{"id":100395,"date":"2026-06-25T20:45:46","date_gmt":"2026-06-25T20:45:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4491-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:45:46","modified_gmt":"2026-06-25T20:45:46","slug":"stc4491-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4491-2017\/","title":{"rendered":"STC4491-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4491-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-03-000-2017-00703-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Banco Av Villas contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de  C\u00facuta y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La entidad accionante solicit\u00f3 el amparo del derecho fundamental al debido proceso, el cual considera vulnerado por las autoridades judiciales accionadas, quienes revocaron parcialmente el mandamiento de pago, aduciendo que una de las obligaciones ejecutadas no hab\u00eda sido objeto de reestructuraci\u00f3n, pese a que considera cumpli\u00f3 con el mentado requisito.  <\/span><\/p>\n

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Pretende, en consecuencia, que se deje sin efecto la sentencia que se emiti\u00f3 en segunda instancia, y en su lugar se ordene la venta del inmueble que garantizaba la obligaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 21 de noviembre de 2005 la entidad Bancaria accionante formul\u00f3 demanda con el fin de lograr, por parte de Carlos Arturo P\u00e1ez y Janeth del Carmen Parra Garc\u00eda,  el pago de las obligaciones contenidas en los pagar\u00e9s Nos 1578-7, 606092 y 339607, suscritos el 6 de diciembre de 1997, 22 de diciembre de 2003 y 4 de agosto de 2004, respectivamente.  <\/span><\/p>\n

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La primera obligaci\u00f3n fue garantizada con hipoteca constituida sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 260-100659 y las restantes con la que se instituy\u00f3 respecto del inmueble identificado con folio 260-000430, ambos de C\u00facuta.  <\/span><\/p>\n

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2. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Civil del Circuito de la mencionada ciudad, quien en auto de 30 de noviembre de 2005 libr\u00f3 mandamiento de pago en la forma solicitada y orden\u00f3 el embargo y posterior secuestro de los bienes que garantizaban las obligaciones.  <\/span><\/p>\n

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3. Enterados de la actuaci\u00f3n, los ejecutados formularon excepciones que denominaron \u00abla Dra. Janett del Camen Parra Garc\u00eda no suscribi\u00f3 el pagar\u00e9 No. 606092; el pagar\u00e9 No. 339607 se firm\u00f3 en blanco y fue llenado sin estar acorde con la realidad y sin escrito de instrucciones alguno; inexigilidad del pagar\u00e9 [refiri\u00e9ndose al mismo t\u00edtulo valor]; enriquecimiento sin causa; mala fe; las excepciones gen\u00e9ricas; inadecuada redenominaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de la UPAC a la UVR, y excepci\u00f3n de inconstitucionalidad\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Las r\u00e9plicas formuladas contra el pagar\u00e9 339607 se fundaron en el hecho de que el mismo fue suscrito en blanco y con ocasi\u00f3n de una obligaci\u00f3n contra\u00edda en el a\u00f1o 1996 para la adquisici\u00f3n de vivienda.  Aducen que la entidad Bancaria lo diligenci\u00f3, modificando la fecha en que se celebr\u00f3 el contrato de mutuo y desconociendo no solo las instrucciones que para el efecto le otorgaron, sino tambi\u00e9n los pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional frente a ese tipo de obligaciones.  <\/span><\/p>\n

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4. Surtido el traslado de las excepciones y evacuada la etapa procesal, el 21 de julio de 2016 se profiri\u00f3 sentencia en la que se revoc\u00f3 parcialmente el mandamiento de pago, para revocar lo all\u00ed ordenado frente al pagar\u00e9 339607 y continuar con la ejecuci\u00f3n respecto de las obligaciones restantes.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto esgrimi\u00f3 el juzgado que del material probatorio obrante en el proceso era posible concluir que la obligaci\u00f3n contenida en el pagar\u00e9 mencionado fue adquirida con anterioridad a la expedici\u00f3n de la ley 546 de 1999 y su destinaci\u00f3n era la adquisici\u00f3n de vivienda, en ese sentido, para que el mismo prestara merito ejecutivo, era necesario que el ejecutante allegara prueba de su reestructuraci\u00f3n, lo que en el caso no ocurri\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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Estim\u00f3 procedente seguir adelante la ejecuci\u00f3n respecto de las deudas restantes, de atender que las mismas fueron adquiridas para libre inversi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. Inconformes con la decisi\u00f3n, ambas partes formularon recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Los ejecutados, manifestaron que el despacho no estudi\u00f3 la falta de suscripci\u00f3n del t\u00edtulo 606092 por parte de la demandada, as\u00ed como tampoco conden\u00f3 en costas al acreedor ante la prosperidad parcial de sus excepciones.  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, la entidad bancaria manifest\u00f3 que el cr\u00e9dito de vivienda adquirido por los accionantes si fue objeto de reestructuraci\u00f3n, a tal punto que el t\u00edtulo valor cuya orden de apremio se revoc\u00f3 fue el resultado del mismo.  <\/span><\/p>\n

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Aduj\u00f3 que el cr\u00e9dito 15787 fue suscrito antes de 1999 y que al realizarse la renegociaci\u00f3n con los deudores se suscribi\u00f3 el pagar\u00e9 339607.  <\/span><\/p>\n

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6. Remitido el asunto a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta, el 5 de diciembre de 2016 se profiri\u00f3 sentencia de segunda instancia, en la que se confirm\u00f3 la de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 21 de marzo de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

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2. El Tribunal accionado remiti\u00f3 el audio de la decisi\u00f3n que emiti\u00f3 como juez de segunda instancia.  <\/span><\/p>\n

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Por su parte el Juzgado del Circuito remiti\u00f3 el tr\u00e1mite objeto de cuestionamiento.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso sub judice, a partir del examen de la sentencia que en esta v\u00eda se cuestiona, concretamente la dictada por la Sala accionada el 5 de diciembre de 2016, mediante la cual se confirm\u00f3 la emitida en primera instancia, no logra advertirse una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados, pues la autoridad judicial contra quien se dirige la queja constitucional, la soport\u00f3 en un criterio jur\u00eddicamente razonable.  <\/span><\/p>\n

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Y ello es as\u00ed, porque, para concluir que la obligaci\u00f3n contenida en los instrumentos base de la ejecuci\u00f3n, no era exigible, cit\u00f3 la jurisprudencia que sobre la materia ha emitido esta Corporaci\u00f3n y precis\u00f3 que conforme a \u00e9sta y las disposiciones de la ley 546 de 1999:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]s menester la acreditaci\u00f3n de la restructuraci\u00f3n en el proceso como requisito para demostrar la idoneidad del t\u00edtulo ejecutivo, puesto que ello se desprende como requisito necesario para la integraci\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo en las obligaciones adquiridas para financiaci\u00f3n de vivienda a largo plazo como lo dijere la H. Corte Suprema de Justicia, al analizar tanto la sentencia SU-813 de 2007, como el contenido de los art\u00edculos 38 a 42 de la ley 546 de 1999; reestructuraci\u00f3n que de acuerdo a la valoraci\u00f3n efectuada sobre los documentos que aport\u00f3 el Banco para acreditar la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario otorgado antes del 31 de diciembre de 1999 y que luego migr\u00f3 al n\u00famero 339607, no se puede llegar a conclusi\u00f3n diferente a que esta no se hizo.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior de atender que pese a que los demandados no tacharon el documento con el que se prete  nde acreditar la refinanciaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, lo cierto es que del mismo lo \u00fanico que se pod\u00eda probar era que \u00abse solicit\u00f3 por los deudores la predicha refinanciaci\u00f3n o restructuraci\u00f3n, m\u00e1s no que la misma se haya dado y mucho menos sus condiciones, pues el pagar\u00e9 suscrito en blanco con ese prop\u00f3sito constituye la garant\u00eda del Banco para hacer expedito el cobro de los saldos adeudados, pero no la prueba del acuerdo al que arribaron las partes sobre la modificaci\u00f3n de las condiciones de la obligaci\u00f3n, en provecho de los deudores\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, precis\u00f3 que \u00abpretender conferir al pagar\u00e9 suscrito en blanco un car\u00e1cter testimonial respecto del acuerdo de restructuraci\u00f3n demandado por la jurisprudencia para la integraci\u00f3n del t\u00edtulo complejo y la viabilidad de la ejecuci\u00f3n de las obligaciones anteriores al 31 de diciembre de 1999, equivale en la pr\u00e1ctica a pretermitir la exigencia misma, pues si entre la solicitud de refinanciaci\u00f3n o restructuraci\u00f3n y la creaci\u00f3n del t\u00edtulo no median las condiciones ajustadas por acreedor y deudor con el prop\u00f3sito de modificar a favor de \u00e9ste las inicialmente pactadas, debe asumirse que el llenado de los espacios en blanco obedece al incumplimiento de lo acordado al otorgarse el cr\u00e9dito, pues, se repite, la solicitud de reestructuraci\u00f3n no aparece atendida\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De esa manera, con base en el estudio del material probatorio obrante en el proceso, concluy\u00f3 el juzgador colegiado que \u00abde acuerdo a los documentos arrimados por el Banco no demuestran el requisito echado de menos, porque sin mucho ahondar se evidencia que la prueba de la restructuraci\u00f3n no puede derivarse de la solicitud en tal sentido elevada y menos, como se vio, de la suscripci\u00f3n de un pagar\u00e9 en blanco, raz\u00f3n por la cual la apelaci\u00f3n del demandante deviene impr\u00f3spera\u00bb  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, es evidente que el Juzgado accionado no desconoci\u00f3 la problem\u00e1tica que el accionante plante\u00f3 por esta v\u00eda, y por el contrario, analiz\u00f3 la situaci\u00f3n del cr\u00e9dito ejecutado, teniendo en cuenta que se trat\u00f3 de una obligaci\u00f3n constituida para efectos de adquirir vivienda, antes del 31 de diciembre de 1999, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 546 de ese a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en ello y en el criterio que invariablemente viene sosteniendo esta Corporaci\u00f3n y la el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n constitucional, la Sala Civil Familia de C\u00facuta, concluy\u00f3 que para la exigibilidad de obligaci\u00f3n debi\u00f3 acreditarse su reestructuraci\u00f3n, lo que no se demostr\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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Sin que pueda aceptarse en esta v\u00eda excepcional la manifestaci\u00f3n realizada por la entidad Bancaria en el sentido de que la obligaci\u00f3n contenida en el pagar\u00e9 339607, cuya orden de apremi\u00f3 se revoc\u00f3, es producto de la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n contenida en el pagar\u00e9 15787, pues no habr\u00eda raz\u00f3n entonces para que respecto de las dos obligaciones se acudiera al cobro forzado.  <\/span><\/p>\n

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Siendo claro, como lo advirti\u00f3 el juez que en primera instancia conoci\u00f3 del proceso, que el \u00faltimo de los pagar\u00e9s citados, no fue adquirido para la compra de vivienda, por lo que el mismo no pod\u00eda ser objeto de reestructuraci\u00f3n a la luz de la ley 546 de 1999.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la decisi\u00f3n adoptada por la autoridad judicial tutelada, se encuentra debidamente motivada y en ella, se valor\u00f3 en forma razonada lo sucedido en el proceso otorg\u00e1ndole una soluci\u00f3n v\u00e1lida al problema jur\u00eddico planteado, a partir de un principio constitucional, circunstancia por la cual no podr\u00eda hablarse de un desconocimiento de los derechos fundamentales de las partes.  <\/span><\/p>\n

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Por consiguiente, que el Juzgado accionado haya resuelto, confirmar la negativa en la ejecuci\u00f3n respecto del referido pagar\u00e9 con fundamento en que no se aport\u00f3 la reestructuraci\u00f3n no constituye una v\u00eda de hecho vulneratoria del derecho fundamental al debido proceso como lo aduce el Banco accionante, sino, todo lo contrario, reivindica lo decidido por el m\u00e1ximo \u00f3rgano constitucional, dado que, en este caso el cr\u00e9dito fue adquirido antes del 31 de diciembre de 1999.  <\/span><\/p>\n

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4. Indudable resulta, entonces, que no fue por defecto sustantivo, org\u00e1nico o un desconocimiento del precedente, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que el ad quem se abstuvo de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, pues los motivos que adujo en su providencia constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, por lo que no se avizora la configuraci\u00f3n de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados.  <\/span><\/p>\n

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5. De las anteriores consideraciones surge evidente que la protecci\u00f3n reclamada en esta excepcional v\u00eda debe denegarse.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional deprecada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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