{"id":100401,"date":"2026-06-25T20:46:48","date_gmt":"2026-06-25T20:46:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4504-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:46:48","modified_gmt":"2026-06-25T20:46:48","slug":"stc4504-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4504-2017\/","title":{"rendered":"STC4504-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4504-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2017-00027-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 20 de febrero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Yolanda Jaramillo Moreno contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tulu\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil Municipal de esa ciudad y la compa\u00f1\u00eda Mapfre Colombia Vida Seguros S.A.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada, al incurrir en defecto f\u00e1ctico por omitir la \u00abcarencia probatoria\u00bb del fallo de primer grado y no disponer su recaudo oficioso para establecer \u00abla verdad material\u00bb que permitiera \u00abuna justa decisi\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En s\u00edntesis, expuso que contra Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., impetr\u00f3 demanda ordinaria de responsabilidad civil contractual para obtener el pago de \u00abla suma de $23.760.800 por concepto de indemnizaci\u00f3n por una invalidez total y permanente como consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente personal, m\u00e1s los incrementos del valor asegurado\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Asevero que en el desarrollo procesal adelantado en primera instancia por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Tulu\u00e1, el 24 de septiembre de 2010 se dispuso \u00abla pr\u00e1ctica de un interrogatorio de parte para el 23 de febrero de 2011 a las 8 A.M.\u00bb, oportunidad \u00e9sta en la que pretend\u00eda aportar \u00abla comunicaci\u00f3n de 12 de marzo de 2007 dirigida a m\u00ed y expedida por MAPFRE\u00bb, la cual constitu\u00eda \u00abla prueba \u201creina\u201d que demostraba las irregularidades cometidas por la aseguradora\u00bb sobre cancelaci\u00f3n unilateral de la p\u00f3liza y tambi\u00e9n que se hab\u00eda producido \u00abinterrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n\u00bb alegada por la demandada.  <\/span><\/p>\n

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Adujo que el referido documento no lo aport\u00f3 con la demanda debido a que \u00abse me hab\u00eda refundido\u00bb, pero al encontrarlo no pudo incorporarlo formalmente ya que la demandada desisti\u00f3 del interrogatorio y el Juzgado se abstuvo de decretarlo oficiosamente, pese a que \u00abfue adjuntado al proceso por mi apoderado junto con diez (10) folios m\u00e1s\u2026 el d\u00eda 23 de febrero de 2011 en audiencia p\u00fablica en donde le solicit\u00f3 a la juez las tuviera en cuenta de acuerdo con el art\u00edculo 180 del C.P.C.\u00bb.  <\/span><\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que por falta de esa prueba \u00abse qued\u00f3 sin conocer la verdad\u00bb, pues el juzgador de primera instancia dict\u00f3 una sentencia \u00abque afect\u00f3 la administraci\u00f3n de justicia y sacrific\u00f3 mis derechos fundamentales\u00bb, y aunque al sustentar la apelaci\u00f3n se hizo ver esas \u00abfalencia f\u00e1cticas\u00bb, el Juez de segundo grado \u00abse limit\u00f3 a confirmar el fallo\u00bb afectando las prerrogativas invocadas.   <\/span><\/p>\n

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3. Pretende que se ordene al Juzgado ad-quem \u00abRESOLVER de fondo la apelaci\u00f3n interpuesta, teniendo en cuenta la valoraci\u00f3n integral del acervo probatorio arrimado al plenario\u00bb (fls. 102 a 108, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO  <\/span><\/p>\n

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1. La Juez Tercero Civil del Circuito de Tulu\u00e1, indic\u00f3 que la \u00abla decisi\u00f3n confirmada en esta sede, se tom\u00f3 dentro de los par\u00e1metros legales y constitucionales pertinentes para el caso, analizando en conjunto los hechos, pretensiones y pruebas aportadas al mismo\u00bb, y que resulta infundado pretender que se decretaran pruebas desistidas, m\u00e1s aun cuando \u00abquien ten\u00eda la carga de demostrar los hechos en que se fundamentaba sus pretensiones era la misma actora y no su contraparte\u00bb, y a\u00f1adi\u00f3 que no consider\u00f3 necesario decretar pruebas de oficio, \u00abpues era evidente la configuraci\u00f3n de la prescripci\u00f3n y la imposibilidad de la parte actora de probar la interrupci\u00f3n de la misma\u00bb (fls. 118 y 119, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., precis\u00f3 que en materia de seguros no existe el concepto \u00abrehabilitaci\u00f3n\u00bb de la p\u00f3liza, y que lo acaecido en este asunto corresponde a las consecuencias de la decisi\u00f3n aut\u00f3noma de la tomadora del seguro quien \u00abel 26 de julio de 2007, decidi\u00f3 reclamar y recibir el rescate de la p\u00f3liza, raz\u00f3n por la cual, por este solo hecho, finaliz\u00f3 el amparo de incapacidad permanente tal y como se hab\u00eda convenido\u00bb, y que adem\u00e1s, la actora \u00abomiti\u00f3 su obligaci\u00f3n de pagar el valor de las primas pactadas en el contrato de seguro dando lugar por ese hecho a la terminaci\u00f3n autom\u00e1tica del mismo\u2026 al tenor de lo preceptuado en el art\u00edculo 1068 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb (fls. 120 a 122, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       Neg\u00f3 el resguardo implorado porque \u00aben el proceso no se evidencia negaci\u00f3n o valoraci\u00f3n arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba\u00bb que diera lugar a configurar defecto f\u00e1ctico, y que contrario a su dicho, en primer grado si se decretaron pruebas de oficio, siendo todas ellas estimadas por los jueces \u00abquienes gozan de autonom\u00eda en la valoraci\u00f3n probatoria, y en este caso, sobre cada una de las recaudadas, se hizo un an\u00e1lisis cr\u00edtico que los llev\u00f3 a tener apreciaciones totalmente razonables\u00bb; agreg\u00f3 que el \u00abdeber oficioso\u00bb en materia de pruebas, en primer lugar \u00abno implica despojar a las partes de su carga demostrativa\u00bb, y en segundo lugar, su relevancia surge cuando \u00abresulta determinante para resolver el asunto concreto\u00bb, lo cual no aconteci\u00f3 en el caso examinado (fls. 141 a 145, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpuso la accionante ampliando el debate a la postura asumida por la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil en materia de prescripci\u00f3n en el contrato de seguro, que a su juicio no se aplic\u00f3 por el juzgador de instancia quien \u00abinterpret\u00f3 err\u00f3neamente el canon 1081\u00bb, no tuvo en cuenta que al haber recibido el valor del rescate de la p\u00f3liza \u00absin conocimiento de causa, o sea, inducida a error\u00bb, para cuando present\u00f3 la demanda el contrato de seguro \u00abse encontraba vigente\u00bb. Cuestion\u00f3 la vinculaci\u00f3n que de la aseguradora se hiciera al proceso de calificaci\u00f3n de invalidez, e insistiendo en que hubo omisi\u00f3n en el decreto de pruebas de oficio para demostrar, entre otros aspectos, que no fue su voluntad terminar el contrato ni dejar de pagar las primas (fls. 154 a 168, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada en STC15388-2016, 27 oct. 2016, rad. 00471-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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2. Bajo estas premisas, atendidos los argumentos de la queja constitucional y de la revisi\u00f3n de las piezas procesales correspondientes al proceso que adelanta la autoridad judicial accionada, establece la Sala que el fallo de primer grado deber\u00e1 respaldarse, en la medida en que no se configura defecto de procedibilidad alguno capaz de quebrantar la decisi\u00f3n cuestionada, y en esas condiciones no es dable la concurrencia del juez excepcional.  <\/span><\/p>\n

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3. En efecto, del an\u00e1lisis que la Corte realiza a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tulu\u00e1 el 26 de septiembre de 2016, al desatar la segunda instancia en el proceso de responsabilidad civil contractual (fls. 88 a 101, cd. 1)., no se vislumbra que pueda lesionar las garant\u00edas superiores de la promotora del amparo, en tanto no se muestra como la manifestaci\u00f3n de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del orden jur\u00eddico, por cuanto el accionado ponder\u00f3 en forma conjunta las pruebas allegadas y analiz\u00f3 las normas aplicables al caso, concluyendo, como lo hab\u00eda hecho el juez a-quo, en la desestimaci\u00f3n de las pretensiones de la demanda.  <\/span><\/p>\n

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3.1. En efecto, radicando la queja constitucional en la configuraci\u00f3n de un defecto f\u00e1ctico por deficiencias probatorias del juzgador de instancia, es menester analizar que la conclusi\u00f3n a que lleg\u00f3 el convocado, encuentra soporte en los medios de convicci\u00f3n incorporados en las oportunidades procesales pertinentes.  <\/span><\/p>\n

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Concretamente sobre la figura jur\u00eddica de la prescripci\u00f3n, la falladora encontr\u00f3 que conforme a lo previsto en el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, \u00abempieza a correr desde que el demandante tuvo conocimiento del siniestro asegurado, que para el caso presente se configur\u00f3 el 31 de mayo de 2006, por ser la fecha en la cual ocurri\u00f3 el accidente, queriendo decir lo anterior que el t\u00e9rmino con el cual contaba la actora para proponer su acci\u00f3n venci\u00f3 el 31 de Mayo de 2008\u00bb, y que como la demanda fue presentada el \u00ab03 de a Abril de 2009\u00bb, no tuvo la virtualidad de interrumpir la prescripci\u00f3n porque para ese entonces \u00abya hab\u00eda operado el t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n, esto es los 2 a\u00f1os que la ley se\u00f1ala\u00bb, y que tampoco la solicitud de conciliaci\u00f3n extrajudicial pudo cumplir ese prop\u00f3sito, toda vez que dicha presentaci\u00f3n \u00abse efectu\u00f3 el d\u00eda 14 de Noviembre de 2008\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Explic\u00f3 igualmente el ente acusado, que en raz\u00f3n a la reclamaci\u00f3n que hiciera la demandante frente al contrato de seguro bajo la denominaci\u00f3n de \u00abrescate\u00bb, dio lugar a que se cerrara la posibilidad de hacer efectiva la indemnizaci\u00f3n correspondiente al amparo de invalidez, y que esa situaci\u00f3n \u00abse encuentra debidamente documentada\u00bb al haberse cancelado \u00abel 15 de agosto de 2007, con una suma equivalente a $807.639\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.2. De otro lado, en dicha pieza procesal se dej\u00f3 claro que no era viable atender la exposici\u00f3n acerca del \u00abdesentendimiento frente a la obligaci\u00f3n que le asist\u00eda, dado que el conocimiento que esta (sic) ten\u00eda sobre las consecuencias de su incumplimiento seg\u00fan aparece en la misma p\u00f3liza de seguro de vida, que enuncia espec\u00edficamente: \u201cel no pago de las primas subsiguientes a la primera dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producir\u00e1 la terminaci\u00f3n del contrato\u201d\u00bb, y que tal estipulaci\u00f3n es concordante con lo previsto en el art\u00edculo 1068 del estatuto mercantil, por lo que \u00abacaecida la mora en el pago de la prima, absoluta o parcial, el contrato de seguro, entendido como un todo, termina autom\u00e1ticamente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.3. Tambi\u00e9n en la providencia examinada se respondi\u00f3 a la queja que hoy se mantiene respecto de las facultades del juez para decretar medios de prueba, refiriendo entre aquellos el interrogatorio de parte a la demandante, que si bien fue decretado por el Juzgado de primera instancia, en su momento el solicitante desisti\u00f3 de su pr\u00e1ctica, al igual que lo hizo respecto de un testimonio.  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese que sobre ese aspecto particular, del acto procesal que no pueden desistir las partes es \u00abde las pruebas practicadas\u00bb (art\u00edculo 316 del C.G.P.), en tanto se estar\u00eda contraviniendo el principio seg\u00fan el cual la prueba una vez recogida en el expediente, no es objeto de disposici\u00f3n de quien promovi\u00f3 su recaudo, sino que pertenece al proceso.  <\/span><\/p>\n

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3.4. Ahora, sin que en momento alguno se desconozca que el decreto oficioso de pruebas no es una mera atribuci\u00f3n o facultad potestativa del juez, sino un deber legal, tal como lo ha venido diciendo la jurisprudencia de esta Sala (sentencias del 7 de mayo de 2001, exp. 3300; 26 de julio de 2004, exp. 7273, y 15 de julio de 2008, entre otras),  a tono con el precedente constitucional (T-264\/09), esta Corte tambi\u00e9n ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abla orden de pruebas de oficio goza de cierta discrecionalidad por parte del funcionario judicial a quien corresponde el estudio del litigio, motivo por el cual el hecho comprobado de que no se haga uso de dicha prerrogativa en un evento especifico, no es per se generador del yerro de derecho, ello porque hay casos en los cuales la actitud asumida por la parte, que tiene cargas probatorias que satisfacer, es la responsable del fracaso, bien de las pretensiones ora de sus defensas, por haber menospreciado su compromiso en el interior de la tramitaci\u00f3n y en las oportunidades previstas por el legislador\u00bb (CSJ, SC oct. 3 de 2013, exp. 2000-00896).  <\/span><\/p>\n

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Conforme a lo anterior, resulta infundado aseverar que por haberse dejado de practicar un interrogatorio de parte, cuya incumbencia en principio solo radica en la contraparte, pueda endilg\u00e1rsele al juzgador la necesidad de ordenarlo de oficio, a efectos de brindar la posibilidad de que se allegue un documento, cuando el mismo bien pudo incorporarse para su valoraci\u00f3n en otra de las oportunidades que el anterior ordenamiento adjetivo e incluso el actual se brindan.  <\/span><\/p>\n

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Prohijando la argumentaci\u00f3n realizada por el a-quo, la Corte precisa que so pretexto del deber oficioso del juez en materia probatoria, no es dable que \u00e9ste desplace las cargas probatorias que tienen las partes para demostrar los supuestos de hecho en que sientan su demanda o sus excepciones, pues m\u00e1s all\u00e1 de la preclusi\u00f3n y los espec\u00edficos casos que en segunda instancia consagra el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, esa orden procede cuando el fallador considera que dichas pruebas son \u00abnecesarias para esclarecer los hechos objeto de controversia\u00bb (art\u00edculo 170 ib\u00eddem), y si a su juicio el juzgador no estima esa necesidad, como en el caso bajo examen, tal decisi\u00f3n no merece censura alguna.  <\/span><\/p>\n

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4. En consecuencia, la decisi\u00f3n que se reprocha, lejos est\u00e1 de comprender un defecto f\u00e1ctico, en tanto no se produjo \u00abomisi\u00f3n probatoria arbitraria, irracional o caprichosa para no dar por probado un hecho o la circunstancia que de ella emerge clara y objetivamente (dimensi\u00f3n negativa), ni el juzgador apreci\u00f3 pruebas determinantes para la definici\u00f3n del caso que no debiera admitir ni valorar (dimensi\u00f3n positiva)\u00bb. CC T-567\/98, T-239\/96, T-576\/93, T-442\/94 y T-538\/94, reiterada en SU-241\/15. Por el contrario, la valoraci\u00f3n se hizo atendiendo lo previsto en el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, apreciando las pruebas \u00aben conjunto, de acuerdo a las reglas de la sana cr\u00edtica\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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La Sala reitera que la acci\u00f3n carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, comoquiera que la actuaci\u00f3n de la autoridad accionada no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, y en esas condiciones esta Corporaci\u00f3n tiene sentado que mientras las decisiones cuestionadas en un proceso no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la salvaguarda, ya que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb. CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 2010-01404-01, reiterada en STC16997-2016, 24 nov. 2016, rad. 00548-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior significa, que lo pretendido por la demandante, es anteponer su propio criterio al de la autoridad cuestionada y atacar por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera la desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela que, dada su naturaleza excepcional, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ni como escenario para debatir la posici\u00f3n que la autoridad judicial, sin arbitrariedades, en su leg\u00edtimo entendimiento y autonom\u00eda, asuma frente a determinada situaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, esta Sala ha sostenido, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y que, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, citada en STC527, 25 ene. 2017, rad. 00015-00).  <\/span><\/p>\n

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5. Corolario de las precisiones dadas en precedencia, se impone confirmar el fallo que neg\u00f3 el amparo solicitado, por cuanto la actuaci\u00f3n censurada no evidencia defecto alguno de procedibilidad, y tampoco se demostr\u00f3 que se estuviera en presencia de un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente   STC4504-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2017-00027-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100401","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100401","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100401"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100401\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100401"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100401"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100401"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}