n Civil en sede constitucional, y es necesario que a la tutela se le emplee de manera razonable y ponderada, a fin de evitar un desgaste innecesario de la administraci\u00f3n de justicia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se concluye que en este evento se estructura una circunstancia que amerita la decisi\u00f3n desfavorable de la solicitud de protecci\u00f3n, sin que sea posible adoptar una nueva determinaci\u00f3n definitiva sobre el fondo del asunto, por haberse comprobado que los actores incurrieron en temeridad, por lo cual debe darse aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. De las anteriores consideraciones surge evidente que la protecci\u00f3n reclamada en esta excepcional v\u00eda debe denegarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional deprecada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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