{"id":100386,"date":"2026-06-25T20:44:11","date_gmt":"2026-06-25T20:44:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4456-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:44:11","modified_gmt":"2026-06-25T20:44:11","slug":"stc4456-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4456-2017\/","title":{"rendered":"STC4456-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4456-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00689-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Sociedad de San Vicente de Paul de Medell\u00edn contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, integrada por los Magistrados, Jos\u00e9 Gildardo Ram\u00edrez Giraldo, Juli\u00e1n Valencia Casta\u00f1o y Martha Cecilia Ospina Pati\u00f1o, tr\u00e1mite al que fueron citados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Itag\u00fc\u00ed y a las partes e intervinientes en el proceso verbal No. 2015-00333.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La actora obrando a trav\u00e9s de apoderada judicial,  alega la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y a \u00abla tutela judicial efectiva\u00bb, presuntamente quebrantados por la Corporaci\u00f3n acusada con el fallo de 24 de noviembre de 2016, por considerar que en la misma se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n probatoria.  <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior, pide que se deje sin valor ni efectos, la sentencia mencionada, por ser \u00abnula constitucionalmente, es decir, nula de pleno derecho\u00bb, y en consecuencia se ordene al Tribunal accionado \u00abconfirmar la proferida por el Juzgado Segundo Civil de Oralidad el 9 de febrero de 2016\u00bb (f. 106).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para sustentar el reparo, se expone en s\u00edntesis,  que el 15 de octubre de 2010 la Conferencia Santa Ana, present\u00f3 demanda ordinaria de prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio en contra de su representada, para que se le reconociera como propietaria de un inmueble que pertenece a la demandada y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, a quien correspondi\u00f3 conocer, en sentencia de 20 de agosto de 2013, neg\u00f3 las pretensiones de ambos demandantes por considerar que ninguno de ellos cumpl\u00eda con los elementos para la prosperidad de las mismas, en tanto que, los presupuestos de la prescripci\u00f3n adquisitiva alegados por la Conferencia Santa Ana, \u00abno se configuraron, por cuanto la condici\u00f3n de \u00e9ste no era la de poseedor del inmueble objeto de la pretensi\u00f3n de dominio, sino la de mero tenedor que no ostentaba las calidades subjetivas propias del poseedor\u00bb, y en cuanto a la demanda de reconvenci\u00f3n de la Sociedad de San Vicente de Paul, encontr\u00f3 que no prosperaba en tanto que \u00aben aquellos casos en los que exista un contrato entre quien pretende la reivindicaci\u00f3n de un inmueble y el sujeto pasivo de la reivindicaci\u00f3n, la pretensi\u00f3n reivindicatoria se hace improcedente porque la situaci\u00f3n del demandado es de naturaleza contractual, y siempre que subsista el contrato no hay lugar a la reivindicaci\u00f3n (\u2026) pues el Despacho encontr\u00f3 que entre las partes exist\u00eda un contrato de comodato\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que ambas partes apelaron la decisi\u00f3n y el Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, la confirm\u00f3 el 28 de noviembre de 2014.  <\/span><\/p>\n

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Explica que con fundamento en las anteriores providencias, \u00abdonde se indic\u00f3 expresamente que era necesario, a efectos de lograr la restituci\u00f3n de la tenencia del inmueble, buscar la declaraci\u00f3n y terminaci\u00f3n del contrato de comodato, y la consecuente restituci\u00f3n del inmueble por la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n contractual\u00bb la Sociedad de San Vicente de Paul promovi\u00f3 el 5 de junio de 2015 demanda \u00abde restituci\u00f3n de inmueble por comodato\u00bb en contra de la Conferencia Santa Ana, en la que pretendi\u00f3 que se declarara que entre las partes \u00abest\u00e1 vigente un contrato de Comodato verbal indefinido, que tiene por objeto el primer piso del inmueble ubicado en la carrera 50 No. 46-31 del Municipio de Itag\u00fc\u00ed (Ant.)\u00bb, y que se decretara la terminaci\u00f3n del mismo, porque \u00abya no tiene lugar el servicio para el cual se le prest\u00f3 el inmueble a la demandada, al no hacer parte de m\u00ed mandante, consecuencia de la expulsi\u00f3n de la organizaci\u00f3n de la demandante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Itag\u00fc\u00ed, la admiti\u00f3 el 3 de julio de 2015 y dispuso la notificaci\u00f3n de la demandada, quien al acudir promovi\u00f3 incidente de nulidad alegando indebida notificaci\u00f3n que fue desestimado, y adelantado el tr\u00e1mite en sentencia de 9 de febrero de 2016 el a quo acogi\u00f3 las pretensiones y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble por declararse terminado el contrato de comodato entre las partes \u00abpues de las sentencias judiciales previamente referidas y aportadas con la demanda, se tiene suficientemente probada la existencia de un comodato entre las partes, sumado a que la demandada no contest\u00f3 la demanda y por tanto se configura un indicio grave en su contra\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Expone que apelada la decisi\u00f3n por la demandada la revoc\u00f3 el Tribunal accionado el 24 de noviembre de 2016, con fundamento en que no exist\u00eda prueba del contrato de comodato ya que las que se acompa\u00f1aron con la demanda no cumpl\u00edan con los requisitos formales de admisibilidad, en tanto las providencias judiciales del proceso anterior deb\u00edan ser aportadas seg\u00fan los c\u00e1nones de la prueba trasladada, con lo que incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico \u00abya que las providencias judiciales no son pruebas que deban someterse a rigores tales como el traslado para poder ser valoradas en procesos posteriores\u00bb, adem\u00e1s que, \u00abdesatendi\u00f3 los antecedentes procesales, lo que lo llev\u00f3 a valorar de una forma totalmente equ\u00edvoca el material probatorio\u00bb, y tambi\u00e9n porque, \u00abno asigna valor alguno a las providencias que fueron aportadas como prueba de la existencia del contrato, y que fueron suficientes para acreditar los elementos axiol\u00f3gicos de la pretensi\u00f3n de restituci\u00f3n del inmueble, por lo que incurri\u00f3 en un grave yerro\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente complementa que igualmente el Tribunal desconoci\u00f3 \u00abel precedente horizontal\u00bb, esto es, lo establecido por el Superior de Antioquia en el juicio referido en precedencia,    y que, de otra parte, por la cuant\u00eda del asunto no es posible recurrir en casaci\u00f3n, adem\u00e1s que no se ha configurado ninguna de las causales de procedencia para el recurso de revisi\u00f3n (ff. 100 a 118).  <\/span><\/p>\n

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El representante legal de la Conferencia Santa Ana, sin demostrar la calidad con la que actuaba se opuso al amparo (ff. 132 a 137).  <\/span><\/p>\n

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Hasta el momento de radicar el proyecto de sentencia no se hab\u00eda recibido manifestaci\u00f3n alguna.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, de manera excepcional y solo en aquellos precisos casos en los cuales el funcionario incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico, pero siempre y cuando el afectado no cuente con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.  En este asunto, la sociedad reclamante enfila su inconformismo contra la sentencia de segunda instancia, por supuestamente incurrir en defecto f\u00e1ctico, pues en su sentir, tal determinaci\u00f3n fue resultado de la desatenci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 185 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, el CD allegado que contiene el fallo proferido, as\u00ed como la transcripci\u00f3n de la decisi\u00f3n de segundo grado que se agreg\u00f3 a este tr\u00e1mite, permiten observar a la Corte que el Tribunal accionado no incurri\u00f3 en la anomal\u00eda alegada por la actora en la sentencia de 24 de noviembre de 2016, por la que decidi\u00f3 revocar la de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Itag\u00fc\u00ed el 9 de febrero de 2016 dentro del proceso verbal de restituci\u00f3n de inmueble dado en comodato instaurado por la Sociedad de San Vicente de Paul en contra de la Conferencia Santa Ana,  (ff. 97 y 139 a 147).  <\/span><\/p>\n

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En primer lugar, constituye uno de los puntos centrales del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la demandada, indicar que el juzgador a quo realiz\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria respecto a la documental aportada y particularmente frente a los alcances de las resoluciones emitidas en las sentencias allegadas con la demanda. No obstante, cabe se\u00f1alar que aquel luego de analizar la figura del comodato y sus requisitos legales, puntualiz\u00f3 \u00abque en trat\u00e1ndose de pretensiones derivadas del contrato de comodato, incluso si este es precario, debe aportarse prueba de la existencia de un acuerdo de voluntades en virtud del cual una de las partes entreg\u00f3 a la otra gratuitamente un bien mueble o inmueble, para que hiciera uso del mismo, y con cargo de restituir la misma especie despu\u00e9s de terminar el uso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente pas\u00f3 a examinar las pruebas allegadas al tr\u00e1mite, para determinar si ellas permit\u00edan efectivamente \u00abdeducir la existencia de la relaci\u00f3n contractual entre las partes de esta litis y cuya terminaci\u00f3n se depreca, para que de esta forma opere la debida restituci\u00f3n del inmueble, tal y como fue ordenado en la sentencia apelada\u00bb y tras considerar, en suma, que al no haberse aportado en debida forma la prueba sumaria del contrato de comodato, procedi\u00f3 a revocar la decisi\u00f3n de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto precis\u00f3, que para cumplir la exigencia del Juzgado de conocimiento en orden a la admisi\u00f3n de la demanda, la Sociedad de San Vicente de Paul alleg\u00f3 copia simple de la prueba testimonial sumaria rendida el 29 de mayo de 2007 por Stella del Socorro V\u00e9lez de Vel\u00e1squez ante la Notar\u00eda Tercera de Envigado y analizada la misma, observ\u00f3 que \u00abcon independencia de que en su momento el Juzgado en primera instancia haya admitido dicha declaraci\u00f3n como prueba sumaria de la relaci\u00f3n contractual, lo cierto es que tal circunstancia no releva al Juez de efectuar un an\u00e1lisis cr\u00edtico y razonado de los medios de prueba allegados por las partes al momento de dictar sentencia, siendo que en este caso, tal declaraci\u00f3n no puede constituir prueba siquiera sumaria del contrato de comodato, pues m\u00e1s all\u00e1 de que dicha acta fue allegada al proceso en copia simple, como se indica en el recurso, lo cierto es que en el presente caso la prueba sumaria del contrato que fue allegada no re\u00fane los requisitos que la ley prev\u00e9 para tal efecto\u00bb por cuanto \u00abpara que la prueba testimonial rendida por fuera del proceso, tenga el alcance de prueba sumaria y sea id\u00f3nea se deben cumplir los requisitos previstos en el art\u00edculo 299 del C\u00f3digo Adjetivo Civil\u00bb, adem\u00e1s que, \u00abpor expreso mandato del canon 301 de la citada obra, en la recepci\u00f3n de las pruebas anticipadas, se debe cumplir con los requisitos establecidos para la pr\u00e1ctica de dichos medios de convicci\u00f3n en el curso del proceso y, en tal sentido, es importante resaltar que fuera de la constancia que se debe realizar bajo la gravedad del juramento, en el escrito por medio del cual se formaliza la solicitud para que se reciba la declaraci\u00f3n extra juicio ante notario, se debe cumplir con los requisitos que el art\u00edculo 219 del C de P Civil contempla para solicitar tal medio probatorio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Concluyendo que la prueba sumaria que se alleg\u00f3 del contrato de comodato, no cumpl\u00eda con tales exigencias, adem\u00e1s que, la se\u00f1ora V\u00e9lez de Vel\u00e1squez ni siquiera fue citada al proceso a ratificar su testimonio, \u00absi es que el mismo fue tenido como tal\u00bb, con lo cual se priv\u00f3 a la sociedad demandada de ejercer su derecho de contradicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Siguiendo con su an\u00e1lisis, se\u00f1al\u00f3 a continuaci\u00f3n,  <\/span><\/p>\n

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\u00abuno de los fundamentos que tuvo en consideraci\u00f3n el A quo para declarar la existencia del pretendido contrato de comodato entre las partes, corresponde a las sentencias de ambas instancias proferidas al interior del proceso ordinario de declaraci\u00f3n de pertenencia promovido por la ahora demandada contra la Sociedad San Vicente de Pa\u00fal respecto al mismo inmueble involucrado en esta Litis, en donde se negaron tanto las pretensiones de la demanda principal como las de la demanda de reconvenci\u00f3n con pretensi\u00f3n reivindicatoria, con fundamento en la presunta existencia de un contrato de comodato vigente entre las partes.  <\/span><\/p>\n

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Dichas sentencias, esto es, las proferidas por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed los d\u00edas 11 de septiembre de 2012 y 20 de agosto de 2013, as\u00ed como por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia el 26 de noviembre de 2014, fueron aportadas con la demanda en copia simple, y no fueron solicitadas como prueba trasladada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 185 del C de P C, por lo que de igual forma carecen de valor probatorio para los efectos que ata\u00f1en con este tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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En cualquier caso, al verificar las afirmaciones efectuadas por el representante legal de la demandada en el interrogatorio de parte, se evidencia que el mismo fue contundente al negar su condici\u00f3n de comodatario, pues por el contrario el mismo fue enf\u00e1tico al sostener que su relaci\u00f3n con el predio era de propietario en virtud de la posesi\u00f3n que la Conferencia Santa Ana ha ejercido sobre el predio durante m\u00e1s de 25 a\u00f1os, por lo que tampoco se avizora confesi\u00f3n en tal sentido por parte de la accionada, e incluso en el hipot\u00e9tico caso de conferir valor probatorio a dichas sentencias, eventualmente podr\u00eda afirmarse que en este proceso ha tenido ocurrencia el fen\u00f3meno de la interversi\u00f3n del t\u00edtulo, pues aun aceptando que la demandada entr\u00f3 a ocupar el inmueble en calidad de mera tenedora por virtud de un contrato de comodato, lo cierto es que la presentaci\u00f3n de la demanda declarativa de pertenencia constituye un acto de abierta rebeld\u00eda respecto del derecho de dominio radicado en cabeza de la Sociedad San Vicente de Pa\u00fal e incluso la fecha de presentaci\u00f3n de dicha demanda podr\u00eda constituirse en un hito para deslindar hasta cuando la Conferencia Santa Ana actu\u00f3 en calidad de comodataria y desde cu\u00e1ndo \u00e9sta detenta la posesi\u00f3n del inmueble. En tal sentido es posible afirmar que con la presentaci\u00f3n de la demanda de declaraci\u00f3n de pertenencia en el a\u00f1o 2010 la hoy demandada exterioriz\u00f3 en forma inequ\u00edvoca el desconocimiento del dominio ajeno y que a partir de esa calenda mut\u00f3 su calidad de tenedora en poseedora, siendo un asunto diferente el hecho de que para ese momento naturalmente no reuniera el t\u00e9rmino de posesi\u00f3n exigido\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Aunado a lo anterior, precis\u00f3  <\/span><\/p>\n

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\u00abFinalmente, el acta nro. 342 del 26 de mayo de 2006, en la que el Juez de primera instancia igualmente fund\u00f3 su convencimiento, tambi\u00e9n carece de m\u00e9rito probatorio, en tanto la misma fue aportada en copia simple. A este respecto, debe recordarse que las pruebas para producir en el juez la certeza o el convencimiento sobre los hechos a que ellas se refieren, adem\u00e1s, de ser conducentes y eficaces, deben practicarse en los t\u00e9rminos y condiciones establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico. Trat\u00e1ndose de la prueba documental, la ley se\u00f1ala que \u201clos documentos se aportar\u00e1n al proceso originales o en copia\u00bb (art\u00edculo 253 del C. de P. Civil), entendi\u00e9ndose por documento original aquel que se aporta tal como fue creado por su autor.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, aunque es factible aportar documentos en copias, seg\u00fan lo dispuesto por los art\u00edculos 253 y 254 ib\u00eddem, \u00e9stas solamente tendr\u00e1n el mismo m\u00e9rito que el original, en las hip\u00f3tesis previstas en la \u00faltima norma mencionada, tal y como lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil\u00bb    (\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Continu\u00f3 afirmando, \u00abNo obstante lo anterior, aun de conferirse m\u00e9rito probatorio a dicha acta, se evidencia que en lo que ata\u00f1e a este proceso, el mencionado documento \u00fanicamente se limit\u00f3 a ordenar la cancelaci\u00f3n de la Conferencia Santa Ana de Itag\u00fc\u00ed como asociada a la Sociedad San Vicente de Pa\u00fal, pero en tal escrito nada se dispuso en relaci\u00f3n con la existencia de un contrato de comodato entre las partes, ni la devoluci\u00f3n de los bienes que la Conferencia Santa Ana de Itag\u00fc\u00ed estuviera ocupando en calidad de comodato, ni se hizo referencia espec\u00edfica a la necesidad de solicitar la restituci\u00f3n del inmueble objeto del presente proceso\u00bb (ff. 97 y 139 a 147).  <\/span><\/p>\n

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3.  As\u00ed las cosas, m\u00e1s all\u00e1 de que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 el Tribunal accionado, como ellas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela, y menos cuando lo que realmente pretende la peticionaria del amparo (all\u00ed demandante), es anteponer su propio criterio al de la accionada y atacar por esta v\u00eda la decisi\u00f3n que la desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios, m\u00e1xime cuando, como qued\u00f3 visto, el ad quem s\u00ed valor\u00f3 conjuntamente la totalidad de los medios probatorios existentes en el plenario, lo que permiti\u00f3 concluir la inexistencia del contrato alegado, precisamente al no concurrir uno de los elementos de su naturaleza, esto es, la obligaci\u00f3n de restituci\u00f3n que se desprende del reconocimiento del dominio ajeno.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 ab. rad. 00696-00).  <\/span><\/p>\n

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4.  Resulta igualmente pertinente precisar que, el juez constitucional s\u00f3lo interviene en la esfera probatoria, cuando el error en el juicio valorativo sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso. Precisamente, sobre el tema de pruebas la Corte ha reiterado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00).  <\/span><\/p>\n

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5.  Finalmente y en cuanto al alegato referido a que el Tribunal Superior de Medell\u00edn desconoci\u00f3 \u00abel precedente horizontal\u00bb del Tribunal Superior de Antioquia y por tal raz\u00f3n incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, valga precisar que los Tribunales con el prop\u00f3sito de asegurar el derecho a la igualdad entre los ciudadanos y la seguridad jur\u00eddica, cumplen en sus respectivos Distritos Judiciales una importante funci\u00f3n de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia sin que en este caso, pueda tener aplicaci\u00f3n lo alegado por cuanto se trata de Corporaciones de diferente Distrito Judicial.  <\/span><\/p>\n

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 6. De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n impetrada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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         LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC4456-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00689-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100386","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100386","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100386"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100386\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100386"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100386"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100386"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}