{"id":100408,"date":"2026-06-25T20:47:38","date_gmt":"2026-06-25T20:47:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4530-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:47:38","modified_gmt":"2026-06-25T20:47:38","slug":"stc4530-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4530-2017\/","title":{"rendered":"STC4530-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4530-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00760-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo   de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jairo Luis Polan\u00eda Carrizosa y Hayde Sabogal P\u00f3rtela contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de El Espinal, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado 25 Civil del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origina la queja.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Los promotores del amparo reclamaron protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dicen vulnerado por las autoridades judiciales accionadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Solicitaron, en consecuencia, ordenar al Tribunal criticado \u00abREVOCAR el fallo de PRIMERA INSTANCIA dictad[o] el 17 de agosto de 2016 por el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 (\u2026), y en su lugar ANULAR O DEJAR SIN EFECTO el auto admisorio de la demanda de fecha 8 de abril de 2015\u00bb.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        Los accionantes promovieron demanda declarativa contra el Banco Caja Social S. A., pidiendo \u00abla NULIDAD POR PRESCRIPCI\u00d3N del pagar\u00e9 y de la hipoteca por valor de $19\u2019200.000\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        Se\u00f1alaron los promotores que la prenotada entidad bancaria promovi\u00f3 dos procesos ejecutivos en su contra, los cuales terminaron en virtud de las sentencias T-894A de 2006 y T-1240 de 2008 dictadas por la Corte Constitucional, por lo que \u00abal banco demandante se le cerr\u00f3 toda puerta jur\u00eddica para iniciar [en su contra] cualquier proceso ejecutivo hipotecario\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        Adicionaron que, en la primera de las ejecuciones rese\u00f1adas, su acreedor \u00abhizo uso de la CLAUSULA ACELERATORIA a partir del 2 de marzo de 1999, fecha en la que present\u00f3 [la primer] demanda ejecutiva hipotecaria\u00bb, contingencia que los llev\u00f3 a concluir que \u00abel pagar\u00e9 y la hipoteca se encuentran prescrit[os] por haber trascurrido un lapso de tiempo superior a 13 a\u00f1os\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.        Mediante sentencia del 17 de agosto de 2016, fueron negadas las pretensiones, decisi\u00f3n contra la cual los peticionarios interpusieron recurso de apelaci\u00f3n, siendo confirmada por el Tribunal criticado, a trav\u00e9s de providencia del 18 de enero de 2017.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        Posteriormente, los quejosos solicitaron se declarara la nulidad de todo lo actuado, reclamo que rechaz\u00f3 de plano el Tribunal con auto del 6 de febrero de 2017, desconociendo, seg\u00fan ellos, que la invalidez acaecida era insaneable, \u00abal carecer completamente de competencia funcional los operadores judiciales que intervinieron en el citado proceso, por ser \u00e9ste de \u00daNICA INSTANCIA y m\u00ednima cuant\u00eda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6.        Esgrimieron los peticionarios que dos de las magistradas que conformaron la Sala de Decisi\u00f3n, \u00abse encontraban incursas en impedimentos\u00bb, toda vez que, de una parte, conocieron de otro proceso ordinario en el que se elevaron pretensiones similares (2009-00224) y, por otra, por \u00abhaber emitido concepto y fallado el 23 de julio de 2009 una ACCI\u00d3N DE TUTELA\u00bb por ellos promovida contra el Banco Caja Social, \u00aben t\u00e9rminos parecidos al debate jur\u00eddico aqu\u00ed decidido\u00bb, por lo que formularon recusaci\u00f3n, la cual fue rechazada por providencia del 6 de febrero de 2017.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7.        Agregaron que los \u00aboperadores judiciales que intervinieron desconocieron abiertamente la prueba documental (\u2026) en que se fundament[\u00f3] la demanda ordinaria\u2026\u00bb; que inobservaron los establecido en los art\u00edculos 2341 a 2360 del C\u00f3digo Civil y 789 del C\u00f3digo de Comercio, \u00abaplicando indebidamente la jurisprudencia que refiere a que mientras no se surta el procedimiento de RESTRUCTURACI\u00d3N DEL CREDITO la obligaci\u00f3n sigue vigente y se convierte en imprescriptible\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, el 23 de marzo de 2017, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que se \u00abremite a la actuaci\u00f3n surtida en el (\u2026) proceso ordinario No. 2016-00240\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Del escrito de demanda extracta la Corte que los promotores del amparo cuestionan (i) la sentencia del 18 de enero de 2017, mediante la cual el Tribunal accionado confirm\u00f3 la que profiri\u00f3 el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el 17 de agosto de 2016, que neg\u00f3 las s\u00faplicas de su demanda declarativa; (ii) el rechazo de la recusaci\u00f3n planteada frente a dos de las magistradas de la Sala de Decisi\u00f3n que conoce, en segunda instancia, del proceso declarativo objeto de reproche constitucional; y (iii) el auto del 6 de febrero de 2017, que rechaz\u00f3 de plano la petici\u00f3n de nulidad que formularon los quejosos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        Respecto de la primera queja, estima la Corte que esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal acusado, en la prenotada providencia de 18 de enero de 2017, explic\u00f3 los motivos por los cuales no era dable declarar la prescripci\u00f3n de la obligaci\u00f3n contenida en el pagar\u00e9 al que aluden los tutelantes, ni de la hipoteca que lo afianzaba, indicando que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 no se aport\u00f3 prueba id\u00f3nea que acredite la existencia de la obligaci\u00f3n que se pretende extinguir por prescripci\u00f3n, as\u00ed como de la hipoteca que la garantiza, ya que al informativo se adujo copia informal del pagar\u00e9 No. 0535909 y la escritura p\u00fablica 2389 de agosto 15 de 1998 (\u2026), las que se tornan en medio insuficiente para tal fin, pues carecen de valor probatorio a la luz del art\u00edculo 254 de la ley adjetiva civil, norma vigente para la fecha en que se trajeron, precisamente por echarse de menos esa atestaci\u00f3n de ser id\u00e9nticas al original, de dar cuenta de la autor\u00eda de la misma, exigencia que no resulta atemperada con el reconocimiento que de ellas hagan las partes contendientes, conforme a la legislaci\u00f3n aqu\u00ed aplicable, tem\u00e1tica en la que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, en oportunidades pret\u00e9ritas se ha pronunciado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, si bien la Ley 1395 de 2010 introdujo una modificaci\u00f3n a la norma adjetiva ya citada (\u2026), de su texto se infiere que el documento privado proveniente de las partes y aportado al proceso lo debe ser en original o en copia autenticada, para que surja la presunci\u00f3n de autenticidad, luego no adquiere valor probatorio cualquier reproducci\u00f3n informal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aunado a lo anterior, expres\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026, pasando por alto la omisi\u00f3n advertida (\u2026), en raz\u00f3n a que en la contestaci\u00f3n de los hechos de la demanda, hechos 1\u00ba y 2\u00ba, el extremo convocado acept\u00f3 la existencia de la obligaci\u00f3n, junto con la garant\u00eda hipotecaria y las fechas de su creaci\u00f3n (\u2026), la parte actora no logr\u00f3 acreditar que la obligaci\u00f3n estuviere prescrita.     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026, cumple se\u00f1alar que de conformidad con el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 2513 del C\u00f3digo Civil, adicionado por el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 791 de 2002, la prescripci\u00f3n extintiva podr\u00e1 invocarse por v\u00eda de acci\u00f3n, precepto aplicable a la acci\u00f3n cambiaria, atendiendo la remisi\u00f3n que a la normatividad civil prev\u00e9 el art\u00edculo 822 del C\u00f3digo de Comercio, para aquellos eventos no regulados expresamente por la legislaci\u00f3n mercantil, debi\u00e9ndose precisar, desde ya, que como la obligaci\u00f3n cuya prescripci\u00f3n extintiva alega la actora est\u00e1 incorporada en un t\u00edtulo valor – pagar\u00e9, no es factible decidir este litigio a la luz de las normas que el C\u00f3digo Civil dispone en torno a los plazos de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva, como equivocadamente lo aducen los recurrentes al se\u00f1alar que en el sub-judice le son aplicables las normas previstas en la Ley 791 citada, sino las previsiones del art\u00edculo 789 de la ley mercantil.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Descendiendo al caso puesto a consideraci\u00f3n de la Sala, se tiene i) que los deudores aqu\u00ed demandantes se comprometieron a cancelar la obligaci\u00f3n contenida en el pagar\u00e9 base de la acci\u00f3n extintiva mediante cuotas o instalamentos, la primera de ellas \u201cel 21 de septiembre de 1998, la segunda, en la misma fecha del mes inmediatamente siguiente y as\u00ed sucesivamente cada mes, en la misma fecha y sin interrupci\u00f3n, hasta que se produzca el pago total de la deuda a su cargo\u201d (\u2026); ii) que el Banco Colmena, hoy Banco BCSC S.A., en el a\u00f1o 1999 inici\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario en su contra, el que fue ordenado terminar v\u00eda acci\u00f3n de tutela por falta de la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y, iii) que luego de efectuada la reliquidaci\u00f3n la entidad bancaria en el a\u00f1o 2007 inicio nuevo proceso ejecutivo hipotecario ante el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de El Espinal – Tolima, el cual, al igual que el anterior, por sentencia de tutela proferida el 11 de diciembre de 2008 por nuestro m\u00e1ximo Tribunal de Justicia Constitucional se orden\u00f3: \u201cdecretar la nulidad de todo lo actuado a partir del mandamiento de pago (\u2026) a fin de que proceda a realizar un nuevo an\u00e1lisis del t\u00edtulo, seg\u00fan las exigencias previstas en la ley 546 de 1999 y de acuerdo con los lineamientos trazados por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-813 de 2007\u201d, (\u2026), en raz\u00f3n a la orden impartida, el Juzgado de conocimiento mediante auto del 9 de marzo de 2010 (\u2026) decret\u00f3 la nulidad de todo lo actuado a partir del mandamiento de pago de fecha 2 de noviembre de 2007, luego la inadmiti\u00f3 para que se allegara dicha reestructuraci\u00f3n y como quiera que el banco no subsan\u00f3 la demanda mediante prove\u00eddo del 6 de abril de 2010 (\u2026), la rechaz\u00f3 (\u2026).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para dictaminar la nulidad, la Corte citada precis\u00f3 que: \u201cen ning\u00fan proceso ejecutivo hipotecario puede librarse mandamiento de pago, hasta tanto el juez verifique que se ha culminado la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito conforme a las exigencias de la Ley 546 de 1999 y la Sentencia SU-813 de 2007. Ello se explica si se tiene en cuenta que en estos eventos la obligaci\u00f3n a\u00fan no es exigible\u201d (\u2026).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, advierte: \u201cen esta oportunidad  es claro que el Banco Colmena S.A. \u2013hoy BCSC S.A.- promovi\u00f3 en contra de los se\u00f1ores Jairo Lu\u00eds Polan\u00eda Carrizosa y Hayde Sabogal Portela una nueva demanda ejecutiva hipotecaria con base en la misma obligaci\u00f3n. En este proceso, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal decidi\u00f3 librar mandamiento de pago, sin haber examinado previamente si se llev\u00f3 a cabo el proceso de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito y si, en esa medida, la obligaci\u00f3n era o no exigible. En consecuencia, considera la Sala que esa decisi\u00f3n judicial contradice abiertamente la ratio decidendi y la parte resolutiva de la Sentencia SU-813 de 2007\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Partiendo de las anteriores precisiones echas por la Corte Constitucional, se tiene que la obligaci\u00f3n contenida en el pagar\u00e9 No. 0535909 para que sean exigibles debe mediar la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, la cual \u201cdeber\u00e1 atender a las preferencias del deudor sobre alguna de las l\u00edneas de financiaci\u00f3n existentes o que se creen. En el caso en el que exista un desacuerdo irreconciliable entre la entidad financiera y el deudor corresponder\u00e1 a la Superintendencia Financiera definir lo relativo a la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito en estricta sujeci\u00f3n a los criterios mencionados y dentro de un plazo no superior a treinta (30) d\u00edas, contados a partir de la solicitud presentada por cualquiera de las partes. En ning\u00fan caso podr\u00e1 cobrarse intereses causados antes de definida la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. No ser\u00e1 exigible la obligaci\u00f3n financiera hasta tanto no termine el proceso de reestructuraci\u00f3n\u201d esto lo dice la sentencia SU-813 de 2007.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, para que salieran avantes las pretensiones de la actora, esta ten\u00eda la carga procesal de acreditar que el cr\u00e9dito que solicita se declare extinguido por prescripci\u00f3n, se reestructur\u00f3, para as\u00ed, a partir de esa fecha empezar a contar el t\u00e9rmino trienal previsto en el art\u00edculo 789 del C\u00f3digo de Comercio, seg\u00fan el cual \u201cLa acci\u00f3n cambiaria directa prescribe en tres a\u00f1os a partir del d\u00eda del vencimiento\u201d, carga que no cumpli\u00f3, pese a que el banco demandado adelant\u00f3 los tr\u00e1mites ante la Superintendencia Financiera tendientes a establecer las verdaderas condiciones econ\u00f3micas de los deudores \u201ccon el fin de dise\u00f1ar un plan de amortizaci\u00f3n que se ajustara a ellas, pero \u00e9stos se mostraron renuentes a aportarla o a permitir su ubicaci\u00f3n\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cDe igual manera en las comunicaciones remitidas por los se\u00f1ores Polan\u00eda Carrizosa y Sabogal Portela, ante esta Superintendencia y ante la empresa que actualmente administra el cr\u00e9dito, no se evidenci\u00f3 inter\u00e9s por acceder a la reestructuraci\u00f3n y refinanciaci\u00f3n de su cr\u00e9dito en los t\u00e9rminos de la Sentencia SU 813\u201d (\u2026).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden de ideas, no hay manera de empezar a contar el t\u00e9rmino prescriptivo, pues la obligaci\u00f3n no se ha hecho exigible, en raz\u00f3n a que el cr\u00e9dito no se ha reestructurado conforme lo ordenado por la Corte Constitucional en el fallo de tutela de fecha 11 de diciembre de 2008 de los aqu\u00ed demandantes contra el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de El Espinal Tolima, que orden\u00f3 \u201cdecretar la nulidad de todo lo actuado a partir del mandamiento de pago (inclusive), dentro del proceso ejecutivo hipotecario No. 2007-182-00 adelantado por el Banco Colmena S.A. \u2013hoy BCSC S.A.- contra Jairo Lu\u00eds Polan\u00eda Carrizosa y Hayde Sabogal Portela. Lo anterior, a fin de que proceda a realizar un nuevo an\u00e1lisis del t\u00edtulo, seg\u00fan las exigencias previstas en la Ley 546 de 1999 y de acuerdo a los lineamientos trazados por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-813 de 2007\u201d y, por ende, en este caso debe concluirse que la obligaci\u00f3n que se solicita se declare extinguida por prescripci\u00f3n se encuentra vigente, pues se est\u00e1 frente a un tipo especial de cr\u00e9dito para vivienda, que tiene un tratamiento constitucional y legal excepcional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.- Ahora, en el sub-judice no podr\u00eda decirse que ha habido desidia o desinter\u00e9s por parte del acreedor hipotecario -aqu\u00ed demandado- en hacer efectiva la obligaci\u00f3n como lo aducen los demandantes al se\u00f1alar que no es posible que una obligaci\u00f3n que se adquiri\u00f3 en el a\u00f1o 1998 a\u00fan se encuentre vigente, de un lado, porque la entidad bancaria en dos oportunidades inici\u00f3 el cobro compulsivo y si los procesos se terminaron fue en raz\u00f3n a la Ley 546 de 1999, el primero por falta de reliquidaci\u00f3n y, el segundo, por reestructuraci\u00f3n, circunstancias que son ajenas a su voluntad, por ende dichos actos procesales no pueden afectar su derecho sustancial, ya que procedi\u00f3 en forma oportuna y diligente y no tiene porqu\u00e9 soportar luego los efectos de unas decisiones que fulminaron los procesos sin pronunciarse de fondo sobre su derecho.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, de otro lado, si no ha iniciado nuevamente el proceso ejecutivo hipotecario, esto no obedece a desidia o incuria de su parte sino a que el cr\u00e9dito no es exigible por falta del requisito de reestructuraci\u00f3n conforme a los par\u00e1metros expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia de tutela, misma que ha intentado llevar a cabo ante la Superintendencia Financiera pero que no ha podido lograr por falta de inter\u00e9s de los deudores aqu\u00ed demandantes para acceder a la reestructuraci\u00f3n y refinanciaci\u00f3n de su cr\u00e9dito en los t\u00e9rminos de la Sentencia SU-813 de 2007, conforme lo ordenado por la Corporaci\u00f3n en comento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.- Por \u00faltimo, como quiera que la acci\u00f3n cambiaria mantiene su vigencia, tampoco es posible acceder a la cancelaci\u00f3n del gravamen hipotecario, seg\u00fan se explic\u00f3 en precedencia\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los peticionarios no hallan recibo en esta sede excepcional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantean los promotores del amparo es una diferencia de criterio acerca de la manera en que el Tribunal accionado interpret\u00f3 las normas que regulan la figura jur\u00eddica de la prescripci\u00f3n extintiva y concluy\u00f3 que se reun\u00edan los presupuestos necesarios para su configuraci\u00f3n en el litigio planteado por los querellantes, en cuyo caso tal inferencia no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050).  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

2.2.        A igual conclusi\u00f3n se llega en lo que respecta al segundo de los reproches de los querellantes, toda vez que el Tribunal criticado, en el auto de 6 de febrero de 2017, destac\u00f3 que no era dable tramitar la recusaci\u00f3n formulada, por cuanto no fue oportunamente presentada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, se\u00f1al\u00f3 dicho estrado judicial que la recusaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

… debi\u00f3 ser alegada desde el momento en que se admiti\u00f3 el recurso de alzada, de conformidad con lo previsto en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 142 [del C\u00f3digo General del Proceso], que literaliza: \u201cNo podr\u00e1 recusar quien sin formular la recusaci\u00f3n haya hecho cualquier gesti\u00f3n en el proceso despu\u00e9s de que el juez haya asumido su conocimiento, si la causal invocada fuere anterior a dicha gesti\u00f3n, ni quien haya actuado con posterioridad al hecho que motiva la recusaci\u00f3n\u201d (resaltado por fuera del texto), como en efecto, ocurre en este caso en particular, pues, n\u00f3tese que los hechos en los cuales funda su petici\u00f3n son anteriores a esta actuacion las que valga la pena resaltar se finiquit\u00f3 desde el pasado 18 de enero de 2017.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, sin duda, la determinaci\u00f3n bajo an\u00e1lisis no resulta arbitraria, pues la mencionada disposici\u00f3n (inc. 2\u00ba, art. 142, C. G. de P.), consagra que en presencia de las aludidas contingencias, esto es, cuando la recusaci\u00f3n no se esgrime en el momento pertinente, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, atendiendo que los demandantes no la alegaron al admitirse la alzada, ni tampoco al sustentar el recurso, \u00abdebe ser rechazada de plano\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        En cuanto a la \u00faltima de las inconformidades rese\u00f1adas, advierte la Corte que el amparo tampoco resulta viable, habida cuenta que se torna prematuro, en la medida en que el auto del 6 de febrero de 2017, que rechaz\u00f3 la solicitud invalidatoria, a\u00fan no ha cobrado firmeza, comoquiera que contra \u00e9ste los gestores formularon recurso de s\u00faplica, el cual a\u00fan no ha sido definido, como se pudo verificar en el expediente respectivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior traduce que como el prenotado medio de defensa judicial est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que:  <\/span><\/p>\n

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resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

(Con Ausencia Justificada)  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC4530-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00760-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo   de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100408","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100408","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100408"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100408\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100408"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100408"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100408"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}