{"id":100417,"date":"2026-06-25T20:48:34","date_gmt":"2026-06-25T20:48:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4544-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:48:34","modified_gmt":"2026-06-25T20:48:34","slug":"stc4544-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4544-2017\/","title":{"rendered":"STC4544-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4544-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-00095-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 1 de marzo de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil Circuito de esa ciudad y la Defensor\u00eda del Regional Caldas, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas la Alcald\u00eda de ese municipio y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Regional Caldas.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y \u00abdebida administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicit\u00f3 \u00abdecretar la nulidad del auto que t\u00e9rmino (sic) [su] acci\u00f3n [popular]\u00bb, y ordenar i). \u00abal Tribunal Superior SCF de Pereira, dar aplicaci\u00f3n al art 11 del CGP\u2026 por analog\u00eda del art 372, numeral 3 del mismo c\u00f3digo y se tenga como excusa sumaria la presentada po (sic) termin\u00f3 [su] acci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito\u2026 resolver [su] memorial donde solicit[\u00f3] aplicar art[s] 5 y 84 de la ley 472 de 1998\u00bb; y ii). \u00ab[a] la defensora del pueblo en Manizales\u2026 que presente tutelas a [su] nombre y acciones populares[,]\u2026 como se lo manda la ley 472 de 1998\u2026\u00bb (folio 1, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        De lo que reposa al interior del expediente, se extrae que la queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga instaur\u00f3 una acci\u00f3n popular contra Audifarma S.A,1cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, bajo el radicado 2015-00462; autoridad que, tras no haber sido subsanado el libelo, lo rechaz\u00f3 a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 14 de septiembre de 2015, el cual no fue objeto de ning\u00fan recurso.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Se duele de que el estrado acusado no haya dado aplicaci\u00f3n a los art\u00edculos 5 y 84 de la ley 472 de 1998, a pesar de las solicitudes que en ese sentido formul\u00f3 el gestor, \u00abdesconociendo [el] inciso 4 del art\u00edculo 118 del CGP\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Agreg\u00f3 que la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas se ha negado a instaurar acciones de tutela en nombre de \u00e9l.  <\/span><\/p>\n

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LAS RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira limit\u00f3 su respuesta a remitir copia de las actuaciones surtidas dentro de la acci\u00f3n popular radicada bajo el No.2015-00462 (folios 6 a 13, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del resguardo, sostuvo que lo ahora debatido es una \u00absituaci\u00f3n ajena a es[a] Agencia del Ministerio P\u00fablico, toda vez que [su] intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos\u00bb (folio 15, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        La Alcald\u00eda de Pereira tambi\u00e9n solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar, pues la censura se dirige a criticar actuaciones del juzgado de conocimiento, frente a lo cual no tiene injerencia alguna en aplicaci\u00f3n del principio de autonom\u00eda judicial (folios 23 y 24, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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4.        La Defensor\u00eda del Pueblo \u2013Regional de Caldas- advirti\u00f3 que el accionante ya hab\u00eda instaurado acci\u00f3n de tutela en contra de esa entidad, pretendiendo que se le ordenara presentar acciones de tutela y populares a nombre del actor, de manera indiscriminada; resguardo que le fue denegado, por lo que se torna temeraria la presente solicitud, a m\u00e1s que ello le ha implicado al accionante compulsa de copias ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, por altos Tribunales como el Superior de Manizales; rog\u00f3 declarar improcedente el amparo, adem\u00e1s de sancionar al accionante por obrar con temeridad y mala fe compuls\u00e1ndole copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n (folio 27, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que \u00ablos hechos en que se fundament\u00f3 la\u2026 tutela\u2026 no guardan relaci\u00f3n con lo efectivamente acaecido en el proceso en el que encuentra el actor lesionados sus derechos\u00bb, pues all\u00ed \u00abninguna solicitud radic\u00f3 para que se aplicaran las citadas normas de la ley 472 de 1998\u00bb; adem\u00e1s, anot\u00f3 que \u00absi bien expres\u00f3 que los t\u00e9rminos procesales han debido ser interrumpidos por motivo de los recursos que interpuso, no present\u00f3 de manera formal, medio de impugnaci\u00f3n alguno\u00bb (folios 35 a 38, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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Respecto a la queja contra la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, consigno que tampoco proced\u00eda el resguardo porque \u00abel accionante\u2026 no ha pedido a esa autoridad que mantuviera a su nombre la acci\u00f3n de tutela que por medio de esta providencia se resuelve\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 el anterior fallo sin expresar las razones de su inconformidad (folio 41, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        Del escrito de demanda y del estudio del expediente allegado extracta la Corte que lo cuestionado por el gestor es el auto del 14 de septiembre de 20152, mediante el cual el despacho acusado rechaz\u00f3 la acci\u00f3n popular bajo radicado Nro 2015-00462, promovida por aquel Audifarma S.A.  <\/span><\/p>\n

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Con base en tal premisa y descendiendo al caso de autos, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, en la medida en que, desde la emisi\u00f3n de dicha providencia, hasta el 14 de febrero de 2017, fecha de interposici\u00f3n del amparo que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, transcurri\u00f3 m\u00e1s de 1 a\u00f1o, super\u00e1ndose, por mucho, el lapso de seis meses que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026\u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01).  <\/span><\/p>\n

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Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 en. 2013, rad. 2012-00274-01; CSJ STC5977-2015; CSJ STC2788-2017).  <\/span><\/p>\n

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3.        En torno a la cr\u00edtica enfilada contra la Defensor\u00eda del Pueblo de la Regional Caldas, esta Corporaci\u00f3n ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en ocasi\u00f3n pasada respecto de los mismos hechos y pretensiones, raz\u00f3n por la cual le est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales. Por ende, la presente acci\u00f3n con relaci\u00f3n a dicha inconformidad se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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En este caso, como en otras acciones de tutela que previamente ha conocido esta Corporaci\u00f3n, el accionante invoca la afectaci\u00f3n del debido proceso, presuntamente conculcado con la negativa de aquella entidad a interponer tutelas en nombre de \u00e9l. Por ende, el conflicto y los presupuestos f\u00e1cticos son id\u00e9nticos a los de los reclamos denegados en pasadas ocasiones.  <\/span><\/p>\n

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En asuntos que guardan similitud con el presente, la Corte ha reiterado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u2026  <\/span><\/p>\n

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Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (STC10685-2016, 4 ag., rad. 2016-00554-01; y STC16973-2016, 24 nov., rad. 2016-00362-01).  <\/span><\/p>\n

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4.        Se impone, entonces, ratificar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

(Ausencia Justificada)  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Sede ubicada en la calle 16 N\u00ba 12-67, local 2.    <\/span><\/p>\n

2 Folio 12, cuaderno 1.      <\/span><\/p>\n

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