{"id":100405,"date":"2026-06-25T20:47:06","date_gmt":"2026-06-25T20:47:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4511-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:47:06","modified_gmt":"2026-06-25T20:47:06","slug":"stc4511-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4511-2017\/","title":{"rendered":"STC4511-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4511-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-00097-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintinueve   (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 1\u00ba de marzo de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Miguel C\u00e1rdenas Villada contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Ruby Alba Zuluaga de Hurtado y Jaime de Jes\u00fas Molano Hurtado.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        Actuando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, propiedad, trabajo, vida y vivienda digna, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada, al disponer la continuidad del tr\u00e1mite de una ejecuci\u00f3n en la que est\u00e1 previsto el remate de un bien sobre el que reclama derechos como poseedor.  <\/span><\/p>\n

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       2.        En s\u00edntesis, adujo que en raz\u00f3n a un contrato de promesa de compraventa celebrado con Ruby Alba Zuluaga de Hurtado el 7 de noviembre de 2008, respecto de un inmueble urbano de la ciudad Pereira, se gener\u00f3 en su contra un primer proceso ordinario de resoluci\u00f3n de contrato, en el cual se lleg\u00f3 a un acuerdo el 28 de junio de 2010.  <\/span><\/p>\n

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Inform\u00f3 que como la se\u00f1ora Zuluaga adelant\u00f3 sin \u00e9xito una acci\u00f3n ejecutiva por obligaci\u00f3n de hacer, seguidamente \u00e9l instaur\u00f3 el cobro coercitivo de las costas procesales, a cuyo proceso acudi\u00f3 Jaime de Jes\u00fas Molano Hurtado, en virtud a la solicitud de embargo de remanentes decretado en el proceso ejecutivo adelantado contra la misma ejecutada ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de la capital en menci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Sostuvo que por el impulso dado por la demandada y por el acreedor que reclama remanentes, en el proceso ejecutivo es inminente el remate del inmueble que, por corresponder al que la ejecutada le prometi\u00f3 vender, est\u00e1 bajo su posesi\u00f3n desde noviembre de 2008.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, que de llevarse a cabo la subasta del inmueble se le causar\u00eda \u00abun perjuicio irreparable\u00bb, pues habiendo cancelado el 50% del precio convenido para la compraventa, \u00abno tendr\u00eda como asegurar\u00bb el reembolso de ese dinero, aunado a que tendr\u00eda que \u00abdesalojar el inmueble que con gran sacrificio pagu\u00e9 parcialmente\u00bb y que desea conservarlo para pasar all\u00ed su vejez.  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que a su juicio la ejecuci\u00f3n no puede proseguirse ya que la ejecutada, como promitente vendedora del inmueble en el inicial contrato, volvi\u00f3 a promover en su contra un litigio para resolver dicha negociaci\u00f3n, el cual conoce el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira bajo el radicado n\u00ba 2014-0084, estando prevista la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento para el 26 de octubre de 2017.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretende que por esta v\u00eda se ordene al accionado \u00abla suspensi\u00f3n de la diligencia de remate hasta tanto se resuelva el proceso que cursa en el Juzgado Primero Civil del Circuito radicado 2014-0084\u00bb (fls. 1 a 9, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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El funcionario querellado puso a disposici\u00f3n del Tribunal el expediente contentivo del proceso ordinario n\u00ba 2009-00371, en que se adelanta la ejecuci\u00f3n por costas impetrada por el ac\u00e1 accionante (fl. 46, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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Seg\u00fan la inspecci\u00f3n realizada por el a-quo, el 19 de septiembre de 2013 se libr\u00f3 el mandamiento de pago; el 3 de febrero de 2014 se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n; en auto del 22 de septiembre de 2015 no se tuvo en cuenta el aval\u00fao presentado por la ejecutada, el cual \u00abno fue recurrido\u00bb; el 16 de febrero de 2016 se corri\u00f3 traslado del aval\u00fao, y mediante auto del 26 de agosto de esa anualidad, \u00abse rechaz\u00f3 de plano\u00bb la objeci\u00f3n propuesta por el demandante, \u00aby tampoco fue recurrido\u00bb; el 14 de octubre de 2016 se fij\u00f3 fecha para remate, el cual fue declarado desierto por falta de postores, por lo que el 14 de diciembre del mismo a\u00f1o, se fij\u00f3 nueva por auto que \u00abno se recurri\u00f3 por el accionante\u00bb (fls. 48 a 52, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       Neg\u00f3 la salvaguarda al observar que lo pretendido por el accionante no lo puso de presente al Juzgado de conocimiento, pues \u00abes inexistente escrito o memorial alguno que refiera a una declaratoria de prejudicialidad por causa del proceso ordinario que se adelanta en su contra en otro juzgado, y que podr\u00eda haber dado lugar a la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite ejecutivo, o por lo menos del remate\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De igual forma, encontr\u00f3 que el interesado no atac\u00f3 el auto que rechaz\u00f3 de plano la objeci\u00f3n al aval\u00fao, como tampoco los que fijaron fecha para la licitaci\u00f3n, de lo cual infiere \u00abnegligencia, descuido o incuria\u00bb por parte del demandante, quien \u00absiempre estuvo asistido por un apoderado judicial\u00bb (fls. 53 a 56, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpuso el promotor del resguardo para insistir en los argumentos iniciales, cuestionando que el Tribunal no hubiera resuelto la protecci\u00f3n de sus prerrogativas ante la inminente configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, y que la desidia aducida en el fallo, refiere a \u00abla actuaci\u00f3n del apoderado judicial\u00bb, la cual \u00abnada tiene que ver con lo tutelado\u00bb, pues es \u00e9l como accionante quien asuma la responsabilidad de la acci\u00f3n tutelar (fls. 59 a 73, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera.  <\/span><\/p>\n

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Por regla de excepci\u00f3n a lo precedente, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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2. Ante la invariable posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, seg\u00fan la cual uno de los principios esenciales que orienta la tutela es el de subsidiariedad, del estudio de los hechos expuestos por el ac\u00e1 reclamante y el cotejo de \u00e9stos con la informaci\u00f3n incorporada en el expediente, deviene improcedente el amparo incoado, en la medida en que la accionante no agot\u00f3 los mecanismos de defensa judicial previstos en el ordenamiento legal al interior del proceso y ante el juez de conocimiento.  <\/span><\/p>\n

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2.1. Ciertamente, el comportamiento procesal del accionante, no abre camino a la protecci\u00f3n excepcional invocada, en tanto como interesado tanto en la ejecuci\u00f3n como en el ordinario de resoluci\u00f3n de contrato, previamente a intentar la tutela no se dirigi\u00f3 ante el Juez Quinto Civil del Circuito para poner de presente su pretensi\u00f3n, y mucho menos demostr\u00f3 que habi\u00e9ndola realizado, hubiese obtenido una respuesta desfavorable en los censurables t\u00e9rminos de arbitrariedad.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior por cuanto de la revisi\u00f3n que al expediente realiz\u00f3 el a-quo a trav\u00e9s de la diligencia de inspecci\u00f3n judicial (fl. 48, cd. 1), consecuente con las copias de las piezas procesales allegadas, se evidencia que no solicit\u00f3 la eventual suspensi\u00f3n del procedimiento de remate en el que se encuentra la ejecuci\u00f3n por \u00e9l promovida, haciendo ver que por la connotaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica que esgrime en esa oportunidad, no resultaba viable el impulso que al mismo se viene dando para concluir con la licitaci\u00f3n p\u00fablica.  <\/span><\/p>\n

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La Sala reitera que no es ante el juez constitucional sino ante el de conocimiento, donde deben plantearse los recursos y acciones previstas en el ordenamiento legal, y que el desaprovechamiento de los mismos se refleja no s\u00f3lo en que se deje de hacer uso de ellos, sino en el de omitir los fundados argumentos.  <\/span><\/p>\n

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Pretender que por esta v\u00eda se acojan motivos ajenos a la discusi\u00f3n procesal que se resuelve en las instancias, implica la desnaturalizaci\u00f3n de esta importante herramienta constitucional, en tanto el juez de tutela no puede inmiscuirse en las decisiones que fueron proferidas bajo los supuestos f\u00e1cticos y de derecho debatidos al interior del proceso de conocimiento.  <\/span><\/p>\n

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2.2. En ese mismo sentido, la Corte encuentra que el accionante dej\u00f3 de utilizar los medios defensivos que la ley prev\u00e9 para atacar las decisiones por las que se duele, esto es, aquellas que dieron lugar a que se estuviera ad portas del remate del inmueble que garantiza las acreencias ejecutadas, comoquiera que al haberse desechado la objeci\u00f3n que presentara al aval\u00fao, no atac\u00f3 el auto del 26 de agosto de 2016 mediante el cual se rechaz\u00f3 de plano tal proposici\u00f3n, pese a que \u00e9ste era susceptible de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n al tenor de los art\u00edculos 318 y 321-5 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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De igual modo, el querellante se mostr\u00f3 pasivo frente a los autos del 14 de octubre y 14 de diciembre de 2016, a trav\u00e9s de los cuales se convoc\u00f3 a la licitaci\u00f3n p\u00fablica del predio que posee, aun cuando dichas determinaciones pod\u00edan haberse recurrido, intentado con ello que el Juzgado atendiera los argumentos que hoy son tra\u00eddos a consideraci\u00f3n, pues independientemente de su resultado, se mostraban con la suficiente aptitud y eficacia jur\u00eddica en aras a evitar la afectaci\u00f3n a sus prerrogativas.   <\/span><\/p>\n

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2.3. En este orden, no es dable acudir a la acci\u00f3n constitucional porque \u00e9sta no puede reemplazar los senderos legales debidamente establecidos, en la medida en que la tutela no puede considerarse una instancia adicional, y el juez del amparo no puede ser visto como un operador paralelo de la actividad a cargo de quien est\u00e1 llamado a resolver el proceso, ya que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada STC12221-2016, 1\u00ba sep. 2016, rad. 00202-01).  <\/span><\/p>\n

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Esta Corte ha dejado sentado que en las condiciones antes descritas, es evidente la improcedencia del auxilio, porque el expediente muestra la preclusi\u00f3n de la oportunidad para hacer uso de los instrumentos id\u00f3neos de impugnaci\u00f3n, a lo que en invariable l\u00ednea de pensamiento sostiene:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17473-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00566-01 y en STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n ha dejado sentado esta Corporaci\u00f3n que: \u00abla tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2009, exp. 1496-01, citada en STC9158 de 7 jul. 2016).  <\/span><\/p>\n

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3. Finalmente, frente a la posibilidad de la protecci\u00f3n como mecanismo transitorio, cabe precisar que la pasividad del reclamante para recurrir en oportunidad las decisiones que dice afectarlo, reflejan un comportamiento incurioso e injustificado donde la tutela \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n, pues tal modalidad procesal se encuentra subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario en cuyo tr\u00e1mite se resuelva definitivamente acerca de la vulneraci\u00f3n iusfundamental y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo\u00bb (CC T-480\/11). Subraya la Sala.  <\/span><\/p>\n

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4. Corolario de lo dicho en precedencia, se ratificar\u00e1 la negaci\u00f3n del amparo implorado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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