{"id":100411,"date":"2026-06-25T20:47:58","date_gmt":"2026-06-25T20:47:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4533-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:47:58","modified_gmt":"2026-06-25T20:47:58","slug":"stc4533-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4533-2017\/","title":{"rendered":"STC4533-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4533-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2016-00645-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo   de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el accionante contra el fallo proferido el 2 de marzo de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Bernardo Castillo Sanju\u00e1n contra el Juzgado 12 Civil del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo constitucional reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, vivienda digna e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicit\u00f3 \u00abla suspensi\u00f3n de la diligencia de restituci\u00f3n del inmueble\u2026, otorg\u00e1ndo[le] un t\u00e9rmino prudencial, para buscar un abogado que presente DEMANDA DE ACCI\u00d3N POSESORIA \u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Adujo el accionante que desde \u00ab[e]nero de 1995, [tiene] la posesi\u00f3n del inmueble urbano ubicado en la carrera 17B No. 17-42 barrio las Nieves\u2026 con matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-94824\u00bb, por lo que promovi\u00f3 proceso de pertenencia contra Bienvenida de Moya de Cera.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Fanny Beatriz Cera de Moya, Norma Judith Cera de Moya, Gradys Esther Cera de Guzm\u00e1n y Doris Cecilia Cera de Orozco, en su condici\u00f3n de adjudicatarias de la sucesi\u00f3n de Bienvenida de Moya de Cera, contestaron el libelo, promovieron demanda reivindicatoria de reconvenci\u00f3n y formularon excepciones previas, entre ellas, la de \u00abINEXISTENCIA DEL DEMANDANTE O DEL DEMANDADO\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Con providencia del 17 de septiembre de 2010, se declar\u00f3 probada la referida defensa previa y se dispuso el archivo del proceso de pertenencia, prosigui\u00e9ndose con el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n reivindicatoria.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Mediante sentencia del 3 de agosto de 2016, el juzgado accionado accedi\u00f3 a la reivindicaci\u00f3n reclamada, orden\u00f3 al all\u00ed demandado restituir a las demandantes el predio materia de las s\u00faplicas y comision\u00f3 al \u00abInspector general (sic) de Polic\u00eda Distrital\u00bb para la pr\u00e1ctica de la entrega.  <\/span><\/p>\n

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2.5.        En cumplimiento de dicho encargo, el 31 de octubre de 2016, la Inspecci\u00f3n Cuarta Especializada de Barranquilla inici\u00f3 la diligencia, pero fue aplazada a solicitud de los intervinientes.  <\/span><\/p>\n

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2.6.        Indic\u00f3 el peticionario que \u00abel fallo del juez doce civil del circuito, es injusto e ilegal\u2026, al no reconocer[le] la posesi\u00f3n que [tiene] desde enero de 1995\u00bb; que en la referida sentencia se indic\u00f3 una nomenclatura que no corresponde al bien que posee, por lo que no puede restituirlo; y que no se \u00abconden\u00f3 a las pretensiones mutuas bajo el rubro de mejoras y frutos civiles\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.7.        Agreg\u00f3 que la Inspectora Cuarta Especializada de Barranquilla consign\u00f3 en el acta contingencias que no tuvieron lugar (folio 2) y que dicha funcionaria no puede adelantar la entrega, por cuanto existen inconsistencias relacionadas con la direcci\u00f3n del predio objeto de la misma.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado 11 Civil del Circuito de Barranquilla indic\u00f3 que \u00abno resulta evidente (sic) incursiones por parte de [ese] despacho en v\u00edas de hecho que haga posible el reparo constitucional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        El Juzgado 12 Civil del Circuito de esa misma urbe, tras hacer un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso objeto de reproche constitucional, expres\u00f3 que \u00abla protecci\u00f3n invocada\u2026 no est\u00e1 llamada a prosperar, habida consideraci\u00f3n que no cumpli\u00f3 con el principio de subsidiariedad, teniendo en cuenta que el accionante no recurri\u00f3 la sentencia proferida el 3 de agosto de 2016\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3, por cuanto \u00abNO CONCUERDA EL FALLO CON LOS HECHOS[,] PRUEBAS Y PRETENSI\u00d3N\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su car\u00e1cter eminentemente residual y subsidiario, se requiere para su procedencia que no exista otro medio id\u00f3neo de defensa y se hayan agotado de manera diligente las herramientas ordinarias de control que el ordenamiento superior y la ley consagran para la protecci\u00f3n de tal clase de garant\u00edas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Del escrito de demanda extracta la Corte que el gestor del amparo cuestiona (i) la sentencia que profiri\u00f3 el estrado judicial accionado, el 3 de agosto de 2016; y (ii) la entrega que adelanta la Inspecci\u00f3n Cuarta Especializada de Barranquilla.  <\/span><\/p>\n

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2.1.        En este orden de ideas, en lo que respecta a la primera de esas actuaciones, advierte la Corte que, tal y como lo concluy\u00f3 el a quo, el amparo incoado est\u00e1 llamado a fracasar, toda vez que el querellante desaprovech\u00f3 la posibilidad   de interponer el recurso de apelaci\u00f3n que proced\u00eda frente a la sentencia que dispuso la reivindicaci\u00f3n del predio en litigio, como se infiere de las copias allegadas al expediente, medio procesal pertinente para exponer los motivos de inconformidad que por este tr\u00e1mite exhibe, incluso, aquellos enfilados a defender la posesi\u00f3n que aqu\u00ed alega sobre el referido bien.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos.  <\/span><\/p>\n

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En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, si el promotor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n alegada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, dada la evidente e injustificada falta de agotamiento del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la determinaci\u00f3n que hoy se critica en sede de tutela.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        En lo que ata\u00f1e a las irregularidades que denunci\u00f3 el tutelante, relacionadas con la pr\u00e1ctica de la entrega que orden\u00f3 el despacho judicial enjuiciado en la citada sentencia del 3 de agosto de 2016, por parte de la Inspecci\u00f3n vinculada, advierte la Corte que el amparo tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que se torna prematuro, en la medida en que, al presentarse la demanda de tutela, aun no se hab\u00eda terminado la aludida diligencia, circunstancia que tampoco est\u00e1 acreditada en la actualidad.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, es en ese escenario en el cual habr\u00e1 de resolverse cualquier tipo de inconformidad que pueda tener el promotor del amparo en torno al perfeccionamiento de la prenotada entrega. Lo anterior traduce que como el mecanismo ordinario est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del funcionario llamado a resolverlo, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia.  <\/span><\/p>\n

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3.        Lo consignado impone respaldar el fallo de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

(Con ausencia justificada)  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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