{"id":100406,"date":"2026-06-25T20:47:10","date_gmt":"2026-06-25T20:47:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4512-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:47:10","modified_gmt":"2026-06-25T20:47:10","slug":"stc4512-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4512-2017\/","title":{"rendered":"STC4512-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC4512-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2017-00749-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricardo de la Rans de la Hoz, contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de la misma ciudad; tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil extracontractual donde se origina la queja.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, salud, vida, integridad personal y familia, que considera vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, al dejar de practicar las pruebas que solicit\u00f3 insistentemente en desarrollo de la actuaci\u00f3n judicial cuestionada y, en sede de segunda instancia, denegar sus pretensiones indemnizatorias.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende, que se \u00ab\u2026ordene a las accionadas (\u2026) que se sirvan tomar las decisiones en derecho correspondientes a resarcir los derechos de mi patrocinado y tendientes a que se ordene el requerimiento a las entidades y empresas oficiadas para que respondan los oficios enunciados en el expediente. (\u2026) emitir nueva sentencia con base a las pruebas legalmente dejadas de practicar, a pesar de existir solicitud de requerimiento presentado por el suscrito en dos oportunidades\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El promotor del amparo present\u00f3 demanda de responsabilidad civil extracontractual contra Seguridad el Pent\u00e1gono Colombiano Ltda. \u201cSEPECOL LTDA\u201d, en aras de obtener indemnizaci\u00f3n por los perjuicios que sufri\u00f3 con ocasi\u00f3n de los impactos de bala de que fue v\u00edctima por parte de un empleado de esa firma de vigilancia, en hechos ocurridos el 19 de octubre de 1999.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. La notificaci\u00f3n de la demandada tuvo lugar el 30 de agosto del mismo a\u00f1o. Y en respuesta, manifest\u00f3 su oposici\u00f3n a las pretensiones del reclamante, tras negar los hechos y proponer las excepciones de m\u00e9rito de \u201cprescripci\u00f3n de la reparaci\u00f3n\u201d y \u201cno existencia de responsabilidad civil extracontractual por parte de Sepecol Ltda\u201d.  <\/span><\/p>\n

4. El 18 de marzo de 2014 se realiz\u00f3 la audiencia consagrada en el art\u00edculo 101 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a cuya pr\u00e1ctica no concurri\u00f3 la pasiva.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. El 28 de marzo de 2014 se impuso como sanci\u00f3n por la inasistencia injustificada, la deserci\u00f3n de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n formulada y tener por ciertos los hechos. Adem\u00e1s, fueron decretadas las pruebas testimoniales y documentales pedidas por el actor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En desarrollo de esa fase procesal, se recepcion\u00f3 declaraci\u00f3n juramentada a los ciudadanos Aldalberto Sumet Chamorro, Luis Emiro Mosquera Mej\u00eda y Jaime Enrique Maza Tapias y mediante oficios Nos. 454, 455 y 457 de mayo 22 de 2014, se solicit\u00f3 i) a la Cl\u00ednica General del Norte de Barranquilla, remitir copia de la historia cl\u00ednica del demandante; ii) a la Compa\u00f1\u00eda de Seguros La Ganadera S.A., reproducci\u00f3n fotost\u00e1tica del proceso realizado para pensionar al quejoso invalidez, junto con el resultado definitivo que determin\u00f3 la p\u00e9rdida de capacidad laboral; y, iii) a la compa\u00f1\u00eda de vigilancia encausada, ejemplar de la hoja de vida del ex trabajador Juan Pablo Galv\u00e1n (q.e.p.d.), as\u00ed como certificaci\u00f3n de la gesti\u00f3n adelantada para indemnizar al promotor de la queja,.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. El 11 de junio de 2014 el tutelante aport\u00f3 las comunicaciones Nos. 454 y 457, referidas a espacio, con sus respectivas constancias de entrega a sus destinatarios el 9 de junio de 2014 y solicit\u00f3 requerirlos para que respondieran. La empresa involucrada, contest\u00f3 que no pudo hallar el curr\u00edculum de su ex empleado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. El 17 de junio siguiente, se corri\u00f3 traslado para alegar, oportunidad que solo aprovech\u00f3 la demandada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. El 12 de agosto de 2014, se alleg\u00f3 constancia de entrega en la direcci\u00f3n de la aseguradora, del oficio No. 455, del 7 de julio de 2014 y se insisti\u00f3 en que se requirieran las respuestas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. El 18 de marzo de 2015, el juzgador de la causa emiti\u00f3 sentencia de primer grado, a trav\u00e9s de la cual acogi\u00f3 las pretensiones del reclamante, por considerar debidamente acreditado el da\u00f1o sufrido en su humanidad, tanto f\u00edsica como moralmente, por el actor, as\u00ed como la responsabilidad de la firma demandada, por tratarse de la empleadora del vigilante que despleg\u00f3 la conducta da\u00f1ina (hecho confesado en la r\u00e9plica al libelo inicial), para lo cual utiliz\u00f3 su arma de dotaci\u00f3n, conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 tras dar valor probatorio a la documentaci\u00f3n allegada en fotocopia con la demanda (fls. 14 a 28), en raz\u00f3n de haber sido materia de controversia por la contraparte, sin que fueran tachados de falsos y por hallarlos consistentes con las declaraciones vertidas por los testigos de cargo y, por \u00faltimo, en virtud de la sanci\u00f3n impuesta por la inasistencia a la audiencia preliminar.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Sobre la responsabilidad que hall\u00f3 demostrada en cabeza de la demandada, se\u00f1al\u00f3 que deriva de la responsabilidad civil fincada en el ejercicio de una actividad peligrosa, como la manipulaci\u00f3n de armas de fuego por personal bajo sus \u00f3rdenes y dentro del horario laboral (celadur\u00eda).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11. Inconforme, la compa\u00f1\u00eda demandada, interpuso recurso de apelaci\u00f3n, concedido mediante auto de 16 de abril de 2015.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

12. En autos de 12 y 26 de mayo de 2015, se corri\u00f3 traslado a las partes para sus alegaciones finales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

13. El 12 de junio posterior, el tutelante, controvirti\u00f3 ante el juzgador de la segunda instancia la falta de aplicaci\u00f3n de los poderes de ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n por parte del Juez A quo, por no haber insistido en el recaudo de las documentales solicitadas.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

14. El Tribunal Superior de Cali, el 24 de febrero de 2016, revoc\u00f3 la sentencia impugnada y en su lugar, absolvi\u00f3 a la recurrente de las condenas solicitadas por el extremo actor, al estimar que no era posible tener por demostrados los elementos de la responsabilidad, con base en documentos adosados en copia simple, ni en la confesi\u00f3n ficta aplicada como sanci\u00f3n; lo primero, por no provenir de la demandada las referidas fotocopias y, lo segundo, porque el estado de salud del quejoso no reun\u00eda los requisitos del art\u00edculo 195 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

15. Frente a \u00e9sta \u00faltima providencia, el reclamante interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

16. Por auto de abril 25 de 2016, se declar\u00f3 inadmisible aquel medio de censura, por insuficiencia de la cuant\u00eda  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

17. En criterio del peticionario del amparo, los derechos invocados fueron vulnerados, pues los juzgadores de instancia desconocieron las solicitudes que elev\u00f3, tendientes a la pr\u00e1ctica efectiva de las pruebas documentales que solicit\u00f3 y con base en cuya ausencia se revoc\u00f3 el fallo de primer grado que hab\u00eda declarado la prosperidad de sus pretensiones indemnizatorias.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita el amparo de sus garant\u00edas en la forma vista.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 24 de marzo de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los interesados para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, y por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pero en cualquier caso su eventual concesi\u00f3n estar\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, entre las cuales se encuentra el cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, esta Corporaci\u00f3n en algunos casos en los que la decisi\u00f3n judicial vulner\u00f3 de manera protuberante los derechos fundamentales o las normas de orden p\u00fablico, ha admitido que no resultaba conveniente anteponer tales exigencias, pues no constituyen un obst\u00e1culo insuperable que impidiera otorgar la protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal sentido, en oportunidad anterior, ante la evidente vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales, la Sala concedi\u00f3 la tutela, a pesar de que no se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, ni se promovi\u00f3 en forma oportuna el amparo, con el fin de \u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb. (ST de 12 de octubre de 2012. Exp. 2012-1545-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente, se ha admitido que en atenci\u00f3n a la esencia de la acci\u00f3n bajo an\u00e1lisis, \u00ab\u00e9sta no puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos, porque aunque no se pone en duda que su viabilidad est\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce del reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb. (ST de 13 de agosto de 2013. Exp. 2013-093-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. As\u00ed ocurre en el caso, pues a pesar de no haberse cumplido con el presupuesto de inmediatez, dado que la \u00faltima decisi\u00f3n adoptada en el proceso, en virtud del recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por el libelista contra la sentencia que por esta v\u00eda cuestiona, data del 25 de abril de 2016, esto es hace cerca de un a\u00f1o, es evidente que el Juzgador incurri\u00f3 en una protuberante v\u00eda de hecho, al resolver con errores f\u00e1cticos y con desconocimiento de lo preceptuado en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 37 y en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 186 del ordenamiento procesal al amparo del cual se tramit\u00f3 aquella actuaci\u00f3n, circunstancia que torna indispensable la intervenci\u00f3n del juez de tutela en el asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, del examen de la providencia en la cual se origina el reproche, esto es, la sentencia de segunda instancia emitida el 24 de febrero de 2016 por el Tribunal Superior de Barranquilla, en la que la que se concluy\u00f3 que no hab\u00eda lugar a la condena en perjuicios contra la empresa de vigilancia demandada, por no hallarse acreditados los elementos de la responsabilidad, se tuvo como fundamento la falta de acreditaci\u00f3n de los hechos que el fallador A quo tuvo por demostrados, a trav\u00e9s de copias simples allegadas con la demanda, no tachadas de falsas por la contraparte y debidamente controvertidas en el juicio, cuando dichas fotocopias constitu\u00edan serios indicios sobre la existencia de las pruebas necesarias para verificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica planteada en el asunto, las cuales, adem\u00e1s, fueron pedidas y decretadas a favor del extremo demandante, quien acredit\u00f3 haberlos hecho llegar a sus destinatarios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No puede perderse de vista que el peticionario del amparo fue diligente en la entrega de las comunicaciones a trav\u00e9s de las cuales se solicit\u00f3 a la Cl\u00ednica que  lo atendi\u00f3 su epicrisis, con miras a determinar su estado de salud tras los disparos de que fue v\u00edctima; a la firma demandada, el curr\u00edculum del agresor, quien seg\u00fan daba cuenta la demanda, era trabajador de aquella y ejerc\u00eda una actividad riesgosa a su amparo, ya que en su condici\u00f3n de vigilante manejaba el arma de fuego de la que fue dotado por su empleadora; y, a la Aseguradora que adelant\u00f3 el proceso de reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez al tutelante, el expediente correspondiente, hecho lo cual, insisti\u00f3 ante el fallador A quo en la obtenci\u00f3n de las respuestas respectivas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, no fue por causa atribuible al interesado que dejaron de arrimarse al proceso aquellos medios probatorios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tampoco pasa desapercibido que, si bien el tutelante no solicit\u00f3 de manera expresa al Tribunal la pr\u00e1ctica de las pruebas decretadas en primera instancia -recu\u00e9rdese que result\u00f3 favorecido con la decisi\u00f3n apelada-, como se lo permit\u00eda el art\u00edculo 361 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, es lo cierto que, so pretexto de la inexistencia de los documentos aut\u00e9nticos aportados con la demanda en fotocopia, el Tribunal Superior de Barranquilla no pod\u00eda limitarse a proferir sentencia de segunda instancia, pues, tal como lo consagran el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 37 y el inciso 3\u00ba del 186 del C.P.C., uno de los deberes del Juez es \u00ab\u2026 [e]mplear los poderes que este c\u00f3digo le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por el contrario, con la decisi\u00f3n de la sede judicial accionada de entrar a desatar la apelaci\u00f3n sin insistir en las pruebas tantas veces mencionadas, se sacrific\u00f3 el derecho sustancial sobre el procesal, porque pese a que de los documentos en fotocopia aportados con la demanda eran indicativos de la existencia de las pruebas echadas de menos en el fallo del Ad quem, se desech\u00f3 la posibilidad de encontrar los elementos necesarios para dictar un fallo diferente, ajustado a la realidad material.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese sentido, el accionado dej\u00f3 de aplicar sus poderes oficiosos de ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n, para lo cual estaba plenamente facultado, porque i) tales probanzas fueron solicitadas oportunamente por el demandante, ii) decretadas en la fase procesal correspondiente \u2013auto de marzo 28 de 2014, con el cual se abri\u00f3 a pruebas el juicio; y iii) gestionadas de manera diligente por el interesado quien, entreg\u00f3 las comunicaciones a los destinatarios e insisti\u00f3, se reitera, en que se les requiriera para que ofrecieran respuesta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, esta Corporaci\u00f3n en diferentes pronunciamientos, ha establecido \u201cla importancia del poder-deber que asiste a los jueces de instancia para decretar pruebas de oficio, conforme a los art\u00edculos 180 y 361 del C. de P. C., pues en uso de esa prerrogativa de direcci\u00f3n del proceso, derivada de los numerales 1\u00ba y 4\u00ba del art\u00edculo 37 ib\u00eddem, es deseable y posible, en ocasiones imperativa, la pesquisa y hallazgo de elementos de juicio que ilustren el criterio del juez y le permitan decidir desde el saber y no mediante la mec\u00e1nica aplicaci\u00f3n de las cargas probatorias.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es que, como se ha dicho, \u2018La Corte siempre ha abanderado la idea de que las providencias judiciales, y especialmente la ponderaci\u00f3n probatoria de los jueces ordinarios que lleva a su proferimiento, ha de ser respetada en sede constitucional, como tambi\u00e9n la consideraci\u00f3n seg\u00fan la cual, en principio, debe dejarse a la autonom\u00eda de los sentenciadores de instancia la decisi\u00f3n de decretar o no pruebas de oficio, de acuerdo con el an\u00e1lisis las circunstancias propias de cada caso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y al paso que es menester reafirmar ese axioma, tambi\u00e9n es oportuno recalcar que la facultad-deber de decretar probanzas oficiosas, si bien no tiene como cometido suplir las deficiencias probatorias atribuibles a las partes, necesariamente requiere ser vista como la oportunidad de los jueces para orientar el debate en procura de que sus decisiones en verdad satisfagan la funci\u00f3n constitucional que les es encomendada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precisamente, la Corte ha tenido la oportunidad de sentar que el decreto de pruebas de oficio \u00abes un precioso instituto a ser usado de modo forzoso por el juez, cuando en el contexto del caso concreto esa actividad permita remover una zona de penumbra con la certeza de que al superar ese estado de ignorancia, concreto y determinado, se esclarecer\u00e1 una verdad que permitir\u00e1 decidir con sujeci\u00f3n a los dictados de la justicia. Por lo mismo, no se trata de una actividad heur\u00edstica sin norte ni tiempo, sino del hallazgo de una prueba que ex ante se vislumbra como necesaria y posible\u00bb (Sent. Cas. Civ. Sent. de 19 de diciembre de 2005, Exp. No. 232-92; sentencia de tutela de 8 de mayo de 2006, Exp. No. 05001-2203-000-2006-00089-01; sentencia de 5 de mayo de 2009, Exp. 2009-00051-01; Sentencia 22 de octubre de 2013, Exp. No. 52001-22-13-000-2013-00189-01).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Todo cuanto viene de analizarse se estima suficiente para concluir que la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Barranquilla desatendi\u00f3 el deber de utilizar sus facultades probatorias oficiosas para establecer la verdad material de los hechos puestos a su consideraci\u00f3n, conducta que sin duda vulnera las garant\u00edas fundamentales del quejoso, de ah\u00ed que resulta procedente la acci\u00f3n de tutela como mecanismo adecuado para restablecer el orden constitucional transgredido y brindar protecci\u00f3n a los derechos del actor que fueron desconocidos, en ausencia de otro medio de defensa judicial que le permita propender por la protecci\u00f3n efectiva.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ah\u00ed, que sea necesario tutelar el derecho fundamental al debido proceso invocado, y, en consecuencia, dejar sin valor ni efecto la sentencia dictada el 24 de febrero de 2016, por el Tribunal Superior de Barranquilla y toda la actuaci\u00f3n que se derive de aquella, para que rehaga el procedimiento, de conformidad con las consideraciones que se acaban de exponer con especial atenci\u00f3n de los par\u00e1metros fijados en esta providencia y de la facultad-deber que en el decreto de las pruebas de oficio le corresponde al Juez, con el fin de establecer con certeza los hechos alegados por las partes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONCEDE la protecci\u00f3n constitucional deprecada, en consecuencia, dispone:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: RECONOCER personer\u00eda al Dr. Jes\u00fas C\u00e9spedes Hern\u00e1ndez, en los t\u00e9rminos y para los efectos del poder conferido por el tutelante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: DEJAR sin valor ni efecto la sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

TERCERO: ORDENAR a la citada sede judicial que en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, adelante las gestiones necesarias para rehacer la actuaci\u00f3n judicial que le es atribuible, de conformidad con las consideraciones que se acaban de exponer con especial atenci\u00f3n de los par\u00e1metros fijados en esta providencia y de la facultad-deber que en el decreto de las pruebas de oficio le corresponde al Juez, con el fin de establecer con certeza los hechos alegados por las partes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CUARTO: Notif\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC4512-2017   Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2017-00749-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricardo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100406","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100406","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100406"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100406\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100406"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100406"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100406"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}