{"id":100412,"date":"2026-06-25T20:48:08","date_gmt":"2026-06-25T20:48:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4534-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:48:08","modified_gmt":"2026-06-25T20:48:08","slug":"stc4534-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4534-2017\/","title":{"rendered":"STC4534-2017"},"content":{"rendered":"

      AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4534-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2017-00012-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada por Miguel Jim\u00e9nez Murillo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, frente al fallo proferido el 3 de febrero de 2017 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Manuel Rebolledo Valdelamar contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual vincularon al opugnante y a los dem\u00e1s intervinientes en el proceso que origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la debida aplicaci\u00f3n de la ley, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita \u00abse d\u00e9 estricto cumplimiento a lo preceptuado en los art\u00edculos 516 de c\u00f3digo de comercio en lo concerniente a lo estipulado en el numeral 5 que habla de que los contratos de arrendamiento hacen parte del establecimiento de comercio y por consiguiente se respete dicho elemento\u2026 [y al canon]\u2026 520 \u2026 [\u00eddem]\u2026 toda vez que su contrato ha sido renovado autom\u00e1ticamente y nada ti[ene] que ver con el supuesto cambio de propietario del local, adem\u00e1s no se ha probado\u2026 la cesi\u00f3n del contrato, ni la compraventa, ni la inscripci\u00f3n de propietario diferente a el causante JACINTO JIM\u00c9NE[Z] BARRIOS\u00bb; y que se le indemnice por el resto del referido convenio (folio 1 a 5, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Del juicio de sucesi\u00f3n de Jacinto Jim\u00e9nez Barrios (q.e.p.d), asumi\u00f3 el conocimiento el Juzgado Primero de Familia de Cartagena, que reconoci\u00f3 como herederos de aqu\u00e9l a Jacinto Jim\u00e9nez Taborda, Jos\u00e9 Jacinto Jim\u00e9nez Angulo, Marlenis y Miguel Jim\u00e9nez Murillo.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 25 de agosto de 2015 el despacho acusado aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n a favor de los sucesores referidos a espacio, cobrando ejecutoria sin reparo alguno.  <\/span><\/p>\n

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2.3. El 17 de marzo de 2016 la sede judicial acusada dispuso la entrega de los bienes, entre ellos, el local comercial ubicado en la calle 31P n\u00b0 36-33 de Cartagena, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 060-44359, comisionando para tal fin a la Inspecci\u00f3n Cuarta de Polic\u00eda de esa urbe.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Adujo el quejoso que en el a\u00f1o 2008 suscribi\u00f3 contrato de arrendamiento sobre el local aludido con Carlos Eduardo Jim\u00e9nez Dagovett1, quien, asegur\u00f3, desde que falleci\u00f3 Jacinto Jim\u00e9nez Barrios, ejerce actos de \u00abse\u00f1or y due\u00f1o\u00bb, por lo que a \u00e9l actualmente le cancela el canon respectivo.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Sostuvo que el 21 de mayo siguiente se inici\u00f3 la diligencia de entrega del mencionado inmueble, la que fue atendida por el arrendador del predio; continu\u00e1ndose con aqu\u00e9lla el 27 de diciembre de 2016, pero \u00e9sta vez atendida por el actor, como inquilino del mismo.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Relat\u00f3 que en la diligencia referida a espacio acord\u00f3 entregar el local \u00aba finales de enero\u00bb, empero, para \u00abese momento desconoc\u00eda [sus] derechos, por lo que solicita\u2026 se [le] d\u00e9 el respectivo desahucio y se [le] indemnice[,] toda vez que el contrato se entiende renovado por un a\u00f1o a partir del primero de enero\u2026  por lo que ti[ene] contrato por un a\u00f1o\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.7. Agreg\u00f3 que de conformidad con el art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil, el pacto de arrendamiento s\u00f3lo puede invalidarse si existe consentimiento mutuo o por las causales legales, destacando que en concordancia con el canon 520 del Estatuto de Comercio, se debe efectuar el desahucio \u00abcon seis meses de anticipaci\u00f3n a la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento\u00bb, lo que no ha ocurrido, vulner\u00e1ndose sus prerrogativas de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y DE LOS CONVOCADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Inspecci\u00f3n Cuarta de Polic\u00eda de Cartagena inform\u00f3 que el 19 de mayo de 2016 fue comisionada para adelantar la diligencia de entrega del inmueble objeto de censura, afirmando que se han presentado \u00aboposiciones y tutelas las cuales han sido negadas por los diferentes actores judiciales\u00bb (folio 40, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Primero de Familia de Cartagena solicit\u00f3 negar el resguardo al considerar que no ha vulnerado las garant\u00edas fundamentales del actor; agreg\u00f3 que lo que \u00e9ste pretende \u00abimpedir la culminaci\u00f3n de[l] proceso[,] dado que se encuentra para proceder a la entrega de los bienes adjudicados a los herederos, con lo que finalizar\u00eda totalmente la actuaci\u00f3n\u00bb (folios 74 a 79, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El a quo constitucional concedi\u00f3 el amparo suplicado, tras estimar que seg\u00fan el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 2020 del C\u00f3digo Civil, los sucesores del arrendador, en su condici\u00f3n de adquirentes, a t\u00edtulo lucrativo, \u00abpor transferencia hecha en la sucesi\u00f3n, en su condici\u00f3n de herederos\u2026 Est[\u00e1n] obligados a honrar o reverenciar los t\u00e9rminos contractuales que favorecen al arrendatario, en conformidad a lo estipulado en el mismo contrato, y adem\u00e1s, seg\u00fan el caso, a las reglas comerciales estipuladas en el C\u00f3digo de Comercio (renovaci\u00f3n y desahucio)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, inst\u00f3 al Inspector de Polic\u00eda para que continuara con la diligencia de entrega, \u00abdebiendo apreciar y valorar cuidadosamente el documento en el que se dice consta la calidad de arrendatario del actor[,] indagando sobre las inconsistencias que observan en el mismo\u00bb, \u00absin que haya lugar al desalojamiento del establecimiento de comercio del actor en caso de acreditar su derecho\u00bb (folios 89 a 95, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 Miguel Jim\u00e9nez Murillo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, indicando que en su calidad de heredero reconocido, constantemente h informado al tutelante sobre la adjudicaci\u00f3n del local comercial en la sucesi\u00f3n de Jacinto Jim\u00e9nez Barrios.  <\/span><\/p>\n

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Destac\u00f3 que el contrato aportado en la acci\u00f3n tuitiva a fin de establecer la calidad de arrendatario del gestor, corresponde a personas diferentes, pues fue suscrito por \u00abCARLOS M. REVOLLEDO P\u00c1JARO, identificado con la C.C. No. 78.589.579 expedida en Cartagena, mientras que el TUTELANTE\u2026 ES CARLOS REVOLLEDO VALDELAMAR, identificado con la C.C. No. 9.081.426\u00bb, por lo que mal hizo el sentenciador de tutela de primera instancia (folios 101 a 103, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Repetidamente ha se\u00f1alado la Corporaci\u00f3n que la tutela es un mecanismo singular establecido por la Constituci\u00f3n de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en definidas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Mecanismo que en l\u00ednea de principio no procede respecto de providencias judiciales, salvo que sean contentivas de una decisi\u00f3n completamente desviada del ordenamiento jur\u00eddico, sin ninguna objetividad, afincada en los designios particulares del fallador, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para que sean restablecidos los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando previamente se hayan agotado los mecanismos ordinarios de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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1. Puestas as\u00ed las cosas, evidenci\u00e1ndose que la queja del promotor del amparo se dirige a cuestionar la orden de entrega del local comercial ubicado en la calle 31P n\u00b0 36-33 de Cartagena, ordenada por el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad en el juicio de sucesi\u00f3n de Jacinto Jim\u00e9nez Barrios, alegando el actor la vulneraci\u00f3n a las prerrogativas que como arrendatario del mismo le asiste; de entrada, advierte la Corte que el resguardo concedido por el a quo constitucional debe ser revocado, dado que no se encuentra presente el presupuesto de procedibilidad de la acci\u00f3n tuitiva, cual es el agotamiento de todos los recursos ordinarios ante el fallador natural.    <\/span><\/p>\n

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1. En primer lugar, frente a la queja sobre la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas con ocasi\u00f3n de la diligencia de entrega, surge patente la falta de vocaci\u00f3n de prosperidad del amparo rogado, debido a que el actor no expuso en la diligencia de 27 de diciembre de 2016 su condici\u00f3n de arrendatario del inmueble referido a espacio, ni aport\u00f3 las pruebas que ahora pretende hacer valer para obtener la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, destacando que aqu\u00e9l fue quien atendi\u00f3 la misma (folio 16, cuaderno 1), sin que all\u00ed presentara los reparos ac\u00e1 tra\u00eddos a fin de que el inspector de polic\u00eda pudiera atender sus reclamos, renunciando con ello a la posibilidad de que las autoridades competentes se ocuparan de estudiar sus inconformidades, soportados en su condici\u00f3n de arrendatario; circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos.    <\/span><\/p>\n

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Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01).  <\/span><\/p>\n

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1. En segundo lugar, de las probanzas aportadas al plenario, se tiene que el contrato allegado por el gestor para respaldar su alegada condici\u00f3n de arrendatario, fue suscrito, en esa calidad, por Carlos M. Revolledo P\u00e1jaro, identificado con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00b0 73.583.579 de Cartagena (folio 7, cuaderno 1), que no por aqu\u00e9l, Carlos Manuel Rebolledo Valdelamar, identificado con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00b0 9.081.426, personas que resultan diferentes; lo que deja ver que el actor tampoco logr\u00f3 demostrar su condici\u00f3n de inquilino frente a quien asegur\u00f3 era su arrendador, Carlos Eduardo Jim\u00e9nez Dagovett, mucho menos respecto de los favorecidos con el trabajo de distribuci\u00f3n aprobado en el asunto criticado, que pudiera implicar que estos debieron honrar ese convenio.    <\/span><\/p>\n

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Luego, entonces, teniendo en cuenta que la situaci\u00f3n de hecho que causaba la supuesta amenaza a las garant\u00edas fundamentales del quejoso en calidad de arrendatario es inexistente, la solicitud de amparo perdi\u00f3 toda raz\u00f3n de ser como mecanismo m\u00e1s apropiado y expedito de protecci\u00f3n judicial, toda vez que la decisi\u00f3n que pudiese adoptar el juez respecto del caso espec\u00edfico resultar\u00eda a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acci\u00f3n, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que:  <\/span><\/p>\n

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[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (subraya y negrilla fuera de texto) (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01).  <\/span><\/p>\n

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5.        Por lo aqu\u00ed considerado, se impone revocar el fallo de primer grado para, en su lugar, negar el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, revoca la sentencia impugnada y, en su lugar, niega el amparo solicitado, por las razones expuestas.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Hijo del causante, sin que su calidad de heredero fuera reconocida en la sucesi\u00f3n, por lo que no tuvo participaci\u00f3n en el trabajo de distribuci\u00f3n all\u00ed elaborado.      <\/span><\/p>\n

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