{"id":100398,"date":"2026-06-25T20:46:26","date_gmt":"2026-06-25T20:46:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4499-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:46:26","modified_gmt":"2026-06-25T20:46:26","slug":"stc4499-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4499-2017\/","title":{"rendered":"STC4499-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4499-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2017-00046-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, el 31 de enero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Omar Garc\u00eda Garc\u00eda contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        El interesado reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la entidad accionada por no levantar la anotaci\u00f3n en el certificado de antecedentes disciplinarios relacionada con una sanci\u00f3n que lo inhabilita para ejercer cargos p\u00fablicos.  <\/span><\/p>\n

2.        Como sustento de la queja expuso que fue condenado el 17 de abril de 2013 por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Girardota a 19.2 meses de prisi\u00f3n, multa de 6.66 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes y a la pena accesoria de inhabilitaci\u00f3n en el ejercicio de sus derechos y funciones p\u00fablicas al ser hallado penalmente responsable por el delito de lesiones personales culposas; el 31 de julio de 2015, el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Medell\u00edn decret\u00f3 la extinci\u00f3n de la referida sanci\u00f3n por cumplimiento.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1al\u00f3 que present\u00f3 petici\u00f3n a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n solicitando, en virtud de la decisi\u00f3n del juzgado ejecutor, el levantamiento de la anotaci\u00f3n que figura en el certificado de antecedentes disciplinarios por la pena accesoria que le impide ejercer cargos p\u00fablicos, pero tal pedimento le fue negado.  <\/span><\/p>\n

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Indic\u00f3 que es padre de dos menores de edad que dependen econ\u00f3micamente de \u00e9l, y debido a la mencionada inhabilidad que registra y la poca experiencia en el sector privado, la consecuci\u00f3n de un empleo se le ha dificultado.  <\/span><\/p>\n

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3.        En consecuencia pide que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00ab(\u2026) levante la sanci\u00f3n impuesta como pena accesoria y le d\u00e9 cumplimiento a lo establecido en el certificado de pena cumplida\u00bb (ff. 1 a 3, cd.1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

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La Abogada Asesora adscrita a la Oficina Jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, precis\u00f3 que en el Sistema de Informaci\u00f3n de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad \u2013 SIRI \u2013 se consignan las sentencias que informan los despachos judiciales y, de acuerdo al art\u00edculo 174 del C\u00f3digo Disciplinario \u00danico subsisten como antecedentes las ejecutoriadas dentro de los cinco a\u00f1os anteriores y las vigentes, y explica que \u00ab(\u2026) la actuaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda se circunscribi\u00f3 a la informaci\u00f3n que fuera remitida por la autoridad en cita con el fin de dar estricto cumplimiento a una directriz de orden legal\u00bb (ff. 51 a 54, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional desestim\u00f3 la salvaguarda pretendida al concluir que no vislumbra vulneraci\u00f3n alguna del derecho fundamental reclamado, por cuanto advirti\u00f3 que la anotaci\u00f3n que figura como inhabilidad en el certificado de antecedentes disciplinarios del actor subsiste en virtud de lo previsto en el art\u00edculo 8.8 de la Ley 80 de 1993, es decir, \u00ab(\u2026) no es una sanci\u00f3n de car\u00e1cter penal, sino que es consecuencia de una sanci\u00f3n de car\u00e1cter penal\u00bb (ff. 48 a 50, cd.1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante refut\u00f3 el fallo reiterando los argumentos del escrito inicial, solo agrega que, la decisi\u00f3n de primera instancia desconoci\u00f3 el principio del non bis in \u00eddem, por cuanto \u00ab(\u2026) se me sancion\u00f3 desde el punto de vista penal, dentro del mismo proceso se me inhabilit\u00f3 para contratar con el [E]stado y adem\u00e1s por v\u00eda legal por un error en la tasaci\u00f3n de la pena accesoria se me est\u00e1 aplicando una sanci\u00f3n que no se me impuso en el fallo condenatorio del juez de conocimiento (\u2026)\u00bb (ff. 68 a 71, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme a lo previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo extraordinario establecido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean vulnerados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2.        Debe indicarse la improcedencia de la acci\u00f3n por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues revisadas las pruebas adosadas no se evidencia que el actor hubiese hecho uso de las herramientas de defensa a su alcance para obtener lo pretendido por esta v\u00eda residual.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, se constata que si bien el promotor reclam\u00f3 la eliminaci\u00f3n de la inhabilidad enunciada en sus antecedentes, no acudi\u00f3 a los medios judiciales ordinarios para plantear lo propuesto en sede de tutela.  <\/span><\/p>\n

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Ante contextos similares, esta Sala tiene dicho que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) [E]n efecto, de lo rese\u00f1ado y del an\u00e1lisis de los medios probatorios obrantes allegados en esta sede, se concluye que, atendiendo que el certificado de antecedentes disciplinarios cuestionado est\u00e1 ligado a un acto administrativo de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto, deviene improcedente el amparo, por cuanto la actora dispone de otro mecanismo de defensa judicial para contrarrestar la supuesta trasgresi\u00f3n de las precitadas prerrogativas fundamentales, ya que si est\u00e1 en desacuerdo con sus disposiciones, el C\u00f3digo Contencioso Administrativo le brinda la opci\u00f3n de demandar su invalidez a trav\u00e9s de la acci\u00f3n pertinente.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed lo ha referido esta Corporaci\u00f3n en reiterada jurisprudencia: \u2018el certificado de antecedentes disciplinarios ordinario expedido por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n est\u00e1 sustentado en la Resoluci\u00f3n 156 de 2003, adicionada por la 464 de 2008, en cuyo art\u00edculo 2\u00b0 dispone que \u2018El Certificado de Antecedentes Ordinario deber\u00e1 certificar: 1. Las sanciones disciplinarias ejecutoriadas impuestas por autoridad competente dentro de los cinco (5) a\u00f1os anteriores a su expedici\u00f3n, a\u00fan cuando su duraci\u00f3n sea inferior o instant\u00e1nea. 2. Las sanciones e inhabilidades que se encuentren vigentes al momento de su expedici\u00f3n aunque hayan transcurrido m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os desde la ejecutoria del fallo que las impuso\u2019,  la que, a su vez, se afinca en el art\u00edculo 174 de la Ley 734 de 2002, de manera que trat\u00e1ndose de un acto administrativo de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto, la solicitud de resguardo deviene inconducente por configurarse la causal de improcedencia consagrada en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991. De otra parte, sus efectos jur\u00eddicos seguir\u00e1n vigentes y su aplicaci\u00f3n ser\u00e1 forzosa hasta tanto no sean suspendidos provisionalmente o anulados por la jurisdicci\u00f3n competente, toda vez que goza de la presunci\u00f3n de legalidad, de suerte que, si el quejoso est\u00e1 en desacuerdo con sus disposiciones, el C\u00f3digo Contencioso Administrativo le brinda la opci\u00f3n de demandar su invalidez a trav\u00e9s de la acci\u00f3n pertinente\u00bb (CSJ STC1450, 11 feb. 2016, rad. 2015-00589-01).  <\/span><\/p>\n

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Resulta entonces claro que, si el demandante no ha agotado todos los recursos que le brinda el ordenamiento, no puede pretender que por medio de la queja constitucional se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir a la autoridad competente, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n id\u00f3nea que a\u00fan no ha formulado, teniendo en cuenta que la presente acci\u00f3n de amparo es un medio residual llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en la jurisdicci\u00f3n ordinaria no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver dichas controversias, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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3.        Finalmente, y sobre la posibilidad de conceder el amparo transitoriamente, es menester anotar que tampoco ser\u00e1 posible por cuanto no se demostr\u00f3 con suficiencia la presencia o inminencia de un perjuicio irremediable, ya que \u00e9ste se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto, de medidas impostergables que lo neutralicen, situaci\u00f3n que se itera, el actor no acredit\u00f3 en esta instancia, m\u00e1xime cuando no tiene impedimento alguno para obtener un empleo en el sector privado.   <\/span><\/p>\n

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4.        Conforme a lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la negativa pero por las puntuales razones advertidas en este grado de conocimiento.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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