{"id":100389,"date":"2026-06-25T20:44:45","date_gmt":"2026-06-25T20:44:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4470-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:44:45","modified_gmt":"2026-06-25T20:44:45","slug":"stc4470-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4470-2017\/","title":{"rendered":"STC4470-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4470-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00697-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo  de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Mar\u00eda Ramos Echeverry contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1; actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a todas las autoridades, partes e intervinientes en el proceso objeto de la acci\u00f3n conocido con radicado No. 2013-00554.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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La accionante mediante apoderado solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de la justicia, defensa, contradicci\u00f3n e  igualdad que considera vulnerados por el Tribunal accionado con ocasi\u00f3n a las decisiones adoptadas en el tr\u00e1mite de segunda instancia dentro  del proceso abreviado de restituci\u00f3n de tenencia que se adelanta en su contra por cuanto tuvo por desistida la prueba pericial pese a que fue debidamente decretada por la misma autoridad demandada; se rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad deprecado y se corri\u00f3 traslado a las partes para alegatos de conclusi\u00f3n citando normatividad del c\u00f3digo de procedimiento civil, determinaciones que a su juicio son arbitrarias y constituyen defecto procedimental absoluto, haci\u00e9ndose necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que se \u00abdejen sin ning\u00fan valor ni efecto, las providencias \u2026(a) auto notificado en estado del d\u00eda  veinticuatro (24) de octubre del a\u00f1o 2.016, mediante el cual SE TIENE POR DESISTIDA LA PRUEBA PERICIAL, que fue decretada con anterioridad por parte de este mismo tribunal, en auto de fecha treinta (30) de septiembre del a\u00f1o 2.014, (b) auto notificado por estado, el d\u00eda veintiocho (28) de noviembre de la pasada anualidad, mediante el cual, la magistrada ponente\u2026decidi\u00f3 RECHAZAR de plano el incidente de nulidad propuesto, con fundamento en que se estaba pretermitiendo la etapa probatoria al tener por desistida la prueba del dictamen pericial ya decretado, (c) auto  notificado en estado del d\u00eda diecinueve (19) de diciembre del a\u00f1o pasado, por la sala DUAL\u2026 mediante la cual, se decidi\u00f3 de manera desfavorable, el recurso de S\u00daPLICA interpuesto contra el auto antes mencionado, (d) providencia judicial, notificada en estado el d\u00eda diecinueve (19) de enero del a\u00f1o en curso, mediante la cual, la magistrada\u2026orden\u00f3 TENER POR CERRADA LA ETAPA PROBATORIA y en consecuencia, orden\u00f3 correr traslado para ALEGAR DE CONCLUSI\u00d3N por el t\u00e9rmino de CINCO (5) D\u00cdAS, en virtud de lo ordenado por el art\u00edculo 360 del C\u00d3DIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL,  (e) auto notificado en estado, el d\u00eda trece (13)  de febrero del a\u00f1o en curso, mediante el cual, la magistrada\u2026procedi\u00f3 a NO REVOCAR el auto mencionado en el literal (d) de este ac\u00e1pite; (f) adem\u00e1s del sinn\u00famero de actuaciones contradictorias, ilegales e inconstitucionales, que ha desplegado la magistrada\u2026a lo largo del proceso abreviado de restituci\u00f3n de tenencia con radicado N. 2013- 554  (6)\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

\u2026se COMPULSEN COPIAS de lo actuado ante la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACI\u00d3N, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOT\u00c1 D.C.,-SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA- y la FISCAL\u00ccA GENERAL DE LA NACI\u00d2N\u2026para que dentro del \u00e1mbito de sus competencias disciplinarias y penales, INVESTIGUEN si con el actuar desplegado de los [magistrados] incurrieron en alguna FALTA DISCIPLINARIA\u2026\u00bb. [Folios 34-35, c.1]   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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       1. En la Estaci\u00f3n de Servicio Mochuelo, ocurri\u00f3 un accidente relacionado con la filtraci\u00f3n de combustible en el parqueadero del Edificio Tenerife Real.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2. Los residentes del inmueble, entre ellos Juan Manuel Vargas Ayala y la accionante instauraron acci\u00f3n de tutela en contra de PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A. con la finalidad de que se les protegieran los derechos fundamentales que fueron afectados con el incidente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3. El conocimiento de la acci\u00f3n le correspondi\u00f3 al Juzgado Cincuenta y Seis Civil Municipal de Bogot\u00e1, autoridad que el 18 de noviembre de 2010 decret\u00f3 medida provisional consistente en la reubicaci\u00f3n de los perjudicados, en condiciones similares a las que ten\u00edan antes del suceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4. Para dar cumplimiento a la orden judicial, PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A tom\u00f3 en arrendamiento el inmueble ubicado en la calle 127 N\u00b0 11 B-85, apartamento 601, interior 2 de la capital, y lo entreg\u00f3 en tenencia distinta de aqu\u00e9l a Vargas Ayala y tutelante, hasta tanto se garantizaran las condiciones de habitabilidad y seguridad de la mencionada construcci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        5. En la salvaguarda se profiri\u00f3 fallo el 26 de noviembre de 2010 ratificando la medida provisional, el cual fue confirmado por el superior el 25 enero de 2011, adicion\u00e1ndolo en el sentido de disponer que la misma se mantendr\u00eda \u00abhasta tanto se garanticen las condiciones de habitabilidad y seguridad en dicho predio, previo concepto de la Secretar\u00eda Distrital de Medio Ambiente y\/o la Secretar\u00eda Distrital de Salud,\u2026\u00bb   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        6. La decisi\u00f3n fue igualmente convalidada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-622 de 16 de agosto de ese a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        7. Posteriormente, el Juzgado Cincuenta y Seis Civil Municipal el 7 de septiembre de 2012 levant\u00f3 la cautela, teniendo en cuenta que la Secretar\u00eda Distrital del Medio Ambiente, emiti\u00f3 el Concepto T\u00e9cnico No. 05027 de fecha 14 julio de 2012, seg\u00fan el cual, est\u00e1n garantizadas las condiciones de habitabilidad y seguridad del Edificio Tenerife Real.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        8. Inconformes con la decisi\u00f3n el apoderado de los accionantes en tutela interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, el cual fue declarado improcedente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        9. En vista que los tenedores se negaron a restituir el bien, PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A. instaur\u00f3 acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tenencia en contra de Juan Manuel Vargas Ayala y la tutelante, radicada en el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        10. Notificada la actora contest\u00f3 la demanda oponi\u00e9ndose a sus pretensiones y propuso las excepciones que denomin\u00f3 \u00abCarencia absoluta de causa; Incumplimiento de reparar el da\u00f1o causado y sus efectos por parte de la accionante; Inexistencia de comodato \u2013 calidad de ocupante de la demandada; Inexistencia de sujeci\u00f3n o dependencia judicial, en sede de tutela, del negocio causal de contrato de arrendamiento; Dolo Malo de los accionantes y la Gen\u00e9rica\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

         11. De igual forma en el l\u00edbelo de contestaci\u00f3n de la demanda el apoderado de la tutelante peticion\u00f3 designar un perito avaluador de da\u00f1os y\/o ingeniero ambiental con el fin de que absuelva el cuestionario en el sentido de dictaminar \u00ab(i) frente a la afectaci\u00f3n que la parte accionante erigi\u00f3 al edificio \u201cTenerife Real P.H.\u201d (ii) determine los da\u00f1os causados, por la parte accionante al inmueble de propiedad de mi procurada, ubicado en el Edificio \u201cTenerife Real P.H.\u201d, (iii) determine si los efectos da\u00f1inos erigidos al inmueble de propiedad de mi procurada, ubicado en el Edificio \u201cTenerife Real P.H.\u201d se extienden a\u00fan a la fecha del presente y hacen inhabitable o con graves riesgos de seguridad y salubridad a dicha unidad privada; (iv) determine los da\u00f1os causados, por la parte accionante, al suelo, terreno y [bienes] comunes esenciales y comunes del Edificio \u201cTenerife Real P.H.\u201d; y (v) determine si, los efectos da\u00f1inos erigidos a los bienes y zonas comunes del Edificio \u201cTenerife Real P.H.\u201d, se extienden  aun a la fecha del presente y hacen inhabitable o con graves riesgos de seguridad y salubridad a dicha Propiedad Horizontal.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        12. Mediante prove\u00eddo del 28 de abril de 2014 se decretaron las pruebas y con relaci\u00f3n al dictamen pericial el juzgado lo neg\u00f3 por considerarlo \u00abno pertinentes, conducentes ni \u00fatiles para los fines del proceso\u00bb.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        13. Inconforme con la decisi\u00f3n la tutelante interpuso recurso de apelaci\u00f3n el cual fue resuelto el 30 de septiembre de ese a\u00f1o en el que modific\u00f3 la determinaci\u00f3n del A Quo en el sentido de decretar la prueba pericial peticionada por la actora para que dictamine si los da\u00f1os causados por el demandante se mantienen para la fecha en que se rinda la experticia, al punto que se haga inhabitable el bien, o presenta graves riesgos de seguridad y salubridad para sus ocupantes.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

       14.  El 24 de septiembre de 2014 se emiti\u00f3 sentencia en la que se orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble al extremo  demandante y se neg\u00f3 su pretensi\u00f3n en cuanto al pago de indemnizaci\u00f3n. Determinaci\u00f3n contra la que se interpuso recurso de apelaci\u00f3n  por las dos partes y enviado el asunto al superior.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       15. El 14 de abril de ese a\u00f1o en el tr\u00e1mite de segunda instancia  el Tribunal prescindi\u00f3 de la pr\u00e1ctica del dictamen  pericial.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        16. Inconforme con la decisi\u00f3n se interpuso recurso de s\u00faplica y el 24 de mayo de 2016 se orden\u00f3 revocar la decisi\u00f3n y se dispuso agotar el dictamen pericial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

         17. El 1\u00ba de julio de ese a\u00f1o, el Ad Quem decidi\u00f3 nombrar a la perito Adriana Isabel Vallejo Ar\u00e9valo para que efectuara el dictamen pericial y se le concedi\u00f3 quince d\u00edas para su elaboraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        18. El 15 de julio siguiente se notific\u00f3 por estado, auto mediante el cual se le se\u00f1alaron los gastos iniciales para la perito por la suma de $400.000, costo que fue sufragado por la actora.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

         19. El 19 de agosto de 2016 se requiri\u00f3 a la auxiliar de la justicia para que llevara a cabo la realizaci\u00f3n del dictamen pericial encomendado, quien inform\u00f3 que la accionante no ha prestado la colaboraci\u00f3n necesaria para el desarrollo de la experticia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

         20. El 23 de septiembre se orden\u00f3 requerir a la parte demandada para que colaborara con la pr\u00e1ctica de la prueba conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 242 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y se orden\u00f3 la entrega del dinero a la perito. Decisi\u00f3n que no fue acatada por la tutelante ni mostr\u00f3 desacuerdo mediante la interposici\u00f3n de alg\u00fan recurso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

         21. El 21 de octubre se decidi\u00f3 tener por desistida la pr\u00e1ctica del dictamen pericial  tras considerarse que \u00abadvertido que ha transcurrido un lapso m\u00e1s que razonable sin que se haya obtenido el recaudo de la prueba pericial ordenada el 30 de junio de 2016 (\u2026) en tanto que se encuentra vencido el t\u00e9rmino otorgado a la auxiliar para rendir el dictamen y tampoco se evidencia respuesta alguna de la interesada en esta prueba (parte demandada) respecto a la colaboraci\u00f3n requerida por la perito, seg\u00fan lo dispuesto en auto del 23 de septiembre de 2016 (\u2026) se considera que existe desistimiento de la prueba y as\u00ed se reconoce\u2026\u00bb. [Folios 2-3, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

         22. En desacuerdo con esta decisi\u00f3n la actora interpuso recurso de reposici\u00f3n, el cual fue resuelto desfavorablemente el 25 de noviembre de ese a\u00f1o tras se\u00f1alarse que conforme a lo previsto en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso no procede recurso de reposici\u00f3n contra auto que resuelve otro recurso, a menos que contenga nuevos puntos no decididos, caso  que no ocurre en el presente caso. [Folio 4. c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

         23.  De igual modo la accionante procedi\u00f3 a interponer incidente de nulidad para cuyo efecto invoc\u00f3  las causales 2\u00ba y 5\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso al considerar que con la decisi\u00f3n adoptada el 21 de octubre se est\u00e1 yendo en contra de la determinaci\u00f3n emitida por el mismo Tribunal, pretensi\u00f3n que fue rechazada de plano el 25 de noviembre al indicarse que los argumentos son los mismos que han sido resueltos a trav\u00e9s de los respectivos recursos. [Folio 5, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

         24. Contra esta determinaci\u00f3n se interpuso recurso de s\u00faplica el cual fue declarado impr\u00f3spero  el 16 de diciembre siguiente al advertirse que en el evento que se asumiera que las irregularidades a que alude la actora configuran vicios capaces de comprometer la legalidad de la actuaci\u00f3n, las mismas habr\u00edan quedado saneadas al no haber sido alegadas en la primera oportunidad aunado a que el sustrato f\u00e1ctico que adujo la tutelante no se amolda a ninguna de las causales de anulaci\u00f3n invocadas. [Folios 24-26, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

         25. El 18 de enero de 2017 se tuvo por precluido el t\u00e9rmino probatorio y se dispuso correr traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusi\u00f3n, art\u00edculo 360 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. [Folio 9 c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        26. En desacuerdo con esta decisi\u00f3n la tutelante interpuso recurso de reposici\u00f3n por haberse se\u00f1alado un art\u00edculo del C\u00f3digo de Procedimiento Civil cuando el mismo ya hab\u00eda sido derogado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

         28. El 17 de febrero siguiente la Magistrada sustanciadora en uso de la facultad dispuesta en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, prorrog\u00f3 hasta por seis meses el t\u00e9rmino para emitir decisi\u00f3n de fondo para el caso puesto en su conocimiento. [Folio 11, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

         29. En criterio de la reclamante con las determinaciones  adoptadas por la segunda instancia se vulneraron los derechos fundamentales invocados por cuanto ha actuado de una manera antojadiza y arbitraria aplicando normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y del C\u00f3digo General del Proceso \u00aba beneficio propio del funcionario judicial\u00bb. [Folios 4-68, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

A. El tr\u00e1mite de la instancia    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Por auto del 24 de marzo de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 correr traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 70, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se opuso a las pretensiones de la accionante para cuyo efecto realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y se\u00f1al\u00f3 que todas la solicitudes y tr\u00e1mites requeridos por la accionante han sido resueltas y, solo queda pendiente el fallo que resuelva el recurso, para cuya discusi\u00f3n el asunto ser\u00e1 considerado en la pr\u00f3xima sala de decisi\u00f3n que se desarrollar\u00e1 el 30 de marzo de este a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual modo manifest\u00f3 que es cierto que en el asunto cuestionado se han aplicado tanto las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil como las contenidas en el C\u00f3digo General del Proceso, todo lo cual tiene sustento en el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 625 de la nueva codificaci\u00f3n, teniendo en cuenta que el recurso se interpuso en vigencia de la legislaci\u00f3n anterior.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, expres\u00f3 que contrario a las afirmaciones realizadas por la actora en el sentido que las decisiones adoptadas por esa Corporaci\u00f3n se han realizado \u00abcon subjetividad\u00bb las mismas fueron emitidas con sujeci\u00f3n a las normas propias de este tipo de asuntos y no le asiste inter\u00e9s alguno en las resultas del proceso. [Folios 86-87, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, solicit\u00f3 denegar las pretensiones de la tutelante en cuanto a ese despacho por cuanto no ha vulnerado derecho fundamental alguno. [Folio 92, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su turno, el Juzgado 56 Civil Municipal de Oralidad de esta urbe expres\u00f3 que le correspondi\u00f3 el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por la ahora accionante y otros contra PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A., actuaci\u00f3n que fue archivada el 13 de octubre de 2016  y nada le consta sobre las actuaciones adelantadas al interior de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tenencia que se cuestiona por esta v\u00eda. [Folios 94-97, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente, el representante legal de PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A. se contrapuso a la prosperidad del amparo e indic\u00f3 que las decisiones emitidas por la autoridad de segunda instancia no constituyen ninguna v\u00eda de hecho y por el contrario gozan de plena legalidad y respaldo en el ordenamiento jur\u00eddico, m\u00e1xime que lo que se evidencia es la inactividad y desinter\u00e9s por parte de la ahora accionante en la pr\u00e1ctica de un dictamen pericial que supuestamente es determinante en sus prop\u00f3sitos, desidia que se reflej\u00f3 en dejar pasar tres meses para ofrecer colaboraci\u00f3n al auxiliar de la justicia, cuando el termino otorgado por el juez se venci\u00f3 y no fue solicitada su prorroga. [Folios 120-126, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el presente caso la accionante solicita principalmente  que a trav\u00e9s de esta excepcional v\u00eda, se deje sin valor ni efecto la providencia fechada 21 de octubre de 2016 que tuvo por desistida la prueba del dictamen pericial ordenado en sub examine, porque en su sentir vulner\u00f3 sus derechos fundamentales por cuanto dicha pr\u00e1ctica era necesaria a fin de demostrar las afirmaciones realizadas en la demanda, sin embargo al observarse la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 respecto a este punto, se muestra que la misma  no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, la Magistrada Sustanciadora para adoptar su determinaci\u00f3n consider\u00f3 que \u00abCon la finalidad de procurar la r\u00e1pida soluci\u00f3n de este asunto y de impedir su paralizaci\u00f3n (arts. 4 y 7 de la Ley 270 de 1996 y 42 C.G.P.)  y advertido que ha transcurrido un lapso m\u00e1s que razonable sin que se haya obtenido el recaudo de la prueba pericial ordenada el 30 de junio de 2016, -fl.128-, en tanto que se encuentra vencido el t\u00e9rmino otorgado a la auxiliar para rendir el dictamen y tampoco se evidencia respuesta alguna de la interesada en esta prueba (parte demandada) respecto a la colaboraci\u00f3n requerida por la perito, seg\u00fan lo dispuesto en auto del 23 de septiembre de 2016 \u2013 fl. 192- se considera que existe desistimiento de la prueba y as\u00ed se reconoce, en consecuencia se dispone:  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Tener por desistida la prueba de dictamen pericial ordenado en este asunto\u2026\u00bb    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De lo anterior, se observa que las citadas conclusiones son producto de una motivaci\u00f3n que no puede calificarse de irrazonable, pues se fundaron en una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad y valoraci\u00f3n del material probatorio recaudado, circunstancia que, a juicio de la funcionaria accionada conllev\u00f3 al fracaso de las pretensiones propuestas por la tutelante, m\u00e1xime que se observa que una vez designada y debidamente posesionada la auxiliar de la justicia para la pr\u00e1ctica de la prueba pericial, se fij\u00f3 la suma respectiva para los gastos periciales para que en el t\u00e9rmino legal procediera a su pago \u00abso pena de tener por desistido dicho medio probatorio\u00bb y pese a que la quejosa sufrag\u00f3 el costo, no prest\u00f3 la colaboraci\u00f3n necesaria para el desarrollo de la experticia, situaci\u00f3n que fue puesta en conocimiento por la perito, lo que conllev\u00f3 a que el 23 de septiembre de 2016 se requiera a la actora de conformidad con el art\u00edculo 242 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual forma, se evidencia que frente a tal determinaci\u00f3n, la accionante no obr\u00f3 en tal sentido y tampoco manifest\u00f3 desacuerdo mediante la interposici\u00f3n de recurso alguno, de ah\u00ed que resulte ostensible que si la peticionaria del resguardo no agot\u00f3 todos los mecanismos que le brinda el ordenamiento jur\u00eddico para obtener lo reclamado en sede constitucional, la acci\u00f3n de tutela, no puede ser utilizada  para proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir, inicialmente, al fallador ordinario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En casos similares al presente, la Sala ha destacado que:  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, -como aqu\u00ed ocurri\u00f3-, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb. (CSJ STC, 26 en. 2011, rad. 00027-00)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. De otra parte, no se evidencia vulneraci\u00f3n a derecho fundamental alguno respecto a las providencias fechadas 25 de noviembre y 16 de diciembre de 2016, que resolvieron desfavorablemente el incidente de nulidad propuesto por la actora, por cuanto en el \u00faltimo pronunciamiento que declar\u00f3 impr\u00f3spero el recurso de s\u00faplica interpuesto por la accionante contra la determinaci\u00f3n que rechaz\u00f3 de plano la nulidad, se expres\u00f3 que en el evento que se asumiera que las irregularidades a que aludi\u00f3 la libelista configuraran vicios capaces de comprometer la legalidad de la actuaci\u00f3n, las mismas habr\u00edan quedado saneadas, al no haber sido alegadas en la primera oportunidad con que la opositora cont\u00f3 para el efecto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo se se\u00f1al\u00f3 que aunque lo anotado en precedencia resultaba suficiente para desestimar la solicitud de la tutelante, tambi\u00e9n se evidenciaba que el sustrato f\u00e1ctico que adujo no se amoldaba  a las dos causales invocadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

    Lo anterior por cuanto respecto a la causal 2\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, no era procedente por cuanto quien decret\u00f3 el dictamen pericial que se tuvo por desistido el 21 de octubre de 2016, no fue propiamente un superior jer\u00e1rquico de la Magistrada que profiri\u00f3 ese prove\u00eddo \u00absino la funcionaria que precedi\u00f3 a esta \u00faltima en ese mismo Despacho Judicial (es decir, en ambos casos, lo concerniente al recaudo de esa prueba fue resuelto por el juez de segunda instancia )\u00bb por manera que no hace presencia la hip\u00f3tesis prevista en la citada causal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otro modo, advirti\u00f3 que igual acontec\u00eda con la casual 5\u00ba de nulidad invocada, por cuanto \u00abtal irregularidad s\u00f3lo se configura \u201ccuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar  o practicar pruebas\u2026\u201d supuesto en el que no cabe enmarcar el cuadro factico al que aludi\u00f3 la recurrente, quien ni de lejos aleg\u00f3 que se hubiera pretermitido en su integridad la etapa instructiva del proceso (que es la hip\u00f3tesis que, en puridad, consagra la norma) sino que se limit\u00f3 a insistir en la necesidad y procedencia del dictamen pericial que se tuvo por desistido\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        De otra parte, tampoco se observa transgresi\u00f3n a los derechos con la actora respecto a la decisi\u00f3n fechada el 10 de febrero de 2017 que mantuvo la decisi\u00f3n adoptada el 18  de enero de este a\u00f1o por cuanto all\u00ed se expres\u00f3 que:  \u00abSe resuelve el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la demandada contra el auto de 18 de enero del presente a\u00f1o mediante el cual se corri\u00f3 traslado para alegar, decisi\u00f3n que no ha de ser revocada ni reformada en tanto no se evidencia en ella \u201cyerro jur\u00eddico procesal de \u00edndole GRAVE\u2026\u201d. Lo anterior porque en aplicaci\u00f3n de los principios de vigencia inmediata de la ley procesal y el fen\u00f3meno de ultractividad de la ley, interpuesta la alzada contra la sentencia en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, resultan inaplicables al asunto normas que regulan el tr\u00e1mite para este medio de impugnaci\u00f3n consagradas en el CGP- Arts. 624 y 625 del CGP. Es que pretender,  en las circunstancias expuestas, la aplicaci\u00f3n del nuevo ordenamiento procesal, resulta tan desafortunado como convocar a la audiencia referida por el recurrente, no prevista para el tr\u00e1mite de este recurso vertical\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por ello, la accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, las decisiones que considera la desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.),  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que la autoridad accionada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de la demandante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Las anteriores razones se estiman suficientes para negar el amparo pretendido.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional invocado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito, de no ser impugnada la presente sentencia, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC4470-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00697-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo  de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100389","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100389","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100389"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100389\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100389"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100389"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100389"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}