{"id":100392,"date":"2026-06-25T20:45:08","date_gmt":"2026-06-25T20:45:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4484-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:45:08","modified_gmt":"2026-06-25T20:45:08","slug":"stc4484-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4484-2017\/","title":{"rendered":"STC4484-2017"},"content":{"rendered":"<p><span class=\"rvts6\">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">LUIS ALONSO RICO PUERTA &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Magistrado ponente &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">STC4484-2017 &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00643-00 &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\"><\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por N\u00e9stor Humberto Pab\u00f3n Paipilla contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, concretamente frente a la Magistrada Maria Teresa Chica Cort\u00e9s, as\u00ed como al Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esta ciudad, tramite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario No. 2010-00561. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">ANTECEDENTES &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;El actor, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vivienda digna, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa e igualdad, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas con las providencias por las cuales se rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad que propuso en el proceso ejecutivo hipotecario promovido por Alianza Fiduciaria S.A. contra Olga Marcela Dulcey Crisp\u00edn y N\u00e9stor Humberto Pab\u00f3n Paipilla.&nbsp; &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Solicita, en consecuencia que se ordene: (i) \u00abal JUEZ CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE BOGOTA D.C, proceda de manera inmediata a enmendar y\/o corregir los yerros en que se incurri\u00f3 por v\u00edas de hecho\u00bb; (ii) \u00abQue como consecuencia de lo anterior, el JUEZ CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE BOGOTA D.C, proceda en debida forma a ejercer los deberes y poderes de ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n con los que cuenta (Arts. 42 y 43 del C.G.P.), en dirigir, hacer efectiva la igualdad de las partes, prevenir, remediar y sancionar, hacer uso de las pruebas de oficio, adoptar las medidas para sanear vicios, decidir aunque no haya Ley aplicable al caso, realizar el control de legalidad contenido en el art\u00edculo 132 del C.G.P., entre otros\u00bb y (iii) \u00abRequerir tanto al H. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA D.C, sala civil y al JUEZ CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE BOGOTA D.C, para que en lo sucesivo se abstenga de proceder por v\u00edas de hecho, en donde se incurre en ERROR JUDICIAL en casos similares como el presente\u00bb. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">De otra parte manifiesta que \u00abLA PRESENTE ACCION DE TUTELA SE INTERPONE COMO MECANISMO TRANSITORIO Y PARA EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE, toda vez que en la actualidad se ha se\u00f1alado el d\u00eda 14 de marzo de 2017 para llevar a cabo la almoneda del bien inmueble\u00bb (ff. 12 y 13, may\u00fascula fija, negrilla y subraya en texto). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">2.&nbsp; En sustento de la inconformidad aduce, en s\u00edntesis, que para la compra del apartamento en que habitan, el Fondo de Empleados de Telecom le otorg\u00f3 un pr\u00e9stamo a la demandada y ante la liquidaci\u00f3n de esa empresa, el Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes (PAR), realiz\u00f3 una venta de cartera al fideicomiso Alianza Fiduciaria S.A, en la que se incluy\u00f3 la referida acreencia hipotecaria. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Agrega que \u00e9l por su parte, igualmente solicit\u00f3 al Banco Popular en donde laboraba un cr\u00e9dito a fin de adquirir el apartamento. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Sostiene que Alianza Fiduciaria S.A., a trav\u00e9s de su vocera Systemcobro present\u00f3 demanda ejecutiva hipotecaria en la que se dict\u00f3 sentencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, y posteriormente, como la ejecutante procedi\u00f3 ceder el cr\u00e9dito \u00abde manera ilegal\u00bb a Blanca Nelly Chuquen Ariza persona natural no autorizada por la ley para ser cesionaria de este tipo de cr\u00e9ditos, su apoderado se opuso a la misma e igualmente solicit\u00f3 ejercer control de legalidad, peticiones que no fueron aceptadas, procediendo el Juzgado a se\u00f1alar fecha para la diligencia de remate de su inmueble, lo que llev\u00f3 a su procurador judicial a presentar incidente de nulidad con fundamento en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso \u00absi se tiene en cuenta que el cesionario al ser reconocido como tal dentro del proceso, viene actuando como SUCESOR PROCESAL sin reunir todos y cada uno de los requisitos de Ley para poder ser reconocido en tal calidad, precisando que de parte de los demandados jam\u00e1s hemos aceptado tal cesi\u00f3n\u00bb, que rechaz\u00f3 de plano el a quo, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal el 28 de febrero de 2017 \u00abbajo el argumento particular que la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito, no puede ser enlistada como causal de nulidad (\u2026) sin tener en cuenta los yerros con los que se ha adelantado la acci\u00f3n\u00bb. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Explica que con la nulidad propuesta \u00ablo que se reclama es precisamente la falta de legitimaci\u00f3n por activa por parte de la cesionaria Blanca Nelly Chuquen Ariza quien no puede actuar dentro del proceso, por expresa disposici\u00f3n legal\u00bb, lo que \u00abconvierte\u00bb la determinaci\u00f3n adoptada por el Tribunal, \u00aben verdaderas v\u00edas de hecho, por falso juicio por suposici\u00f3n (\u2026) bajo criterio propio y err\u00f3nea interpretaci\u00f3n, alej\u00e1ndose del deber y obligaci\u00f3n de ejercer el CONTROL DE LEGALIDAD en todas sus actuaciones, no solo del auto impugnado materia de nulidad que carece de legitimaci\u00f3n por activa; sino todos y cada uno de los autos proferidos dentro del proceso que hayan sido promovidos por la \u00absupuesta cesionaria\u00bb Blanca Nelly Chuquen Ariza, al no tener legitimaci\u00f3n en causa para actuar\u00bb. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Adiciona de otra parte, que el auxiliar de la justicia que fue designado para la pr\u00e1ctica de la diligencia de secuestro, \u00abNO ESTABA ACTIVO COMO SECUESTRE para la fecha en que se practic\u00f3 la diligencia (Septiembre 11 de 2015), que ha prop\u00f3sito fue decretada por petici\u00f3n de la mal llamada cesionaria del cr\u00e9dito que no pod\u00eda impulsar el proceso por no estar legitimada\u00bb. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Finalmente agrega que como \u00abAdicionalmente el H. Tribunal Superior de Bogot\u00e1, (\u2026) le indico a mi abogado, en una err\u00f3nea Interpretaci\u00f3n que en caso de insistir en aspectos que seg\u00fan su criterio ya hab\u00edan sido debatidos, se le sancionar\u00eda pecuniariamente, de tal suerte mi apoderado se sinti\u00f3 constre\u00f1ido para hacer uso del inciso tercero del art\u00edculo 452 del C.G.P y debi\u00f3 desistir de las irregularidades que se iban a presentar\u00bb en la subasta que se llev\u00f3 a cabo el 14 de marzo anterior (ff. 12 a 23 y 28 a 30, &nbsp;may\u00fascula fija, negrilla y subraya en texto). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">La Jueza Cuarta Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, se opuso al amparo y para tal efecto manifest\u00f3 que si la protesta se dirige contra los autos de 12 de febrero y 8 de mayo de 2013 por medio de los cuales se tuvo como cesionaria de los derechos de cr\u00e9dito a la se\u00f1ora Blanca Nelly Chuquen Ariza y se mantuvo inc\u00f3lume esa decisi\u00f3n respectivamente, resulta evidente que la queja constitucional incumple con el presupuesto de inmediatez, circunstancia que hace impr\u00f3spera la protecci\u00f3n constitucional invocada. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Afirm\u00f3 de otra parte, que el auto de 18 de octubre de 2016 por el cual se rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad propuesto por el accionante, \u00abque descansa en los mismos fundamentos que por este tr\u00e1mite constitucional invoca\u00bb, as\u00ed como el de 21 de noviembre siguiente que mantuvo en firme tal determinaci\u00f3n, no constituyen una v\u00eda de hecho, dado que se ajustan al ordenamiento jur\u00eddico, puesto que \u00absu solicitud nulitiva se fund\u00f3 en causal distinta de las consagradas en el art\u00edculo 133 del CGP, lo que impon\u00eda su rechazo in limine, de conformidad con lo previsto en el inciso final del canon 135 \u00eddem, de suerte que las actuaciones de la sede judicial que represento no son producto del capricho o la arbitrariedad\u00bb, decisi\u00f3n que por lo dem\u00e1s, confirm\u00f3&nbsp; el superior el 28 de febrero de 2017. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Indic\u00f3 as\u00ed mismo, que la afirmaci\u00f3n del accionante relativa a que \u00abel juzgado no ha efectuado el correspondiente control de legalidad previo a se\u00f1alar fecha y hora para el remate de los bienes cautelados\u00bb no se compadece con la realidad, puesto que \u00abeste despacho s\u00ed procedi\u00f3 de conformidad, pues con antelaci\u00f3n a la almoneda se constat\u00f3 el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art\u00edculo 448 del CGP, como que los inmuebles a subastar se encontraban legalmente embargados (fls. 197, 198 y 217), secuestrados (457, 474 y 475) y avaluados (fl. 506), todo lo cual obra en el proceso y se puede constatar a folios 528 a 529 del paginario\u00bb (ff. 57 y 58).&nbsp; Igualmente remiti\u00f3 el expediente del proceso mencionado. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Hasta el momento de radicar la sentencia no se hab\u00eda recibido ninguna otra manifestaci\u00f3n. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">CONSIDERACIONES &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">1.&nbsp; La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC683-2016). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">2. Las pruebas aportadas revelan que a trav\u00e9s de prove\u00eddo emitido el 18 de octubre de 2016 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad formulado por apoderado judicial de la parte demandada, porque se fund\u00f3 en causal distinta a las consagradas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto que, \u00abel vicio de procedimiento contemplado en el numeral 4 del canon citado \u00fanicamente tiene vocaci\u00f3n para prosperar cuando en el curso del proceso se advierta que es indebida la representaci\u00f3n de alguna de las partes o cuando quien act\u00faa como su apoderado judicial carece \u00edntegramente de poder, hip\u00f3tesis que no corresponde a la inconformidad del memorialista, puesto que se duele de la cesi\u00f3n de los derechos litigiosos que Alianza Fiduciaria S.A., como administradora del Fondo de Capital Privado Alianza Konfigura Activos Alternativos II, hizo a favor de Blanca Nelly Chuquen Ariza (fls. 400 a 417 y 421, Cd.1), lo cual implica su rechazo al tenor de lo dispuesto en el inciso 4 del art\u00edculo 135 \u00eddem\u00bb (f. 54). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Inconforme el procurador de los ejecutados atac\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n mediante reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, que se mantuvo el 21 de noviembre siguiente concediendo el subsidiario. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en Sala Unitaria Civil&nbsp; mediante providencia de 28 de febrero de 2017 confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n, al observar que el a quo tuvo en cuenta los preceptos sustanciales y procesales que regulan los temas objeto de an\u00e1lisis y profiri\u00f3 una decisi\u00f3n ajustada a los mismos, y para tal efecto consider\u00f3, &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">\u00abel demandado pretende que se decrete la nulidad de todo lo actuado a partir de la cesi\u00f3n de derechos litigiosos que Alianza Fiduciaria S.A., como vocera del Fondo de Capital Privado Alianza Konfigura Activos Alternativos II, hizo a favor de Blanca Nelly Chuquen Ariza, pues, a su juicio, \u00e9sta \u00faltima no se encontraba autorizada por la ley -art. 24, Ley 546 de 1999, subrogado por los arts. 1 y 38 de la Ley 1537 de 2012- para fungir como cesionaria de un cr\u00e9dito para la adquisici\u00f3n de vivienda a largo plazo, toda vez que, dicha facultad est\u00e1 reservada exclusivamente para las entidades sometidas a inspecci\u00f3n, vigilancia y control por parte del Estado\u00bb. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Agregando a continuaci\u00f3n, &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">\u00abBien pronto se advierte que fue acertada la decisi\u00f3n de la Juez de primera instancia al rechazar de plano el tramite incidental propuesto por el apoderado del extremo pasivo, por cuanto, los hechos que esgrimi\u00f3 como estructurales de la causal invocada (num.4, art. 133 C.G.P.), no se compaginan con los supuestos relacionados en la norma y, en consecuencia, no producen, el efecto jur\u00eddico perseguido por \u00e9l, argumento de por s\u00ed suficiente para respaldar la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 al respecto. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\"><\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Finalmente, en relaci\u00f3n con la solicitud de control oficioso elevado por el apoderado de los ejecutados, a trav\u00e9s de la cual pretend\u00eda la revocatoria oficiosa del \u00abauto ilegal\u00bb que admiti\u00f3 la cesi\u00f3n realizada, consider\u00f3 que era necesario, &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">\u00abremitirse al contenido de la providencia de 19 de enero de 2017 proferida por la juez de conocimiento (fls. 13 y 14, cdno.1) en el sentido de reiterarle al profesional del derecho que no es dable volver a estudiar la rectitud del negocio, habida cuenta que, en primer lugar, dicha controversia fue zanjada mediante auto de 8 de mayo de 2013, en el cual el juzgador de origen admiti\u00f3 la cesi\u00f3n, providencia confirmada por esta Corporaci\u00f3n en auto de 22 de abril de 2014; y, en segundo lugar, porque si bien el contenido de los autos no es vinculante para el funcionario que los profiri\u00f3 y aqu\u00e9l puede proceder a su revocatoria si encuentra que estos no se ajustan al ordenamiento positivo, esta facultad no puede ser ejercida de forma desordenada y arbitraria, contrariando incluso decisiones del superior funcional, por lo que, si a juicio del funcionario de primera instancia la providencia fue acertada y ello fue corroborado por el Tribunal, no se observa que sea necesario remitirse nuevamente lo mismo, pues, en estos casos, el auto ya cobr\u00f3 firmeza y sus decisiones se hicieron vinculantes para las partes\u00bb (ff. 54 vto. y 55). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">3.&nbsp; El recuento de la actuaci\u00f3n referida en precedencia, permite advertir que el amparo propuesto no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por cuanto los argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para adoptar la determinaci\u00f3n acusada, obedecen a una interpretaci\u00f3n razonable de las normas aplicables a la situaci\u00f3n puesta en su conocimiento, y en este orden, se descarta la posibilidad de predicar una causal de procedibilidad en la actuaci\u00f3n rese\u00f1ada porque, al margen del criterio que la Corte pudiera tener, no se advierte un proceder caprichoso por parte de la Corporaci\u00f3n accionada, y por tanto, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de evidente desafuero judicial. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 ab. rad. 00696-00). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">4.&nbsp; De otra parte, de lo expuesto en precedencia se desprende, que frente al proceder del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 en la referida diligencia de remate, el aqu\u00ed interesado guard\u00f3 silencio, es decir, dej\u00f3 pasar la oportunidad prevista por el legislador para la defensa de sus derechos, pues no elev\u00f3 sus inconformidades antes de la adjudicaci\u00f3n de los bienes rematados realizada el 14 de marzo de 2017 (f. 37), conforme lo establece el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 452 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cual implica que cualquier irregularidad en la almoneda criticada qued\u00f3 saneada al tenor del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 455 ib\u00eddem, raz\u00f3n por la cual cerrada qued\u00f3 toda posibilidad de poder acudir con \u00e9xito a este mecanismo especial de protecci\u00f3n. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">En cuanto a la impertinencia del amparo por la omisi\u00f3n en el uso de los mecanismos ordinarios de impugnaci\u00f3n, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">\u00abcuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, &#8211; como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, STC11348-2015, STC11856-2015, STC4687-2016, STC7571-2016, STC3827-2017, y STC3996-2017, 22 mar. rad. 00464-00). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Observa adem\u00e1s la Sala que contrario a lo afirmado por el accionante referente a que el Tribunal accionado le indic\u00f3 a su apoderado \u00abque en caso de insistir en aspectos que seg\u00fan su criterio ya hab\u00edan sido debatidos, se le sancionar\u00eda pecuniariamente\u00bb (ff. 29 y 30), en parte alguna del auto de 28 de febrero de 2017 se hizo tal prevenci\u00f3n, y para ello basta leer la providencia que obra a folios 54 vto. y 55. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">5. Finalmente y en cuanto a la queja relacionada con que el auxiliar de la justicia nombrado para la pr\u00e1ctica de la diligencia de secuestro llevada a cabo el 11 de septiembre de 2015, no se encontraba \u00abactivo\u00bb, basta decir, que el amparo solicitado resulta igualmente improcedente, porque no atiende el postulado de la inmediatez en tanto que el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">6. Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">DECISI\u00d3N &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Por la Secretar\u00eda devu\u00e9lvase al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, el expediente del proceso ejecutivo hipotecario No. 2010-00561 y las copias de los cuadernos 1, 1\u00aa, 2 y 3 que fueran remitidos en calidad de pr\u00e9stamo. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">LUIS ALONSO RICO PUERTA &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Presidente de Sala &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">MARGARITA CABELLO BLANCO &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\"><\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\"><\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; LUIS ALONSO RICO PUERTA &nbsp; Magistrado ponente &nbsp; &nbsp;&nbsp; STC4484-2017 &nbsp; Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00643-00 &nbsp; &nbsp;&nbsp; Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017). &nbsp; &nbsp;&nbsp; Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por N\u00e9stor Humberto Pab\u00f3n Paipilla contra la Sala Civil del Tribunal Superior del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100392","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100392","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100392"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100392\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100392"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100392"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100392"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}