{"id":100399,"date":"2026-06-25T20:46:35","date_gmt":"2026-06-25T20:46:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4501-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:46:35","modified_gmt":"2026-06-25T20:46:35","slug":"stc4501-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4501-2017\/","title":{"rendered":"STC4501-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4501-2017  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00717-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por C\u00e9sar Alonso Quevedo Rey, contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados todas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende se le tutelen como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sus garant\u00edas constitucionales y en consecuencia, se revoquen los prove\u00eddos de primera instancia de fechas 13 de julio y 7 de diciembre de 2015; y el de segundo grado proferido el 23 de febrero del a\u00f1o pasado que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El Banco AV Villas inici\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario contra Carlos Ariel Collazos Ruiz y Nancy Stella Saenz Cortes con el prop\u00f3sito de conseguir el pago de las obligaciones contenidas en los pagar\u00e9s N\u00b0 1179313 y 241843.  <\/span><\/p>\n

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2. Mediante auto de 6 de julio de 2000, el Juzgado Veintitr\u00e9s Civil del Circuito de esta ciudad, a quien le correspondi\u00f3 conocer el asunto, libr\u00f3 orden de pago por las sumas adeudadas;  a rengl\u00f3n seguido, decret\u00f3 el embargo del bien gravado con la garant\u00eda hipotecaria.  <\/span><\/p>\n

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3. El de enero de 2001, se llev\u00f3 a cabo el secuestro de la propiedad embargada.  <\/span><\/p>\n

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4. Los ejecutados, por intermedio de apoderada judicial se notificaron de la demanda por conducta concluyente el 22 de abril de 2003 y en su escrito de contestaci\u00f3n, formularon las excepciones de m\u00e9rito que denominaron: \u00abexcepci\u00f3n de inconstitucionalidad de la obligaci\u00f3n incoada\u00bb, \u00abexcepci\u00f3n de cobro de lo no debido\u00bb, \u00abexcepci\u00f3n de pago o pago parcial\u00bb, \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb, \u00abexcepci\u00f3n de contrato no cumplido\u00bb, \u00abexcepci\u00f3n de abuso del derecho y abuso de la posici\u00f3n dominante\u00bb, \u00abexcepci\u00f3n de dolo y mala fe\u00bb, \u00abexcepci\u00f3n de falta de prueba de la existencia y vigencia de la parte de obligaci\u00f3n incoada como pago de primas de seguros\u00bb, \u00abexcepci\u00f3n por el cambio fundamental de las circunstancias como fundamento de la imprevisi\u00f3n en la ejecuci\u00f3n del contrato de mutuo celebrado entre las partes y la necesidad de entrar el despacho a revisar el mismo por el monto del pagar\u00e9 incoado\u00bb, \u00abfalsedad ide[o]l\u00f3gica y\/o abuso de confianza\u00bb, \u00abperjudicialidad\u00bb, y \u00abpetici\u00f3n especial de regulaci\u00f3n y p\u00e9rdida de intereses\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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5. La parte ejecutante cede los derechos del cr\u00e9dito a favor de Restructuradora de cr\u00e9ditos de Colombia Ltda, la cual es aceptada el 13 de noviembre de 2007.  <\/span><\/p>\n

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6. El 27 de agosto de 2009, se dict\u00f3 sentencia en la que se declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas por la pasiva y en consecuencia, se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y se decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del bien gravado con hipoteca.  <\/span><\/p>\n

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7. La determinaci\u00f3n es apelada por la parte demandada, que concedido el recurso, el Tribunal al desatar el recurso interpuesto, el 10 de mayo de 2010, modific\u00f3 el numeral segundo en el sentido de mantener el cobro de la obligaci\u00f3n contenida en el pagar\u00e9 N\u00b0 241843252 en pesos, sin convertirla A unidades UVR.  <\/span><\/p>\n

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8. El 28 de octubre de 2010, se acepta la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito a favor de Beatriz Isabel Castro P\u00e9rez.  <\/span><\/p>\n

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9. El 5 de noviembre de 2013, el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito, avoc\u00f3 el conocimiento del asunto.  <\/span><\/p>\n

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10.  En auto de 25 de febrero de 2014, se se\u00f1al\u00f3 el 31 de marzo siguiente como fecha para llevar a cabo la diligencia de remate.  <\/span><\/p>\n

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       11. Llegado el d\u00eda fijado, entre los oferentes, asisti\u00f3 la parte actoras la cual hizo postura por cuenta del cr\u00e9dito, y el aqu\u00ed accionante que ofreci\u00f3 $181.250.000,oo; \u00faltimo a quien  se le adjudic\u00f3 el bien subastado.  <\/span><\/p>\n

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       12. Mediante providencia de 22 de abril de 2014 se aprob\u00f3 el remate realizado, actuaci\u00f3n que fue objeto de recursos de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n, por la parte demandante.  <\/span><\/p>\n

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       13. El juzgado ejecutor mantuvo inc\u00f3lume su decisi\u00f3n el 17 de octubre de ese a\u00f1o y concedi\u00f3 el recurso vertical propuesto.  <\/span><\/p>\n

       14. En prove\u00eddo de 20 de mayo del 2015, el Tribunal confirm\u00f3 lo resuelto en primer grado.  <\/span><\/p>\n

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       15. El rematante y adjudicatario, el 7 de julio de ese a\u00f1o, alleg\u00f3 recibos de pago de \u00abadministraci\u00f3n, impuesto predial y (sic) idu del apartamento y garaje de los inmuebles\u00bb, y pidi\u00f3 al juzgado accionado ordenar \u00aba quien corresponda la devoluci\u00f3n del pago realizado conforme lo ordena la Ley 1395 del a\u00f1o 2010\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       16. El operador judicial, el 13 de julio de 2015 neg\u00f3 la solicitud por extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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       17. El tutelante inconforme, interpone recursos de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n de manera subsidiaria.  <\/span><\/p>\n

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       18. El 7 de diciembre de 2015, el a quo decidi\u00f3 no reponer la actuaci\u00f3n y concedi\u00f3 en el efecto diferido el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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       19. El 23 de febrero del siguiente a\u00f1o, el Tribunal acusado confirm\u00f3 el auto reprochado.  <\/span><\/p>\n

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20. En criterio del peticionario del amparo, se vulneraron sus derechos fundamentales invocados, porque el juzgador de primera instancia deneg\u00f3 la solicitud elevada sin tener en cuenta que los pagos aludidos los realiz\u00f3 a las entidades bancarias dentro del t\u00e9rmino que concede el numeral 7  del art\u00edculo 530 del C. de P. C.; y, luego el superior, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n bajo la raz\u00f3n de no darse los presupuestos del art\u00edculo 35 de la Ley 1395 de 2010, sin entrar \u00aben detalle alguno, con falta de motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n judicial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sumado a que el 18 de enero de 2016, se present\u00f3 un cese de actividades judiciales, que no le permiti\u00f3 tener acceso al expediente, y tampoco se surtieron las notificaciones en debida forma.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 21 de marzo de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 81, c. corte]  <\/span><\/p>\n

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2. El Banco comercial AV Villas, a trav\u00e9s de su representante legal, inform\u00f3 que cedi\u00f3 el cr\u00e9dito a la Restructuradora de Cr\u00e9ditos de Colombia Ltda., por lo que a partir del 14 de noviembre de 2007 ces\u00f3 toda responsabilidad de la entidad bancaria en el proceso de la referencia.  <\/span><\/p>\n

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El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n, arguy\u00f3 que no se cumple con el requisito de la inmediatez pues los prove\u00eddos censurados datan del 23 de febrero y 18 de marzo de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Tribunal encartado, pidi\u00f3 denegar el amparo deprecado porque aparte de estar alejado su reproche de la inmediatez, en su condici\u00f3n de rematante, no solicit\u00f3 el reembolso de lo que pag\u00f3 por cuotas de administraci\u00f3n e impuestos dentro del plazo establecido en el numeral 7, inciso 2 del art\u00edculo 530 del estatuto procesal civil, sin que pueda utilizar este mecanismo como una tercera instancia para obtener una resoluci\u00f3n en un sentido distinto.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos establecidos por la ley, lo hizo caracteriz\u00e1ndola, entre otros, con los principios de inmediatez y subsidiaridad.  <\/span><\/p>\n

       Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primer principio impide que se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

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Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb. (CSJ SC 2 Ago 2007, exp. 00188-01)  <\/span><\/p>\n

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M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ SC 29 Abr 2009, Exp. 2009-00624-00).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, a lo que se adiciona que al desatender el comentado principio, la acci\u00f3n de tutela se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

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2. Del an\u00e1lisis de los reparos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n contra las providencias que denegaron su petici\u00f3n en condici\u00f3n de rematante, el reembolso de los dineros que sufrag\u00f3 por concepto de cuotas de administraci\u00f3n e impuestos, se concluye que el amparo resulta improcedente, porque el accionante pretende desconocer los requisitos de la acci\u00f3n que vienen de comentarse.  <\/span><\/p>\n

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Y lo anterior es as\u00ed, de atender que el \u00faltimo prove\u00eddo materia de reproche data de 23 de febrero de 2016, cuando el amparo constitucional tan s\u00f3lo fue presentado el 2 de marzo de 2017, esto es, m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s.  <\/span><\/p>\n

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Esta circunstancia deja en evidencia que el tutelante, para acudir al amparo constitucional, con el fin de cuestionar la referida determinaci\u00f3n que considera lesiva de sus garant\u00edas fundamentales, dej\u00f3 trascurrir ampliamente el lapso que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales \u2013 6 meses -, sin justificar su tardanza.  <\/span><\/p>\n

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3. Al margen de lo anterior, en todo caso la jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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4. Sobre el punto, prec\u00edsese en primer lugar que aunque el reclamo constitucional se dirige en contra de decisiones proferidas por el a quo y su superior funcional, la Corte \u00fanicamente se ocupar\u00e1 de la que dict\u00f3 el juzgador de la segunda instancia, toda vez que aqu\u00e9lla es la que resuelve de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, para desatar la impugnaci\u00f3n, el Tribunal accionado cit\u00f3 la normativa aplicable al caso para efectos de analizar la oportunidad para elevar la reclamaci\u00f3n;  indic\u00f3 que de conformidad con el numeral 7, inciso 2 del art\u00edculo 530 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00absi el bien rematado se encuentra en poder del ejecutado el producto de remate s\u00f3lo se entregar\u00e1 al ejecutante cuando aquel haya sido entregado al rematante y se le haya reembolsado lo que hubiere pagado por impuestos, servicios p\u00fablicos cuotas de administraci\u00f3n y gastos de parqueo o dep\u00f3sito, causados hasta la fecha de la entrega, a menos que hayan transcurrido m\u00e1s de quince d\u00edas desde la aprobaci\u00f3n de remate sin que el rematante haya solicitado la entrega o el reembolso de gastos\u00bb. Resalt\u00f3  <\/span><\/p>\n

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En su trabajo hermen\u00e9utico sobre la norma en cuesti\u00f3n, consider\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) el \u00fanico evento en que el juez debe negar la devoluci\u00f3n de los dineros que acredite haber pagado el adjudicatario, es cuando la solicitud de reembolso se presente en un plazo superior a los 15 d\u00edas contados desde la aprobaci\u00f3n de la venta en p\u00fablica subasta\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese sentido, contrario a lo esgrimido por el quejoso, la colegiatura accionada, motiv\u00f3 su determinaci\u00f3n y realiz\u00f3 un estudio de las probanzas arrimadas y las actuaciones surtidas para efectos de explicar su negativa;  as\u00ed, su juicio de valor consisti\u00f3 en que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) presentada la solicitud de reembolso el 7 de julio de 2015, es claro que ninguna raz\u00f3n le asiste a la censura, pues aquella petici\u00f3n se realiz\u00f3 por fuera del plazo m\u00e1ximo que exige el precepto normativo, contabilizado en t\u00e9rmino que corre por ministerio de la Ley, para que el rematante haga uso de un derecho, desde el d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n del auto mediante el que, esta Corporaci\u00f3n confirm\u00f3 la providencia aprobatoria del remate, es decir, desde el 21 de mayo de 2015, pues conforme al art\u00edculo 120 del C. de P. C, por regla general todo t\u00e9rmino comenzar\u00e1 a correr desde el d\u00eda siguiente al de la providencia que lo conceda [\u00f3], como tuvo lugar en el particular, desde el d\u00eda h\u00e1bil siguiente a la notificaci\u00f3n del auto que resuelva el recurso;  en armon\u00eda con lo indicado en el art\u00edculo 331 ib\u00eddem., seg\u00fan el que las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres d\u00edas despu\u00e9s de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los t\u00e9rminos sin haberse interpuesto los que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos, directrices de la que \u201csurge la necesidad de computar dos plazos, el de ejecutoria y el de se\u00f1ala o se desprende de la providencia, t\u00e9rminos que empiezan a correr simult\u00e1neamente\u201d.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) No resulta admisible la tesis del recurrente seg\u00fan la que el plazo concedido debi\u00f3 suspenderse por haber permanecido el expediente al despacho desde el 30 de junio hasta el 2 de julio de 2015, pues esa circunstancia no es \u00f3bice para el ejercicio de su derecho a solicitar el reintegro de los dineros pagados por concepto de impuesto y administraci\u00f3n;  m\u00e1s a\u00fan cuando para esa data ya se encontraba fenecido el plazo legal que le fue concedido (\u2026)\u00bb. Se resalta  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Como puede advertirse, al margen de que la Corte comparta o no el entendimiento del accionado, la determinaci\u00f3n adoptada no se manifiesta caprichosa, como tampoco las razones expuestas merecen el calificativo de absurdas, ni de autoritarias, de modo que no se amerita el otorgamiento del amparo, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a la acci\u00f3n de tutela para imponer al sentenciador un determinado criterio jur\u00eddico, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, porque est\u00e1 claro que en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y racional de los elementos y la interpretaci\u00f3n normativa a partir de los cuales debe formar su convicci\u00f3n, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento jur\u00eddico, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez de tutela interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal sentido la Corte ha considerado que: \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis;  es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los jueces de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de mar. 2010, Rad. 2010-00367-00).  <\/span><\/p>\n

6. Por dem\u00e1s, cabe se\u00f1alar que tampoco procede el amparo como mecanismo transitorio, en la medida que el peticionario no acredit\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb1, de modo que ante esa orfandad probatoria el menoscabo denunciado qued\u00f3 reducido a meras conjeturas y suposiciones, que aunado con la tardanza injustificada para interponer la s\u00faplica constitucional, tal pretensi\u00f3n resulta improcedente.  <\/span><\/p>\n

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7. En contera, las anteriores razones se estiman suficientes para negar el amparo deprecado.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional invocada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Fallos de 14 de diciembre de 2011, exp. 2011-00162-01; 3 de julio de 2012, exp. 2012-00135-01; 18 de octubre de 2012, exp. 2012-00213-01 y 7 de marzo de 2013, exp. 2012-00581-01.      <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC4501-2017      Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00717-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100399","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100399","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100399"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100399\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100399"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100399"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100399"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}