{"id":100404,"date":"2026-06-25T20:47:02","date_gmt":"2026-06-25T20:47:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4509-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:47:02","modified_gmt":"2026-06-25T20:47:02","slug":"stc4509-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4509-2017\/","title":{"rendered":"STC4509-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC4509-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2017-00045-01  <\/span><\/p>\n

         (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Obrando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y  propiedad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada por no notificar en debida forma la sentencia estimatoria dictada el 7 de septiembre de 2010, dentro de la pertenencia que instaur\u00f3 contra Cootransco Ltda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Sostiene, en s\u00edntesis, que el Despacho convocado comunic\u00f3 por estado del 29 de septiembre de 2010 la referida providencia. Luego, el 29 de noviembre de ese a\u00f1o libr\u00f3 oficio a la Secretar\u00eda de Transito de Barranquilla para que inscribiera el fallo respecto del veh\u00edculo objeto del litigio con placas UVR-221, sin enterar a la demandada Cootransco Ltda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pide, en consecuencia, ordenar que se inscriba la titularidad del referido automotor a su nombre; que el organismo de movilidad expida a su costa la licencia de tr\u00e1nsito y el certificado de tradici\u00f3n; que le haga llegar tales documentos a trav\u00e9s del Consulado de Colombia en Barcelona-Espa\u00f1a, inform\u00e1ndole el monto que debe cancelar por impuestos y gastos de env\u00edo; que el juez competente ordene una conciliaci\u00f3n ante la Procuradur\u00eda \u00abentre el suscrito y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla\u2026para que conciliemos el monto del lucro cesante\u00bb y se le consigne a la cuenta de ahorros de su esposa; que al presumirse su falta de dinero para nombrar un abogado y al \u00abhaber perdido la confianza en la administraci\u00f3n de justicia y en los abogados de Colombia\u00bb, ordenar al Defensor del Pueblo Regional Atl\u00e1ntico que lo represente en la aludida conciliaci\u00f3n y se le reconozca all\u00ed amparo de pobreza (fls. 4 y 5, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. La Juez Quinta Civil del Circuito de Barranquilla dijo que notific\u00f3 la sentencia del 7 de septiembre de 2010 por edicto y agreg\u00f3 que una vez comunic\u00f3 la providencia a la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito, tal oficina le respondi\u00f3 el 16 de mayo de 2011 que \u00abla anotaci\u00f3n requerida deber\u00e1 realizarla el nuevo propietario del veh\u00edculo por medio de tr\u00e1mite de traspaso y cumpliendo con los requisitos generales establecidos en la resoluci\u00f3n n\u00ba 4775 de 2009\u00bb; que libr\u00f3 mandamiento ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer contra el organismo de Tr\u00e1nsito, pero el Juzgado Doce Civil del Circuito de esa ciudad, al que remiti\u00f3 el expediente por haber ingresado a oralidad, lo revoc\u00f3 y el 6 de febrero de 2015 declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n formulada por el quejoso porque no suministr\u00f3 las expensas ordenadas. Por \u00faltimo, refiri\u00f3 que el interesado se demor\u00f3 en interponer el amparo (fls. 26 y 27, ib\u00eddem).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. La Juez Doce Civil del Circuito de esa ciudad, expuso que el actor pretende revivir etapas procesales y es a \u00e9l a quien corresponde realizar las gestiones tendientes al  registro del automotor \u00abpues este es un tr\u00e1mite administrativo y la sentencia es s\u00f3lo uno de los requisitos para que se surta la inscripci\u00f3n\u00bb (fls. 29 y 30, ib.).       <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Neg\u00f3 la protecci\u00f3n porque frente al hecho principal que se denuncia como violatorio de las garant\u00edas esenciales, esto es, la supuesta irregularidad en la notificaci\u00f3n de la sentencia, el querellante no cumpli\u00f3 el requisito de inmediatez ya que est\u00e1 se produjo el 7 de septiembre de 2010; a\u00f1adi\u00f3 que las pretensiones relacionadas con la inscripci\u00f3n de esa decisi\u00f3n son inviables porque al accionante le corresponde \u00abejercer las dem\u00e1s gestiones pertinentes a efectos de materializar el derecho otorgado\u00bb, as\u00ed como obtener informaci\u00f3n sobre los valores que debe cancelar por el tr\u00e1mite administrativo y adelantar la conciliaci\u00f3n (fls. 37 a 43, cd. 1).     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La formul\u00f3 el reclamante sin motivaci\u00f3n adicional (fl. 54 cit.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la supuesta notificaci\u00f3n irregular de la sentencia que accedi\u00f3 a la pertenencia del veh\u00edculo de placas UVR-221, dentro del juicio iniciado por Jairo Herrera Pardo contra Cootransco Ltda. y si incurri\u00f3 en alguna omisi\u00f3n en el registro de la misma.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primero de los presupuestos se\u00f1alados impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente al tema de la oportunidad, esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el auxilio resulta improcedente porque no atiende el postulado que viene de comentarse, tal como lo advirti\u00f3 el Tribunal constitucional, ya que para cuando se present\u00f3 la salvaguarda, el 19 de enero de 2017 (fl. 3, cd. 1), hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de los seis meses establecidos como razonables, contados desde que se profiri\u00f3 el fallo civil (7 de septiembre de 2010) y su respectiva notificaci\u00f3n, sin que el actor demostrara alguna circunstancia especial que justificara dicha demora.   <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

4. Asimismo, no se evidencia una actuaci\u00f3n arbitraria o negligente por parte del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla en el registro de la sentencia, ya que es al propio demandante al que le corresponde adelantar el tr\u00e1mite administrativo ante el organismo de tr\u00e1nsito competente para lograr la inscripci\u00f3n de su nueva condici\u00f3n de propietario del veh\u00edculo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para tal efecto se destaca, seg\u00fan el informe rendido por la autoridad accionada, que el convocante no ha realizado ninguna petici\u00f3n sobre el particular ante ese Despacho o ante la Secretar\u00eda de Transito de Barranquilla y por ello no se les puede atribuir responsabilidad por no pronunciarse sobre las s\u00faplicas efectuadas dentro de la presente acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En consecuencia, se respaldar\u00e1 la providencia censurada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC4509-2017   Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2017-00045-01            (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).         ANTECEDENTES      1. Obrando en […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100404","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100404","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100404"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100404\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100404"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100404"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100404"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}