{"id":100387,"date":"2026-06-25T20:44:16","date_gmt":"2026-06-25T20:44:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4460-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:44:16","modified_gmt":"2026-06-25T20:44:16","slug":"stc4460-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4460-2017\/","title":{"rendered":"STC4460-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00711-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Laura Niyereth Mart\u00ednez Sanabria contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Arauca, tr\u00e1mite en el que la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, pidi\u00f3 su vinculaci\u00f3n, concretamente frente a la Ponente, Magistrada \u00c1ngela Mar\u00eda Puerta C\u00e1rdenas, tr\u00e1mite en el que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de impugnaci\u00f3n de la paternidad No. 2011-00033.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

1. La interesada quien act\u00faa en nombre y representaci\u00f3n de su hija menor de edad, pide la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y de los ni\u00f1os, presuntamente vulnerados por el Juzgado accionado con el proferimiento de la sentencia de 6 de mayo de 2013.  <\/span><\/p>\n

Pide en consecuencia, revocar el mencionado fallo y que se ordene a la Registradur\u00eda de Arauca, dejar inc\u00f3lume el registro civil de nacimiento de su hija (f. 18).  <\/span><\/p>\n

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2. En sustento de su inconformidad aduce, en concreto, que el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Arauca en el proceso de impugnaci\u00f3n de paternidad que se promovi\u00f3 en su contra, profiri\u00f3 sentencia el 6 de mayo de 2013 en la que declar\u00f3 que Juan David Angarita Arciniegas no era el padre de su hija, sin observar en debida forma los elementos probatorios allegados a dicha actuaci\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

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Para lo anterior sostiene, que de la relaci\u00f3n sentimental que mantuvo con una \u00abpersona que por obvias razones no expreso su nombre\u00bb, qued\u00f3 embarazada y la ni\u00f1a que naci\u00f3 la reconoci\u00f3 como propia Angarita Arciniegas quien \u00abcon el conocimiento pleno que no es el padre biol\u00f3gico, en un acto consiente, voluntario, y en pleno ejercicio de su capacidad registra con su apellido a la menor\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que al fallecer en el a\u00f1o 2010, los padres de \u00e9ste, Tob\u00edas Angarita Camargo y Maria Esther Arciniegas de Angarita, promovieron \u00abfuera del tiempo establecido en la ley 1060 que modific\u00f3 el C\u00f3digo Civil\u00bb, proceso de impugnaci\u00f3n de la paternidad del que conoci\u00f3 el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Arauca, a quien manifest\u00f3 al contestar la demanda, \u00abque EFECTIVAMENTE LA MENOR (XXX) no era hija biol\u00f3gica del occiso. Pero que El voluntariamente la hab\u00eda registrado con su apellido y hab\u00eda asumido p\u00fablicamente la condici\u00f3n de padre de la menor\u00bb, y que la impugnaci\u00f3n era extempor\u00e1nea porque superaba los 140 d\u00edas que la ley establec\u00eda para que los ascendientes pudieran instaurar la acci\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que el Juzgado de conocimiento, \u00aba pesar de tener la certeza mediante confesi\u00f3n que JUAN DAVID ANGARITA ARCINIEGAS, no era el padre biol\u00f3gico de la menor XXX, orden\u00f3 la prueba del ADN, y pues claro que sali\u00f3 negativa\u00bb, y adelantado el tr\u00e1mite en sentencia de 6 de mayo de 2013, declar\u00f3 que Juan David Angarita Arciniegas no era el padre de la ni\u00f1a \u00abdespoj\u00e1ndola del apellido que en vida le otorg\u00f3 JUAN DAVID ANGARITA ARCINIEGAS\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Explica que este fallo, entre otros defectos procedimentales no goza de eficacia y validez porque el Juez, \u00abse limit\u00f3 a decretar una prueba antropoheredobiologica, prueba que no era necesaria por cuanto exist\u00eda en la contestaci\u00f3n de la demanda La CONFESION PLENA DE QUE LA MENOR NO ERA HIJA BIOLOGICA de quien en vida se llam\u00f3 JUAN DAVID ANGARITA ARCINIEGAS. Se presenta en la sentencia un defecto factico de car\u00e1cter negativo al no valorar de conformidad a la Sana Critica la declaraci\u00f3n de la progenitora de Juan David, prueba que refleja asuntos fundamentales para la decisi\u00f3n. Tales como el trascurso de m\u00e1s de ciento cuarenta (140) d\u00edas entre el conocimiento de la situaci\u00f3n que la bebe no era hija biol\u00f3gica del se\u00f1or Juan David Angarita, como la disposici\u00f3n voluntaria del hoy occiso de otorgarle el apellido a XXX\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que despojar del apellido a su hija \u00abotorgado por quien fungi\u00f3 como padre desde antes del nacimiento hasta el d\u00eda de su muerte, es cercenarle inmisericordemente a una persona indefensa de un atributo de su nombre e identificaci\u00f3n\u00bb, adem\u00e1s que, la ni\u00f1a est\u00e1 sufriendo un perjuicio irremediable puesto que, \u00abal despojarla\u00bb del apellido del padre, est\u00e1 privada de los beneficios en seguridad social que le puede brindar el Ej\u00e9rcito Nacional, as\u00ed como de la pensi\u00f3n que le deb\u00eda ser reconocida (ff. 1 a 20).  <\/span><\/p>\n

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3.  La Sala \u00danica del Tribunal Superior de Arauca en auto de 7 de marzo de 2017, dispuso la remisi\u00f3n de las diligencias a esta Corporaci\u00f3n, al considerar que carec\u00eda de competencia para asumir el tr\u00e1mite, porque si bien la acci\u00f3n de tutela se dirige contra Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Arauca, esa Corporaci\u00f3n mediante prove\u00eddo de 30 de marzo de 2016, resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el apoderado de la ahora accionante frente al de 12 de enero de 2016, por lo que, \u00abLa solicitud de protecci\u00f3n constitucional requerida por la accionante, constituye un claro cuestionamiento a las decisiones adoptadas por el Juzgado accionado y este Tribunal en sede de segunda instancia\u00bb (ff. 43 a 45).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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El Juzgado accionado remiti\u00f3 las copias de las providencias que le fueron solicitadas por este despacho y que se agregaron a folios 68 a 101.  <\/span><\/p>\n

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Hasta el momento del registro de la sentencia no se hab\u00eda recibido ninguna otra manifestaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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1.  La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC683-2016).  <\/span><\/p>\n

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2.  En el asunto en estudio, los documentos allegados a este tr\u00e1mite permiten observar a la Sala, que la accionante manifiesta su inconformidad, porque su hija fue privada del apellido de quien voluntariamente la reconoci\u00f3 sin ser su padre biol\u00f3gico, en un proceso que se adelant\u00f3 no obstante haberse presentado la caducidad de la acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Expuestas de esa forma las cosas, es evidente que el presente amparo esta llamado al fracaso debido a que el alegato que propone ahora la interesada, debi\u00f3 ventilarlo en el proceso y ante el Juez de conocimiento, sin embargo dej\u00f3 de hacerlo porque no apel\u00f3 la sentencia de primera instancia, como as\u00ed lo certific\u00f3 el Juzgado de conocimiento en el oficio No. 422 de 27 de marzo de 2017 (f. 94), circunstancia que, por si, frustr\u00f3 la posibilidad de que el superior funcional de la autoridad accionada se pronunciara frente a los argumentos que ahora expone, y desaprovech\u00f3 el mecanismo id\u00f3neo de defensa que le asist\u00eda para que el fallador ordinario atendiera su reparo, circunstancia que deja en evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de los derechos que actualmente reclama, raz\u00f3n por la cual, resulta improcedente el ejercicio del amparo para pretender subsanar su propia incuria, aspecto este frente al que la jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado constantemente que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver entre otras STC9485-2014, STC1902-2016, STC18357-2016, STC148-2017, y STC2327-2017, 22 feb. rad. 00242-00).  <\/span><\/p>\n

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3.        De otra parte, las copias de las actuaciones remitidas dejan ver a la Corte que en cumplimiento de la sentencia de 6 de mayo de 2013, el Juzgado de conocimiento ofici\u00f3 a la Registradur\u00eda Especial del Estado Civil de Arauca, a fin de que procediera a hacer la correcci\u00f3n del registro civil de nacimiento de la menor.  <\/span><\/p>\n

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En oficio de 30 de mayo de 2013, el funcionario encargado de llevarla a cabo, inform\u00f3 la imposibilidad de cumplirla por cuanto al realizar el tr\u00e1mite constat\u00f3 \u00abque este fue reemplazado el 16 de noviembre de 2010, (\u2026) por correcci\u00f3n de datos de la madre\u00bb, raz\u00f3n por la cual, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Arauca mediante providencia de 6 de mayo de 2016, procedi\u00f3 a corregir el numeral segundo de la sentencia de 6 de mayo de 2013, en los t\u00e9rminos que le fueron advertidos (f. 98).  <\/span><\/p>\n

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Inconforme el apoderado de la parte demandada, apel\u00f3 la providencia, recurso que concedido por el a quo, inadmiti\u00f3 el Tribunal Superior de Arauca el 30 de marzo de 2016 al observar que conforme a lo establecido en los art\u00edculos 286 y 321 del C\u00f3digo General del Proceso, el auto recurrido por el cual el Juzgado se limit\u00f3 a corregir el n\u00famero del serial que a su vez, deb\u00eda ser corregido como consecuencia del fallo proferido, no es susceptible de apelaci\u00f3n (ff. 99 a 101).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, en el presente asunto, no se cumple el requisito de la inmediatez inicialmente se\u00f1alado, puesto que la accionante el 6 de marzo de 2017 ejerci\u00f3 esta acci\u00f3n (f. 20); esto es, transcurrido m\u00e1s del semestre establecido como razonable jurisprudencialmente.  <\/span><\/p>\n

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Entonces la aludida tardanza, por s\u00ed, desvirt\u00faa la finalidad del amparo promovido, pues la tutela es un mecanismo creado para la \u00abprotecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales (\u2026) vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica\u00bb (art\u00edculo 86, Constituci\u00f3n Pol\u00edtica).  <\/span><\/p>\n

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Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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\u00absi bien la jurisprudencia no ha indicado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, \u201cs\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u201d, adopt\u00e1ndose aqu\u00e9l en \u201cseis meses\u201d, a menos que exista causa justificativa para su elongaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 27 nov. 2013, exp. 02680-00, reiterada, entre otras, en STC13801-2015 y, STC17132-2016, 25 nov. rad. 00600-01).  <\/span><\/p>\n

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4.  En conclusi\u00f3n, el resguardo examinado no est\u00e1 llamado a abrirse paso y ser\u00e1 desestimado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00711-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Laura Niyereth […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100387","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100387","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100387"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100387\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100387"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100387"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100387"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}