{"id":100396,"date":"2026-06-25T20:46:04","date_gmt":"2026-06-25T20:46:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4493-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:46:04","modified_gmt":"2026-06-25T20:46:04","slug":"stc4493-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4493-2017\/","title":{"rendered":"STC4493-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4493-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00716-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Hern\u00e1n Mauricio S\u00e1nchez Torres contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sogamoso y a todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00abpropiedad\u00bb, que estima vulnerados por la autoridad judicial encausada al revocar parcialmente el auto que decret\u00f3 medidas cautelares, dentro del tr\u00e1mite de la prueba extraprocesal deprecada por \u00e9l contra la Sociedad Constructora Santa B\u00e1rbara Real S.A.S.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado y se revoque la providencia censurada y se mantengan las cautelas decretadas por el juzgador de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En el 2016, Hern\u00e1n Mauricio S\u00e1nchez Torres solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba extraprocesal contra la Sociedad Constructora Santa B\u00e1rbara Real S.A.S., en un asunto relacionado con violaci\u00f3n a la propiedad intelectual, consistente en la inspecci\u00f3n judicial sobre el inmueble ubicado en la carrera 8 n.\u00b0 30-22 de Sogamoso, denominado \u00abConjunto Residencial Altos de Zohar\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. De la misma manera, el solicitante pidi\u00f3 que se decretaran las medidas cautelares de suspensi\u00f3n de los actos de uso y utilizaci\u00f3n de obra o dise\u00f1os arquitect\u00f3nicos registrados en la Direcci\u00f3n Nacional de Derechos de Autor, el cierre definitivo de las obras del proyecto de construcci\u00f3n del conjunto residencial mencionado y la prohibici\u00f3n del uso y comercializaci\u00f3n de la obra arquitect\u00f3nica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sogamoso, a quien le correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, lo admiti\u00f3, fij\u00f3 fecha para la diligencia y neg\u00f3 las cautelas deprecadas, mediante auto del 20 de octubre del a\u00f1o citado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El 10 de noviembre de 2016, se llev\u00f3 a cabo la inspecci\u00f3n judicial sobre el inmueble referido y fij\u00f3 la suma de $260.000.000 como cauci\u00f3n para garantizar los da\u00f1os y perjuicios que puedan ocasionar las medidas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Mediante auto proferido el 17 de noviembre siguiente, el a quo decret\u00f3 las medidas preventivas pedidas por el extremo activo y lo inst\u00f3 para que presentara la demanda correspondiente dentro de los 20 d\u00edas siguientes a la pr\u00e1ctica de aquellas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la Sociedad Constructora Santa B\u00e1rbara Real S.A.S. interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. El juzgador, en prove\u00eddo de diciembre 13 del a\u00f1o precedente, no repuso la decisi\u00f3n anterior y concedi\u00f3 el medio de impugnaci\u00f3n subsidiario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. En la presente anualidad, el se\u00f1or S\u00e1nchez Torres present\u00f3 demanda verbal sumaria de protecci\u00f3n de derechos de autor contra la persona jur\u00eddica mencionada, la cual fue admitida por el despacho por medio auto fechado el 23 de febrero de 2017.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. De otro lado, la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, en providencia del 27 de febrero del a\u00f1o en curso, revoc\u00f3 parcialmente el auto recurrido, dejando vigente las cautelas de prohibici\u00f3n de la deformaci\u00f3n, mutilaci\u00f3n o modificaci\u00f3n de los planos arquitect\u00f3nicos del proyecto \u00abAltos de Zohar\u00bb y la orden a las curadur\u00edas urbanas para que se abstengan de otorgar licencias de modificaci\u00f3n y\/o reformas de ese proyecto, y adicionalmente decret\u00f3 el secuestro preventivo del producto de la venta de los apartamentos de ese proyecto de construcci\u00f3n de conjunto residencial.  <\/span><\/p>\n

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10. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que la sede judicial acusada en la determinaci\u00f3n censurada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho y gener\u00f3 un perjuicio irremediable en su contra, porque permite la utilizaci\u00f3n, uso, explotaci\u00f3n y usufructo de su obra arquitect\u00f3nica, lo que provocar\u00e1 el aumento de los perjuicios causados, y en cambio decret\u00f3 una medida cautelar que no fue pedida y es ajena al tr\u00e1mite impetrado, y de otro lado no era procedente la interposici\u00f3n de recurso alguno contra el auto que orden\u00f3 la suspensi\u00f3n de la obra, motivos por los cuales se quebrantaron las normas que regulan los derechos de autor y la propiedad intelectual, y por ende, se configuraron los defectos material o sustantivo, procedimental absoluto y el exceso de ritual manifiesto. [Folios 274-312]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 21 de marzo de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la autoridad querellada y se dispuso la vinculaci\u00f3n del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sogamoso y de todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 314]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Dentro de la oportunidad concedida, la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo relat\u00f3 brevemente que en el asunto cuestionado emiti\u00f3 prove\u00eddo el 27 de febrero de esta anualidad, revocando parcialmente la decisi\u00f3n recurrida y decretando otra medida preventiva. [Folio 324]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su turno, la Sociedad Constructora Santa B\u00e1rbara Real S.A.S. se opuso a la prosperidad del resguardo, en raz\u00f3n a que el actor indujo en error a las sedes judiciales al omitir que su propiedad intelectual fue el aporte que hizo al contrato de cuentas de participaci\u00f3n celebrado con ella, por lo que no existe apariencia de buena para solicitar medidas cautelares, sino mala fe de esa persona. [Folios 335-339]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

2. En el asunto sub judice, no logra advertirse ninguna amenaza o vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del impulsor de la salvaguarda, toda vez que la determinaci\u00f3n cuestionada no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo al pronunciarse sobre el recurso de apelaci\u00f3n presentado por la Sociedad Constructora Santa B\u00e1rbara Real S.A.S. contra el auto del 17 de noviembre de 2016 proferido por el a quo, en el que se decretaron medidas preventivas en la pr\u00e1ctica de la prueba extraprocesal de inspecci\u00f3n judicial, decidi\u00f3 revocarla parcialmente, manteniendo solamente algunas cautelas y decretando una adicional, con base en la siguiente argumentaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) para que una medida cautelar proceda durante la pr\u00e1ctica de pruebas extraprocesales es necesario que efectivamente i) Se est\u00e9 tramitando una prueba extraproceso, ii.) Una norma expresa autorice la medida en determinado asunto y iii.) Se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha ley que faculta la solicitud de la medida cautelar.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden de ideas, tenemos que el decreto y pr\u00e1ctica de medidas cautelares en el marco de una prueba extraprocesal relacionada con una violaci\u00f3n a la propiedad intelectual, es procedente, si adem\u00e1s se tiene en cuenta lo previsto en la Ley 23 de 1982, norma que prev\u00e9 de manera especial en sus art\u00edculos 244 a 247 la pr\u00e1ctica de dichas cautelas en lo relacionado con la protecci\u00f3n de los derechos de autor y sus derechos conexos en sus diferentes modalidades.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, en compendio se tiene que los presupuestos necesarios para el decreto de las medidas cautelares en el marco de la prueba extraprocesal que aqu\u00ed se solicita, son: i) que quien solicita la medida afirme que demand\u00f3 o va a demandar a la persona contra la cual dicha medida se impetra, por actos o hechos jur\u00eddicos vinculados con el derecho de autor, si se trata de la medida prevista en el art\u00edculo 244 de la Ley 23 de 1982, ii.) que el solicitante preste cauci\u00f3n suficiente que garantice los perjuicios que puedan causarse y ii) (sic) que presente una prueba sumaria del derecho que le asiste, requisitos \u00e9stos, que deber cumplirse de forma obligatoria, tal como lo establece el art\u00edculo 589 del C. G. del P.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, se observa que en el presente asunto, los requisitos necesarios para el decreto de las medidas, se encuentran satisfechos por el solicitante, toda vez que dentro del plenario se\u00f1al\u00f3 que adelantar\u00e1 proceso verbal con el objetivo de obtener la declaratoria de existencia y protecci\u00f3n de sus derechos de autor, junto con la correspondiente indemnizaci\u00f3n de perjuicios. Adem\u00e1s, con el escrito introductorio present\u00f3 prueba sumaria del derecho que le asiste, pues teniendo en cuenta que lo pretendido con las medidas cautelares es garantizar sus derechos de autor y propiedad intelectual (\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De la misma forma, se encuentra acreditado en el plenario que el demandante prest\u00f3 la cauci\u00f3n que le fuera se\u00f1alada por el Despacho, para garantizar los posibles perjuicios que pudiera causar con las medidas cautelares (\u2026), cauci\u00f3n que fue declarada suficiente por la juez de instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A continuaci\u00f3n, el ad quem examin\u00f3 la proporcionalidad, razonabilidad y necesidad de las medidas solicitadas por el peticionario de la prueba extraprocesal, para lo cual indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) algunas de las medidas decretadas van en contrav\u00eda de os criterios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad antes expuestos, tal como lo sostuvo el recurrente, pues fueron decretadas en detrimento tanto del solicitante como de la sociedad demandada, como por ejemplo, las consistentes en : \u201ci). PROHIBIR que se venda o comercialice los resultados de la obra arquitect\u00f3nica creada por el se\u00f1o HERN\u00c1N MAURICIO S\u00c1NCHEZ TORRES. ii.) OFICIAR a las Notar\u00edas de la ciudad de Sogamoso y Tunja, para que se ABSTENGAN de protocolizar Escrituras P\u00fablicas de venta de apartamentos del proyecto \u201cALTOS DE ZOHAR\u201d cuyo vendedores (sic) la sociedad constructora SANTA BARBARA REAL S.A.S. y iii.) OFICIAR al Registrador de Instrumentos P\u00fablicos y Privados de Sogamoso para que se abstenga de inscribir cualquier venta que haga la sociedad CONSTRUCTORA SANTA BARBARA REAL S.A.S respecto a terceros del proyecto ALTOS DEL ZOHAR\u201d pues adem\u00e1s de afectar econ\u00f3micamente los intereses de las partes, precisamente porque el demandante reclama utilidades sobre el uso de sus obras, lo cierto es que dichas medidas no se encuentran consagradas en la norma especial, esto es en la Ley 23 de 1982, que en su art\u00edculo 244 establece es la posibilidad de solicitar el secuestro preventivo de la obra, del producto de la venta y del producido de la venta, raz\u00f3n por la cual, \u00e9ste (sic) Despacho modificar\u00e1 el decreto de las medidas antes relacionadas, por el SECUESTRO PREVENTIVO del producto de la venta de los apartamentos del proyecto \u201cALTOS DEL ZOHAR\u201d cuyo vendedor es la sociedad constructora SANTA BARBARA REAL S.A.S., limitando la medida a la suma de $2.687.633.600,oo, teniendo en cuenta que seg\u00fan el dictamen pericial presentado por el demandante, sus aspiraciones ascienden a la suma de $1.343.816.800,oo, y por tanto, con esta medida se pueden garantizar sus pretensiones.  <\/span><\/p>\n

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De la misma forma, considera \u00e9ste (sic) Despacho que la medida de \u201cSUSPENSI\u00d3N de las obras que se adelantan en la Torre No. III y las que se tienen dispuestas para las Torres Nos. II y I del proyecto \u201cALTOS DEL ZOHAR\u201d y todas las dem\u00e1s que se encuentran en el urbanismo creado por el autor se\u00f1or HERN\u00c1N MAURICIO SANCHEZ TORRES\u201d, tambi\u00e9n deviene desproporcionada, si se analiza que, tal como ya se advirti\u00f3, las pretensiones del accionante podr\u00edan llegar a cuantificarse en la suma de $1.343.816.800,oo y la suspensi\u00f3n de la obra compromete la construcci\u00f3n de la totalidad de las torres 1, 2, y 3, restringiendo no s\u00f3lo los derechos de autor que reclama el accionante, que no son exclusivamente los que se afectan, sino derechos que la sociedad constructora tiene sobre la obra. En efecto, con la medida cautelar acogida por \u00e9ste (sic) Despacho, consistente en el secuestro preventivo del producido de la obra, se considera que pueden garantizarse las pretensiones reclamadas por el solicitante, es decir, dicha medida es suficiente para garantizar los derechos invocados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora, se considera que es razonable y proporcional, mantener las medidas consistentes en \u201cORDENAR y PROHIBIR la deformaci\u00f3n, mutilaci\u00f3n y modificaci\u00f3n de los planos arquitect\u00f3nicos del proyecto \u201cALTOS DEL ZOHAR\u201d cuyo titular es el se\u00f1or HERNAN MAURICIO S\u00c1NCHEZ TORRES que atenten o puedan atentar contra la reputaci\u00f3n de su autor y OFICIAR a las Curadur\u00edas Urbanas de esta ciudad para que se abstengan de otorgar licencias de modificaci\u00f3n y\/o reformas de! proyecto arquitect\u00f3nico ALTOS DEL ZOHAR\u201d pues tales determinaciones protegen directamente la creaci\u00f3n intelectual del demandante, que es en ultimas lo que se pretende con la solicitud de prueba extraprocesal y de medidas cautelares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En \u00e9ste (sic) punto debe precisarse, que no le asiste raz\u00f3n al inconforme cuando se\u00f1ala que las medidas deben revocarse o modificarse en atenci\u00f3n a que el demandante previamente interpuso una demanda cuyas pretensiones se fundamentan en el contrato de cuentas de participaci\u00f3n suscrito con la sociedad demandada, en donde igualmente solicit\u00f3 medidas cautelares pues en \u00e9sta (sic) oportunidad el asunto que se tramita se relaciona con los derechos de propiedad intelectual que le asiste al demandante frente a las obras arquitect\u00f3nicas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. La conclusi\u00f3n anterior es producto de una motivaci\u00f3n que no puede calificarse de irrazonable, pues se fund\u00f3 en una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad y en una valoraci\u00f3n de la actuaci\u00f3n procesal, circunstancias que, a juicio del estrado judicial acusado, condujeron a que se revocaran las medidas preventivas decretadas por el juzgador de primer grado y \u00fanicamente se dejaran vigentes las cautelas relacionadas con la prohibici\u00f3n de la deformaci\u00f3n, mutilaci\u00f3n o modificaci\u00f3n de los planos arquitect\u00f3nicos del proyecto \u00abAltos de Zohar\u00bb y la orden a las curadur\u00edas urbanas para que se abstengan de otorgar licencias de modificaci\u00f3n y\/o reformas de ese proyecto, y en su lugar, se decretara el secuestro preventivo del producto de la venta de los apartamentos de ese proyecto de construcci\u00f3n de conjunto residencial, con base en los principios de necesidad, efectividad y proporcionalidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De lo cual resulta, que m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el despacho colegiado accionado, est\u00e1 claro que en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y racional de los elementos y la interpretaci\u00f3n normativa a partir de los cuales debe formar su convicci\u00f3n, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento jur\u00eddico, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez de tutela interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

(\u2026) que al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Queda claro, entonces, que lo pretendido por el peticionario del resguardo es anteponer su propio criterio al del juez de conocimiento y atacar, por esta v\u00eda, la determinaci\u00f3n que lo desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Sumado a lo anterior, la Corte observa que el promotor de la queja tambi\u00e9n pretende que se deje sin efecto la providencia emitida por la colegiatura encausada, con base en que no era procedente interponer recurso alguno contra el auto que orden\u00f3 la suspensi\u00f3n de la obra arquitect\u00f3nica, sin embargo no se atendi\u00f3 el presupuesto de la subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela frente a ese reparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior se debe a que el accionante tuvo a su alcance otro medio de defensa judicial id\u00f3neo para plantear el debate que expone por este mecanismo, que no fue utilizado porque no manifest\u00f3 oportunamente la inconformidad que ac\u00e1 expone, dado que no propuso ning\u00fan medio de impugnaci\u00f3n contra el prove\u00eddo que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n y concedi\u00f3 el de apelaci\u00f3n contra el auto que decret\u00f3 las medidas cautelares, a pesar de que dicha oportunidad y escenario era el id\u00f3neo para que ejerciera sus derechos fundamentales y se solventaran las supuestas irregularidades que a su juicio se presentaron.  <\/span><\/p>\n

En ese orden, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural en el escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque el aqu\u00ed quejoso no hizo uso de la herramienta que contempla la normatividad adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que la interesada ha desaprovechado debido a su incuria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, solamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, o para recuperar oportunidades que se dejaron vencer en el curso del proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte, en supuestos similares, ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, y 2 mar. 2011, rad. 00380-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se negar\u00e1 la protecci\u00f3n deprecada.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y, oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC4493-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00716-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100396","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100396","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100396"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100396\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100396"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100396"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100396"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}