{"id":100397,"date":"2026-06-25T20:46:16","date_gmt":"2026-06-25T20:46:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4497-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:46:16","modified_gmt":"2026-06-25T20:46:16","slug":"stc4497-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4497-2017\/","title":{"rendered":"STC4497-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4497-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2017-00050-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C.,  veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 28 de febrero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo Alberto Montes Ospina contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso de Liquidaci\u00f3n Obligatoria de \u00c1ngela Mar\u00eda Leonor Trujillo de Montes n\u00b0 2014-00142.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El solicitante, actuando a nombre propio, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada, \u00abal negar la entrega de unos t\u00edtulos\u00bb y \u00aboficiar a la DIAN y a la Tesorer\u00eda Municipal de Girardot para que enviaran la liquidaci\u00f3n las liquidaci\u00f3n de impuestos\u00bb, aunque el proceso ya se encontraba terminado.  <\/span><\/p>\n

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2. En s\u00edntesis, de lo expuesto en el escrito de tutela y conforme a los documentos allegados, el reclamante, como apoderado de la se\u00f1ora \u00c1ngela Mar\u00eda Leonor Trujillo de Montes dentro del proceso liquidatorio antes referido, solicit\u00f3 al Juzgado la entrega de dep\u00f3sitos judiciales, la cual fue negada mediante providencia del 7 de septiembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Indic\u00f3 que en aquella oportunidad, y pese a que el proceso liquidatorio se encontraba terminado en virtud a la declaraci\u00f3n de desistimiento t\u00e1cito el Juzgado, el Despacho convocado orden\u00f3 \u00aboficiar a la DIAN y a la Tesorer\u00eda Municipal de Girardot\u00bb, para que rindieran informaci\u00f3n \u00absobre la liquidaci\u00f3n de unos impuestos\u00bb, frente a la cual \u00abinterpuse el recurso de REPOSICION y en subsidio el de APELACION y me fueron negados con auto del 7 de febrero de 2017\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Adujo que el querellado solo debi\u00f3 resolver que los t\u00edtulos deb\u00edan permanecer all\u00ed hasta que alg\u00fan estrado judicial los solicitara, y disponer el \u00abenv\u00edo de todos los procesos a cada uno de los juzgados que inicialmente y en forma individual conoc\u00edan\u00bb, pues la liquidaci\u00f3n de \u00abcr\u00e9ditos especiales o que tengan prelaci\u00f3n\u00bb implica \u00abrevivir\u00bb un proceso legalmente terminado.  <\/span><\/p>\n

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3. De lo expuesto, el accionante pretende se deje sin efecto la orden impartida por el accionado a las entidades recaudadoras de impuestos para que remitan las respectivas liquidaciones, habida cuenta que el proceso de liquidaci\u00f3n obligatoria se encuentra terminado (fls. 8 a 11, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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El funcionario judicial encartado solicit\u00f3 la negaci\u00f3n del amparo al aducir que sus actuaciones se ajustan a derecho, porque habi\u00e9ndose declarado el desistimiento t\u00e1cito del liquidatorio, y \u00abaunque los embargos son levantados o cancelados cuando se da inicio a la Liquidaci\u00f3n Obligatoria\u2026 al no darse la terminaci\u00f3n de dicho proceso\u2026 de manera Normal, dichos bienes no pueden quedar bajo la libre disposici\u00f3n del deudor\u00bb, sino de las diferentes ejecuciones y conforme a las \u00abprelaciones\u00bb a las que hubiere lugar (fls. 20 y 21, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el amparo al observar que el solicitante no est\u00e1 legitimado para actuar en este asunto, ni como mandatario judicial de la afectada con las decisiones cuestionadas, ni invoc\u00f3 ser el agente oficioso (art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991), pues s\u00f3lo funge como apoderado de la propulsora del proceso de liquidaci\u00f3n obligatoria y la acci\u00f3n \u00abla elev\u00f3 como si fuere el directo afectado\u00bb (fls. 30 a 32, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La impetr\u00f3 el accionante para reiterar que su inconformidad radica en que el juzgado accionado \u00abluego de la declaratoria del Desistimiento T\u00e1cito, produjo una providencia que en mi sentir no la debido dictar\u00bb, y que esa decisi\u00f3n \u00ablo desvincula por completo del proceso\u00bb (fl. 46, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Por cuanto analizada la queja constitucional se establece que la afectada con la decisi\u00f3n confirmada mediante prove\u00eddo del 7 de febrero de 2017 (fls. 1 a 4, ib\u00edd.), es la se\u00f1ora \u00c1ngela Mar\u00eda Trujillo de Montes, promotora del proceso de Liquidaci\u00f3n Obligatoria n\u00ba 2014-00142 seguido ante el Juzgado accionado, corresponde establecer, inicialmente, si el solicitante est\u00e1 o no facultado para representarla en este tr\u00e1mite, por haber fungido como su apoderado judicial en dicho liquidatorio.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior por cuanto m\u00e1s all\u00e1 de la excepcional naturaleza del resguardo constitucional, resulta claro que al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, tal cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva.  <\/span><\/p>\n

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En lo que a la primera modalidad de legitimaci\u00f3n refiere, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Sobre el alcance jur\u00eddico de la disposici\u00f3n legal en cita, la jurisprudencia constitucional sostiene que: \u00ab[L]a legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-878\/07).  <\/span><\/p>\n

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2. En trat\u00e1ndose de tutela promovida a trav\u00e9s de apoderado judicial, el criterio que de vieja data sent\u00f3 esta Corte y que hoy se mantiene vigente, corresponde a que \u00abel mandato conferido al abogado para actuar en el proceso no lo legitima para instaurar la acci\u00f3n de tutela con miras a obtener la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales de su poderdante y tampoco lo habilita para impugnar los fallos de tutela\u00bb (CSJ sentencias del 2 de agosto de 1996, exp. 3224; 2 de febrero de 1997, exp. 3852, y 31 de marzo de 2003, exp. 00102, citadas en sentencia del 4 de febrero de 2011, exp. n\u00ba 2010-00573-01).  <\/span><\/p>\n

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En ese mismo sentido, m\u00e1s adelante la Sala precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo.  <\/span><\/p>\n

(\u2026). El principio de la informalidad que impera en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, no llega hasta el aspecto proclamado por el impugnante, sin fundamento alguno, de pretender que puede actuar directamente en una tutela originada en supuestas v\u00edas de hecho cometidas en un proceso tramitado por los jueces ordinarios, como si a \u00e9l se le violaran los derechos fundamentales y no a su poderdante\u00bb (CSJ sentencia de 29 de septiembre de 2003, exp. 00245-01).  <\/span><\/p>\n

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       Lo anterior, en raz\u00f3n a que \u00abel hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del demandante dentro del referido proceso, no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n constitucional de los derechos invocados, que sin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona\u00bb (CSJ Sentencia 4 de febrero de 2011, exp. n\u00ba 2010-00573-01).  <\/span><\/p>\n

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3. La postura anterior viene aparejada al precedente constitucional seg\u00fan el cual, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Resaltado fuera del texto.  <\/span><\/p>\n

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Este razonamiento se ampli\u00f3 y profusamente se expres\u00f3 en sendas providencias dictadas por dicha Corporaci\u00f3n, que al acudir ante el juez constitucional para ejercer la defensa de derechos fundamentales, es necesario acreditar el mandato, de manera que no se confunda con cualquier otra gesti\u00f3n que pudiera hab\u00e9rsele encomendado al abogado, en tanto: \u00abla falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CC T-207\/97, T-693\/98, T-526\/98, T-695\/98 y T-088\/99). Resalta la Sala.  <\/span><\/p>\n

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En ese mismo sentido, esa Corporaci\u00f3n dijo:  <\/span><\/p>\n

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\u00abla carencia de un inter\u00e9s leg\u00edtimo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados y la ausencia manifiesta de poder especial para solicitar tal protecci\u00f3n en beneficio de un tercero, hacen del todo improcedente el amparo tutelar solicitado y le impiden al juez constitucional entrar a pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado. Igualmente, como en ninguna de las piezas probatorias se expresa la intenci\u00f3n de agenciar los derechos de otro, es inaplicable esta modalidad de legitimaci\u00f3n\u00bb. (CC T-658\/02)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En ese orden, m\u00e1s recientemente esta Sala ha mantenido la precisi\u00f3n en cuanto a que para la admisibilidad a tr\u00e1mite de este extraordinario mecanismo, es menester que quien no lo promueva a nombre propio y no aduzca su calidad de agente oficioso, lo haga a trav\u00e9s de la representaci\u00f3n que le confiera el interesado contando con la m\u00ednima exigencia de acreditar el poder especial para actuar, puesto que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abla acci\u00f3n de tutela puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante, recalcando que en caso de que decida actuar a trav\u00e9s de mandatario, es imperativo que allegue el poder pertinente. Tambi\u00e9n se pueden agenciar garant\u00edas ajenas cuando el titular de las mismas no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, evento en el cual es necesario expresar tal circunstancia\u00bb (CSJ STC6773-2016, 18 may. 2016, rad. 2016-00062-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La exigencia es a\u00fan m\u00e1s estricta cuando el resguardo  se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en SC, 19 oct. 2008, rad. 2008-00178-01; STC13818, rad. 00386-01 de 29 sep. de 2016 y STC17519-2016, 30 nov. 2016, rad. 29 nov. 2016).  <\/span><\/p>\n

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Y es que esa especial cualidad que en la materia se exige de los apoderados judiciales, porque \u00abcuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 4 may. 2012, rad. 2012-00145-01, reiterada en STC8771-2016, 30 jun. 2016, rad. 00121-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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5. De conformidad con los anteriores lineamientos, se advierte que el fracaso de la presente acci\u00f3n proviene de la ausencia de legitimaci\u00f3n en la persona que suscit\u00f3 la tramitaci\u00f3n, por cuanto el abogado que suscribi\u00f3 el escrito de tutela, si bien funge como mandatario de la promotora del proceso de liquidaci\u00f3n cuya actuaci\u00f3n se cuestiona, est\u00e1 totalmente desprovisto de un poder especial, espec\u00edfico, concreto y suficiente para actuar en nombre de \u00c1ngela Mar\u00eda Leonor Trujillo de Montes, dirigido a invocar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales por los puntuales argumentos que alude el auxilio implorado.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, por cuanto el profesional del derecho que impetr\u00f3 la acci\u00f3n y quien seguidamente impugn\u00f3 lo resuelto en primera instancia, no representa judicialmente a la afectada con lo resuelto por el accionado, y tampoco invoc\u00f3 que actuara como agente oficioso de \u00e9sta, no se satisface el presupuesto de la legitimaci\u00f3n en la causa que habilite su intervenci\u00f3n en sede de tutela.  <\/span><\/p>\n

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6. Corolario de lo esgrimido en precedencia, se ratificar\u00e1 la determinaci\u00f3n adoptada por el Tribunal de primer grado al negar por improcedente el auxilio constitucional invocado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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